Miguel Gutiérrez: Impuesto mínimo corporativo internacional

Es indispensable que las autoridades nacionales y, en particular, la Asamblea Legislativa, comiencen a pensar cómo adoptar y adaptar nuestra legislación a ese probable acuerdo internacional para que sea de utilidad en nuestro país.  Requiere seguimiento y requerirá normativa cuando se consolide.

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Miguel Gutiérrez Saxe, Economista, Educador (Dr.).

Costa Rica tiene una carga tributaria que no corresponde al nivel de desarrollo humano que ha alcanzado. Esta carga tributaria de alrededor del 13% del PIB, no sustenta de manera suficiente los gastos del estado, especialmente la inversión social. Se ha recurrido a la acumulación de déficit fiscal. Año tras año por muchos tiempo el déficit se ha financiado con deuda interna y externa, aceleradamente creciente, a un nivel de vulnerabilidad para el país.
Escogimos un estilo de desarrollo, desde mediados de los años 80, basado en la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa y su operación en el país mediante un conjunto de incentivos, sobre todo de carácter fiscal, tales como exenciones de impuestos, o cierto favorecimiento en algunos precios de insumos del país.
Esta situación genera algo muy importante y es que una porción de la economía nacional, no tan grande pero sí la más dinámica en materia de exportaciones, quedó exenta de impuestos.  Así que lo más dinámico está exento, lo menos dinámico paga los impuestos y subsidia a lo más dinámico.  Entre mejor le va a ese sector económico (que no contribuye tributariamente) peor le va al fisco (si aumentan los gastos asociados a los insumos y condiciones del sector más dinámico pero exento).

Actualmente, según CINDE con datos del 2019 sobre zonas francas, hay 374 empresas (27% nacionales y 73% de capital extranjero) que emplean a unas 123 mil personas (10% por empresas nacionales y 90% por empresas de capital extranjero), que compran localmente unos 2100 mil millones de dólares (23% nacionales y 77% de empresas de capital extranjero) y que exportan poco menos de 10 mil millones de dólares (9% nacionales y 91% de empresas de capital extranjero).
Esta situación puede cambiar. Doy las razones: el 15 de diciembre salió una muy importante noticia (Wall Street Journal): la Unión Europea ya había logrado la ratificación de un acuerdo para establecer un impuesto mínimo sobre la renta a las grandes corporaciones internacionales. Esta noticia plantea que la UE había superado la objeción de dos países miembros al acuerdo de octubre del 2021 en el que 137 países (Estados Unidos, UE, Costa Rica entre ellos) acordaron imponer un mínimo del 15% del impuesto sobre la renta a empresas internacionales de gran envergadura, estuvieran donde estuvieran; los países en donde esas empresas trabajaran y generaran valor agregado en su territorio pueden cobrar el impuesto sobre esa porción de valor agregado en el país. Si un país no cobra el impuesto, pues otro país, en dónde esté la casa matriz, puede cobrar el impuesto. El mismo artículo del Wall Street Journal, refiere que el congreso norteamericano no había acordado en el 2022, por pocos votos, la ratificación del acuerdo de los 137 países, pero no descartaba una negociación exitosa en el futuro para ratificarlo.
 De ratificarse este acuerdo y hacerse operativo, en un futuro cercano como para el 2024, se generaría un cambió tributario mundial muy significativo. Las reglas del juego que nosotros no quisimos cambiar en el tanto podrían significar la pérdida de una porción de la economía dedicada a las zonas francas, habrían sido cambiadas internacionalmente, lo que anula las supuestas ventajas de competir bajando impuestos. El régimen no definitivo (ingresan insumos que se transforman en el país y salen productos con un valor agregado) tendría que pagar impuesto (renta mínima corporativa) sobre el valor agregado que se produce en el país.
No puedo presentar una estimación precisa, pero sí es claro que el impuesto mínimo sobre la renta a las grandes corporaciones internacionales que operan en el país recaudaría tributos por varios puntos porcentuales del PIB. Esto elevaría la carga tributaria actual. Así el país mejoraría en su condición fiscal, sin estrechar a los que pagan actualmente impuestos.
Es indispensable que las autoridades nacionales y, en particular, la Asamblea Legislativa, comiencen a pensar cómo adoptar y adaptar nuestra legislación a ese probable acuerdo internacional para que sea de utilidad en nuestro país.  Requiere seguimiento y requerirá normativa cuando se consolide.
En el podcast Aportes y Criterios, difundido por La Revista, trabajo esta buena noticia: es posible que las disposiciones internacionales vengan a corregir una situación de pérdida de dinamismo de su desarrollo humano y podría ser un insumo para la solución de problemas que nos agobian, como la desigualdad y la insostenibilidad de nuestro estado social de derecho.
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