Nueva Constitución y la doctrina de la conveniencia nacional.

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Cuando planteamos la necesidad de una nueva Constitución  aparecen a menudo ciudadanos representantes de las ideologías de izquierda y de derecha unidos por el miedo oponiéndose a la convocatoria de una Constituyente.

Interesante el temor y la actitud conservadora  que unos y otros experimentan.

Los de derecha temen que una Constituyente elimine o restrinja las libertades de empresa, de comercio, libertades individuales, propiedad privada entre otras, y los de izquierda por otro lado temen que se eliminen o debiliten  los derechos sociales, seguridad social, regulaciones laborales y otras conquistas sociales.

El miedo llega a tal punto que prefieren que todo se conserve como está y que los enfrentamientos y empates continúen en detrimento de resolver las disfuncionalidades del ejercicio del poder y por tanto, de la solución oportuna de los problemas concretos de la población.  Algunos fundamentan su posición alegando que es peligroso porque una Constituyente puede cambiar todo, salvo como han dicho los teóricos constitucionalistas, cambiar el sexo de las personas. Otros alegan que vivimos en la  época del neoliberalismo que procura destruir los derechos y garantías sociales en beneficio de los intereses individuales y de las grandes empresas. Señalan que el momento no es el más apropiado porque los grandes medios de prensa sirven a los  intereses de los poderosos,  aunque nunca dicen cuál es el momento adecuado para una reforma estructural del país. Otros aducen que se ha  desatado en algunos países corrientes contestatarias a la ideología dominante que han terminado por imponer rupturas en  derechos individuales y libertades empresariales.

Indican que esos vientos no los quieren en Costa Rica, aunque a menudo procuran dar dirección a sus propios vientos para que estos sean los que dirijan al país.

Se muestra en todos los casos la estrechez de las ideologías, y la inobservancia del realismo histórico cultural de la sociedad costarricense.  El fatalismo hipotético se traga las necesidades de cambio que requiere el país. Además esas posiciones acusan una falta de confianza en el ADN histórico y cultural de nuestro pueblo, que a lo largo de la historia ha demostrado arraigo a valores de convivencia inteligente y a derechos humanos fundamentales. No ha tenido la sociedad costarricense una predilección por los extremos de ningún tipo. Siempre ha buscado con su prudencia los equilibrios. Por otra parte el divisionismo dogmático es pernicioso porque hace que las propuestas nacionales,  aún aquellas que nacen sin abrigos ideológicos, se vean en términos de enfrentamiento de intereses gremiales y sectoriales, y no en virtud de los intereses globales de la sociedad.  Atacar  todos los proyectos que generan grupos de ciudadanos usando los usuales y repetitivos  términos de subordinación instrumental de intereses dominantes o de minorías,  es caer en el reduccionismo analítico,  incluso en la parálisis. Ciertamente es una manera de rehuir el debate serio que tanto necesita el país. Se rechazan ideas y proyectos con palabras gastadas.

En nuestra opinión los ciudadanos debemos  salirnos de las rigideces de las ideologías, que de por sí  están hoy en franca minusvalía, por las contradicciones perversas que ellas mismas muestran en su expresión práctica.

Los ejemplos son abundantes donde la izquierda en el ejercicio del poder se derechiza, y donde la derecha a veces se izquierdiza. Patéticos son los casos de ascensos al poder de grupos que en nombre de exterminar  abusos y privilegios de  clases poderosas, cuando llegan a la cúspide del Estado se erigen en abusadores  de la población conculcando sus derechos, aún los más elementales y actuando a imagen y semejanza de aquellos que  combatieron en sus luchas políticas. Combatieron a los ricos y terminaron más ricos que  los ricos que combatieron, y con más lacras en el ejercicio del Poder que aquellas que tuvieron  regímenes anteriores.  Otros usando la democracia también llegan al poder para desconocer derechos humanos y hasta exterminar personas inocentes. Todos se transforman cuando tienen el poder.

Más allá de esas realidades es fundamental señalar,  que la base de un nuevo proyecto constitucional en nuestro país debe ser lo que he llamado la doctrina de la conveniencia nacional. (Página 24 Walter Coto Molina, libro Con la persona y la familia al poder de la comunidad 1997)

Esa doctrina señala  que en Costa Rica debemos hacer lo que debe hacerse, no porque lo que se debe hacer, sea socialcristiano o socialdemócrata, o liberal, o neoliberal, sino sencillamente porque es conveniente para el país.  La Costa Rica que debemos construir debe estar por encima de los intereses de los partidos, de los sectores por poderosos que ellos sean,  de las facciones de cualquier tipo,  de los marchamos ideológicos que quieren encerrar la realidad. La única idea válida y permanente que nos debe motivar es la del interés nacional, que en concreto se traduce en la lucha como sociedad por un mayor bienestar para toda la población.  Eso es lo que nos debe inspirar, eso es lo que le conviene al país, y toda la institucionalidad que se construya debe estar en función de esa teleología política.

Creemos que una Nueva Constitución debe construirse con fundamento en la organización, la institucionalidad, los derechos, los deberes, en fin las normas que le convengan al país. No se trata de desconocer las opciones ideológicas, pero no hay que divinizarlas, ni menos construir un proyecto constitucional a la medida de alguna de ellas. El sitio de honor es para que construyamos todo lo que sea necesario conforme a lo que le  convenga al país y a sus habitantes  porque así corresponde a la dignidad de las personas.  No es un asunto de izquierdas ni derechas.

Nada deberá dejar se hacerse por consideraciones y mezquindades ideológicas. Todo habrá de labrarse porque le convenga al país. Costa Rica necesita  que haya riqueza bien distribuida, seguridad en las personas, infraestructura moderna, desarrollo tecnológico, educación de excelencia, cultura e identidad nacional, justicia social, salud y vivienda para todos, relaciones internacionales respetuosas, normas que respondan a las nuevas realidades, y todo ello hay que programarlo en nuestra norma fundamental  como razón fundamental porque le conviene al país.

Esa es la doctrina de la conveniencia nacional.

La operatividad de este concepto requiere de un sano y libre ejercicio democrático, porque su interpretación no se reduce a un mero capricho del poder, sino a un permanente contacto con el sentimiento, las aspiraciones, la historia y los pensamientos de nuestro pueblo.

En el nuevo desarrollo que requiere el país, tenemos que actuar porque lo demande el interés nacional, porque sea conveniente para Costa Rica, y no porque así lo dicte una ideología, o un partido político, o un grupo empresarial o sindical. El esfuerzo es mayúsculo, pero ese norte nos debe guiar.

Cuando haya que oponerse a decisiones y acciones políticas, debe demostrarse que son inconvenientes para el país, y no porque sean neoliberales o socialistas, o de cualquier otro signo ideológico. Esos estribillos, con todo cariño para quienes aún hacen gala de ellos no corresponden a los nuevos fenómenos sociales.  La realidad del siglo XXI ya no puede ser apresada por esos límites de la conceptualización de una realidad que es muy compleja.

La doctrina de la conveniencia nacional es la que nos debe guiar en todo el proceso. Cuando la ciudadanía aspira a un cambio es para mejorar su vida, para que las instituciones sean más eficientes, para que haya honradez en el uso de los recursos públicos, para que se respeten los derechos de los habitantes entre muchas otras cosas. Los habitantes no esperan que nada de eso sea patrimonio de un grupo de izquierda o de derecha o de centro.  Ni creemos que les importe mucho, pero  sí les importa el bienestar.

Al país le conviene el mejoramiento de la infraestructura, de la educación, de la salud, de la productividad, de la gestión pública.  Si eso le conviene al país, esa es la prioridad y lo demás son cuentos. Si el país necesita que no haya grandes sectores evasores de impuestos, y que haya redistribución de la riqueza que se genera, lo conveniente es apuntar a normas en esa dirección. Si el país requiere una burocracia que sea productiva y más responsable en sus labores, lo conveniente es regular lo pertinente.

La doctrina de la conveniencia nacional está por encima de los factores de poder y de las cárceles ideológicas, pues habrá medidas que sean congruentes con un ideario de un color, y otras que serán bien vistas por otros colores. Sin embargo construir una Constitución para una nueva etapa nacional no es un tema de colores, es un desafío de  regulación orientadora que debe ayudar a que la gente viva mejor y que el país tenga un rumbo. El rumbo se debe definir por lo que al país le convenga en su propósito de consagrar un desarrollo que beneficie en todos los aspectos a la población. Es la doctrina de la conveniencia nacional la que debe auspiciar la democracia total y el beneficio  de las políticas públicas para toda la población.  A Costa Rica no le conviene seguir con desequilibrios territoriales, con profundización de la desigualdad, con ineficiencia en la gestión del Estado, con el mantenimiento de los índices de pobreza, ni con los problemas que exhiben los regímenes de pensiones.

Al país le conviene por ejemplo la propiedad privada responsable, la imposición fiscal razonable y no confiscatoria, la protección de los derechos y garantías laborales de los trabajadores, el resguardo de la salud universal, la libertad de comercio y de empresa, el respeto de los derechos de las minorías, para citar solo algunos temas, y todos  ellos no necesitan de reivindicaciones ni de grandes discusiones ideológicas. Todos se pueden regular usando la sencillez de una doctrina propia y pragmática que aspira a que el nuevo diseño del país se realice conforme a lo que nos conviene hacer como sociedad. Lo que al interés nacional le conviene está a la vista.

Por supuesto que para profundizar sobre la doctrina de la conveniencia nacional se requiere pensar en cabeza propia. Es con nuestra cabeza y no con cabeza  ajena  que debemos diseñar una Costa Rica que definitivamente necesita recuperar equilibrios, identidad cultural,  bienestar y hasta salud emocional.  La globalización asumida sin criticidad es la tentación de la uniformidad, la ofensiva de la homogeneidad. Costa Rica no debe hacer lo que digan los demás, debe crear un traje a la medida de lo que le conviene como país en el nuevo mundo,  debe tener su propia singularidad, y ello entiéndase bien, no es incompatible con  la postmodernidad, pues como país debemos sacar ventaja de los avances tecnológicos, de la era de la información, de los nuevos hitos de la historia, de las nuevos descubrimientos  de la ciencia, de la economía, de la salud, de la energía, pero sin sacrificar  nuestros valores, nuestros derechos, nuestra riqueza institucional y cultural que nos hicieron mostrar diferencia en el pasado como sociedad. Esa singularidad, ese apego al ambiente, a la sociedad democrática, a la paz, al resguardo de nuestros más preciados valores, es el haber que le conviene resguardar a la Nación en el proyecto constitucional del siglo XXI.  Ese es el mejor activo de la sociedad de la competitividad colaborativa.

Walter Coto Molina
Académico, ha sido diputado de la Asamblea Legislativa y Presidente de la misma

Abril 2017

 

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