Walter Antillón Montealegre.

Me propongo identificar y valorar en lo posible los hechos que configuran la llamada clonación o ‘gemeleo’ de puestos, como una práctica que ha venido siguiéndose en el ámbito del Poder Judicial desde hace algunos años, en el contexto de una gestión judicial basada en la estructura piramidal jerarquizada cuya cúspide se llama Corte Suprema de Justicia. Para trazar su marco normativo, empiezo por transcribir, en lo conducente, los textos pertinentes de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con algunas referencias doctrinarias e históricas oportunas.

 De  la  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA

Artículo 9.- El Gobierno  de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias….

Artículo 152. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley.

Artículo 156. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil.

Artículo 157. La Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio, serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas Salas que indique la ley. (,,,)

Artículo 164. La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco magistrados suplentes escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los magistrados suplente.  (,,,)

De  la  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER  JUDICIAL

Artículo 29.- Cuando por impedimento, recusación, excusa u otro motivo, un servidor tenga que separarse del conocimiento de un asunto determinado, su falta será suplida del modo siguiente: (…) 2) Los magistrados, por los suplentes llamados al efecto…

Artículo 44.- Las licencias con goce de sueldo o sin él no pueden exceder de seis meses. Tampoco pueden exceder de ese término, las que sumadas en un mismo año se conceden a un empleado o funcionario.

Esta disposición no rige en cuanto a las licencias concedidas al empleado o funcionario, para desempeñar otro puesto dentro del ramo judicial o mediante permutas condicionales o de las que se conceden con goce de sueldo o sin él, por motivos de enfermedad debidamente comprobada con certificado médico.

Tampoco regirá lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, respecto a las licencias con goce o sin goce de sueldo, que conceda la Corte a los Magistrados, o el Consejo a los demás servidores para realizar estudios que interesen al Poder Judicial.

En casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin él a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales.

Para servir en otra dependencia del Estado, el acuerdo habrá de adoptarse por las tres cuartas partes del total de Magistrados o miembros del Consejo, en su caso.

En los casos de plazas extraordinarias, por licencias o interinidad, el Consejo podrá llenarlas con servidores judiciales que estén nombrados en propiedad.

Los servidores judiciales tendrán derecho a licencia con goce de sueldo durante una semana, en los casos de matrimonio del servidor o de fallecimiento del padre, la madre, un hijo, el cónyuge, compañero o compañera de convivencia de por lo menos tres años, un hermano o los suegros que vivieran en su casa.

Asimismo, los servidores varones tendrán derecho a una licencia con goce de sueldo, durante una semana, cuando naciere un hijo suyo, y las servidoras a tres meses con goce de sueldo, cuando adopten a un menor de edad.

Toda servidora judicial en estado de gravidez tendrá derecho a licencia con su salario completo por cuatro meses, distribuidos un mes antes y tres meses después del parto. Durante ese período, se pagará a la respectiva servidora en la forma dispuesta en el artículo 42 de esta Ley, y la Corte le garantizará los derechos acordados en el artículo 97 del Código de Trabajo.

Artículo 49.- La Corte Suprema de Justicia se compone de tres Salas de Casación: Primera, Segunda y Tercera y la Sala Constitucional, integradas por cinco Magistrados, con excepción de la última que lo será con siete. En la Sala en que se desempeña el Presidente de la Corte, cuando las circunstancias lo requieran, a juicio suyo, podrá haber un Magistrado suplente de tiempo completo que lo sustituirá mientras no ejerza el cargo, en todos los casos en que no concurra a conocer de los asuntos propios de su Sala. Dicho Magistrado suplente no integrará la Corte Plena (…)

Artículo 60.- El Presidente de la Corte lo será también del Poder Judicial y, fuera de las otras atribuciones que por ley o reglamento se le confieren, le corresponden las siguientes: … 11) Realizar los sorteos para la escogencia de los Magistrados Suplentes que deban sustituir a los titulares; …21) Llamar, en casos de urgencia, al ejercicio del cargo a los suplentes de los funcionarios judiciales o designar interinos en caso de inopia, para períodos no mayores de dos meses.

Artículo 65.- El Presidente de la Corte podrá, a solicitud del respectivo Presidente de Sala, llamar Magistrados suplentes al ejercicio del cargo, por determinados períodos, para que se desempeñen en las Salas en que estuvieren asignados, para colaborar cuando la Sala no se encontrare al día en la resolución de los asuntos de su conocimiento o fuere necesario dedicar, exclusivamente, a un titular para resolver asuntos de suma complejidad.

Artículo 81.- Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial:  …18) Conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial.

  1. A) Exégesis de los textos constitucionales.

1.- En general. 

De acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en Costa Rica es competencia de los  tribunales ‘que establezca la ley’, así como de ese otro tribunal que se llama Corte Suprema de Justicia, establecido por la propia Constitución. De donde podemos extraer, para los fines del presente ensayo, las siguientes conclusiones:

  1. a) Sólo la Constitución y la Ley pueden establecer tribunales con competencia para el ejercicio de la potestad judical, o poder jurisdicional;
  2. b) Todo juez perteneciente a los tribunales así establecidos es titular de la potestad jurisdiccional por atribución de la Constitución; lo cual le confiere una superior dignidad que debe reflejarse en todo el sistema normativo, en la política judicial y en su aplicación práctica.

Con base en el artículo 156, se puede describir a la Corte Suprema de Justicia como el órgano jurisdiccional de mayor rango dentro del conjunto de los tribunales del Sistema Judicial; y colateralmente se le puede atribuir el carácter de jerarca máximo de los jueces, funcionarios y empleados del referido sistema. De ahí resulta el triple carácter que en Costa Rica tiene la Corte: considerada (1) en su unidad (Corte Plena) como juez superior; considerada (2) como conjunto de las salas de casación y constitucionalidad que especifica el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y finalmente (3) como órgano administrador supremo, del cual dependen jerárquicamente todos los jueces, funcionarios y empleados judiciales.

En otra sede he tratado de demostrar la existencia de una relativa incompatibilidad entre la función juzgadora de las Salas superiores de la Corte y su función administrativa y de gobierno judicial: una incompatiblidad que se ha agudizado con el tiempo, y que los magistrados han tratado de paliar relegando cada vez más su función juzgadora en manos de asistentes (letrados), para aferrarse al poder, o a la apariencia de poder aparejados a las funciones administrativa y de gobierno. Y he explicado mi conclusión de que se trata de un camino equivocado, que ha conducido al fracaso en ambos campos.

Con base en los artículo  157 y 164,  los jueces que integran las Salas de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte misma, han recibido tradicionalmente el nombre de ‘magistrados’, y se dividen en propietarios y suplentes, ambos nombrados por la Asamblea Legislativa. El magistrado suplente, como su nombre lo indica, tiene la función de suplir o llenar ‘las faltas temporales de los magistrados’ propietarios, para cuyo efecto –dice la Constitución- la Corte Suprema lo escogerá en cada caso mediante sorteo que realizará entre todos los suplentes con nombramiento vigente.

2.- Contradicciones y ajustes entre la Constitución y la Ley.

  1. A) La suplencia pro tempore, única prevista en la Constitución (art. 164), es jurídicamente una sucesión subjetiva en la titularidad, reversible y de alcance general: el magistrado propietario suspende de modo total su titularidad en el cargo durante el tiempo que dura su licencia, y simultáneamente dicha titularidad es adquirida, también en su totalidad (pero a término) por el suplente. Transcurrido el plazo, el propietario recobra ipso iure la titularidad de su cargo, y el suplente regresa al limbo del estado vegetativo propio de su condición.

Ateniéndonos al significado de las palabras, resulta obvio que la Constitución vigente no prevé la suplencia ‘para un solo proceso’, por causa de impedimento, excusa o recusación del magistrado, la cual, en cambio, sí es contemplada y regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  El 164 constitucional dice: “Las faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema…”; y eso se refiere a los permisos o licencias por incapacidad, vacaciones, estudio, etc., dosificados en términos de tiempo.. Pero todas las Constituciones de la República promulgadas en el Siglo XIX (incluída la de 1871), así como la Ley Reglamentaria de Justicia de 1845, las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de 1852 y 1937, la Ley Orgánica de Tribunales de 1887, y la actual, concibieron el instituto de la suplencia como un remedio adecuado para reemplazar al magistrado propietario, no sólo en sus ausencias temporales, sino también en los casos de separación por impedimento, excusa o recusación aceptadas.

En conclusión, podemos decir que el régimen constitcional de suplencias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tiene las siguientes características:  i) dicho en los términos de nuestro derecho vigente, hay relación de suplencia únicamente (a) en los casos de licencia temporal y (b) en los casos de separación respecto de un proceso específico; ii) el efecto jurídico de la suplencia concedida por licencia temporal (vacaciones, enfermedad, etc.) es la entera separación de todas las funciones de magistrado por parte del propietario por el tiempo de la licencia, y la correlativa asunción del mismo por parte del suplente; iii) en tal caso, el propietario con licencia está privado temporalmente de todas las funciones del cargo, conservando sólo la nuda titularidad, posición jurídicamente relevante, pero no efectiva; mientras que el suplente ‘en funciones’, asume efectivamente la totalidad de ellas durante el término de la licencia; iv) el efecto jurídico de la suplencia concedida por inidoneidad del juzgador para un proceso específico (impedimento, excusa, recusación) es la transferencia de la competencia subjetiva del propietario a favor del suplente, para el conocimiento de dicho proceso, hasta su fenecimiento;

  1. B) Como hemos podido apreciar de las anteriores transcripciones y citas de textos normativos, el método escogido por la Constitución para la designación del magistrado suplente que va a reemplazar al propietario por un tiempo dado, o en un caso concreto, es el del ‘sorteo’, es decir: librar la escogencia del candidato a la suerte o al azar; y el órgano al que se atribuye jurídicamente la función de realizar el sorteo es la Corte Suprema de Justicia en pleno, o Corte Plena (artículo 164). Y esto no fue una improvisación de nuestros constituyentes de 1949: el sorteo de los magistrados suplentes realizado en cada caso por la Corte Suprema para el reemplazo de los propietarios, está previsto (en presencia de las partes interesadas) en el artículo 125 de la Constitución de 1859, en el artículo 133 de de la Constitución de 1869, y en el artículo 127 de de la Constitución de 1871. Que el sorteo sea realizado, si no públicamente o ‘en presencia de las partes interesadas’, al menos en presencia de los magistrados integrantes de la Corte Plena, y que constituya además, jurídicamente, un acto de dicho órgano colegiado, con la consiguiente responsabilidad de los presentes en la sesión formalmente convocada al efecto, es una importante garantía de transparencia, control y corrección.

Así las cosas, para alguien ajeno a los acontecimientos que rodearon la marcha de los asuntos judiciales durante las últimas dos décadas, resultará motivo de estupefacción que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Número 7333 de 5 de mayo de 1993) contenga un artículo 60 cuyo inciso 11) dispone que “…Realizar los sorteos para la escogencia de los Magistrados suplentes que deban sustituir a los titulares…” es atribución del Presidente de la Corte. Y podría parecerle  aún más asombroso que la Sala Constitucional no lo haya declarado inconstitucional, y que los Presidentes de la Corte sucesivos a la vigencia de dicha ley lo hayan venido aplicando rutinariamente, como si fuera un acto legítimo.

¿Qué duda cabe? Por la mera razón de la jerarquía de las fuentes que rige el sistema de la legalidad en el País, la ley ordinaria no puede atribuir a un órgano la competencia que la Constitución ha asignado a otro órgano; pero ese elemental razonamienteo no hizo mella en la tendencia a la acumulación de poder expresada en su momento por el entonces Presidente Cervantes, inspirador y principal beneficiario de la reforma del 93. Y así fue cómo, por el empeño y la iniciativa de dicho funcionario, en la nueva Ley Orgánica que entra en vigencia en 1994, las atribuciones del Presidente, de ser poco más que las de un director de sesiones, según el artículo 72 de la Ley Orgánica de 1937), pasaron a constituir la plataforma de acción de un nuevo protagonista del gobierno judicial, rivalizando en atribuciones e iniciativas con la propia Corte Plena (véase los 23 incisos del artícuo 60 de la Ley Orgánica vigente).

Y es precisamente en ese contexto donde ocurre la mencionada ilegítima usurpación de competencia de la Corte por parte de su Presidente, para el sorteo de los magistrados suplentes. ¿Cómo justificar esta abierta violación constitucional?  El argumento de que el Presidente ‘representa’ a la Corte en ese sorteo, o el de que Presidente y Corte son, ‘de cierta manera’, el mismo órgano, son absolutamente improponibles a la luz del más elemental razonamiento jurídico: se trata de dos órganos bien diferentes y nítidamente destacados, cuyas esferas de competencia están delimitadas en sendos artículos de la ley. Pero encima de eso, la suplantación de un órgano por otro produjo resultados prácticos absolutamente regresivos desde el punto de vista del principio de transparencia de los actos públicos.

Y la prueba más elocuente de los estragos que es capaz de acarrear la flagrante violación cervantina nos la ofrece (¿quién no lo recuerda?) el caso del control de constitucionalidad de las Leyes Complementarias del TLC, proceso en el que intervino como miembro de la Sala Constitucional, en calidad de  Magistrado Suplente, el Profesor Federico Sosto, quien por esas fechas era simultáneamente abogado y asesor del Presidente Oscar Arias y/o de su hermano Rodrigo, principalísimos interesados en la aprobación del nuevo y ominoso universo jurídico que nos depararía la vigencia del TLC. Pues bien, el entonces Presidente de la Corte Luis Paulino Mora, al preterir el 164 constitucional, y aplicar de un modo sui generis el inciso 11) del artículo 60 Lopj, ‘sorteó’ victoriosamente al suplente Sosto por cinco veces consecutivas durante otros tantos meses (un milagro de las probabilidades matemáticas), con el resultado de que las Leyes Complementarias y el propio TLC, por mayoría de votos pasaron sin un rasguño los controles de constitucionalidad, con la honrosa disidencia de los magistrados Armijo y Cruz. Me pregunto si el suplente Sosto hubiera resultado tan exitosamente ‘sorteado’ si la actividad hubiera continuado bajo la responsabilidad de la Corte en pleno, tal como lo exige la Constitución.

  1. B) Exégesis de la Ley Orgánica del Poder Judicial

1.- En general. 

Está por escribirse la historia del Sistema Judicial Costarricense; tema apasionante que, obviamente, no abordaré en estas pàginas. Pero, como quiera que sea, y como dije páginas arriba, es obligado partir de la observación de que, desde su nacimiento, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica arrastra consigo el signo de la ambigüedad institucional, porque debe cumplir el doble destino de órgano superior del sistema de la justicia nacional, y de órgano encargado  del gobierno y la administración de ese mismo sistema en su dimensión funcional y organizacional. Se trataba, en realidad, de dos funciones incompatibles, forzadas ‘napoleónicamente’ a marchar juntas, cuyo resultado real fue, entre otras calamidades, una merma sensible de las posibilidades de independencia de los propios magistrados y de los restantes jueces, junto a la ‘caja negra’ de una gestión administrativa que trataremos de analizar aquí.

¿Qué había que hacer? Separar las funciones, confiando gobierno y administración judicial a un órgano especializado, políticamente invulnerable, para que los Magistrados de la Corte Suprema recobraran su papel de jueces: ¡zapatero, a tus zapatos!

Pero es difícil renunciar al poder, y la Corte se aferró a él y está sufriendo las consecuencias. Porque andando el tiempo, los magistrados fueron experimentando el crecimiento de su recargo funcional administrativo: primero algo liviano, llevadero, al costado de la sustancial función de juzgar; pero después, una carga creciente que rebasa siempre más las funciones judiciales. Hay una serie de Presidentes de la Corte que, en mi criterio, asume con responsabilidad pero lleva con disgusto esta hipertrofia de las funciones administrativas de la Cúpula Judicial: me refiero a Fernando Coto Albán, Ulises Odio y Miguel Blanco Quirós (y estoy convencido de que la muerte de Fernando Coto se precipitó como consecuencia de su extenuante esfuerzo por seguir siendo un óptimo juez, además de un buen Presidente); mientras que otros, empezando por Edgar Cervantes y siguiendo por Luis Paulino Mora, me parece que prefirieron liderar y administrar que impartir justicia. También es el caso, a lo que parece, del actual Presidente Chinchilla.

Porque, en efecto, por desconocimiento o injustificado desinterés  en otras soluciones más racionales que han mostrado sus ventajas en países avanzados, los últimos Presidentes de la Corte se han empeñado en que ésta sea, cada vez más, a contrapelo del espíritu de la Constitución (los jueces están para juzgar), un órgano administrativo y gubernamental, y no un órgano de justicia.

Y el punto de arranque de esta tendencia fue el proyecto cervantino de hacer de la Corte Plena y de su Presidente, los iluminados protagonistas de una transformación en sentido tecnocrático y autoritario; lo cual en el fondo se parece demasiado a una fuga desesperada hacia adelante, para no soltar el poder y los privilegios que han venido acumulándose en la cúspide judicial. Porque tal es, en mi opinión, el espíritu de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que culmina en la Ley Número 7333 de 5 de mayo de 1993.  Intentaré someramente la exégesis de algunos artículos de dicha ley que ilustran este giro espectacular de la Corte Suprema, del cual venimos hablando, a fin de situar nuestro asunto en la perspectiva correcta.

En los primeros cuatro apartados del artículo 44 Lopj se diseña una especie de embudo, que empieza con una regla general negativa (ningún permiso puede ser mayor de seis meses); la cual, sin embargo, se va abriendo paulatinamente; porque ya en el segundo apartado se indican las primeras muy razonables excepciones en materia de traslados internos, permutas o incapacidades por enfermedad; en el tercer apartado se regulan los permisos de estudio en beneficio de magistrados y jueces; y en el cuarto apartado los permisos pueden concederse por un año varias veces prorrogable, para magistrados y jueces que temporalmente pasen a servir en otras dependencias fuera del Sistema Judicial, o realicen trabajos especiales en interés de éste.

Parece ser preferentemente en ese apartado 4 del artículo 44 Lopj (“en casos muy calificados” (¿?) se autoriza la concesión de licencias con goce de sueldo para los servidores que han sido encargados de realizar “labores y estudios especiales”), donde se apoyan los proyectos de clonación de puestos que estamos examinando.

Del artículo 49 Lopj nos interesa un aspecto: la creación de una figura singular de magistrado suplente que se localiza específicamente en la Sala en la que cumple sus funciones jurisdiccionales el magistrado Presidente de la Corte. Se trata de un suplente sui generis, que no es sorteado cada vez que se produce una ausencia temporal o un impedimento del propietario (que son los casos en los que la Constitución autoriza la suplencia); sino que, cuando el Presidente lo considere necesario, provoca el movimiento respectivo para que dicho suplente lo reemplace en su cargo de magistrado de su Sala, mientras que él se mantiene trabajando exclusivamente en funciones ‘presidenciales’.

Ahora bien, invocando esa regla, el actual Presidente de la Corte hace que se mantenga indefinidamente un suplente en su cargo de magistrado de la Sala Tercera, mientras él se ha concentrado en la Presidencia.      ¿Quid iuris? Además de una plausible inconstitucionalidad de la norma aludida y de su puesta en práctica, porque según hemos entendido de la Constitución, los magistrados pueden ser sustituidos por los respectivos suplentes cuando se separan temporalmente de sus funciones en forma completa por virtud de licencia, o para procesos específicos, la regla comentada y su práctica constituyen una tácita e involuntaria confesión de aquella incompatibilidad, que he dejado señalada, entre el ejercicio de la judicatura y el ejercicio de las funciones presidenciales.

Del artículo 60 Lopj ya tuvimos ocasión de hablar con ocasión del sorteo de los suplentes; pero a efecto de ilustrar el cambio de rumbo de la Corte a partir de 1994, el mismo da para más, porque los incisos 16, 20, 21 y 22 permiten reunir en el Presidente de la Corte una serie de facultades nuevas en materia de comisiones de trabajo, interinazgos y suplencias que van a sustentar las nuevas políticas.

Por su parte, el artículo 65 Lopj consagra también otras formas de hipertrofia de la figura y la función de los magistrados suplentes, en contra de lo que dice la Constitución, suministrando las bases de lo que podríamos considerar otras modalidades de clonación de puestos por obra del Presidente de la Corte.

Por último tenemos el inciso 18 del artículo 81 Lopj, que faculta al Consejo Superior del Poder Judicial a conceder permisos con goce de sueldo a los funcionarios , para la realización de estudios y proyectos de interés. De modo que esta disposición debe estudiarse en relación con el artículo 44 arriba comentado, porque en buena medida la práctica de la clonación proviene del Consejo Superior del Poder Judicial, y se la justifica invocando el inciso 18 que estamos comentando,  en relaciòn con el referido artículo 44 Lopj.

En suma, en toda la normativa examinada, proveniente en su mayor parte de la Ley Orgánica vigente a partir de 1994, podemos destacar un cúmulo de facultades concedidas al Consejo Superior, a la Corte Plena y a su Presidente cuya constitucionalidad convendría revisar con atención. Pero en este momento lo que más me interesa analizar es algunas modalidades de lo que la misma jerga que abunda en los oficios de los administrativos de la Corte denomina ‘clonación de puestos’.

  1. C) Breve crónica del gemeleo o clonación de puestos judiciales.

En las últimas  semanas he tenido acceso a diversos mensajes electrónicos y papeles impresos (reproducción de notas, memorandos, etc.) provenientes de funcionarios del sector administrativo de la Corte, y con ellos he conseguido reconstruir y documentar algunos de los procedimientos que conducen a la clonación de puestos en el Sistema Judicial costarricense. Pasando por alto ciertas variaciones de detalle que arrojan los datos disponibles, me quedo con el siguiente caso típico:

  1. Un órgano auxiliar de la Corte o de su Presidente diseña un proyecto piloto dirigido a producir un cambio en, por ejemplo, las rutinas de las audiencias por violencia doméstica.
  2. La implementación del proyecto requiere los servicios de 20 funcionarios que llamaremos f-A, con una formación jurídica correspondiente, por ejemplo, al nivel de Juez 3.
  • El Consejo Superior, con la colaboración de las oficinas auxiliares competentes, selecciona y nombra los 20 candidatos f-A (o propone su nombramiento a la Corte, cuando proceda hacerlo), asignando a los puestos que desempeñarán los mismos números o códidos de otros tantos funcionarios propietarios en activo (en eso consiste propiamente el ‘gemeleo’).
  1. A dichos funcionarios en activo (jueces, fiscales, etc.), que llamaremos f-B, el Consejo les notifica que su puesto ha sido clonado, y que les ha sido otorgada licencia con goce de salario para que desempeñen cierta actividad, pero en la realidad esos funcionarios continúan desempeñando las funciones que ordinariamente les corresponde cumplir.
  2. Los sueldos de los funcionarios f-A son pagados de la Sub-Partida presupuestaria correspondiente a Suplencias.

Para justificar operativos como éste, la Corte Suprema de Justicia se ampara en una regla contenida en el artículo 44 Lopj que reproduzco literalmente:

“En casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin él a los Magistrados, y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encarguen labores y estudios especiales.”

1.- Pero es fácil notar que los supuestos de hecho (especies fácticas) previstas en el citado apartado del artículo 44 no encajan en la situación descrita en el Proyecto que hemos usado como ejemplo: aquí no se trata de otorgar permisos verdaderos a jueces y magistrados (f-B) para que verdaderamente realicen ciertos estudios, como lo autoriza aquella disposición.

2.- Muy lejos de eso, cualquiera puede apreciar que en esos Proyectos, a los funcionarios judiciales f-B no se les licencia para que efectivamente realicen determinadas labores o estudios especiales: tales encargos no existen: son simulados, y de hecho los funcionarios f-B continúan desempeñando sus funciones normales.

3.- Pero la consignación oficial, en el papel, de aquellos encargos simulados, se tramita como si se tratara de actos jurídicos reales, para justificar el nombramiento de los funcionarios f-A como suplentes que, en realidad, no van a suplir en absoluto a los funcionarios f-B, sino que se supone van a desempeñar las tareas que el Proyecto les asigna.

4.- Para efectos presupuestarios el Proyecto usa para los falsos suplentes (f-A) los mismos códigos numéricos legalmente asignados a los puestos de los funcionarios f-B (clonación), de modo que se pueda pagarles sueldos de suplentes con cargo a la Sub-Partida de SUPLENCIAS del Presupuesto Nacional.

5.- En resumen, en Proyectos como el que sirve de ejemplo tenemos el conferimiento ficticio de licencias a funcionarios judiciales en propiedad, para que en la realidad no utilicen dichas licencia, sino continúen haciendo su trabajo normal; y el nombramiento real de suplentes que, en la realidad, no serán tales suplentes de aquellos funcionarios, sino que realizarán otras tareas.  Hasta donde puedo ver, esta mascarada parece obedecer al objetivo de conseguir la aprobación del pago del sueldo del falso suplente, utilizando el código numérico asignado al puesto del propietario.  Pero ¿por qué así?

Estamos claramente ante un cúmulo de mentiras y suplantaciones que parecen configurar sendas falsedades ideológicas, malveresaciones, etc., y me parece que va a ser difícil justificarlas por parte de los funcionarios de la Corte responsables de ese tipo de proyectos.  ¿Es siquiera imaginable que, para alcanzar ciertos objetivos, honorables en sí mismos, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica no tenga más remedio que recurrir a una vía tan tortuosa?  Los proponentes de estos mecanismos ¿qué trataban de eludir? ¿qué esperaban obtener? Por su antigüedad y su complejidad, el caso de las clonaciones de puestos promovidas por la Corte rebasa de lejos las posibilidades de investigacion de una persona particular.  Lo que aquí procede es que el Ministerio Público investigue estas clonaciones y siente las responsabilidades del caso.

De todos modos, una reflexión sobre el caso nos permite sacar algunas conclusiones:

  1. El empeño de la Corte de conservar para si las complejas funciones de gobierno y administración judicial, ha desembocado en una verdadera situación de anomia, en la que una gran cantidad de actividades han quedado fuera de control.
  2. Es posible que la puesta en marcha del cúmulo de funciones, facultades y potestades que la Ley Orgánica de 1994 prodiga en las manos de la Corte Plena, el Consejo Superior, el Presidente y una serie de Comisiones creadas con distintas finalidades, haya creado las condiciones para el desarrollo incontrolado de abusos, chapucerías y prácticas aberrantes.
  3. Las evidentes, culpables irregularidades, falsedades, etc., en que funcionarios de la Corte han incurrido en la concepción y puesta en ejecución de proyectos con simulación de licencias y clonación de puestos deben ser analizadas por el Ministerio Público, para lo que a su oficio compete.
  4. El manejo abusivo, irrespetuoso, de las plazas de los funcionarios judiciales para fines de clonación, llevado a cabo muchas veces sin siquiera advertir a los afectados con la medida, revela un total desconocimiento o menosprecio de la dignidad de la investidura y la sagrada misión del juez en el Estado de Derecho, por modesto que sea el rango de dicho juez. Hay que acabar con el ninguneo de los empleados administrativos en perjuicio de los jueces, propiciado por la misma Corte Suprema.