Nueva Constitución Política y nueva Constitución Moral

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Nadie ha dicho entre nosotros, que una Constitución Política sustituya la interioridad de los seres humanos, ni tampoco que por arte de magia los comportamientos de los ciudadanos cambien en un santiamén. No podríamos ser tan pretensiosos. Una Constitución es apenas una herramienta que puede ser muy valiosa en el desarrollo de los pueblos.  Por eso tampoco hemos renunciado  al reto  de mejorar las normas aún sabiendo, que  al final todo se reduzca a actitudes, hábitos y conductas propias de los habitantes. La Constitución es un marco y un cauce regulatorio. Su vigencia real depende de cuán arraigada y respetada esté en la vida de los pueblos. Por eso es muy importante que ella refleje las aspiraciones y la vida de la población. Si se siguiese la tesis,  que como el verdadero problema está en los operadores del sistema o en la misma ciudadanía, y que por ello la Constitución sale sobrando, en  ese mundo así concebido, habría entonces que olvidarse de tener instituciones y gobiernos porque todo está sujeto  finalmente al comportamiento de los seres humanos.

Lo que quiero decir, es que a menudo algunos ciudadanos resisten la idea de reformar sustancialmente la Constitución Política  aduciendo que los problemas del país no se resuelven con leyes  o  con una nueva Constitución, porque los que están fallando son los “inútiles del gobierno y de  la burocracia estatal”.

Manifiestan ellos  que actualmente cualquier personaje puede ser Presidente, Diputado y Alcalde sin tener competencia para el puesto.  Indican además que los culpables de querer solucionar todo con leyes son los abogados, y que esos profesionales  no entienden que el problema es humano y no legal.

No me atrevo a decir que ese razonamiento no tenga fundamento,  pero debemos precisar.

Es evidente que en la base de todos los problemas de las sociedades está la imperfección humana. Por eso existe el derecho. Las normas han nacido entre muchas razones, para arbitrar conflictos,  regular comportamientos, resguardar derechos, imponer obligaciones  y limitar el poder. Si los seres humanos actuáramos siempre con responsabilidad social, si las conductas fuesen apegadas a los más altos principios y valores correspondientes a una sociedad  realmente humana y civilizada, no habría necesidad de crear leyes, ni de contemplar una norma fundamental que regule la vida en comunidad.  Pero como la naturaleza humana es imperfecta,  el derecho asoma como la gran herramienta para que haya orden y relaciones  lo más justas y racionales posibles en todos los componentes de la vida social.

No tengo duda que el derecho es un artificio creado por los humanos aunque tenga sustento biológico.  A menudo las normas son demasiado artificiales y hasta injustas.   Pero pareciera que con todos sus defectos, en el desarrollo actual de la humanidad las leyes siguen siendo necesarias para que los seres humanos actúen con niveles de responsabilidad.  Algún día, cuando la humanidad haya evolucionado a niveles superiores de espiritualidad en su recorrido hacia el  encuentro con el Uno, probablemente el derecho como lo conocemos hoy desaparecerá, porque todos los seres sabrán conducirse, todos harán el bien y todos vivirán en paz, con orden y justicia.

No obstante ese mundo  de perfectibilidad humana no está en la vuelta de la  esquina. Mientras seamos tan imperfectos como lo somos,  el derecho sigue siendo la herramienta necesaria para tratar de regular las relaciones de los  seres en colectividad y procurar vivir mejor.  Si aceptáramos la tesis de que no hay que reformar la Constitución porque lo que hay es un problema humano, entonces  no tendríamos necesidad de tener Asamblea Legislativa, ni Poder Ejecutivo, ni Municipalidades, porque en cada una de esas instituciones se producen leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, es decir normas jurídicas.

Una buena orquesta  implica  tener buenos instrumentos, buenos músicos y  buenos  directores.  Un buen país requiere dirigentes competentes, ciudadanos responsables y normas jurídicas bien diseñadas que sirvan a la gente y a quienes transitoriamente ejercen posiciones de mando.  Una  Constitución Política que responda a la nueva realidad y a los mejores anhelos de los habitantes será mejor interpretada y  ejecutada por los detentadores del poder y por la ciudadanía, si todos ellos  tienen buenos niveles  de cultura política, de competencia profesional, de valores y principios  relacionados con el buen vivir.  Por eso cuando se piensa en la Costa Rica del futuro hay que tener en cuenta el componente ético.  Tan importante es la Constitución Política, como la Constitución moral de un pueblo. Una cosa es que la Constitución prescriba que la vida es inviolable, y otra que el ciudadano tenga en su interioridad, el principio arraigado de defender la vida en todas sus manifestaciones como un imperativo moral.

Así el mejoramiento social para el buen vivir de los  habitantes implica construir en los años que vienen no solo la nueva Constitución Política, sino una nueva Constitución de principios éticos y morales que formen parte de la cultura diaria de la ciudadanía y de los gobernantes como imperativos conscientes de la nueva era de responsabilidad ciudadana.

Si el ciudadano se queja de la corrupción gubernamental, pero al mismo tiempo la estimula con sus dádivas ilegales a los funcionarios públicos, hay evidentemente una contradicción entre la norma constitucional y el comportamiento ciudadano.  Si me quejo de la ineficiencia del Estado, pero al mismo tiempo cuando desempeño mis funciones  aún en el sector privado, muestro índices pobres de rendimiento, hay una falta de congruencia entre mi conducta y la norma programática que prescribe la eficacia y eficiencia en las actividades productivas de los sectores públicos y privados. Resulta entonces importante que mi componente ético guarde correspondencia con las normas  constitucionales para que el impacto en la sociedad sea cualitativamente superior.  En ese contexto creo que las aspiraciones sociales que se manifiesten en la nueva normativa constitucional pueden ayudar a cimentar una nueva manera de hacer las cosas en el país. Incluso podría ser que genere no solo nuevos hábitos y usos, sino que promueva estilos diferentes de gestionar lo público, y que inspire a los ciudadanos  a reivindicar principios y valores socialmente necesarios y aceptables para la convivencia social.

Sin duda el impacto  de una reforma constitucional profunda como la que requiere el país tendrá que medirse por la oxigenación social que genere, por el mejoramiento de los comportamientos sociales y la manera de hacer las cosas y de relacionarse la ciudadanía entre sí y con las estructuras del poder. Debe servir para reconstruir la ética ciudadana y de las dirigencias política.   La nueva arquitectura del Estado debe sostenerse sobre principios y valores positivos y proactivos aceptados y practicados por la ciudadanía. El soberado debe pedir cuentas, pero debe asumir también las cuentas de su comportamiento.  Tan imperativa es la reconstrucción moral del país, como su reconstrucción política administrativa.  Esa simbiosis es la que nos pone en la ruta del mejor país que deseamos construir.  Por eso el proceso es tan importante como el resultado. El primero debe servir no solo para construir el resultado, es decir la norma fundamental, sino también para elevar el nivel de la cultura política del país debatiendo y aclarando entre otros, temas fundamentales de la organización del Estado, de nuestros derechos y deberes, y de la institucionalidad nacional. El proceso debe tener un alto valor educativo, formativo, pedagógico, creativo, axiológico. Debe ser una construcción no sustentada solo en conocimientos, sino en la sabiduría, en la extracción de los elementos espirituales y culturales de nuestro pueblo.  La  Nueva Constitución debe ser el punto de llegada y el punto de partida. De llegada porque sería la culminación de un esfuerzo ciudadano de voluntariado, de sueños, de esperanzas. De partida porque debería marcar una nueva etapa en la vida democrática de nuestra sociedad. Nuevas reglas, nueva cultura política, nueva confianza, nuevos compromisos. Nuevo comienzo. Esa es la meta de nuestro movimiento de ciudadanos. Construir y dejar un país para las generaciones presentes y para las que vendrán,  mejor que aquel que  tenemos hoy.

Walter Coto Molina
Académico, ha sido diputado de la Asamblea Legislativa y Presidente de la misma
Febrero 2017

 

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