Omar Jiménez Camareno, Abogado, académico y Msc en Aduanas y Comercio Internacional

Uno de los principios éticos en las relaciones con los demás, es el deber de guardar la confidencialidad de las conversaciones personales, máxime cuando éstas se producen en un ámbito estrictamente privado y con carácter de confidencialidad.

Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿Si éticamente, este es un deber absoluto o si, por el contrario, en múltiples ocasiones, cómo miembros de una sociedad o grupo determinado, nuestro deber ético es hacer pública alguna información que nos haya sido revelada o alguna propuesta que nos haya sido planteada, en el marco de una conversación, en principio privada?

Para responder a esta, aparente, contradicción veamos algunos posibles ejemplos en los que podríamos encontrarnos en la disyuntiva de decidir, precisamente por razones éticas, entre el deber de confidencialidad con quien en una conversación privada nos reveló una información o nos hizo alguna propuesta, o el deber social de hacer pública la información que nos fue dada, o la propuesta que nos fue hecha.

Es evidente, que, si una persona en una conversación privada nos revela algo de su vida estrictamente personal, que no implica ningún riesgo para terceros o ninguna situación que revista un interés público, nuestro deber ético es guardar la confidencialidad de la información que nos fue revelada. Lo mismo ocurre si en dicha conversación se nos hace una propuesta jurídica y éticamente licita.

Pero, ¿cuál debe ser nuestra obligación ética cuando lo que se nos revela en una conversación privada una información que, por ejemplo, pone en riesgo a terceras personas o al patrimonio de la empresa en la que trabajamos, o que nos pone en conocimiento de la comisión de un delito?, ¿O si en esa conversación privada se nos propone realizar algo éticamente reprochable o incluso algo jurídicamente ilícito?

Veamos a manera de ejemplo un caso hipotético, (tanto el caso como los nombres son ficticios)

En una conversación privada, el señor Rolar Chaneros, gerente general de la empresa, y la señora Pidrigo Cisves, miembro de la Junta directiva de la empresa, le proponen al señor Rodarias Gochez, Presidente de la Junta directiva, maquillar el informe contable de la empresa que va a presentarse en la próxima asamblea de accionistas, a cambio de darle el apoyo para que él (el señor Rodarias), vuelva a ser electo presidente de la Junta directiva de la empresa.

¿Cuál sería la conducta éticamente correcta que el señor Rodarias debería tener?

¿Debería el señor Rodarias, bajo el principio del deber de confidencialidad, ocultarles a los accionistas de la empresa la propuesta que le hicieron el señor Chaneros y la señora Cisves?

¿O más bien el deber ético del señor Gochez sería denunciar la propuesta, moralmente reprochable y jurídicamente ilícita, de forma pública ante la asamblea de accionistas?

Cuando en una conversación “privada”, (Las conversaciones o negociaciones para definir asuntos de interés público nunca son de carácter estrictamente privado), una de las partes le propone a la otra una acción, moralmente reprochable y jurídicamente ilícita, la obligación ética de quién recibió la información o la propuesta es hacerla pública, es denunciar el hecho.

Quien incurre en una conducta violatoria de la probidad, a la que está obligada toda persona que ostenta un cargo público, es el funcionario público que hace una propuesta contraria a la transparencia, a la honestidad y al ordenamiento jurídico; no el que la denuncia. Al contrario, ocultarla lo convertiría en cómplice.

Cierto que causa dudas que la persona que recibió una propuesta indebida la haga pública un año después de ocurrido el hecho, pero ese es enano de otro cuento y en nada exime a los proponentes.

Rasgarse las vestiduras, acusando de bocón al delator, solo nos dice del nivel de opacidad con el que algunas personas entienden el manejo de los asuntos públicos, cuando se creen sus dueños y nos confirman que el hecho es cierto. A confesión de parte, relevo de pruebas, decimos los abogados.

Avatar

Por Omar JIménez

Abogado, académico y Msc en Aduanas y Comercio Internacional