Miguel Gutiérrez Saxe – “Aportes y criterios”

Deuda. Revisito este asunto de la CCSS con novedades. Este gobierno no es el único responsable de la deuda, viene de atrás, aunque hay que reconocer que en la década pasada dos gobiernos aportaron a su reducción. Este gobierno absolutamente no, lo contrario la está incrementando con soltura. Por supuesto, que la deuda del gobierno con la CCSS creció el último año y este.  Ya llegó a más de 3,2 billones de colones, esto es alrededor de la mitad del presupuesto anual de toda la CCSS. A mediados del año pasado ya rondaba los 2,6 billones de colones, según datos de la CGR, pero en el año transcurrido el gobierno la incrementó al no pagar lo que corresponde a las cuotas de sus empleados, y otras obligaciones.

Una digresión. Recientemente la Sala Constitucional resolvió un recurso de una empleada que no podía recibir su jubilación por el impago de las contribuciones a las cuotas correspondientes, sí o sí, por orden de la Sala Constitucional muy reciente. Parece que ese es el camino. Solo me pregunto ¿quién organizará la recolecta de firmas para presentar un recurso colectivo y semejante ante la Sala?

¿Quebrada? La afirmación del gobierno de que la CCSS está quebrada, ya no la repite. Quizá se dio cuenta de que para decirlo debe confesar que no quiere, ni piensa honrar esa deuda. Es mejor, con lógica descuidada, abandonar esa fundamental premisa, pero seguir adelante con su ruta.

Ruta. Poco a poco la ruta en salud del ejecutivo se va conociendo, no con la premisa de que la CCSS está quebrada sino con otra premisa: las listas de espera son largas, cada vez más largas. Habría que decir que la honra de la deuda aportaría a la solución de esas listas de espera y reduciría la desesperanza del millón de esperas tan prolongadas.

¿Qué sabemos ahora? Conocemos que se habilitó el artículo 78 de la ley de contratación que permite, en caso de inopia, la compra de servicios de proveedores privados. Sabemos que la presidenta de la CCSS quiere desentenderse de las pensiones del régimen no contributivo, una acción pública con impacto directo en la pobreza, que ha sido bien administrada por la CCSS con criterio técnico, y pasarla al Ministerio de Trabajo. Ahí sufriría posiblemente la misma contracción de otros gastos públicos. También ha anunciado una lista de 10 cirugías en la que propone copago.

Apuesto a que muchas de estas decisiones no están avaladas, al menos no por la actual Junta Directiva, reconstituida luego del fallo de la Sala Constitucional que obligó a restituir a los directivos removidos arbitrariamente por el ejecutivo.

Copago. Es claro que el copago ya está en la ruta de la presidenta de la junta directiva de la CCSS. Dejemos los otros asuntos por ahí y veamos esto del copago con cierto detenimiento. Los datos publicados por la CCSS, y divulgados por La Nación, se refieren a 10 cirugías, con diferentes grados de complejidad y costos, sin que necesariamente coincidan complejidad, costo de la CCSS y precio del servicio.

El copago, según lo anunciado, se basa en que el asegurado cubra una parte principal de los gastos de las distintas cirugías, que requiera su familia. La CCSS no ha probado que haya inopia para contratar a los privados, conozco opiniones fundadas que afirman que hay capacidad ociosa para cirugías. Una segunda consideración es la diferencia entre el precio de mercado de una cirugía y el gasto de la CCSS. En promedio el precio de mercado privado es 4 veces mayor.  En cada cirugía, esta diferencia es distinta, va de 2 veces a 6,5 veces más cara en el mercado privado que en la CCSS.

Si la CCSS se desentiende de toda la obligación y se la deja al paciente, entonces, el asegurado directo o sus dependientes, deberán contratar y cancelar la operación a precio de acto médico, menos el subsidio. Deberá sacar de su bolsillo el 86% en promedio del precio de la cirugía, en alguna dependencia de salud privada. La CCSS lo subsidia con un 14% en promedio.

De las 10 de operaciones de las que dispongo de información de la CCSS, recibiría un subsidio de la CCSS en promedio de 489 mil colones (el menor de 304 mil y el mayor subsidio 720 mil colones). Lo que el asegurado debe cubrir se calcula, como precio del acto médico en el mercado de la medicina privada que tiene la cirugía, no como el costo de esa operación realizada por la CCSS.

Por ejemplo, si un asegurado o dependiente, requiere una Artroscopia de cadera, esto es una cirugía que se realiza haciendo cortes pequeños alrededor de la cadera para observar el interior con el uso de una cámara diminuta; también se pueden introducir otros instrumentos médicos para examinar o tratar la articulación de la cadera, aunque no es el reemplazo de cadera. El asegurado tendría que pagar unos 6 millones de colones, la CCSS le entregaría un subsidio de unos 720 mil colones, para completar el precio de colones que tiene la cirugía en sector privado. A la CCSS le cuesta esa cirugía unos 1,3 millones de colones. Este es el subsidio mayor de la lista de 10 cirugías.

Desbandar listas de espera. El copago es una pieza central de la estrategia del ejecutivo para desbandar las listas de espera. Desbandar al solamente bajar en un 14% en promedio el gasto catastrófico que tendría que enfrentar el asegurado por una cirugía que requiera él o sus dependientes. O, dicho en otras palabras, la CCSS casi que se desentendería de su obligación contractual, otorgaría un subsidio modesto y dejaría que el asegurado se enfrente al mercado privado, solito a su suerte, mala por lo demás.

Perdedores y ganadores. Para el país es multiplicar por 4 en promedio el gasto catastrófico de las cirugías para los hogares con requerimiento apremiante. Para la medicina privada es disfrutar un negocio fantástico, que incidiría en la medida que los hogares puedan pagarlas, con recursos propios actuales, o hipotecando su futuro.  Para los que otorgan créditos, otra fuente de necesidad que puede ampliar su negocio. Para los médicos es un incentivo para dejar de recibir un salario y cobrar por acto médico, guardando a el juramento a Hipócrates para mejor oportunidad, migrado de la CCSS. Para el asegurado es enfrentar un gasto catastrófico. El peor negocio para el bienestar de la mayoría.

¡Ya es mucho!

 

 

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Por Miguel Gutiérrez Saxe

Miguel Gutiérrez Saxe. Economista de formación, fundador y director del Proyecto Estado de Nación por más de 20 años y actual colaborador. Partidario del poder suave.