Pablo Chaverri: Autonomía Universitaria y Democracia

Pablo Chaverri Chaves, Científico Cognitivo.

La lucha por la liberación humana de todas las formas de opresión es una lucha tan vieja como la humanidad misma, que habría iniciado el día en que uno de nuestros congéneres tomó consciencia de que no estaba recibiendo un trato justo y fue capaz de compartirlo con otros. Como se puede notar, hay aquí dos nociones clave, la de consciencia y la de justicia, sin las cuales no podría siquiera existir cualquier lucha planificada de liberación frente a la opresión, porque no se podría ser consciente de que se vive una injusticia. Nótese que no estoy hablando simplemente de la mera molestia ante el maltrato, sino de algo más elevado y organizado que eso. Creo que de aquí emerge uno de los más profundos papeles que juegan las universidades en tanto cultivadoras y defensoras de la consciencia crítica, un potente bien cognitivo sin el cual la democracia se erosiona.

Como lo han planteado varios grandes pensadores, entre los que destacan John Rawls y Amartya Sen, la justicia está íntimamente vinculada con la equidad que, a diferencia de la sola noción de igualdad, plantea algo distinto, la idea de que cada quien reciba lo que le corresponde. Esto introduce otras ideas clave consustanciales, la de necesidad por un lado y la de mérito por otro. Es decir, esto se podría sintetizar en que toda persona debe tener una base que le garantice un buen vivir, pero de ahí en adelante los méritos propios para conseguir avances legítimos son los que deberían establecer la ruta a seguir en un marco de justicia entendida como equidad, condición necesaria para la vida democrática. Entonces, a lo que debemos aspirar siempre es a la igualdad de oportunidades y condiciones, pero la igualdad de resultados es diferente. Así como no le podemos pedir a todas las personas que sean pianistas virtuosos o futbolistas sensacionales, tampoco podemos pedir a todos los rigores de la carrera académica bien hecha, entendida como aquella que produce intelectualmente al más alto nivel de exigencia.

Los sistemas de escalafón basados en el mérito, contrario al elitismo que algunos acusan, son más bien el tipo de progreso reglado que las sociedades deben privilegiar, no solo porque sean lo opuesto a los odiosos privilegios gratuitos que minan la confianza y la justicia social, sino porque premian el esfuerzo, la excelencia y la rigurosidad en la permanente y esquiva búsqueda del conocimiento, valores sin los cuales no solo no puede haber universidades, sino tampoco democracias sólidas, que languidecen allí donde el esfuerzo no se premia equitativamente.

No se trata de defender aquí privilegios indebidos o inmerecidos, sino, muy por el contrario, de defender los necesarios sistemas de estímulo a la excelencia y la aportación de valor social que son y deben seguir siendo un pilar de la carrera académica. Necesitamos tener a los mejores intelectuales en nuestras universidades públicas, así es como se forjaron e hicieron grandes las mejores academias del mundo. Es más, no hay forma de lograrlo si no es así.

Vemos con preocupación las intenciones de algunos de callar a las universidades públicas, especialmente cuando lo que estas dicen incomoda a los centros de poder político, económico y mediático. Las universidades en todo el mundo, pero todavía más las de carácter público, representan la libertad de pensamiento, especialmente de pensamiento crítico, que es el más exigente de todos. En esta época de olas de noticias falsas y verdades a medias es cuando más necesario se hace el rigor académico.

No puede haber democracia completa sin autonomía universitaria, porque esta ausencia bloquea la posibilidad de que los centros de enseñanza superior puedan disentir del gobierno central y de otros poderes, especialmente en temas críticos de conducción social, que suelen ser los más polémicos, y donde el criterio científico y académico experto se vuelve particularmente importante para dilucidar alternativas y encontrar las mejores respuestas posibles. No hay país desarrollado sin universidades desarrolladas.

Según el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica, las universidades públicas gozarán de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para darse su organización y gobierno propios. La ley de empleo público, al pretender amarrar a las universidades públicas a un sistema salarial centralizado y único, lesionaría las particularidades e incluso exigencias de la carrera académica, donde el profesional no asciende automáticamente por el simple paso del tiempo, sino por el cumplimiento de requisitos de excelencia académica, tales como la obtención de títulos de grado y posgrado debidamente acreditados, las publicaciones científicas de alta exigencia o los libros de editoriales reconocidas, entre otros.

Cuando decimos no a esta ley de empleo público y abogamos por un sistema salarial universitario propio, estamos también luchando por mantener la promoción de la exigencia de calidad que hoy tiene a varias de nuestras universidades públicas entre las mejores de toda la región latinoamericana. Si queremos mantener esta cultura de excelencia, debemos rechazar la inclusión de las universidades en este proyecto de ley.

Por otra parte, al controlar el sistema de remuneración universitario, el gobierno central podría también controlar parte del funcionamiento de las universidades, lesionando esto su necesaria independencia administrativa. Es crucial que las universidades regulen sus sistemas salariales de acuerdo con su naturaleza académica. Si esto se pierde, las universidades pueden perder mucho de los grandes avances logrados hasta hoy.

Considero que nadie debe ganar ni salarios de lujo ni salarios de hambre, pero sí creo en sistemas salariales debidamente moderados y estimulantes, pero sin excesos, que reflejen apropiadamente la excelencia de la capacidad transformada en aportes de alto valor académico y social. Esto ayudará a nuestras universidades a crecer en la dirección que todos queremos: la de la mejoría continua, entendida en los términos de altos estándares que aquí defiendo. Una vez escuché a una persona decir que debían pagarle por lo que sabía y no por lo que hacía. Nada más alejado de lo que estoy diciendo. El saber sin producción intelectual es estéril y no presta servicio activo a la sociedad.

Rara vez el regulado pide al regulador que le mantenga la barra alta para dar más. Este es uno de esos casos. Los grandes logros y aportes de nuestras universidades públicas a lo largo de nuestra historia, así como durante esta pandemia, tienen una base material y una base legal subyacentes que debemos defender, cuales son la integridad de la exigencia de la carrera académica y la autonomía universitaria para poder cultivar el conocimiento libremente.

No hay nada más peligroso que tener razón ahí donde se equivocan los poderosos. De aquí que sea crucial proteger la autonomía de las universidades para hacer su trabajo: la crítica aguda, pensada, detenida y, sobre todo, responsable, sustentada y veraz.

La consciencia humana, entendida como la capacidad de “darse cuenta” de la propia existencia y del entorno, no consiste solamente en un estado de mera vigilia como opuesto a un estado de sueño, sino que, igual a las capacidades musculares, debe ejercitarse para lograr un estado óptimo. Las capacidades intelectuales humanas la distinguen, sin duda, de las demás especies. De aquí que sea vital el contar con instituciones sólidas que se dediquen especializadamente a cultivar el intelecto humano, la consciencia crítica y el sentido más consciente posible de la justicia, la responsabilidad y la solidaridad. Estas instituciones son las universidades.