Miguel Gutiérrez Saxe

La Auditoría Ciudadana de la Calidad de la Democracia fue pionera, indagó, a partir de mediciones del malestar, sobre el origen de la erosión de la confianza en el sistema político. Llegó a una muy importante conclusión: la calidad de una democracia no es un atributo general de todo el sistema político sino el efecto acumulado del desempeño institucional y de la actividad de los ciudadanos en múltiples áreas.  Años después, Democracia estable, ¿alcanza?, un análisis de la gobernabilidad (BID/ Programa Estado de la Nación), llegó a esta apreciación: el país emprendió un proceso acelerado de transformaciones productivas, que ha dejado rezagados y por otro lado el estado falló en la generación de capacidades y en la inclusión a las oportunidades en los recurrentes episodios de insuficiencia presupuestaria. El malestar ciudadano indica sin embargo que el sistema político (incluido el estado) no solo no ha podido resolver, sino que opera de una manera que resulta inaceptable para la gente.

Recientemente, la encuesta del CIEP (UCR) indaga el nivel de confianza sobre la capacidad del gobierno actual de resolver el principal problema del país, en abril del 2024, el 73% no tiene confianza, o tiene poca confianza de que pueda. Me temo  que el gobierno se aproveche de esto para cambiar su obligación de entregar servicios oportunos y de calidad a la población y sustituir esa entrega por la empatía en el enojo y se apreste a rasgar el tejido social. Quisiera, sin embargo, entrarle hoy a esa incapacidad de resolver.

Tradicionalmente los gobiernos formulan objetivos en sus planes de gobierno y en el plan nacional de desarrollo algunos objetivos que poco tienen que ver con lo que pueden hacer.Tales como crecimiento económico, manejo de la inflación, el empleo y la ocupación, las necesidades básicas y la pobreza. Vivimos en un mundo de incertidumbres en donde una pandemia, un cambio en la geopolítica, o simplemente en el humor de la organización de los productores de petróleo, prevalece muchas veces encima del tenue propósito de nuestros gobiernos. Pasan la mitad del tiempo proponiendo y luego olvidan, los mejores explican por qué no cumplieron. ¿Cómo esperar que la gente tenga confianza si los gobiernos no aciertan ni lejanamente con lo que proyectan en lo que anuncian como esencial?

También, tradicionalmente, el gobierno no destaca en lo que sí puede proponerse y lograr, tampoco se enfoca en cómo hacerlo y con qué instrumentos de gobernanza. Por ejemplo, ante la corrupción reinante, según denuncian nuestros políticos en campaña y en gobierno y como la gente sabe, ¿cuáles instrumentos de transparencia, detección, procesamiento y sanción van a incorporar y proponen mejorar y hacer más eficaces? Solo muy detrás del ruido de los bombos, patillos y fanfarria de los grandes objetivos, el gobierno formula solo algunos de los asuntos que sí están en sus manos.  Pero en estos viene fallando sonoramente.

Por ejemplo, tradicionalmente el estado costarricense ha ofrecido educación universal, obligatoria y a su costa.  Pero, cada vez más el derecho a la educación con solo algunos retrocesos cuantitativos en cobertura, vienen diluyéndose. La sopa, cargada de sustancia y calidad de ingredientes, poco a poco, se diluye. Basta contrastar las hermosas y fuertes escuelas de antaño con las más de ochocientas órdenes sanitarias para las escuelas prefabricadas cuyos años de servicio están vencidos desde hace décadas. Baste saber que la ruta (¿visión o guía estratégica?) sigue vagando en algún cerebro, en el mejor de los casos. Baste constatar la calidad del graduado por las pruebas Pisa, o con la queja de universidades públicas y privadas sobre la preparación de estudiantes de ingreso.

Hoy la CCSS está en una situación de falla importante, como lo muestran las largas colas de espera, la indecisión o retraso para avanzar en la creación de EBAIS para la atención primaria de salud, la postergación de inversiones, algunas específicas por estar entre las indisposiciones del jerarca. Sus frutos permanecen, indicadores nacionales impecables y capacidades acumuladas de alto valor. Pero el tripartismo del financiamiento y el grosero manoseo de su autonomía por parte del ejecutivo hacen sonar todas las alarmas y despertar todas las peores sospechas.

Un exministro y ex presidente del INS saca a relucir un amañado argumento en favor del incumplimiento de las obligaciones de ley del gobierno con la CCSS. Todos son estado así que no puede haber deudas entre instituciones. Con ese argumento, ¿puede el gobierno dejar de pagar las cuotas para asegurar sus vehículos al INS, o dar por inexistente los bonos en los que invierte el INS y tantas otras instituciones? La deuda pública del gobierno en manos de instituciones públicas quedaría eliminada, pues el estado no puede deberse a sí mismo. Resultó fácil rebatir el argumento.

Entonces, ¿cómo esperar que se confíe en que el gobierno pueda resolver el problema principal del país entre los que piensan que la corrupción, la educación y la salud es el problema principal?

Dejo para otra ocasión los importantísimos problemas asociados a la seguridad, la infraestructura, la ocupación y el desempleo, la política monetaria y la competitividad.

El malestar ciudadano indica sin embargo que el sistema político (incluido el estado) no solo no ha podido resolver, sino que opera de una manera que resulta inaceptable para la gente. Entonces, ¿cómo se espera que pueda resolver algún problema? El asunto que habría que explorar, en estos días, es cuánto daño puede hacer un actor como el gobierno.

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Miguel Gutiérrez Saxe

Por Miguel Gutiérrez Saxe

Miguel Gutiérrez Saxe. Economista de formación, fundador y director del Proyecto Estado de Nación por más de 20 años y actual colaborador. Partidario del poder suave.