Notas breves sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público

Las pretensiones de independencia de algunas instituciones, alejadas del contenido del artículo 188 de la Constitución Política, producen dispersión de recursos y nos aleja de los objetivos de desarrollo y bienestar para todos

0

Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Digámoslo de frente: el tema sustantivo es la capacidad del Estado para cumplir con su finalidad última: el bienestar de todos los costarricenses. La Ley Marco tiene que ver con el aporte del funcionario público a esa meta (productividad) y los costos resultantes. Incluye el interés corporativo del empleado público (14% de la fuerza laboral) pero el interés nacional lo supera de lejos. Precisamente por estar en juego el interés superior de la Nación, sorprende que el tema no hay merecido un debate nacional. En esta perspectiva, deseo aportar algunas ideas breves que creo son de valor estratégico.

Evaluación del desempeño: no existen dos categorías de desempeño, buenos y malos, que el sistema debería considerar. Debería ser uno escalonado, para lo cual doy como ejemplo cinco posibles niveles: 1) desempeño inaceptable: origina el despido sin responsabilidad patronal; 2) desempeño marginal: no hay anualidad, se otorga un período de prueba de 6 meses y si las condiciones persisten hay despido sin responsabilidad patronal; 3) desempeño esperado según descripción del puesto: para eso se le paga y no merece anualidad; 4) buen desempeño: el funcionario se hace acreedor a media anualidad; 5) desempeño es excelente: genera la anualidad completa, pero el funcionario  ingresa a una lista de elegibles a posiciones superiores. En general, el comportamiento funcionario es piramidal. Cerca del 70% se encuentran en los tres primeros niveles; un 20% en el cuarto; y un 10% en el quinto, donde se seleccionan los cargos de mayor responsabilidad gerencial.

Gestión pública: la evaluación del desempeño es un verdadero desperdicio de tiempo y recursos si no hay reformas de fondo al sistema de gestión pública actual. En ausencia de estas reformas, debe requerirse que todo supervisor tenga, para diciembre de cada año, su plan anual en una planilla no mayor de 3 páginas y tres columnas, la primera de las cuales para la definición de los resultados esperados del período; la segunda para las grandes acciones necesarias; y, la tercera para las principales actividades. Preparar esta planilla es simple, pero involucra los siguientes pasos: a) propuesta del supervisor; b) revisión y crítica por parte de todo el personal; c) discusión liderada por el supervisor de esos aportes críticos; c) adopción del plan por parte del supervisor. Esa será la base de la evaluación del desempeño y, sobre todo, tiene que guardar coherencia con el logro de los resultados esperados.

Sistema de Gestión de Personal: no hay que inventar el agua tibia. Con la creación del Servicio Civil, según reza el artículo 191 de la Constitución Política (CP), “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. Una implicación es que la Ley Marco debe realizarse en el contexto institucional que ya establece la CP: será válida para todas las entidades públicas, es decir, gobierno central, instituciones autónomas, empresas publicas y régimen municipal. Por supuesto, hay que modernizar y recapacitar al personal para el nuevo sistema. Este es un tema técnico que podría incluir la colaboración de instituciones como INCAE y UCR.

Equidad: es el principio constitucional más importante del Estado, además base del sistema de administración de personal del sector público. Está contenido en el artículo 33 que dice que somos iguales ante la ley y prohíbe la discriminación. Respetar el artículo 191 de la CP es totalmente coherente con dicho artículo 33. La existencia actual de unos 50 regímenes de personal crea condiciones para violar ambos artículos. El mismo efecto aplica a las convenciones colectivas. Por ello es necesario que la Ley Marco defina las bases comunes que garanticen el cumplimiento del principio de equidad del varias veces mencionado artículo 33, incluidas algunas condiciones de empleo, incrementos salariales, vacaciones, cesantías, entre otras. Para el lector que ha seguido las frecuentes disputas laborales será obvio el efecto de estas medidas en una mayor gobernabilidad.

Nota final: el autor de estas notas quiere aprovechar la ocasión para felicitar al Presidente Alvarado por su actuación en favor de la unidad nacional. Nos referimos no a los acuerdos políticos, sino al principio fundamental de que somos un Estado Unitario y que la función de gobierno es facultad del Poder Ejecutivo y tiene alcance nacional. Las pretensiones de independencia de algunas instituciones, alejadas del contenido del artículo 188 de la Constitución Política, producen dispersión de recursos y nos aleja de los objetivos de desarrollo y bienestar para todos.

 

Del mismo autor le podría interesar:

 

También podría gustarte

Comentarios

Cargando...