El chavismo llegó al poder en 1999, el último año de una década que fue testigo de la caída del bloque comunista en Europa, el llamado «Otoño de las Naciones» que comenzó con las revoluciones de 1989. El entonces mandatario Hugo Chávez, quien en los primeros años rechazó ser socialista, abrazó el marxismo en 2007, cuando inició una cadena de expropiaciones de sectores económicos.
Después de su muerte, en marzo de 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, ganó el poder en una reñida elección. Antiguo chofer de autobús y sindicalista que apenas completó la educación media, Maduro tenía en su hoja de vida haber pasado en los años 80 por una escuela de formación de cuadros políticos en La Habana. Posteriormente fue presidente de la Asamblea Nacional y ministro de Relaciones Exteriores con Chávez.
Desde su llegada al poder, la economía entró en un túnel de recesión con alta inflación, agudizada por la caída del precio del barril petrolero, casi exclusivamente el único producto de exportación del país. La ya difícil situación se agudizó por la escasez de dólares.
En un país que no produce trigo y que debe importarlo, una de las consecuencias notables fue el racionamiento del pan, lo que sumó al panorama de crisis las largas filas de compradores en las panaderías.
El piso político de Maduro se estrechó este año, tras una ola de manifestaciones que comenzó en abril en rechazo a la anulación por vía judicial de la Asamblea Nacional (Congreso), bajo control de la mayoría opositora. Después de cuatro meses, las protestas acumulaban 121 víctimas fatales.
Algunos analistas veían en las manifestaciones una «primavera» a la venezolana en desarrollo. Pero nadie pierde de vista que el Gobierno se sostiene con la lealtad de la Fuerza Armada y el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Maduro, que se define como «hijo» de Chávez, convocó una polémica Asamblea Constituyente, a la cual le atribuyó carácter plenipotenciario, y no escondió que además de reformar la Carta Magna, sus tareas serán extender su control y anular definitivamente al Legislativo de mayoría opositora.
La oposición, que rechazó participar en la elección de los 545 miembros de la Constituyente, la etiquetó como una «Asamblea cubana» y fraudulenta. Además, alertó que profundizará el conflicto político, el malestar popular y el perfil militarista del poder venezolano.
Maduro bautizó como «bello» el proceso constituyente, después de instar a sus miembros a buscar caminos que eviten que la oposición llegue al poder político. «Esta gente (oposición) no puede volver a ponerle la mano al poder político en Venezuela. Jamás. Solo nosotros podemos gobernar este país, solo nosotros somos garantía de estabilidad», aseveró.
A su vez, la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) presentó al país en junio un plan de gobernabilidad para una eventual era postchavista. Aunque no estaba en el horizonte una elección que propiciara la alternancia, la dirigencia dijo que un cambio político «no solo es indetenible, sino inminente».
El diputado opositor Henry Ramos Allup delineó el plan, que no llamó hoja de ruta, sino un «manual que permitirá la reconstrucción del país» y que apuntalará un Gobierno unitario y republicano.
Dijo que el llamado «Compromiso unitario para la gobernabilidad» tiene como líneas principales: «Justicia social como prioridad, atención a la crisis humanitaria y un plan efectivo de ataque a la inseguridad, violencia y delincuencia desatada», entre otros.
«El presidente (a) renunciará de manera inmediata a la reelección y será de naturaleza civil», dijo a la dpa. «La MUD reitera su compromiso de respetar a quienes piensen políticamente distinto, nunca habrá represalia o persecución a quienes militen en organizaciones políticas distintas a las que conformarán el próximo Gobierno de unión nacional», agregó.
El político disidente del chavismo Nicmer Evans puso en duda la solidez del plan y dijo que su único valor es que está «bien escrito». «No dice de dónde saldrá ese Gobierno de unidad, ni cómo se hará, ni de dónde saldrán los recursos para superar la crisis económica. Solo es un esquema de buena voluntad», explicó a dpa.
Los teóricos sostienen que una transición política se consolida cuando factores que sustentan el poder cambian de posición o de «chaqueta».
En Venezuela se ha expuesto el caso de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien por años siguió la línea oficial en el despacho. Ortega calificó las sentencias del TSJ contra el Legislativo en marzo como una ruptura del orden constitucional, lo que le hizo ganar primero el título de «traidora» por parte del oficialismo y luego su destitución por parte de la Constituyente.
Lenta pero sostenidamente ha ido creciendo la lista de funcionarios o dirigentes chavistas que han expresado su desacuerdo tanto con Maduro, así como con su Gobierno y su Constituyente. Aunque aún luce insuficiente.
Una real posibilidad de cambio tiene como horizonte finales de 2018, para cuando deberían realizarse los comicios presidenciales. Sin embargo, la Constituyente puede modificar el esquema de elecciones del Ejecutivo, suspendiéndolas o alargándolas, lo que agudizará más los conflictos del país.
La socióloga Isabel Pereira, conferencista del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, señaló que nadie puede decir cuándo comenzará una transición en Venezuela.
«Aquí puede amanecer cualquier día y encontrarnos en una situación distinta», señaló, puntualizando el grado de incertidumbre. No obstante, dijo que el cambio se abrirá cuando el país tenga un órgano electoral independiente que convoque elecciones libres.
Al Gobierno, afirmó, no le queda nada más que su «codicia y su afán de corrupción» para mantenerse en el poder contra de la voluntad del país. «Curiosamente -dijo a dpa-, su único pasaporte para el futuro inmediato es buscar afanosamente la manera de lograr algún entendimiento con la oposición que hoy está integrada por casi toda la sociedad venezolana».
