Nicaragua: Embestida contra la sociedad civil

(Washington D.C., 19 de julio de 2022) – Las autoridades nicaragüenses han cerrado cientos de organizaciones no gubernamentales aplicando legislación sumamente abusiva que restringe las libertades de asociación y de expresión, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en Nicaragua, especialmente de América Latina, deben condenar este desmantelamiento sistemático de organizaciones de la sociedad civil, que desempeñan un rol crítico en un país donde no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al poder ejecutivo.

Desde el 6 de junio de 2022, las autoridades nicaragüenses han aprobado decretos y resoluciones cancelando la personería jurídica y el registro de más de 770 organizaciones no gubernamentales y fundaciones, obligándolas a cerrar sus operaciones en el país. Los grupos clausurados incluyen asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en diversos temas, que van desde la protección infantil y los derechos de las mujeres hasta la mitigación del cambio climático. Desde 2018, el gobierno ha cancelado la personería jurídica y el registro de más de 950 organizaciones. Muchas de estas decisiones se basan en leyes abusivas, incluyendo la ley sobre “agentes extranjeros”, aprobadas por legisladores aliados del gobierno del presidente Daniel Ortega en los últimos años.

“El régimen de Ortega en Nicaragua ha cerrado de forma sistemática organizaciones de derechos humanos y otros grupos no gubernamentales para impedir que visibilicen los abusos del gobierno y la incapacidad de las autoridades para brindar servicios básicos al pueblo nicaragüense”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas en Human Rights Watch. “Las autoridades nicaragüenses están tan ensañadas en destruir el poco espacio cívico que queda en el país que han ido tras organizaciones que brindan asistencia indispensable a comunidades de bajos recursos en un país que ha sido gravemente afectado por dos huracanes y una pandemia”.

El 30 de junio, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de 100 organizaciones, argumentando que no habían presentado “estados financieros con desgloses detallados”, los nombres de los miembros de sus juntas directivas, “donaciones previas, provenientes del exterior” e “información de identidad y origen de todos sus miembros donantes”, y que no habían promovido medidas de “transparencia, integridad y confianza pública”.

El cierre de organizaciones no gubernamentales forma parte de un esfuerzo mucho más amplio para silenciar a grupos de la sociedad civil y medios de comunicación independientes mediante una combinación de medidas represivas que incluyen leyes abusivas, intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y persecución penal de defensores de derechos humanos y periodistas. Desde que asumió el poder en 2007, el gobierno de Ortega ha desmantelado todas las instituciones que podían poner fiscalizar al ejecutivo, incluyendo el poder judicial.

Entre las organizaciones que perdieron personería jurídica hay decenas de organizaciones humanitarias, cuya labor es fundamental para asegurar el acceso a servicios de salud, agua y alimentos en comunidades de bajos ingresos, en su mayoría rurales.

Por ejemplo, a mediados de marzo de 2022, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de una organización de caridad internacional que brindaba atención médica gratuita. Durante más de 20 años, la organización había operado programas médicos en varias ciudades del país y brindado atención médica a miles de nicaragüenses. La Asamblea Nacional clausuró otros 25 grupos el mismo día en marzo, en base a “los incumplimientos y las violaciones a las leyes” en las que supuestamente habían incurrido las entidades, pero no explicó qué violaciones específicas supuestamente había cometido cada organización.

En agosto de 2021, el Ministerio de Gobernación canceló el registro de una organización internacional de desarrollo que tenía décadas de trayectoria en Nicaragua y trabajaba, entre otros temas, en la promoción de la resiliencia frente al cambio climático y la seguridad alimentaria. El trabajo de la organización, que prestó ayuda a miles personas en los últimos años, se concentraba especialmente en mejorar las condiciones sociales y económicas de las mujeres y las comunidades indígenas en la costa Caribe y en el norte del país.

El mismo día que cancelaron a esta organización, las autoridades cancelaron la personalidad jurídica de otras 14 agrupaciones, manifestando que las entidades no habían cumplido con requisitos legales, incluyendo el de “defin[ir] claramente sus fuentes de financiamiento, cartera de proyectos, impacto social y si están acorde con los fines y objetivos de cada entidad”. La organización de desarrollo mencionada ha rechazado públicamente estos señalamientos.

Nicaragua tiene uno de los mayores índices de pobreza en América Latina y el Caribe. En marzo de 2021, UNICEF estimó que, tras los dos huracanes de 2020, alrededor de “1,8 millones de personas, incluidos 720.000 niños, todavía necesita[ban] ayuda humanitaria, especialmente entre las comunidades indígenas de la costa norte del Caribe de Nicaragua”.

Las autoridades no han ofrecido una explicación clara sobre la cancelación de la personalidad jurídica de cada una de las organizaciones afectadas. Las decisiones oficiales simplemente indican que no habían cumplido con la legislación; específicamente, con leyes abusivas adoptadas por legisladores afines al gobierno de Ortega, como la ley de “agentes extranjeros” aprobada en octubre de 2020 y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro adoptada en marzo de 2022.

La Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro permite que el Ministerio de Gobernación solicite que la Asamblea Nacional cancele la personalidad jurídica de una organización por “utilizar el esquema organizacional para promover campañas de desestabilización en el país”.

La legislación también habilita a las autoridades a confiscar los activos de una organización cuando la cancelación de su personalidad jurídica se deba a que la organización fue empleada para cometer “actos ilícitos”, violentar el “orden público”, u obstaculizar el “control y vigilancia” por parte del Ministerio de Gobernación. La ley indica que todas las organizaciones pueden tener, como máximo, un 25 por ciento de “miembros extranjeros”.

La ley de “agentes extranjeros” exige que las personas físicas o jurídicas se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación si reciben “directa o indirectamente” fondos desde el exterior. Quienes no se inscriban podrían ser sujetos a multas, la confiscación de sus bienes y la cancelación de la personalidad jurídica de la entidad correspondiente en Nicaragua.

Para registrarse como “agente extranjero”, una organización debe obtener una “constancia de registro” del Ministerio de Gobernación, que implica el cumplimiento de requisitos vagos y onerosos. Los “agentes extranjeros” deben proporcionar informes y actualizaciones sobre cualquier cambio en el “domicilio, datos de contacto” o “miembros de la junta directiva” de la organización o “cualquier otra información necesaria” que indiquen las autoridades. El Ministerio de Gobernación también puede solicitar que las organizaciones presenten “documentos adicionales” cuando “sea pertinente”.

Sin esa constancia, las organizaciones no pueden “realizar movimientos de recursos financieros y/o bienes materiales”, ni tampoco abrir o mantener una cuenta bancaria. Deben informar al ministerio “previamente” sobre los fondos que reciban y su “uso y destino” y presentar “informes mensuales de las actividades vinculadas a su desempeño como ‘agentes extranjeros’”.

Varias personas entrevistadas por Human Rights Watch, incluyendo miembros de organizaciones de la sociedad civil que fueron cerradas arbitrariamente, dijeron que las autoridades muchas veces no emiten esa constancia por motivos arbitrarios. Algunas señalaron que las autoridades exigían que la documentación se presentara en papel de color en vez de papel blanco. Otras afirmaron que, como condición para la emisión de la constancia, las autoridades las presionaron para que excluyeran o reemplazaran a algunos miembros de su junta directiva que percibían como críticos del gobierno.

“La implementación de la ley parece estar diseñada de una manera que hace imposible garantizar su cumplimiento”, indicó un exmiembro de una organización que fue disuelta.

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