Nuestros habitantes de las zonas fronterizas e insulares

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Lilliana Sánchez B., Politóloga (Msc.).

En la zona marítimo-terrestre coexisten situaciones legítimas, anómalas y anárquicas respecto con la tenencia y ocupación de la tierra. La ingobernabilidad es producto de la inadecuada aplicación del marco jurídico, del traslape no solo de la legislación sino de funciones entre organizaciones.

En diversos períodos legislativos algunos diputados han presentado iniciativas legislativas que por carecer de adecuados análisis y estudios han sido desestimadas por ser inconstitucionales. Actualmente se conoce un nuevo proyecto de ley en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, presentado por varios diputados que de igual forma ha sido dictaminado por el Departamento de Servicios Técnicos como inconstitucional. El costo de este trabajo parlamentario en recursos humanos y materiales mejor no lo cuantifiquemos.

La única realidad que nos interesa en este artículo es la vida de cientos de habitantes de nuestro país que viven en zonas fronterizas e insulares bajo condiciones económicas y sociales muy desfavorables.

El marco jurídico no permite la propiedad privada en la zona marítimo- terrestre aunque legitima las propiedades que fueron inscritas en el Registro Nacional anterior a la ley No. 6043 de 1977.

Como producto de la débil aplicación de la legislación vigente, la descoordinación entre organizaciones y la deficiente gestión de las diversas municipalidades, se ha permitido la ocupación en contra de los procedimientos de ley y en detrimento de la institucionalidad. De igual manera, en estos territorios coexisten situaciones legítimas, anómalas y anárquicas respecto con la tenencia de la tierra.

La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) es patrimonio nacional, está conformada por 200 metros tierra adentro, a partir de la línea de pleamar ordinaria, en ambas costas. Los primeros cincuenta metros de ancho, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, se identifican como la zona pública e inalienable y la franja de los ciento cincuenta metros restantes es la zona restringida o concesionable; en los territorios insulares, después de los 50 metros inalienables, todo el resto de las islas es zona concesionable en concordancia con las disposiciones de la Ley No. 6043: Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Como han señalado los expertos del tema:

“…El “mercado” de la tierra es altamente dinámico; los concesionarios (inclusive los aspirantes a concesionarios), y los ocupantes en general, “venden” territorios sin documentos legítimos. Ello, crea falsas expectativas respecto a la propiedad y permite, no solo realizar inversiones, sino también transacciones comerciales sobre la tierra…”  (ESTADO DE LA NACION, DECIMOTERCER INFORME EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: Informe Final: Tenencia y ocupación de la tierra en la zona marítimo terrestre de Costa Rica, 2007)

En cuanto al marco institucional de la zona marítimo-terrestre el mismo está conformado por el conjunto de leyes, reglamentos, decretos, y pronunciamientos de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República (PGR) que regulan y planifican el territorio. Es parte de este marco institucional el grupo de organizaciones que interactúan en los territorios, también las costumbres, prácticas y modos de vida de los diferentes ocupantes. Este marco se fundamenta en la Constitución Política de Costa Rica; se regula por un régimen jurídico especial que consta de veinticinco leyes y cuatro decretos y un importante número de dictámenes de la tanto de la Procuraduría General de la República como resoluciones del Tribunal Constitucional.

El marco jurídico ha resultado ser un instrumento ineficiente para el ordenamiento de los territorios costeros. El Estado invierte importantes recursos técnicos económicos para resolver por la vía judicial lo que no hizo por la vía administrativa.

A esta situación se agrega el hecho de la descoordinación entre el sistema judicial mismo. Mientras la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República insisten en la inalienabilidad de la zona pública, el Juzgado de Nicoya reconoce derechos privados en esta zona (Exp. 98-200742-414-PE, Tribunal de Juicio de Guanacaste, Sede Nicoya). La Sala Constitucional establece que las reservas en ambos litorales nunca han sido parte de los baldíos nacionales (Resolución No.2007-0248 CO).

Y lo más importante, los habitantes de estas zonas costeras e insulares, a partir de los años noventa con la explosión del turismo han vivido un deterioro profundo en su calidad de vida a pesar de ser productores y cuidadores de dichas zonas. Entre otras circunstancias podemos mencionar:

  1. Los desalojos han sido abusivos, sin el debido proceso, aun cuando constitucionalmente el Estado está en la obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos. Los gobiernos locales en abierto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, desalojan, demuelen, queman y hasta entregan su autonomía, al ceder a otras instituciones su responsabilidad de ordenamiento territorial de la zona costera, olvidando su función de “… la constante aspiración del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes (munícipes)…” así establecido en el Código Municipal y leyes conexas.
  2. Desalojos sustentados en planes reguladores costeros, impulsados por intereses económicos y políticos que han privilegiado situaciones abiertamente inmorales, como lo es otorgar concesiones a extraños en la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), pasándole por encima a personas que han habitado por generaciones la zona.
  3. La corrupción, la falta de claridad y transparencia en el otorgamiento de las concesiones, genera inseguridad jurídica y esta, indefectiblemente, contribuye a aumentar la conflictividad y tensión social.
  4. La mayor parte de la línea costera en ambos litorales (Caribe y Pacífico), se ubica en terrenos de municipalidades que no tienen plan regulador, con lo cual las éstas se ven imposibilitadas, jurídicamente, a otorgar concesiones, aumentando, entonces, el número de posesiones en precario.
  5. La falta de previsión o de sensibilidad social que muchas veces inspira esta clase de decisiones políticas, nos llevó al absurdo normativo en que nos movemos hoy, ya que por definición, nuestros territorios insulares se reputan dentro de la zona restringida, de manera que sus habitantes, familias con muchas generaciones de vivir allí, de facto quedan excluidos en el orden de acceder a un derecho de propiedad, el que constitucionalmente no puede otorgarse pero sin una respuesta a sus demandas socio económicas lo que equivale condenarlos a contentarse con seguir viviendo como costarricenses de segunda categoría.
  6. De igual forma, esta situación incide negativamente en las municipalidades, ya que sin seguridad jurídica nunca habrá inversión; sin esta, no se pueden crear más puestos de trabajo. Menos actividades económicas representan, para las municipalidades, una menor recaudación por concepto de permisos, licencias y patentes.

Estos ciudadanos costarricenses tampoco se ajustaron a las disposiciones del Transitorio III de la Ley 4558 por desconocimiento de la norma, la baja escolaridad y falta de recursos económicos, o porque decidieron en años recientes ocupar estos espacios a sabiendas de la custodia y protección que ejerce el Estado sobre ellos. No obstante, el ambiente ha sido confuso, debido a la tolerancia y deficiencia de carácter administrativo por parte de los entes llamados por el ordenamiento a ejercer la supervisión y protección de la zona marítima terrestre.

El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa están en la obligación constitucional de elaborar una propuesta de ley que no solo responda a las demandas sociales y económicas de los habitantes de nuestras zonas fronterizas e insulares sino además articular esfuerzos con los gobiernos locales de dichas zonas a efecto de que se elaboren adecuadamente los planes reguladores de acuerdo a las disposiciones legales vigentes a efecto de que, por medio de concesiones estos ciudadanos puedan ser de primer nivel y no estar marginados en una situación que ni siquiera muchas veces comprenden.

El derecho humano a una vida digna debe de respetarse en todo el territorio nacional. No podemos, por razón alguna seguir permitiendo estas situaciones que mañana podrán ser el elemento fundamental en contra de nuestro sistema democrático.

El que nunca ha vivido el hambre no conoce lo que podría ser capaz de hacer por lograr un mendrugo de pan para su familia.

 

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