Pablo Chaverri: Las y los diputados contra la Constitución que juraron defender

Hasta ahora, las universidades públicas han estado fuera de esta dinámica electorera y politiquera del más bajo nivel, pero con esta nueva inclusión en el citado proyecto de ley, esta barrera constitucional quedaría seriamente comprometida y dañada.

0

Pablo Chaverri Chaves, Científico Cognitivo.

Las y los diputados han aprobado la inclusión de las universidades públicas en la ley de empleo público. De esta forma, como lo señala la rectoría de la UNA, eliminan la potestad de autogobierno que estas tienen garantizada en la Constitución Política de la República.

Al hacerlas depender de una autoridad central y única en materia de empleo público, ahora las universidades dependerían de esta instancia del poder ejecutivo para definir sus procesos de reclutamiento, selección, contratación, evaluación, ascenso, continuidad y despido, en la relación laboral.

Si este grave error se consolida jurídicamente con la aprobación del proyecto de ley de empleo público, se estaría eliminando en la práctica la potestad de autogobierno universitario, volviendo así ineficaz el artículo 84 de la Constitución Política, que es el que faculta a las universidades públicas para darse su propia estructura de gobierno, sin necesidad de depender del gobierno central para ello.

Esto es peligrosísimo para la democracia costarricense, ya que, por vía del control del empleo público universitario, podría ahora el gobierno central definir lineamientos de contratación de personal a las universidades y utilizar esta potestad para controlar el quehacer universitario, que quedaría a merced de los vaivenes de la dinámica política-electoral, algo destructivo para el trabajo académico serio, independiente y de excelencia.

Como sabemos las y los costarricenses, el control del empleo público en el poder ejecutivo siempre ha sido uno de los principales botines de los gobiernos de turno, que utilizan para premiar lealtades y castigar a enemigos políticos. Como sabemos, cada partido en el gobierno, trata siempre de colocar a su gente en las instituciones y ver cómo saca a quienes no son sus seguidores. Esta es una práctica nefasta, porque privilegia el clientelismo político y a los «pega-banderas» sobre la idoneidad técnica y humana para los cargos públicos, lo cual lesiona enormemente la calidad de los servicios, pues termina contratando y dando plazas en propiedad a personas que no deberían estar ahí, pero que ayudaron en campaña, tocaron puertas, pegaron banderas y consiguieron votos. No es posible tener servicios públicos de calidad sin personal idóneo para los cargos.

Hasta ahora, las universidades públicas han estado fuera de esta dinámica electorera y politiquera del más bajo nivel, pero con esta nueva inclusión en el citado proyecto de ley, esta barrera constitucional quedaría seriamente comprometida y dañada.

Hoy las universidades públicas cuentan en sus filas a muchos de los mejores académicos/as de toda la región de Centroamérica y el Caribe, e incluso a nivel Latinoamericano, gracias a los cuales pueden hacer grandes aportes al conocimiento, a las ciencias, las ingenierías, las tecnologías, las humanidades, las artes y al desarrollo nacional. Esto solo es posible lograrlo gracias a la autonomía universitaria en materia de contratación de personal, que es, precisamente, lo que este inconstitucional y nefasto proyecto de ley trata de destruir. No podemos permitirlo. Defender la autonomía universitaria es defender la continuidad y el avance del aporte universitario al desarrollo nacional.


COVID-19
Suscribase COVID-19

También podría gustarte Más del autor

Comentarios

Cargando...
La Revista es un medio de opinión libre y gratuito, pero necesitamos su apoyo, para poder continuar siéndolo Apóyanos aquí
Holler Box