Miguel Sobrado: El clima creado para el asesinato del líder indígena

Invito a la Fiscala de la República a hacer cumplir este precepto constitucional con quienes por incumplir con sus funciones institucionales y legales han regado gasolina en el agro y nos enfrentan hoy a la violencia.

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Miguel Ángel Sobrado, Sociólogo, catedrático UNA.

Muy acertadamente el antropólogo don Carlos Borges retomando el origen del conflicto agrario en las reservas indígenas del sur que ocasionaron el reciente asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas escribió: La Reserva Indígena era administrada por la Junta Nacional de Protección de las Razas Aborígenes. En 1961 el Estado le traspasa la administración al ITCO y empieza a suceder el más grave despojo legal de las tierras indígenas. Los funcionarios del ITCO, hoy INDER, comienzan a ofertar tierras indígenas entre campesinos criollos de Pérez Zeledón y de San Ramón de Alajuela, entregan parcelas por todo el Territorio Indígena y provocan los primeros conflictos con saldos de heridos y muertos.
Luego aparece la tristemente institución CONAI y divide el territorio en tres reservas indígenas, cercena las tierras de la Lucha y la Luchita, las de Santa María y las que pegan a BA que le fueron asignadas a la piñera. Además decreto tras decretos corrigen límites y disminuían la cabida original.
En los setenta Víctor Ramírez filma Waka las Tierra de los Bribris donde evidencia el conflicto en el que ya corría sangre. El Estado provocó el problema y durante décadas hizo nudo tras nudo para tener hoy un nudo gordiano y no creo que tenga la espada ni el valor de Constantino para cortarlo.
El INDER, que inició el problema, ha sido una y otra vez sentenciado por la Sala Cuarta para resolver este gravísimo problema de tenencia de la tierra. El INDER (antes ITCO e IDA) no ha tenido ni los conocimientos ni la voluntad política para resolver la situación y siempre encuentra una excusa para no acatar la orden de la Sala Cuarta.
Al mismo tiempo, las autoridades judiciales y policiales se han mostrado no solo inútiles ante el problema, sino permisivos en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas de BA
”.

En otras palabras la extensión tierra que por ley se les había asignado en 1956 se fue reduciendo progresivamente por el ITCO, IDA y el INDER que otorgaron, con fines políticos clientelares, generosas concesiones con tierras de los pobladores ancestrales, ticos originales, a campesinos no indígenas de diversas partes del país. Actuaban así pensando no solo con fines polítiqueros, sino por racismo, ya que pensaban que los indígenas acostumbrados al atropello colonial, no sabrían ni podrían defenderse ante la justicia valle centrina. Se fue creando de esta manera una espiral de resentimientos y de conflictos, donde cada una de las partes alegaba tener la razón. Los indígenas porque era su tierra ancestral cuya propiedad y usufructo les había sido reconocido por el Estado y la consideraban, justamente su patrimonio étnico y familiar. Los colonos por su parte tenían documentos oficiales, emitidos por el ITCO, iDA e INDER que los acreditaban como propietarios de las tierras que por motivos políticos les habían sido adjudicadas, en abierta conflicto con los derechos legales de los indígenas. De tal manera los indígenas, justamente indignados ante la inacción y complicidad de las instituciones, deben proceder a recuperar sus tierras con acciones organizadas que los llevan a enfrentarse con los campesinos y terratenientes. Estos que gozan de certificaciones, títulos posesorios y el contubernio institucional sienten que las acciones de los indígenas son ilegales y atropellan sus intereses y de tal forma crece el conflicto y la violencia que han llevado múltiples abusos y recientemente al asesinato del dirigente indígena don Sergio Rojas. Así se ha creado el clima de violencia e intolerancia donde ahora se han incorporados los sicarios de alquiler.

Como bien lo señala don Carlos Borges en el texto inicial la Sala IV le ha exigido al INDER resolver la situación y siempre hay una excusa para no resolver. Es evidente que la violencia tiene su origen en este incumplimiento y el racismo taimado del funcionariado, que se refugia en los procedimientos y excusas para no cumplir con su deber. Esto debe cesar, si no hay respeto para la propiedad de los indígenas, difícilmente podemos pedir respeto para la propiedad privada.

El artículo 11 de la Constitución Política es muy claro “Todo funcionario es depositario temporal del poder y debe rendir cuentas por los resultados de su gestión y responder por ella”

Invito a la Fiscala de la República a hacer cumplir este precepto constitucional con quienes por incumplir con sus funciones institucionales y legales han regado gasolina en el agro y nos enfrentan hoy a la violencia.

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