Miguel Sobrado. El Magisterio: Contribuyó para sus pensiones o estas son de privilegio.

Los derechos a las jubilaciones del magisterio.

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Miguel Ángel Sobrado, Sociólogo, catedrático UNA.

En 1958, ante la necesidad de expansión del sistema educativo a todo el país, que entonces carecía de vias de comunicación o estas eran muy deficientes, en un territorio donde abundaban serpientes y las enfermedades como e paludismo y fiebre amarilla. Donde el promedio de vida no llegaba los 60 años, se creó por Ley 2248, como un estímulo laboral para el trabajo docente, un sistema de pensiones que permitía a quienes sobrevivieran las condiciones de trabajo rural, pensionarse con una pensión equivalente a su último salario al cumplir ls 30 años de laborar. Para esto tendrían que aportar el 5%, el empleador MEP o universidades el 5% y el Estado otro 5% a un fondo de pensiones. Aportes y superiores a los que deberían hace los trabajadores en el IVM de la CCSS.
Estos derechos sin embargo se quedaron en el papel. Los docentes cotizamos, pero no se creó el fondo y los recursos aportados fueron indebidamente apropiados y gastados “en confites” por los ministros de hacienda. En vista de la situación alarmante para los pensionados y la presión docente que se había creado, la Asamblea Legislativa aprobó que quienes habíamos cotizado hasta 1992 pasáramos a un fondo de reparto a cargo del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, con los docentes más jóvenes se crearía un fondo de capitalización colectiva RCC en JUPEMA. A todos se nos subió la cotización del 12 al 16% para sustentar el nuevo fondo o contribuir al fondo de reparto.
Al crearse el fondo de reparto se mantuvo el principio de pensionarse con el último salario. Cosa estipulada por la Ley 2248, lamentablemente esto fue aprovechado, insanamente, durante varios años por los políticos que habían sido embajadores, diputados o ministros para pensionarse con fondo de reparto con montos desproporcionados a cargo del presupuesto nacional. Aunque este portillo se cerros posteriormente, de ahí salieron gran parte de las pensiones de lujo, carentes de una adecuada cotización que las sustentara.
La existencia de estas pensiones, parapeto de los políticos, ha servido desgraciadamente para difamar a los docentes, como causa de la crisis fiscal y parásitos sociales. Esto ha servido a la gran prensa interesada en desviar la atención de la evasión fiscal de las grandes empresas y bufetes profesionales donde se asienta el capitalismo de amiguetes, contra las pensiones docentes. El remate de esta ofensiva ha sido la ley 9796 que, ignorando los derechos contractuales y los aportes realizados despoja a los docentes de gran parte de su pensión a partir del 20 de junio para distribuirla “entre la población afectada por la crisis”.
Ya juzgados y condenados mediáticamente se ignoran sus aportes y derechos y se dispone de una parte sustantiva de sus ingresos. Consideran que no estamos en condiciones de defendernos, por ser los procesos judiciales nacionales lentos y ser de avanzada edad.
Como ciudadanos y docentes, pensamos que hemos cumplido con nuestras obligaciones contractuales a la vista de todos. La pandemia del Covid 19 que nos coloca como grupo etario en primera fila de desaparición física, ha sido al mismo tiempo una evaluación, de nuestra contribución a la educación ciudadana y formación racional de nuestra población, reconocida internacionalmente. La formación y capacitación recibida por la población se expresa en la innovación en los campos nacionales en forma de cooperativas, microbeneficios de alta calidad mundial, bandas de música y actividades culturales que trascienden nuestras fronteras. Alcanzando premios internacionales en café, y en el cacao (ver colegio de Sixaola) y en el desarrollo desde la educación superior de ciencia y tecnología. Podemos decir con la frente en alto cumplimos la tarea, mientras los políticos patrimonialistas que han tenido a cargo la gestión pública han fallado en casi todo. Nuestro país es orgullo internacional por nuestro aporte al desarrollo, no así nuestros gobernantes le dan inestabilidad jurídica, tratando de ocultar sus responsabilidades. Que unos políticos oportunistas se hayan colado, por portillos creados por Ley en el sistema de pensiones del magisterio sin haber cotizado lo suficiente, no debe ser razón para afectar a quienes si cotizaron de acuerdo al contrato laboral y las leyes vigentes.
Es cierto, como bien lo expresa el Estudio de la Educación, que de cara al futuro hay muchas cosas que mejorar en el sistema educativo. Esto se logra con evaluación y seguimiento, no con populismo y manejo clientelista de los recursos públicos. Las nuevas generaciones de docentes tienen una gran tarea en sus manos, pero necesitan un liderazgo académico y sobre todo estabilidad jurídica. No se puede perder la confianza en la legalidad, porque nuestro sistema se requebrajará y Costa Rica ya no será la misma.
Pienso que, están equivocados, si la justicia interna no resuelve, en el ámbito internacional habrá repercusiones serías para el país, que cada palo aguante su vela y responda por lo que están haciendo.
Tendrán la responsabilidad de lo que suceda con el magisterio, además de los ministros de hacienda que hicieron apropiación indebida de los recursos, que hoy sumarían un cuantioso fondo, los diputados que aprobaron las leyes sin un estudio legal y actuarial adecuado y los asesores del presidente.

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