Nicaragua: autoritarismo inmune a sanciones
Ante este contexto Costa Rica y su nuevo gobierno podrían jugar un papel clave si así lo decide el presidente electo Rodrigo Chávez, pues está claro que por la proximidad geográfica su país está expuesto a la suerte que pueda correr Nicaragua.
Hace pocos días los primeros muertos de la sangrienta represión del gobierno de Daniel Ortega y, su esposa, Rosario Murillo, cumplieron su cuarto aniversario en total impunidad. La crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 cumple un aniversario más con un régimen lleno de sanciones las cuales apenas han hecho mella en la voluntad del régimen de continuar con el régimen de excepción impuesto de facto.
A la fecha son casi 400 nicaragüenses los asesinados, un número indeterminado de desaparecidos, casi 200,000 refugiados, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, España, entre otros; en los últimos meses se ha desatado un auge migratorio sin precedentes en años recientes hacia Estados Unidos. En las cáceles permanecen más de 150 presos políticos, entre ellos gran parte de los candidatos opositores a la presidencia; se han cerrado casi 200 organizaciones no gubernamentales, se han confiscado universidades, más de 50 estudiantes fueron expulsados de universidades públicas por ser considerados opositores políticos. Cualquier tipo de manifestación de disenso está censurada, es causante de cárcel y persecución. Nuevas leyes promueve la aplanadora oficialista en el parlamento para aumentar el control social.
En todo este tiempo han sido por centenares los llamados internacionales, denuncias, recomendaciones, peticiones por parte de diversos países y organizaciones solicitando un cambio de rumbo al gobierno nicaragüense y la respuesta de este ha sido el silencio o la vulgar vociferación proveniente de la boca y pluma de Rosario Murillo, la rasputina nicaragüense. No hay espacio de negociación a lo interno del país ni fuera de este. Las sanciones sobre individuos, entidades públicas y empresas de allegados al régimen Ortega-Murillo se han acumulado por decenas, impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, entre otros.
¿Qué efecto han tenido las sanciones?
Más de medio centenar de personas vinculadas al gobierno, incluyendo a la vice presidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, varios de sus hijos y miembros de alto rango del gobierno han sido sancionados por violación de Derechos Humanos y corrupción, con congelación de propiedades y restricción migratoria. Asimismo, 11 instituciones entre públicas y privadas también están incluidos en estos listados.
Estados Unidos ha sido bastante activo en emitir sanciones y en explicar el riesgo para Nicaragua de activarse las cláusulas democráticas del tratado de libre comercio DR-CAFTA si el gobierno no cambio de rumbo, que implicaría pérdidas multimillonarias para el país.
El 10 de noviembre del año pasado, el gobierno estadounidense aprobó una nueva legislación encaminada a presionar al régimen nicaragüense, sin embargo, en un evento organizado con expertos internacionales como Erick Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de Seattle International Foundation; Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollos del Inter-American Dialogue; y María Laura Alvarado, representante del sector juvenil de la organización política nicaragüense Unidad Azul y Blanco (UNAB), convocados por el centro de pensamiento costarricense Expediente Abierto, estos indicaron que el desempeño de la ley ha sido deficiente en la consecución de sus logros, informes que se esperaban que se generaran no se han difundido, el DR-CAFTA no ha sido objeto de discusión.
Para que las sanciones funcionen, destacó Olson, deben ser dirigidas y específicas, pues caso contrario, por muy legítima que sean no causaran efecto, algo que se está viendo en Nicaragua en parte por la dispersión de los objetivos de la ley RENACER, pero también por su poca aplicación de parte de la administración estadounidense.
Tanto Olson, como Orozco y Alvarado señalaron que el cambio democrático no será resultado meramente de factores externos, que deben contemplarse estos instrumentos como herramientas para impulsar los cambios.
Alvarado señaló que se están haciendo esfuerzos al interior de Nicaragua en cuanto a documentación de violación de derechos humanos y habilitando mecanismos de coordinación con políticos estadounidenses para una aplicación más efectiva de RENACER.
¿Qué se puede hacer en un régimen cerrado?
La oposición política se ha desgastado no solo en la contienda con el oficialismo, sino también es discusiones espurias a lo interno, dilapidando parte de su capital político y facilitando la reorganización del régimen.
No obstante, la capacidad de resistencia e innovación de las y los opositores a la dictadura Ortega-Murillo serán determinantes para alcanzar un cambio, pero en términos como se han venido planteando de una transición pacífica no se podrán lograr si no hay una coordinación y apoyo decidido de la comunidad internacional, y en especial de los países centroamericanos, para al menos llevar a aceptar negociar al régimen de Nicaragua con su oposición, de la que el grueso de su liderazgo está encarcelado, en su mayoría, o en el exilio.
Ante regímenes totalitarios los llamados, las cartas de condenas y las buenas voluntades no bastan. Si no hay acciones concretas y decididas, está,s más allá de no ocasionar efecto positivo alguno, más bien provocan o potencian la radicalización de regímenes como el de Ortega y Murillo y fomenta en ello una suerte de reconfiguración totalitaria que les lleva a aumentar el control social y fortalecer con mayor ahínco los mecanismos de persecución y sanción de cualquiera que sea considerado opositor..
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