Nicaragua: Represión de críticos de cara a las elecciones

(Washington D.C.) – La creciente campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega requiere aumentar el rol que juega las Naciones Unidas respecto a la crisis en Nicaragua, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 38 páginas, titulado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del Presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el Secretario General potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.

La crisis nicaragüense tiene repercusiones alarmantes a nivel regional. Más de 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país desde la represión del gobierno en 2018. Dos terceras partes ha buscado refugio en la vecina Costa Rica, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses.

Entre enero y junio de 2021, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias. Human Rights Watch revisó fotografías y videos tomados durante las detenciones e incidentes de vigilancia policial, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. El 14 de mayo, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre el estado de las investigaciones en estos casos, pero no ha recibido una respuesta.

Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad. Es común que policías –y, a veces, militares– hagan guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detención arbitraria, concluyó Human Rights Watch. Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. Algunas no pudieron llevar a sus hijos a la escuela o a citas médicas. Hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención.

Algunas personas han sido detenidas de manera arbitraria por períodos que van desde algunos días hasta varios meses. Varias dijeron haber sido sometidas a tratos abusivos durante la detención que, en al menos dos casos documentados por Human Rights Watch, probablemente constituyan torturas.

Las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos reportan que 124 personas percibidas como críticas seguían detenidas arbitrariamente hasta junio de 2021. La mayoría había estado encarcelada por más de un año.

La activista de derechos humanos y estudiante universitaria Valeska Sandoval, de 22 años, fue forzada a subir a un vehículo policial sin que le ofrecieran ninguna explicación el 24 de abril de 2021. Sandoval relató que, en la cárcel de El Chipote, “dos agentes me llevaron a una suerte de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza”. Un oficial le preguntó “qué había dicho en Estados Unidos”, donde Valeska había intentado pedir asilo, sin éxito, antes de ser deportada de regreso a Nicaragua. Valeska dijo a Human Rights Watch que agentes antidisturbios la abofetearon, le dieron puñetazos en el estómago y la llevaron hasta un tanque de agua. “Me sumergieron la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos”, contó. Cuando la liberaron, los agentes le advirtieron: “La próxima vez que te veamos, vamos a matarte”.

Un portavoz de Naciones Unidas señaló el 9 de junio que el Secretario General António Guterres estaba “profundamente preocupado por los recientes arrestos y detenciones, así como por la inhabilitación de las candidaturas de opositores en Nicaragua”. Sobre la base de su Llamado a la acción por los derechos humanos, el Secretario General debería invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, como una crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región, sostuvo Human Rights Watch. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU también deberían pedirle informes al Secretario General y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación en Nicaragua.

La última reunión del Consejo de Seguridad sobre la alarmante situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, a petición de Estados Unidos. En esa oportunidad, Human Rights Watch instó a los países miembros de la ONU a presionar a Nicaragua para que cesara la brutal represión contra manifestantes, disolviera los grupos armados partidarios del gobierno y juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

La ACNUDH ha condenado los abusos en Nicaragua en reiteradas oportunidades. En marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución que insta al gobierno a que “derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, así como a “aprobar […] reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, de acuerdo con las normas internacionales, que prevean la presencia de observadores electorales independientes nacionales e internacionales”.

El Presidente Ortega ha estado en el poder desde 2007. En 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que le permitió ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato consecutivo. Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido –que controlaba, y aún controla, la Asamblea Nacional– derogó los límites presidenciales, permitiendo que se volviera a postular en 2016. Su gobierno ejerce pleno control sobre todos los poderes del Estado, incluyendo el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral.

Ortega ha recurrido a la represión desde hace tiempo para permanecer en el poder. La Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno reprimieron violentamente a manifestantes en 2018, cuando detuvieron y procesaron arbitrariamente a cientos de ellos. La represión dejó un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos. Graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos, han quedado en la impunidad.

La reciente ola de arrestos y persecución ha sido posible gracias a nuevas leyes represivas que violan las garantías al debido proceso establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, y que están siendo utilizadas para disuadir la crítica, dar una apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias y mantener a críticos encarcelados para impedir su participación política, indicó Human Rights Watch.

El Presidente Ortega también ha usado su mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar una serie de modificaciones electorales que impiden que candidatos opositores participen en las elecciones. Además, la Asamblea Nacional designó siete miembros nuevos del Consejo Supremo Electoral que simpatizan con su partido. El 18 de mayo, el Consejo prohibió que el partido que había funcionado como el vehículo electoral de una de las dos principales coaliciones opositoras participara en los comicios de noviembre.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, explicó Vivanco. “Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”.

COVID-19
Suscribase COVID-19

También podría gustarte Más del autor

Comentarios

Cargando...
La Revista es un medio de opinión libre y gratuito, pero necesitamos su apoyo, para poder continuar siéndolo Apóyanos aquí
Holler Box