Ante la reciente ola represiva que incluyó la captura de numerosos presos políticos y precandidatos presidenciales en Nicaragua, este martes 15 de junio el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó una sesión extraordinaria para analizar un proyecto de resolución donde pidió la liberación inmediata de los presos políticos y demandó la realización de elecciones libres y justas en noviembre próximo.
El proyecto contó con el voto a favor de 26 países, 3 votaron en contra del proyecto (Nicaragua, Bolivia y San Vicente) y se registró un total de 5 abstenciones (Honduras, Argentina, Belice, Dominica y México).
Durante la sesión, el Consejo Permanente expresó su alarma ante el reciente deterioro del entorno político y de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido el uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política.
Concluyó además que las medidas adoptadas por Nicaragua no cumplen con las condiciones para unas elecciones libres y justas a las que se han comprometido todos los Estados Miembros en virtud de la Carta Democrática Interamericana, cuyo plazo venció en mayo anterior.
La aplicación de la Carta Democrática propiciaría que algunos países rompan relaciones diplomáticas con Nicaragua y se suspendan tratados comerciales que mantiene con Estados Unidos, el resto de países centroamericanos, Chile, Panamá y República Dominicana.
La OEA condenó el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, e instó energéticamente al Gobierno en ejercicio a implementar reformas electorales que garanticen elecciones libres y justas.
Dentro de las solicitudes a Nicaragua se encuentra la de recibir a observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países durante las elecciones presidenciales que se avecinan.
Se solicitará además a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos dos informes sobre el proceso electoral.
La resolución recién aprobada es un paso en la dirección correcta para lograr que priven las instituciones democráticas y su fortalecimiento. Se trata de un mensaje positivo, para encauzar los procesos y que se logren elecciones creíbles, transparentes, justas e inclusivas, con acompañamiento de la observación internacional desde el marco de la OEA, de acuerdo con Alejandra Solano Cabalceta, embajadora y Representante Permanente de Costa Rica ante la OEA.
“Estamos ante una única y valiosa oportunidad para generar las acciones confiables y transparentes, en el marco de un diálogo franco, sincero y comprometido, que permita constatar el respeto al estado de derecho y se pueda encaminar un proceso electoral con unas elecciones libres, justas, transparentes, con observación internacional, y que se garantice la pluralidad de participación en los procesos electorales y políticos, así como el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los habitantes”, dijo Solano.
Desde 2019, un informe de la Comisión de Alto Nivel presentado a la OEA dictaminó que la grave y continua violación de derechos humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua contravienen su propia Constitución de 1987, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua.
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