En 2026, aflojar la regla sin resolver los ingresos no nos hará más holgados: solo nos obligará a decidir a qué renunciamos para poder invertir. Y por lo que se ve el gobierno pide sacrificar la seguridad y los servicios sociales. Veremos.

Miguel Gutiérrez Saxe. Economista y analista de política pública costarricense.

La recaudación, no la regla fiscal, ha sido el verdadero freno del gasto y en 2026 al permitir más crecimiento de  la inversión, obligará a elegir a quién se recorta

Costa Rica cuenta la historia de su regla fiscal como un triunfo: la deuda bajó, el país encadenó superávits primarios y los mercados premiaron el giro. La foto es real. Pero el mérito no es del todo de la regla. Lo que de verdad contuvo el gasto público en los últimos años no fue la fórmula de la ley, sino algo mucho más simple y mucho menos celebrable: no había con qué gastar.

La regla fiscal, vigente desde 2020, parte de una idea básica: el gasto público no debería crecer más rápido que la economía, y cuanto más alta sea la deuda, aprieta más el freno. El límite de crecimiento del gasto se ata al ritmo del producto y se endurece o se afloja según el nivel de endeudamiento. Sobre el papel, es una arquitectura elegante, casi automática.

Por supuesto que sus principales defectos fueron señalados: es procíclica, si la economía decae, el gasto no puede corregirlo, profundiza el decaimiento; incluye a instituciones que no son financiadas por el gobierno central. También nació con una disputa sobre su interpretación: Hacienda lo verifica contra el presupuesto que formula; la Contraloría, contra el que efectivamente se ejecuta. Una regla cuyo veredicto depende de quién la mire ya no es lo que promete.

Esa elegancia, sin embargo, se ha ido desdibujando. La regla nació con un puñado de excepciones y hoy acumula muchas pues vía ley  se han exceptuado muchas que no dependen del gobierno central. La Contraloría General de la República advirtió que el instrumento muestra signos de agotamiento y ya no le da seguimiento.

El punto de fondo, no obstante, es otro. En los últimos años la regla ha dado margen para gastar y, aun así, el gasto no lo ha usado. El caso más claro es tan reciente como 2025: la regla permitía que el gasto creciera, pero el gasto no creció; más bien se redujo. No fue la fórmula la que lo impidió, sino unos ingresos que apenas se movieron. Con una recaudación que creció por debajo del uno por ciento y el compromiso de sostener un superávit primario, el gasto no tenía de dónde crecer. El techo lo ponía la regla; el verdadero límite, mucho más bajo, lo ponía la caja registradora.

Sí, resulta una paradoja. La regla ata el permiso de gasto al tamaño de la economía, pero buena parte de lo que hace crecer esa economía son las zonas francas, que por diseño casi no pagan impuestos. Son el sector más dinámico del país y, a la vez, el que menos aporta al fisco. De modo que el indicador que ensancha el permiso para gastar no es el mismo que llena las arcas para pagarlo: crece la economía que se mide, no necesariamente la que tributa.

En 2026 esta tensión adquiere un giro nuevo. Al estimar la deuda por debajo del  60% del PIB en el 2025, la regla se aflojó y dejó fuera de su límite a la inversión pública: el Gobierno pudo ampliar obra y capital sin restricción de la regla. Suena a buena noticia, y en parte lo es. Pero aflojar la regla no crea recursos nuevos. Si los ingresos siguen estancados, cada colón adicional de inversión tendrá que salir de otra parte del presupuesto. Y la experiencia reciente sugiere quiénes suelen absorber ese ajuste: no las partidas más rígidas ni las más protegidas políticamente, sino unas pocas seleccionadas -la justicia, la seguridad, los programas sociales- que terminan cediendo espacio para financiar el aumento. Además cuando ese recorte llega a mitad de año, con buena parte del presupuesto ya ejecutado, el ajuste cae con doble dureza sobre lo que queda. La flexibilidad de la regla, sin más ingresos detrás, no agranda el pastel, pero le quita a algunas tajadas.

Por eso conviene desconfiar del aplauso fácil. El debate público se queda en si el Gobierno cumplió o no la regla cada año, cuando la pregunta que de verdad importa es otra: si el permiso para gastar depende de una economía que en alguna medida no tributa, y si el freno real ha sido la escasez, ¿qué estamos celebrando cuando decimos que la regla funciona? Mientras no distingamos el producto que crece del producto que paga impuestos, seguiremos confundiendo una política de contención con un síntoma de debilidad. Y en 2026, aflojar la regla sin resolver los ingresos no nos hará más holgados: solo nos obligará a decidir a qué renunciamos para poder invertir. Y por lo que se ve el gobierno pide sacrificar la seguridad y los servicios sociales. Veremos.

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Su autor, Miguel Gutiérrez Saxe, reconocido investigador y analista de larga trayectoria, aporta una voz experta, rigurosa y profundamente comprometida con el bien público.
La Revista CR, medio independiente dedicado a la opinión, la cultura y el análisis nacional, impulsa esta obra como parte de su misión de fortalecer el pensamiento crítico y promover una ciudadanía informada.

Miguel Gutiérrez Saxe

Por Miguel Gutiérrez Saxe

Miguel Gutiérrez Saxe. Economista de formación, fundador y director del Proyecto Estado de Nación por más de 20 años y actual colaborador. Partidario del poder suave.