Nuestra Institucionalidad ¿La entendemos o estamos jugando de vivillos?

La equivocada e ilegal pretensión de independencia asociada con la autonomía solo complica las cosas e incrementa el despilfarro público

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Somos un Estado Unitario, pero ¿tenemos claras sus implicaciones? ¿Estamos jugando de ignorantes por intereses personales, una especie de chorizo disimulado? O, peor, ¿ha llegado el patrimonialismo al punto de hacernos olvidar los postulados más importantes del servicio público?

Nuestra condición de Estado Unitario es simple: “El Estado Unitario jurídicamente considerado tiene en la unidad su característica básica en cuanto a su fundamento, su estructura y su ejercicio, puesto que la normatividad jurídica es una sola y válida para todo el territorio nacional, no pudiendo coexistir en otro orden jurídico en todo el espacio físico donde ejerce su soberanía. Lo mismo ocurre con la estructura judicial, donde los tribunales son dependientes de una central y el ejercicio está reglado por normatividad exclusiva”. Esto es coherente con algunas citas jurídicas propias que incluimos en un artículo anterior.

Un ciudadano cualquiera esperaría que estos conceptos existan como claros parámetros de gobernabilidad, especialmente en la comunidad universitaria, de alguna forma centro de conocimiento y sabiduría donde se forman nuestros jóvenes y se orienta al país por un camino transparente, libre de trampas. También esperaríamos que nuestros liderazgos políticos los tomen como fuentes orientadoras de su labor cuando sean llamados al servicio de la patria. Pero la realidad parece ser otra: las universidades asumen una actitud corporativa en la que los intereses económicos particulares se imponen sobre estos principios; algunos magistrados se han declarado miembros de una especie superior y el presidente ejecutivo de Japdeva rehúsa seguir la autoridad superior del ministerio rector. Algunos temas parecían superados con la aprobación por parte del Poder Judicial de la legalidad del proyecto fiscal, pero los beligerantes liderazgos universitarios han tomado la iniciativa contra el ordenamiento institucional vigente.

Algunas posiciones parecen expresar simple rebeldía. La llamada regla económica del proyecto fiscal está contenida en el artículo 176 de la CP (“En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”), mientras el segundo párrafo es contundente: “…las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos”.

No se trata de un simple desacuerdo conceptual. Hay, en realidad, por lo menos dos aspectos fundamentales subyacentes. Uno, que quienes ignoran nuestro carácter de Estado Unitario nos llevan por una visión país de un archipiélago formado por más de 330 islas (entidades públicas) que siguen su propio curso, desvinculadas de una dirección impuesta por su finalidad principal, el bienestar de todos los costarricenses. Otro, resultante de la anterior: tal finalidad de bienestar social es imposible, si cada miembro del cuerpo institucional está desvinculado a una dirección de conjunto.

Hay otra cuestión de fondo: la equidad como base fundamental de nuestro ordenamiento institucional. La desigualdad subyacente en los planteamientos de quienes cuestionan la unidad del Estado costarricense está en conflicto directo contra nuestro más preciado valor: la equidad. En efecto, el breve artículo 33 de nuestra Constitución Política (CP) nos recuerda que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Si la defensa de la equidad no es argumento de peso, deberíamos recordar que los privilegios de unos, que son discriminación de otros, son inconstitucionales. Adicionalmente, podemos argumentar que los límites de la autonomía también están definidos en el artículo 188 de la CP, según el cual “Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”. La función de gobierno es nacional y compete al Poder Ejecutivo (énfasis agregados).

Todos sabemos que el Estado, que hoy le cuesta al bolsillo del costarricense más de ¢23 billones (posiblemente uno de los más caros del planeta); que tiene más de 300 mil funcionarios; y, más de 330 entidades públicas, unas 80 en algún régimen de autonomía, es oneroso e ingobernable. La dispersión tienen un sustancial costo, pero la equivocada e ilegal pretensión de independencia asociada con la autonomía solo complica las cosas e incrementa el despilfarro público con privilegios sin base ética y económica, como lo refleja el déficit fiscal.

La difícil coyuntura política actual está marcada por el riesgo de los populismos y en un entorno de crispación contra el sistema y quienes lo administran. Tal vez la educación formal de nuestro pueblo sea baja, pero el ciudadano es sensible a los temas asociados con los costosos privilegios del servicio público, mientras se le pide más para cubrir un supuesto déficit fiscal. Así las cosas no cuadran y el efecto es más división y más irritación social.

 

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