Olman Segura: Propuestas para la reactivación y el diálogo

Comparto con los lectores de La Revista mis preocupaciones, reflexiones y propuestas, esperando contribuir a la estabilidad económica, apertura de diálogo y sobre todo sostenibilidad de la paz social y el régimen democrático.

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Olman Segura Bonilla, Economista (Ph.D.).

Me permito hacer a la luz pública a través de este medio, carta que estoy dirigiendo al señor Presidente de la República, en momentos que la situación actual llama a la ciudadanía a participar en la búsqueda de soluciones para encontrar rumbo cierto, en un ambiente de diálogo, cordura y espíritu constructivo.

Con el respeto que nos merece la investidura de quien quien ostenta el más alto cargo del Poder Ejecutivo, dirijo y comparto con los lectores de La Revista mis preocupaciones, reflexiones y propuestas, esperando contribuir a la estabilidad económica, apertura de diálogo y sobre todo sostenibilidad de la paz social y el régimen democrático.

 

Señor Presidente de la República
Carlos Alvarado Quesada
San José, COSTA RICA

Estimado señor Presidente:

Reciba un saludo respetuoso de parte del suscrito. Me dirijo a usted con el ánimo constructivo de apoyar en el diseño y ejecución de planes y proyectos que ayuden a formar criterio técnico y fundamento legislativo para la producción de leyes y políticas, que nos permitan enfrentar la grave situación que enfrenta el país. Hoy padecemos la más grave crisis que tenga conocimiento nuestra historia económica, donde el deterioro de las finanzas públicas, la contracción de la actividad económica en general y el desempleo se ha agudizado a extremos insufribles con la aparición súbita del virus Covid-19.

Considero que la pandemia ha acelerado y evidenciado lo que muchos ciudadanos ya temíamos acerca del calado y la profundidad de nuestras áreas de rezago nacional. El déficit fiscal, el endeudamiento, el creciente desempleo, la pobreza, la desigualdad social y el inmenso retardo a que están sometidos algunos de nuestros estudiantes, potenciado por las huelgas que hemos sufrido, se agudizan ahora ante el impacto de esta grave pandemia que afecta la salud pública del país y del mundo.

Las cifras que muestran la crisis en todos estos campos son bien conocidas por su gobierno y por toda la sociedad. Las propuestas que respetuosamente le presento son complementarias a las que otras personas ya han expuesto a su gobierno y debo manifestar que si bien es cierto, me hago responsable de las que le detallo, no todas son de mi cosecha, sino que son producto de la contribución de varias personas académicas, políticas y del sector productivo nacional.

En este sentido, le planteó directamente a las Fracciones Legislativas y a Usted la urgente necesidad de impulsar al menos dos iniciativas:

Programa de Reactivación y Salvamento de Empresas por la Pandemia del COVID-19 y un Diálogo Nacional para la Creación de un Nuevo Pacto Social.

El Programa de Reactivación y Salvamento de Empresas define una serie de propuestas concretas de salvamento y reactivación. Como prioridad impostergable se debe considerar el apoyo al sector productivo nacional, a las personas trabajadoras del sector privado, al comercio, al turismo, a la industria de la construcción, al sector financiero y a las familias costarricenses. Me permito esbozar también algunas iniciativas partiendo de la importancia de mantener un sector público activo, solidario y cada vez más eficiente al servicio de la población costarricense, a partir de un sector productivo nacional, que estará a la brevedad posible en condiciones de tributar oportunamente. Desde luego que hago énfasis en la conveniencia de contar con servicios públicos menos burocráticos, más eficientes y expeditos. Si no concordamos un esfuerzo conjuntado en todas las áreas será imposible salir adelante en estos momentos de depresión económica que enfrentamos; por lo tanto, los programas de salvamento y reactivación incluyen reducción de gastos, aumento de ingresos y aportes de todos los actores económicos del país.

Los recursos que propongo que se levanten para financiar los programas que se definen, son esencialmente recursos para ser invertidos en actividades productivas privadas y lo suficiente para ayudar a los grupos de ciudadanos en pobreza extrema. Debemos darles prioridad a las empresas más pequeñas, porque son las más frágiles y las que disponen de muy pocos medios para relanzar su actividad productiva. Algunas de estas actividades empresariales por su propia dinámica son de muy alta rotación de inventarios y en consecuencia muy rentables, como es el caso de la actividad comercial. Otras actividades como las que están encadenadas al turismo, están ligadas a la reactivación del turismo internacional y eso las subordina a una actividad de muy lenta recuperación. Hay actividades, como las de las zonas francas que se deben estimular para que generen aceleradamente más puestos de trabajo y especialmente debemos hacer un esfuerzo para crear condiciones para que esas empresas conviertan sus operaciones en nuestro país en sendos centros de investigación y desarrollo tecnológico, aspecto que sin duda impactará positivamente nuestro aparato productivo nacional.

Finalmente, es estimular la creatividad y el desarrollo de empresas propias, mediante la creación de condiciones para atraer capital de riesgo. Es comprensible la dinámica de afectación negativa que experimentarán los ingresos del Estado en los próximos meses, pero sobre todo se entiende que además de ayudar a los ciudadanos más pobres, lo urgente es reactivar el aparato productivo de la Nación.

CREACIÓN DE PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN Y SALVAMENTO DE EMPRESAS.

1- Mecanismos de generación de recursos para el Programa de Salvamento y Reactivación de Empresas Privadas.

1.1. Que el Consejo de Gobierno le solicite a las Juntas Directivas de los Bancos del Estado la creación de programas de readecuación de la deuda actual de empresas que han sido afectadas por el COVID-19, que están estructuradas en condiciones pre-Covid-19. Apoyar con diferentes plazos y tasas de interés. En particular se solicita períodos de gracia suficientes (al menos 4 años) y tasas de interés activas que respondan a márgenes razonables sobre el costo de fondeo de dichas entidades.

1.2. La autorización de una emisión de Títulos de Deuda Pública para crear un Fondo de Salvamento de empresas a 10 años plazo, por $1.500 millones para el 2020. De ser 3 necesario una segunda emisión de $1.000 millones (para prestar o capitalizar a las empresas que hayan sido significativamente afectadas y que por ello hayan deteriorado sus indicadores financieros y se muestren más frágiles económicamente; esto con el fin de evitar que cierren dichas empresas, y no despidan a sus trabajadores).

1.3. Autorizar al Estado a la colocación de $1.500 millones en Eurobonos para que se ayude a balancear su déficit fiscal en el 2021.

1.4. Apoyar la negociación del Gobierno con el FMI, sobre una base realista de necesidades, plazos de desembolso y condiciones razonables en el ámbito del recorte del gasto público. Un arreglo con el Fondo no solo provee de recursos para atender las apremiantes necesidades actuales del país, sino que también genera confianza hacia nuestro país en el ámbito internacional. Las negociaciones deben ser transparentes y aprobarse en el marco democrático Legislativo.

1.5. Instar al Ministerio de Hacienda para que continúe en el proceso de renegociación de la deuda pública con vencimientos al 2020 y 2021, a 5 años plazo y a una tasa viable.

1.6. Se destinarán aproximadamente ¢1,50 del diferencial cambiario (actualmente tasado en un 25% a favor del BCCR) para financiar las transferencias del Estado y las otras transferencias adicionales, que sustentan al Bono Proteger. Se debería presentar a la brevedad posible un Proyecto de Ley, que transforme el Bono Proteger y que unifique el sistema de transferencias a los hogares y la protección de la familia costarricense, de modo que se pueda crear un único Plan Nacional de Protección a las Familias en Pobreza, que incluya un Ingreso Mínimo Vital (IMV) con los recursos descritos y los existentes, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en un plazo de pocos años.

II- AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA.

2.1. Las personas físicas con ingresos brutos superiores a 7 u 8 salarios mínimos, (aproximadamente ¢3.5 millones al mes) contribuirán solidariamente, durante el año 2021 y 2022, con un 5% de ampliación del tramo de la renta al monto que les corresponda pagar actualmente. 2.2. Recalificación del Régimen de Grandes Contribuyentes, para que aporten un 5% adicional en Impuesto sobre la Renta Ordinaria transitoriamente en el año 2021 y 2022. Apliación del tramo de impuesto igual que en el anterior punto.

2.3. Enviar a la brevedad posible a la Asamblea Legislativa un Proyecto de Renta Global, para que las personas físicas que reciben ingresos por intereses, dividendos y otros también paguen renta sobre esos ingresos. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas quedo establecida la Renta Global unicamente para el sector financiero.

2.4. Reformar las leyes correspondientes, para que las empresas que han reportado cero utilidades en los últimos cinco periodos fiscales y que hubieren reportado ventas superiores a ¢100 millones por mes, contribuirán en adelante con un 5% anual de Renta, sobre un monto igual a las ventas anuales promedio reportadas de los últimos cinco años. Se exceptuan de este cobro las Empresas Tenedoras que por ley deben establecerse y en las que sus subsidiarias ya se encuentran tributando. Debe cuidarse que no exista una doble tributación. Esta contribución de Renta, se extenderá del 2020 al 2025, además de las escalas que les dicten las escalas de renta definidas.

2.5. Reformar las leyes correspondientes para que los profesionales liberales, que han reportado ventas de bienes y servicios inferiores a 5 salarios base, durante los últimos 5 años, contribuyan del 2020 al 2025 con un 5% anual de Renta adicional, calculado sobre un monto igual a cinco salarios base, además de lo que dicten las aplicaciones de las escalas de renta definidas. Igualmente gestionar ante la CCSS para que este tipo de profesionales liberales no tengan que pagar doblemente sus cuotas como patronos y como trabajador independiente.

2.6. Presentar a la brevedad posible un Proyecto de Ley concordante con la Ley de Fraude Fiscal existente, para sancionar la Evasión Fiscal de las empresas, las personas físicas y los funcionarios públicos, que ayudan a delinquir.

2.7. El Gobierno debe presentar un Proyecto de Ley que redefina y reduzca al menos en un 50% las exoneraciones existentes en la actualidad.

III- IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS NORMAS DE AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD.

3.1. Autorizar al Ministerio de Hacienda el financiamiento necesarios para la compra del software necesario para mejorar todo tipo de controles cruzados para implementar los sistemas de trazabilidad, para disminuir la evasión fiscal.

3.2. Autorizar la instalación de escáner en las Aduanas Nacionales. Esto conllevará a un mejor control y seguimiento de las actividades de exportación de nuestro país y sin duda colaborarán en la lucha contra el narcotráfico.

3.3. Redefinir las normas para impedir la caducidad antes de 10 años de los procesos de cobro de impuestos. Solicitar una garantía de afianzamiento de los montos disputados.

IV- REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

4.1. Suspender la renovación de la flotilla vehicular de los Supremos Poderes, Gobierno Central e instituciones autónomas en el 2021 y 2022. Excepto el Ministerio de Seguridad, de Salud, la CCSS y la Comisión Nacional de Emergencias.

4.2. Aplicar la normativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635. CAPÍTULO II: DISPOSICIONES ATINENTES A LA REGLA FISCAL, con la única excepción para aquellas instituciones responsables de garantizar la atención sanitaria y los Programas de Ayuda Económica para las personas en pobreza extrema. (Esta disposición impide el crecimiento del presupuesto de las instituciones en el 2021).

4.3. Detener los nombramientos por sustitución y reemplazo, lo mismo que la creación de plazas en el Gobierno Central e Instituciones Autónomas por cuatro años, excepto en Seguridad Pública y sector salud. (Esta es una idea inspirada en una propuesta del Dr. Fernando Zamora).

4.4. Congelar el pago de anualidades en el sector público (instituciones del Gobierno Central, autónomas, semiautónomas, universidades y Supremos Poderes del Estado) para el año 2021 y 2022.

4.5. En cumplimiento con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Título IV, artículo 13, y dado que el monto de la deuda pública ya superó el 60%, congelar el aumento salarial para el año 2021 y 2022.

4.6. No autorizar la creación de nuevos ministerios, ni oficinas públicas, ni puestos jerárquicos superiores en ningún ministerio, ni sus dependencias, durante tres años.

4.7. Reducir las partidas de viajes y viáticos de presupuesto nacional al mínimo indispensable para el 2021 y 2022.

4.8. Discutir cuanto antes sea posible el proyecto de Ley de Empleo Público, de modo que se puedan racionalizar los sistemas de incentivos y otorgarlos unicamente con base en el buen desempeño y contra una evaluación seria y responsable.

V- CREACIÓN DE PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN Y SALVAMENTO DE EMPRESAS.

5.1. Creación de un Programa de Salvamento y Reactivación de Empresas Privadas. El objetivo del programa de Salvamento es fortalecer el Programa Alivio o crear un nuevo programa para brindar a bajo costo capital de trabajo, dirigido a las empresas que lo requieran y estén dispuestas a recontratar al menos a un 50% de las personas empleadas que tenían en planilla de la CCSS. El programa es de préstamos a 10 años plazo, la tasa de interés es igual a la tasa básica pasiva y costos base administrativos, con un año de gracia. La idea es cubrir aproximadamente 20.000 empresas. Estas empresas deberán otorgar la garantía es de al menos tres fiadores, que pueden ser los mismos dueños o dueñas y socias y la cesión de las acciones comunes de la empresa. Las empresas deben presentar las últimas tres Declaraciones de la Renta y copia de la última planilla de la CCSS pagada, para calificar como sujeto de crédito. Las empresas definidas en este programa, que se encuentren atrasadas en el pago de tributos, dispondrán de tres meses para solicitar cartas de aceptación de arreglos de pago con las entidades recaudadoras de tributos, con el fin de calificar como sujetos de crédito del Programa de Salvamento y Reactivación de Empresas. Las empresas deben tener una calificación en la Central de Información de Deudores aceptable antes del Covid y ser viables en el largo plazo.

5.2. Fortalecer el programa de avales del Sistema Banca para Desarrollo (SBD). La propuesta es duplicar el programa de avales del SBD para apoyar especialmente a las empresas del Sector Agrícola. En la actualidad el SBD ha otorgado aproximadamente 3.500 avales. La línea de avales apoyaría a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que tenían un mínimo de 3 empleados reportados a la CCSS y con declaración de renta, brindándoles los avales y el apoyo necesario en asesoría y acompañamiento empresarial, para acceder al sistema bancario nacional y para relanzar la empresa al mercado nuevamente. a. Se debe considerar entre las primeras a las empresas que califiquen en el Programa de Salvamento y Reactivación de Empresas. b. Serán prioritarias MIPYMES que tengan actividades de alta generación de valor agregado y empleo (aunque no exclusivamente), especialmente las que participen en la sustitución de importación de los insumos médicos que importa la CCSS, así como las que promueven sustitución de insumos que importan las Zonas Francas y aquellas que están exportando bienes o servicios. c. Fondear un programa de agricultura que incluya alta tecnología y que cuente con apoyo de los programas del MAG (INDER, PIMA, SENARA, CNP, INTA) y municipalidades para comercializar sus productos. d. Promover un proyecto de Ley que modifique del Sistema de Banca para Desarrollo la condición de insuficiencia de garantía que impide que una MIPYME que tenga inscritas propiedades a su nombre pueda optar por los avales del SBD.

5.3. Fortalecer el programa de Rescate del Sector Turístico y Hotelero. Proponemos un programa de preservación de la infraestructura hotelera y apoyo al sector. Este es un sector sumamente importante para la marca país, que costó más de 20 años desarrollar y que cuenta con un gran capital humano que no debe perderse y debemos cuidar para su relanzamiento; por lo tanto, el programa debe considerar lo siguiente: a. Declarar un período de gracia de cuatro años a tasa básica pasiva, más costos de administración de la línea de crédito, para las empresas que actualmente tienen créditos pendientes de pago. Pasado ese tiempo regresan a las condiciones que tenían originalmente. b. Otorgar préstamos bajo el modelo de Préstamos para Salvamento de Empresas. Debe evaluarse de igual forma la capitalización de aquellas empresas que por su importancia estratégica para el país sean claves en la recuperación y desarrollo turístico a futuro. c. El pago de los impuestos a bienes inmuebles, patentes y cualesquiera otros tributos correspondientes a este año 2020 y el 2021, deben estar contemplados en el plan de inversión de la empresa. d. Preparar un paquete de cincuenta mil días hospedaje, con una vigencia de 36 meses, como parte de la garantía a la industria hotelera, para los créditos que le confiera el Programa de Rescate de Empresas. Estos paquetes de hospedaje el ICT se los ofrecerá a los operadores la promoción turísticos nacionales, para ser colocados durante el 2021 y 2022, especialmente en los fines de semana largos, con feriados los días lunes. De ser necesario la operación se puede renovar en el 2022. (Esta es una idea inspirada en una propuesta del expresidente José María Figueres)

5.4. Fortalecer la Construcción y Compra de Viviendas. La industria de la construcción de viviendas es una actividad que genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos, a través de los encadenamientos de actividades complementarias. Actualmente existen una gran cantidad de proyectos en construcción y otros en pausa, por la contracción de la demanda. La idea es permitir que las empresas desarrolladoras puedan readecuar sus deudas y obtener los recursos necesarios para terminar los proyectos iniciados y que cuenten al menos con permisos de construcción debidamente visados. 1- Se creará un fondo de inversión no financiero, administrado por una sociedad administradora perteneciente a un grupo bancario del Estado que descontará las hipotecas bajo la figura de titularización. 2- El Fondo de Inversión emitirá títulos de participación para ser colocadas entre las empresas que administran Fondos de Pensiones. 3- Los términos de plazo y tasas de interés se definirán para cada lote de hipotecas particular.

5.5. Fortalecer el Plan de Zona Franca 2.0 a. Conceder al menos $100 millones para crear un Programa de Capital de Riesgo administrado por un Banco Público, para estimular a la comunidad de desarrollo de software y aplicaciones. Cediendo los beneficiarios aproximadamente un 30% de las acciones de la empresa al Fondo de Capital de Riesgo. b. Fortalecer los Programas de Formación Profesional en Alta Tecnología, a partir de la firma de contratos con empresas de Zona Franca que requieran implementar programas de investigación en sus empresas. Se dispondrá de recursos para pagar a los profesores, técnicos, especialistas, horas laboratorio y becas a estudiantes, dentro del Programa de Educación Dual. c. Se definirán términos y condiciones de servicios públicos para las empresas que ya operan en zonas francas y acepten trasladar parte de sus operaciones fuera de la GAM. d. Se concede a las empresas de Zona Franca la posibilidad de instalar Plantas Solares, Inversores y Bancos de Baterías, para garantizarles el 100% de autosuficiencia energética. e. Se garantiza la instalación de conexión de fibra óptica en todas las Zonas Francas del país. f. Las empresas de zona franca que requieran renovar, su contrato de operación, se les aceptará hasta un 50% de la reinversión establecida por Ley, en programas de compra de vivienda para sus empleados.

VI- POLÍTICAS PARA GENERAR MAYOR EQUIDAD SOCIAL

6.1. Crear de inmediato un Programa Nacional para universalizar el acceso a buena conexión de Internet a todo el estudiantado nacional. Para los estudiantes que vivan en zonas donde la red no ofrece conexión, se le deben entregar dispositivos con conexión a datos móviles de internet. Se deben utilizar los Fondos de FONATEL y a la mayor brevedad posible establecer un plan de digitalización a nivel nacional brindando prioridad a las zonas rurales.

6.2. Acelerar todo tipo de esfuerzos para reducir la tramitologías y regulaciones, de modo que las personas emprendedoras que deseen iniciar un negocio lo puedan hacer sin tantas trabas y las personas que ya se encuentran trabajando puedan gestionar sus trámites sin tantos pasos y tantas instituciones. Se debe planificar la creación de una ventanilla única de trámites y preferiblemente implementar sistemas digitales. 6.3. Crear un único Plan Nacional de Protección a las Familias en Pobreza, que incluya un Ingreso Mínimo Vital (IMV) con los recursos descritos en el punto I-7 anterior, sobre diferencial cambiario y los existentes de FODESAF e IMAS, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en un plazo de pocos años. El segundo elemento de esta propuesta es: UN DIÁLOGO NACIONAL PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO PACTO SOCIAL. El 4 de mayo del 2020 en su discurso ante la Asamblea Legislativa usted planteó la necesidad de renovar y defender el Pacto Social que hemos tenido en Costa Rica. Estoy de acuerdo con usted y con un importante grupo de personalidades que se lo han manifestado públicamente en estos días. Desde luego, un nuevo pacto o contrato social toma tiempo y requiere un debate plural, transparente, inclusivo, que defina objetivos inmediatos, de 9 mediano y largo plazo en los que podamos llegar a acuerdos nacionales que trasciendan los periodos electorales. En este sentido, es necesario que el liderazgo de convocatoria lo realice el gobierno de la República, con las condiciones necesarias para un diálogo fructífero entre los representantes de todos los actores sociales, cámaras empresariales, sindicatos, academia, partidos políticos, los Supremos Poderes de la República y otros.

Señor Presidente: El momento es ahora. Es tiempo de inspirar, de renacer y de aprovechar los momentos oscuros para iluminar el futuro patrio. Aunque algunas personas afirmen que el momento no es propicio para iniciar un esfuerzo como ese, dado la gran crisis que enfrentamos y el distanciamiento social, considero que, por el contrario, las circunstancias actuales son una gran oportunidad y son inéditas. Es más, todo el pueblo de Costa Rica está consciente de la urgente necesidad de cambiar el “statu quo”, de revisar el tamaño y la eficiencia del Estado. Con la iniciativa de un Programa de Reactivación y Salvamento de Empresas por la Pandemia del COVID-19 se adelantaría usted y el país a un deterioro mayor de la economía nacional y con el esfuerzo por generar un Diálogo Nacional para la Creación de un Nuevo Pacto Social, se adelantaría a un peligroso estallido social por las circunstancias de incertidumbre que enfrentamos en la actualidad en todos los campos. La desigualdad, el desempleo, la ineficiencia del aparato estatal, la evasión de impuestos y en fin, una larga lista de problemas que tenemos deben ser enfrentadas con valentía y decisión pronto. Un nuevo pacto social se hace urgente.


Olman Segura Bonilla, Economista (Ph.D.). Director General del CINPE, Ex Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, Ex Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y Ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.

 

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