Pablo Chaverri: Libertad de creencia y amenaza teocrática

Es crucial mantener separadas la religión y la política, pues como lo muestra la evidencia histórica, cuando estas dos áreas se unen se produce un desastre social de grandes dimensiones que se concreta en sistemas teocráticos que se caracterizan por conculcar las libertades más básicas de las personas. Entonces, separar la religión de la política trata sobre la protección de nuestros derechos más esenciales. De este modo, mientras el cristianismo en general y su manifestación evangélica en particular mantengan influencia electoral en América Latina y el Caribe, nuestras libertades fundamentales y nuestras constituciones estarán en la mira de estos movimientos regresivos y anti-Derechos Humanos, abiertamente teocráticos, es decir, abiertamente antidemocráticos.

Paradójicamente, estas agrupaciones político-religiosas utilizan las libertades confesionales que les dan las constituciones democráticas para atentar contra la democracia y promover la regresión teocrática. Es fundamental que las personas tengamos genuina libertad de creer o no en la religión que queramos, pero con el límite de no imponer tales creencias a otros, pues ello violenta esta misma libertad. Es decir, si la creencia religiosa de una persona incluye la obligación a imponer su creencia a los demás, entonces el Estado debe intervenir para poner sanos límites entre el derecho personal y el derecho ajeno. El problema aquí es que, de hecho, la religión parte de definirse a sí misma como la única y verdadera doctrina, sin más justificación que la “revelación divina”, que no es otra cosa que el pensamiento imaginario para “justificar” lo que se toma por verdad a priori.

No es aceptable que en pleno siglo de las telecomunicaciones y de grandes avances científico-tecnológicos, se quiera poner a la autoritaria, sangrienta y despiadada biblia como “guía moral” de nuestras naciones, pues entre otras cosas, este tóxico texto pretende su propia imposición como única visión y normativa moral, poniendo un especial control en los cuerpos ajenos y particularmente en el cuerpo de la mujer, a quien conciben como una máquina reproductiva, sin la más mínima consideración por su voluntad ni sus circunstancias particulares. Para los fundamentalistas religiosos su biblia está por encima de la constitución, lo cual hace a sus creencias incompatibles con la vida democrática, del mismo modo en que un futbolista que pretende seguir jugando más allá de la demarcación de la cancha está fuera de orden.

La gente debe tener derecho a creer lo que quiera, pero nunca a imponer sus creencias religiosas al resto, y para mantener este derecho y este límite sanos, resulta necesario separar la religión de la política, o nuestros mínimos democráticos corren peligro.

Para proteger nuestra libertad de creencia se requiere, sin embargo, que se imponga legalmente la norma de la obligación a respetar tal libertad, lo cual necesita del Estado laico, de derecho y democrático, basado en los Derechos Humanos, que es el marco común mínimo para proteger nuestras libertades esenciales. Es decir, las creencias que sí deben imponerse por la vía civilizada del derecho son precisamente las que componen la base legal necesaria mínima para poder mantener la libertad de creencia. En este sentido el Estado laico es el mejor garante de la libertad religiosa, pues es imparcial frente a las diferentes denominaciones confesionales.

Contradictoriamente, los movimientos religioso-políticos que hoy acechan nuestras libertades fundamentales, son los que se valen de la libertad de creencia garantizada constitucionalmente para tratar de imponer su visión religiosa como la única moralidad exigible y atentar así contra la propia constitución a la que se amparan hoy, para tratar de revertirla mañana.

Este engaño político-religioso debe ser denunciado y rechazado por toda persona civilizada, o veremos nuestra propia civilidad retroceder a las catacumbas del oscurantismo religioso, en el cual nos quieren sumir los movimientos político-religiosos que han logrado cuotas importantes de poder en varios países de América Latina, pero no conformes con ello, buscan el mayor poder posible para hacer realidad su sueño teocrático, que no es otra cosa que una amenaza directa a nuestras más caras libertades constitucionalmente establecidas.