Nicaragua rechaza resolución de la OEA sobre arrestos y elecciones presidenciales

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Luego de una votación histórica (26 votos a favor) donde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió la liberación de los presos políticos y demandó la realización de elecciones libres y justas en Nicaragua, el régimen de Ortega deslegitimó la resolución y mantiene una posición de rechazo antes los acuerdos.

El proyecto fue presentado por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Contó con el voto a favor de 26 países, 3 votaron en contra del proyecto (Nicaragua, Bolivia y San Vicente) y se registró un total de 5 abstenciones (Honduras, Argentina, Belice, Dominica y México).

Las razones van desde argumentar que se trata de una injerencia, hasta mencionar la defensa de la soberanía nacional y del estado de derecho.

Así lo expresó Luis Alvarado, representante por Nicaragua ante la OEA, quien aseguró que lo que esta organización estaba haciendo con la resolución era una injerencia sobre asuntos internos del país.

“Es inadmisible y no tiene ningún efecto vinculante para el Gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos internos de Nicaragua y en otros estados miembros de la Organización”, expresó.

Alvarado se manifestó en contra de cualquier acción relacionada con el proceso electoral agendado para el 7 de noviembre próximo, pues la resolución solicita la implementación de reformas electorales y también la presencia de observadores fidedignos de la OEA y de otros países.

Durante su intervención además, Alvarado aprovechó para criticar decisiones políticas tomadas en algunos países miembros de la OEA, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, argumentando que no tenían ninguna autoridad para señalar lo que pasaba en Nicaragua.

El texto de la resolución firmada por los 26 países hizo énfasis en señalar la liberación inmediata de los 15 presos políticos, entre ellos 4 precandidatos a la presidencia.

Ya en un comunicado de prensa emitido el pasado domingo 13 de junio, el Gobierno en ejercicio justificaba sus acciones represivas argumentando la defensa de la soberanía nacional y del estado de derecho ante un ataque implacable y sin precedentes en contra del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y «figuras de la oposición» financiados por Estados Unidos.

Este miércoles 16 de junio William Grigsby, agente de propaganda de Ortega, afirmó durante su programa radial que el orteguismo está pidiendo diálogo con Estados Unidos, según informó el periódico nicaragüense La Prensa.

“El propósito es, hermano, limpiar la mesa de los traidores. A ver, gringo, ¿querés hablar conmigo? vení, hablá conmigo, dejá de estar contratando sicarios, vení hablá conmigo, pongámonos de acuerdo. Respétame y pongámonos de acuerdo, a ver qué es lo que te preocupa no te preocupés, ya de una vez arreglar eso, pero es con los gringos, con los dueños del circo, no con los payasos, como los de la OEA”, vociferó el propagandista.

Desde junio del 2019, una resolución de la OEA reiteraba las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua que se presentaron partir de abril de 2018. Ya desde ese año las relaciones entre el régimen de Ortega y la OEA se tornaban conflictivas.

De no acatar los acuerdos de la resolución, Nicaragua se podría exponer a la mayor sanción impuesta por la OEA: la suspensión mediante la Carta Democrática Interamericana.

La Carta Democrática es el instrumento adoptado en el 2001 por los países del continente para proteger la democracia y establece los pasos para que la OEA atienda rupturas de orden democrático.

La Carta Democrática propiciaría además que algunos países rompan relaciones diplomáticas con Nicaragua y se suspendan tratados comerciales que mantiene con Estados Unidos, el resto de países centroamericanos, Chile, Panamá y República Dominicana.

En 70 años de historia la OEA solo ha suspendido a dos países: a Honduras en el 2009 tras un golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya, y a Cuba en 1962, por su adhesión al marxismo-leninismo.

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