Miguel Gutiérrez Saxe – “Aportes y criterios”

Muchos se han ocupado, en estos días, del tema de la abolición del ejército en Costa Rica, buscando atribuir méritos de este hecho. Mi impresión es que fue algo insólito que uno de los jefes victorioso de la recién acabada guerra civil, con varios riesgos por delante, decidiera abolirlo y no continuar con su ejército. Los riesgos pronto se materializaron con un asonada, el Cardonazo a tan solo un año de concluida la guerra civil, intentos de invasión y una invasión material. El país salió adelante. Además, una legión cuya misión era sacar a los dictadores del Caribe, abundantes por cierto, no favoreció un estado de guerra en Costa Rica. Por el contrario se abrió un sendero de fortalecimiento de la paz, la democracia y el bienestar, luego de dos mil personas muertas, y muchas más desaparecidas, de estas la mayoría buscó nuevas vidas.

En la segunda mitad del Siglo XX, como bien sintetiza la Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, publicado el último año del Siglo pasado, la democracia en Costa Rica se implantó gradual y persistentemente mediante un accidentado proceso marcado por conflictos sociales y políticos episódicos, avances, “retrocesos e incertidumbres”.

Diversos factores, asentados poco antes y durante este período, contribuyeron al
afianzamiento de la estabilidad democrática; entre ellos cabe mencionar los siguientes: la abolición del ejército como institución permanente en 1949, que eliminó del escenario a una fuerza que en casi todos los países de América Latina generó inestabilidad política; el desarrollo de un Estado social de derecho, que fortaleció el respeto y la protección de los derechos ciudadanos y la sujeción, en la práctica, del poder político a la Constitución y las leyes; la depuración de un sistema electoral independiente de los otros poderes del Estado y capaz de garantizar elecciones limpias, libres y competidas; y el rápido progreso económico y social del país, que mejoró las condiciones de vida de la mayoría de la población. Fin de cita.

Fue insólita la situación y los actores que propiciaron la abolición. Pero resulta bastante previsible al observar algunas evidencias históricas. Permítanme compartir un gráfico que Juan Rafael Quesada, historiador y amigo, alguna vez me facilitó. Se trata de una serie larga (de 1883 a 1948) con el porcentaje del gasto en Instrucción pública (línea más oscura y con pequeños cuadros) y de los gastos en coerción, o militares (línea más clara con cruces). El gasto en educación, instrucción como se le llamaba, fue abriéndose paso poco a poco desde las primeras observaciones de la serie. Cabe recordar que la gran reforma liberal de Don Mauro Fernández data de 1886 y que no es particularmente notable el incremento en la proporción del gasto en instrucción que le corresponde, quizá por la reacción negativa ante la reforma por parte de la población y el clero, que redujo por algunos años la asistencia a clases. Pero luego de los primeros años el gasto crece proporcionalmente, con altos y bajos. Es extraordinariamente llamativa la caída en instrucción de los años de los Tinoco, también el incremento vertiginoso del gasto en coerción, que llegó a ser el 50% del gasto público, lo que arrinconó a la instrucción a un 5% del sato público.

Superada esa anormalidad, derrotada la militarización nacional por fuerzas sociales, entre ellas el estudiantado, el gasto en instrucción remonta con mayor fuerza pero llega a tener un estancamiento, en alrededor de un quince por ciento. Mientras tanto, la serie presenta una reducción de los gastos militares para llegar a estar en el mismo nivel que el del gasto en instrucción. Ambos destinos, educación y gasto militar disputaron el gasto público, con igual éxito realtivo.

El gráfico señala que, en Costa Rica, la instrucción comienza a fortalecerse en detrimento del gasto en coerción, aún antes de la abolición del ejército a mediados del Siglo XX.

Con la abolición del ejército, el estado dispuso de una fuente adicional de recursos, generados por la liberación de lo asignado al gasto militar, equivalente a otro tanto de lo que se venía gastando en educación. Este plus, traído a términos recientes equivale a alrededor del 3% del PIB.

Lo que sucedió después con la expansión de la población, las coberturas educativas y el gasto en educación, puede verse en el trabajo de Iván Molina, La educación en Costa Rica, o en el Estado de la Educación. Con sus claros y oscuros es posible señalar una ruta de inclusión, de mayor complejidad y de resultados. También con “retrocesos e incertidumbres”, como la crisis de principios de los años ochenta y el actual apagón educativo.

Recientemente muchos riesgos se han agudizado para la democracia y para la educación. Para algunos observadores lejanos o peregrinos, Costa Rica gasta mucho en educación y se puede y debe reducir ese gasto. Para comparar internacionalmente emplean falazmente las cifras como proporción del PIB, o % del gasto público. Ocultan las cifras por persona, favorables para el país pues se gasta entre una tercera o cuarta parte de lo que gasta un país desarrollado, pero con quienes se compara al país. Quizá en su pensamiento lejano, el país debería no dedicar tanto a educar y recuperar su capacidad militar y de guerra, como otros países de mayor PIB.

No, el país le diría, no. Esa es ¡repuesta final!. ¡Queremos vivir sin ejército, en paz, con seguridad y bienestar!