Walter Coto Molina, octubre 2017.

En este mes de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó la convocatoria a elecciones nacionales. Vamos a elegir  Presidente y Vicepresidentes de la República y diputados en el mes de febrero del 2018. Como  viene siendo costumbre en nuestra democracia, existe un número apreciable de partidos políticos que se aprestan a competir electoralmente y a desarrollar su campaña, la mayoría de ellos  prolongando el trabajo que   han venido haciendo meses atrás.

La participación electoral presenta tres desafíos fundamentales para las agrupaciones políticas. El primero es que los partidos deben organizar su campaña.   El Segundo es que deben construir un mensaje para la ciudadanía, y el tercero es que deben financiar su campaña electoral.

Por su parte para el país, y en particular para  el Tribunal Supremo de Elecciones, los retos esenciales son;  administrar  de manera excelente  el proceso electoral ofreciendo todas las garantías legales y democráticas a la ciudadanía y a las fuerzas políticas, y por otra,  contar con los recursos necesarios para cumplir con ese cometido.

El tema del financiamiento de la campaña es esencial. Para el Estado, porque  debe poner a disposición varios cientos de miles de millones de colones para financiar esa participación democrática, usando los parámetros de ley, que le impone la contribución que debe otorgar, y para los partidos porque si no tienen los recursos para competir con publicidad, pautas,  organización y tecnología.  se les hace difícil llegar al electorado nacional para dar a conocer sus candidatos y sus propuestas cuando  las tienen.

Una observación objetiva del sistema electoral costarricense  nos muestra que sin duda alguna es plutocrático porque quien tiene más recursos tiene más posibilidad de tener mayor  presencia en los medios de prensa,  y en el territorio nacional, aunque ello no siempre garantice la victoria electoral.  Por esa razón es que cada cuatro años se escuchan los mismos lamentos de la mayoría de partidos, indicando que tienen problemas de financiamiento y de acceso a préstamos para participar en el proceso electoral en condiciones igualitarias.  Es más,  cuando logran obtener un  préstamo, por lo general es   leonino, pues los préstamos se les otorgan  con márgenes de  descuentos y tasas de interés realmente elevados,  dada la incertidumbre de resultados que se juega en las elecciones, y con base en los cuales,  el solicitante tendrá derecho a  la  deuda política.  Los financistas son generalmente  bancos públicos y privados y también personas físicas afines a las agrupaciones.  Evidentemente cuando esas entidades y, o personas  saben hacer las negociaciones crediticias, les resulta muy rentable efectuar el financiamiento. Los costarricenses pagamos esos descuentos y esas tasas de interés con nuestros impuestos a través de la deuda política. Claro que    las elecciones para algunos no es solamente un asunto democrático, sino más bien  un buen negocio de cada cuatro años.

El volumen de los recursos que aporta el Estado está establecido en la ley y su referente es un porcentaje del producto interno bruto sobre el cual se puede discutir.  La distribución se efectúa conforme a los votos obtenidos por los partidos en las elecciones, de modo que puede haber organizaciones políticas que no tengan deuda política porque no obtuvieron el porcentaje de piso establecido para tener derecho a una parte de la deuda.

Pero aparte  que tengamos un sistema plutocrático,  hay que reconocer que además  es desigual e injusto, precisamente porque por la condición de financiamiento inequitativo existente,  no todos los partidos pueden tener pautas publicitarias ni siquiera las mínimas, ni exposición mediática igualitaria, ni espacios de campaña sostenibles para llevar su mensaje a toda la población en condiciones de igualdad.  Las campañas largas además  favorecen a los partidos que tienen más recursos, y aunque el banderazo de salida lo da el Tribunal en octubre, hay fuerzas políticas que tienen muchos meses previos de exposición mediática, antes  que el Tribunal Supremo de Elecciones haga la convocatoria. En uso de la libertad de comunicación y de expresión muy defendida por los medios de prensa,  cualesquiera de los candidatos con suficiente dinero puede difundir mensajes por ejemplo,  radiales y televisivos,  claramente de propaganda política y de campaña, antes de la convocatoria a elecciones nacionales.

Para no extenderme más en detalles,  creo que en definitiva es necesario  superar algunas de las barreras discriminatorias y desiguales que existen en relación con la participación electoral democrática de las fuerzas políticas en nuestros procesos de elección en general.  Por los intereses que esta materia genera entre los competidores políticos, es muy difícil que exista voluntad  consensuada en la Asamblea Legislativa, para reformar sustancialmente la Constitución y el Código Electoral,  con el propósito de  diseñar un sistema más equitativo y democrático.

Temas medulares como las necesarias condiciones de igualdad que deben existir en los procesos de elección,  no las veo aprobándose en la Asamblea Legislativa, ni mucho  menos incorporadas a la Constitución vigente.  Por ello creo que  el debate de las reformas estructurales que se requiere,  implica llevarlas a una Asamblea Nacional Constituyente, donde el pensamiento político sea más libre, más sereno, más integral,   y más cercano al interés nacional de democratizar mayormente la democracia de los procesos de elección.

El marco normativo constitucional de las elecciones nacionales debe estar guiado por otorgar iguales condiciones a todos los participantes, al mismo tiempo que por racionalizar el financiamiento del Estado en  dichos procesos, y el período en los cuales se deben desarrollar las elecciones nacionales e internas de los partidos, que realizan convenciones para escoger sus candidatos presidenciales.

En ese contexto las siguientes ideas de reforma estructural,  podrían servir de  base para una discusión en una Constituyente.

Primero: Las campañas políticas mediante cualquier medio, sean nacionales o cantonales no podrán exceder un periodo de 45 días a partir del día siguiente de convocatoria por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Ninguna fuerza política podría hacer propaganda ni campaña pagada de ningún tipo antes de ese período. El objetivo es reducir el período de las campañas, lo cual tiene incidencia sobre el costo de las mismas y el aporte que realiza el Estado.

Segundo: Las campañas internas de los partidos no podrán exceder de un período máximo de treinta días. Hay que  reducir  también el periodo de campañas internas y de convenciones para racionalizar gasto.

Tercero: El financiamiento que aporte del Estado debe ser el único mecanismo para financiar las campañas nacionales y debe ser entregado por adelantado al Tribunal Supremo de Elecciones, previo a la convocatoria de elecciones, para que a su vez éste, los distribuya entre todas las fuerzas políticas en condiciones de igualdad, para que todos puedan tener espacios similares o iguales  en los medios de prensa de todo tipo y en redes sociales, de modo todos los participantes puedan difundir sus mensajes e ideas a los electores.   El objetivo es  lograr un sistema que garantice mayor igualdad desde el inicio del proceso entre todos los participantes.

Cuarto: Los partidos no podrán obtener financiamiento  privado excepto  solo de las contribuciones de sus afilados o militantes, personas físicas,  en los montos máximos que se defina en la ley de financiamiento que regulará la materia imponiendo los límites, prohibiciones, sanciones y demás.  Se elimina de una vez los financiamientos privados, por ejemplo, de los Bancos, tanto públicos como privados y entidades similares, y desde luego personas jurídicas. El objetivo es hacer transparente el financiamiento de quienes participan  en los procesos de elecciones nacionales y, o cantonales.  Muchas veces he dicho: “dime cómo se financia tu campaña y te diré que clase de gobierno harás”. Muchos factores reales de poder amarran gobiernos anticipadamente por medio del financiamiento. Al final esos gobiernos se esmeran en devolver esas gratificaciones con políticas de beneficios y privilegios para ellos,  y se olvidan  que deben gobernar para toda la población.

Quinto : Romper el monopolio de los partidos políticos para participar en elecciones de todo tipo, de modo que se convierta en un derecho ciudadano al amparo de las convenciones internacionales existentes, el que los ciudadanos no solo puedan intervenir en política, sino participar con su nombre, y con otras organizaciones en elecciones populares.  El objetivo es materializar constitucionalmente el derecho que tiene todo ser humano de elegir y ser electo. En Costa Rica  los ciudadanos pueden elegir, pero solo pueden ser electos aquellos que  forman parte de un partido político. Hay miles de ciudadanos probos e inteligentes que podrían ser diputados y alcaldes y hasta Presidentes de la República, pero que no les gusta estar en partidos, razón por la cual, con el sistema vigente  nunca podrán ser electos en ninguno de esos cargos.

Con estas propuestas solo intento que el país abra debate sobre temas de fondo. Creo que conviene discutirlas ojalá en una Constituyente. Siempre es responsable que los ciudadanos pasemos siempre de las quejas y de las críticas a proponer ideas.

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Por Walter Coto

Es Abogado, catedrático, ha sido Secretario General del PLN así como Diputado, Presidente de la Asamblea Legislativa y aspirante a la Presidencia de la República.