Defender el artículo 85 es una obligación constitucional que no admite relativización. Pero la posición más débil es la defensiva: «no toquen el FEES, no toquen los porcentajes». La más fuerte es la propositiva: el sistema universitario ya tiene datos, ya cumplió sus indicadores, ya acordó principios de redistribución interna, y exige que el Gobierno cumpla con el monto que la Constitución ordena. En esa diferencia -entre defenderse y proponer se juega buena parte de la negociación del FEES 2027.
Miguel Gutiérrez Saxe. Economista y analista de política pública costarricense.
Desde que la UCR fue creada en 1940 hasta 1971 fue la única institución de educación superior, tres décadas en solitario. Luego vinieron el ITCR (1971), la UNA (1973), la UNED (1977) y la UTN (2008). Con varias universidades llegó un convenio que aspiraba a un sistema, con elementos avanzados: posgrado único y un régimen de carrera académico homologado. Toda una voluntad de sistema.
La reforma fiscal de 1976 (ley 5909) creó el FEES y la reforma constitucional de 1981 blindó ese fondo de varias maneras, como resumí en dos artículos anteriores. Cuando ingresaron nuevas instituciones, trajeron al FEES los recursos que el Estado les había otorgado en su momento.
La distribución del FEES requirió criterios. El CONARE cimentó definiciones como el crédito en función de horas de contacto y estudio, nomenclatura de grados y títulos, y distinción entre pregrado, grado y posgrado. Como corolario surgieron los conceptos de estudiante de tiempo completo y costo per cápita, piezas centrales del reparto. El resultado -una distribución negociada en el seno del CONARE- quedó consignada como transitorio en el artículo 85 de la Constitución en 1981.
El tema es el crecimiento del FEES
Hay una paradoja documentada en la historia del FEES (Cervantes, tesis UCR, 1999). Durante veintidós años de negociaciones —de 1976 a 1998—, los porcentajes de distribución entre universidades apenas se movieron. Décadas de deliberaciones, marchas, paralizaciones y tensión política, y el resultado fue casi semejante al punto de partida. Las adiciones de nuevas instituciones mantuvieron los porcentajes de las demás, con excepción de la UCR, cuyo porcentaje declinó.
La distribución interinstitucional, en apariencia el objeto del conflicto, resulta improcedente en la Comisión de Enlace -el espacio de negociación con el Ejecutivo-, aunque ha sido discutida reiteradamente en el seno del CONARE. Lo verdaderamente disputado en esa Comisión tendría que ser el cumplimiento de metas y el monto total que recibe el sistema, no quién recibe qué proporción.
Esa confusión ha sido cara. Cada vez que la discusión se enredó en los porcentajes, perdió energía que debió concentrarse en el problema real: la erosión del fondo en términos de PIB y de valor real por habitante. Hoy, con el Gobierno proponiendo incremento cero para el FEES 2027 mientras el PIB crece al 4%, la confusión sigue operando.
Antes de entrar a la distribución, conviene desmontar el argumento oficial: la restricción de la regla fiscal y el bajo crecimiento de la recaudación. La regla fiscal de 2018 (Ley 9635) limita el gasto en función del PIB. Pero el PIB costarricense crece impulsado por sectores exentos de impuestos -las zonas francas, principalmente- que generan producto sin generar recaudación. El resultado es que el PIB crece más que los ingresos tributarios reales, y esa brecha la paga, entre otros, el FEES. No es una restricción inevitable; es una opción política corregible.
Separar los dos debates -cuánto debe ser el FEES total, y cómo distribuirlo- es indispensable. El primero tiene respuesta constitucional: el artículo 85 manda que las rentas del fondo no pueden disminuirse sin crear otras que las sustituyan en igual cuantía. La Sala Constitucional lo confirmó recientemente al declarar inconstitucional la retención de recursos del FEES 2025. El segundo debate, la distribución interna, merece análisis propio.
Lo que la historia enseña sobre la distribución
Si los porcentajes apenas cambiaron en veintidós años no fue porque reflejaran una fórmula impecable. Fue porque nadie pudo acordar qué datos eran correctos. La discusión fórmula/datos bloqueó el acuerdo por años; se llegó a un modus vivendi implícito: no mover los porcentajes para no abrir una disputa que nadie podía ganar.
Ese acuerdo tácito tuvo sentido cuando los sistemas de información eran precarios. Hoy no lo tiene. La OPES y el CONARE cuentan con datos de matrícula, costo por estudiante, tasa de graduación, inversión en investigación y cobertura regional que en los noventa no existían. Seguir distribuyendo el FEES sobre la base del peso histórico es una decisión política presentada como técnica.
Las universidades rinden cuentas: el argumento que falta usar
Según el acuerdo de la Comisión de Enlace de 2025, la negociación del FEES 2027 debe convocarse en julio de 2026. Las universidades cumplieron con las metas fijadas. En abril de 2026, el CONARE presentó el Informe de Cumplimiento de Indicadores del FEES 2025: de 20 indicadores acordados con el Gobierno, 17 alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento y 11 superaron el 100%. El sistema atiende cerca de 120.000 estudiantes al año, mantiene 53.802 becados y en 2025 alcanzó el máximo histórico de matrícula fuera de la GAM: 49.159 estudiantes en sedes regionales. Tiene 59.338 estudiantes en carreras STEAM y sus proyectos de investigación con sectores productivos subieron de 1.995 a 3.026 en un año.
No son números de un sistema que evade la rendición de cuentas. El argumento de que las universidades reciben financiamiento sin resultados verificables está desmentido por los propios datos del convenio.
Defender el artículo 85 es una obligación constitucional que no admite relativización. Pero la posición más débil es la defensiva: «no toquen el FEES, no toquen los porcentajes». La más fuerte es la propositiva: el sistema universitario ya tiene datos, ya cumplió sus indicadores, ya acordó principios de redistribución interna, y exige que el Gobierno cumpla con el monto que la Constitución ordena. En esa diferencia -entre defenderse y proponer se juega buena parte de la negociación del FEES 2027.
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Su autor, Miguel Gutiérrez Saxe, reconocido investigador y analista de larga trayectoria, aporta una voz experta, rigurosa y profundamente comprometida con el bien público.
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