Pablo Barahona: Usura y desvergüenza

Que hoy se imponga un límite penal preciso a la usura, es necesarísimo. Pero también denunciar que un treinta por ciento como el propuesto, sigue estando por encima del “punto de equilibrio” al que Carlos Alvarado alude con énfasis en contrario: hacia el alza. Y bueno, bien por André Garnier y los suyos.

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Pablo Barahona KrügerAbogado, comunicador y profesor universitario.

Por estos días se debaten límites. Y, primordialmente, límites éticos. Pero también jurídicos y hasta políticos. Que no solo económicos. Eso ha de quedar claro.

No se trata de un debate técnico. Esos reduccionismos serían, a esta altura, además de absurdos o ilógicos, muy malintencionados.

Tampoco estamos en presencia de una cuestión tan árida, como para vedar la atención ciudadana y evitar todo asomo “desde fuera”; desde “la llanura”. Eso, en estos tiempos de redes sociales y acciones directas, simplemente no va más.

En síntesis, no estamos en medio de una discusión entre banqueros ni una prerrogativa propia de los economistas -a sueldo o no-.

Ni siquiera los abogados tienen voto de calidad aquí; desde que la discusión abreva de otras fuentes. Y más allá de la sana técnica legislativa, es poco lo que un penalista o comercialista puede aportar en un tema que, eso sí, abreva del compendio de aquellos derechos fundamentales garantizados en los artículos 46 y 50 de nuestra longeva Constitución Política, así como de los derechos humanos subrayados en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derechos fundamentales, y aún antes, humanos, que cobran especial relevancia en Costa Rica, no tanto por ser un país con una autoestima exacerbada históricamente por políticos fríamente calculadores y educadores desvergonzadamente superfluos, sino por tratarse, junto a Chile, de uno de los diez países más inequitativos del mundo.

Pero es el caso, que pese a tanto y tanto, no he leído ni oído a ningún “valiente” de esos que hoy alzan la voz, subrayar que si la usura financiera existe en Costa Rica, no es solo porque el artículo 243 del Código Penal, vigente desde hace medio siglo, es sospechosamente impreciso -como curiosamente lo es también el proyecto de ley en discusión que, contraindicando el principio de legalidad penal (tipicidad) al dejarle al Banco Central la definición y redefinición del máximo de interés, que sería el referente que objetive, a fin de cuentas, la referencia de qué es usura y que no-; sino porque ninguna autoridad política tuvo la inteligencia ni mucho menos la valentía, de limitar la vorágine financiera provocada por los bancos, almacenes y emisores de tarjetas de crédito, sea desde la Superintendencia de Entidades Financieras, el propio Banco Central o hasta cierto punto, desde el propio Ministerio de Economía.

Dicho así, sin ambages, porque desde hace mucho tiempo pudo haberse acotado la desmesura y desfachatez -en una palabra: la desvergüenza-, que supone la existencia, en este, el país más feliz del mundo, de tasas de interés de cuarenta y hasta sesenta por ciento.

A ese gato se le pudo poner el cascabel hace rato, por vía administrativa -léase: políticamente-.

Pero aquí los presidentes y sus gabinetes no se atreven, navegando con bandera y espíritu de agua dulce. Y eso desde hace rato. Porque hay que plantarse y decir que un político sin legitimidad suficiente de mandato, es medio presidente, un cuarto de diputado o un quinto de alcalde. Y de esos medianeros estamos sobrepoblados, lamentablemente.

De tal suerte que ningún “jefe” de Estado se ha atrevido a ir contra la corriente de los grandes intereses financieros que -tan fría como inteligentemente- fueron comprando los principales medios de comunicación de este pequeño país (directamente o mediante pauta; da igual), ya no solo para decirnos qué consumir, sino y más importante aún: cómo pensar.

Que hoy se imponga un límite penal preciso a la usura, es necesarísimo. Pero también denunciar que un treinta por ciento como el propuesto, sigue estando por encima del “punto de equilibrio” al que Carlos Alvarado alude con énfasis en contrario: hacia el alza. Y bueno, bien por André Garnier y los suyos.

Sin que por ello renunciemos a decir que siempre contó el poder político con balanzas y palancas para reequilibrar semejante despropósito, que va mucho más allá de la usura y pasa por la impúdica evasión en nuestras aduanas, el rampante lavado de activos y la infiltración de fuerzas extranjeras amenazantes en nuestro país, más allá del crimen organizado que es solo el principal de nuestros problemas. Pero en ningún caso el único.

Todos esto, estímense como los verdaderos temas sobre los que deberíamos centrar la discusión política en Costa Rica.

Cuidado con ese populismo punitivo que los diputados exhiben y hasta ciertos penalistas y profesores de derecho profesan, por estos días, en punto a la usura.

Modificar el Código Penal está bien; pero no sin antes denunciar que la usura en este país pudo frenarse hace mucho tiempo con un poco de honestidad política y otro tanto de arrojo intelectual.

Aquí, si algo hace falta, son clases de historia política, altas dosis de ética pública (¡y también privada!), pero sobre todo: urge imponer responsabilidad política, sin banderías ni pesajes patrimoniales.

 

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Pablo Barahona Kruger
El autor es Abogado constitucionalista, comunicador y profesor universitario
Fue Embajador de Costa Rica ante la OEA
pbarahona@ice.co.cr

 

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