Al mercantilizar funciones críticas del sistema eléctrico y dejar amplios vacíos regulatorios sujetos a decretos futuros, se incrementa tanto el riesgo operativo como la vulnerabilidad ciudadana frente a intereses corporativos.
Paola Vega Rodríguez, Ex Diputada.
- El cambio de modelo: de trabajar en equipo a dividir la luz en pedazos (unbundling)
¿Cómo funciona hoy?
Costa Rica tiene un sistema integrado. El ICE, las cooperativas rurales —como Coopelesca o Coopesantos— y empresas como la CNFL, la ESPH o JASEC trabajan de manera coordinada. Planifican el futuro, generan la energía, la transmiten por las grandes redes y la distribuyen a los hogares como un solo engranaje público pensado para operar “al costo real”.
¿Qué propone la ley?
Obliga a desintegrar ese equipo —lo que en economía llaman unbundling—. El sistema se fragmenta en cinco submercados independientes que funcionarían como una bolsa de valores, donde la electricidad y su comercialización se compran y venden hora por hora según ofertas financieras. Además, aparecen intermediarios privados puros que no tienen plantas ni postes: los comercializadores y agregadores de demanda, cuyo único fin es comprar o vender energía en bloque para obtener ganancias.
El riesgo potencial:
La electricidad deja de ser concebida como un servicio público y pasa a definirse como un servicio de interés general para el desarrollo, transformándose en un negocio financiero. Al incorporar intermediarios que solo compran y revenden “papeles” de energía, se agregan nuevos eslabones de lucro privado que terminan cargándose a la tarifa final. Además, si algo falla, la responsabilidad se diluye: ya no existe una institución pública clara a la cual reclamar o fiscalizar, sino las señales confusas de una pantalla de subastas.
- La gobernanza: sentar al lobo a cuidar las ovejas (ECOSEN)
¿Cómo funciona hoy?
El control técnico de toda la electricidad del país lo ejerce el ICE a través del CENCE (Centro Nacional de Control de Energía), un órgano técnico y público guiado por criterios de ingeniería y seguridad nacional.
¿Qué propone la ley?
Le quita ese “cerebro operativo” al ICE y crea el ECOSEN (Ente Operador del Sistema y del Mercado) como institución autónoma. Lo preocupante es la composición de su junta directiva: cinco miembros, con sillas otorgadas directamente a las cámaras de generadores privados y grandes consumidores industriales.
El riesgo potencial:
Esto constituye lo que se conoce como “captura corporativa del árbitro”. Los mismos empresarios privados que desean vender energía cara al país o comprarla al menor precio posible pasarían a ser quienes diseñen las subastas y decidan qué plantas entran o salen del sistema. En otras palabras, los sujetos regulados se convierten en jueces y árbitros del mercado. Además, la ley deja un “cheque en blanco” al permitir que el Gobierno de turno defina, vía decreto, cómo se nombran o remueven esos directivos, abriendo la puerta al control político directo.
- La fisura del pacto social: el “decremado” del mercado y el fin de la tarifa solidaria
¿Cómo funciona hoy?
Costa Rica aplica un principio de solidaridad social mediante subsidios cruzados. Las grandes industrias, que consumen enormes cantidades de energía en zonas urbanas, pagan tarifas reguladas por ARESEP que ayudan a amortizar el costo de llevar electricidad a zonas rurales, indígenas y periféricas. Llevar luz a una montaña lejana no es rentable comercialmente, pero se hace porque la electricidad se entiende como un derecho.
¿Qué propone la ley?
Crea la figura del Gran Consumidor. Toda fábrica, hotel o gran comercio que supere determinado nivel de consumo podrá “desengancharse” del sistema público regulado y negociar contratos privados en un mercado libre con generadores particulares.
El riesgo potencial:
Se produciría el fenómeno económico conocido como cream-skimming (“decremado” del mercado). Las corporaciones privadas se quedarían con los clientes más rentables, mientras las redes públicas seguirían teniendo que sostener toda la infraestructura nacional. Como las distribuidoras públicas y cooperativas perderían sus principales ingresos, trasladarían los costos restantes a familias, pequeñas empresas y sectores rurales. Los grandes consumidores obtendrían electricidad más barata; el pueblo absorbería el aumento tarifario.
- Estrangulamiento inducido al ICE: la trampa de las subastas asimétricas
¿Cómo funciona hoy?
Cuando el país necesita más electricidad, el Estado planifica y construye plantas estratégicamente para garantizar el abastecimiento futuro.
¿Qué propone la ley?
Toda nueva planta deberá adjudicarse mediante subastas competitivas administradas por el ECOSEN. El ICE tendría que competir contra grandes empresas privadas internacionales para ver quién ofrece el menor precio.
Las amarras del ICE:
La competencia sería desigual. Mientras el ICE continúa sometido a la regla fiscal, controles de la Contraloría, procedimientos de contratación pública y cargas sociales, las transnacionales privadas podrían endeudarse rápidamente, contratar sin controles públicos y operar con total flexibilidad.
El riesgo potencial:
Al obligar al ICE a competir “atado de manos” frente a gigantes privados desregulados, se favorece que el sector público pierda sistemáticamente las futuras subastas. El resultado sería una privatización acelerada de la matriz energética nacional.
- Tarifas diarias volátiles: la trampa del costo marginal
¿Cómo funciona hoy?
ARESEP revisa los costos reales de producción y fija tarifas relativamente estables para evitar variaciones abruptas en el recibo eléctrico.
¿Qué propone la ley?
Introduce el mecanismo de precio por costo marginal en el Mercado de Ocasión Nacional (MON). Toda la energía producida en una hora se pagaría al precio de la última planta que entró a operar, es decir, la más cara.
Ejemplo cotidiano:
Si el país necesita 100 unidades de energía y 95 provienen de fuentes baratas como hidroeléctricas o solares, pero las últimas 5 requieren activar una planta térmica a diésel, entonces las 100 unidades pasarían a cobrarse al precio del diésel.
El riesgo potencial:
Esto genera sobreganancias automáticas para generadores privados y provoca incrementos inmediatos en las tarifas que paga la ciudadanía.
- El portillo de la exportación: el Mercado Eléctrico Regional (MER)
¿Cómo funciona hoy?
El ICE exporta excedentes de energía limpia al MER. Esos ingresos se utilizan para reducir tarifas internas.
¿Qué propone la ley?
Permite que generadores privados exporten directamente su energía y compitan con el ICE en el mercado regional.
El riesgo potencial:
Las ganancias por exportación dejarían de beneficiar al sistema público y pasarían al sector privado. El ICE perdería recursos que hoy ayudan a abaratar el recibo eléctrico nacional.
- Riesgo de apagones: mercantilizar la estabilidad de la red
¿Cómo funciona hoy?
Los servicios auxiliares mantienen la estabilidad del sistema eléctrico nacional, garantizando voltaje y frecuencia adecuados.
¿Qué propone la ley?
Crea un mercado independiente de servicios auxiliares donde el soporte técnico se compraría al mejor postor privado.
El riesgo potencial:
La estabilidad eléctrica pasaría a depender de incentivos económicos privados. En momentos de crisis o escasez, empresas privadas podrían especular con precios o restringir oferta, aumentando el riesgo de apagones.
- Uso obligatorio de las redes y socialización de pérdidas
¿Cómo funciona hoy?
Las redes eléctricas nacionales fueron construidas durante décadas con recursos públicos y cooperativos.
¿Qué propone la ley?
Impone el llamado Open Access, obligando al ICE y cooperativas a permitir el uso de sus redes por parte de comercializadores privados a cambio de peajes regulados.
El riesgo potencial:
Las empresas privadas utilizarían infraestructura pública para hacer negocios con los clientes más rentables, mientras los costos de mantenimiento y reparación seguirían recayendo sobre el sector público y los usuarios.
- Retroceso ecológico: castigo a las energías renovables
¿Cómo funciona hoy?
El sistema integrado permite compensar rápidamente las variaciones naturales de fuentes renovables como viento o sol.
¿Qué propone la ley?
Introduce multas económicas a quienes generen menos energía de la prevista el día anterior.
El riesgo potencial:
Como las energías renovables son naturalmente variables, el esquema terminaría castigando económicamente proyectos solares y eólicos, incentivando el uso de plantas térmicas de combustibles fósiles.
- Burbujas financieras y pagos por plantas ociosas
¿Qué propone la ley?
Crea un Mercado de Capacidad que obliga a pagar a plantas privadas simplemente por estar disponibles, aunque no produzcan energía efectiva.
El riesgo potencial:
Esto abre espacios para especulación financiera y costos adicionales que terminarían trasladándose al recibo eléctrico de las familias.
- Indefensión del usuario: un “cheque en blanco” vía decreto
El problema de fondo:
El proyecto deja múltiples aspectos fundamentales sujetos a reglamentos futuros del Poder Ejecutivo.
El riesgo potencial:
Aspectos esenciales como límites tarifarios o sanciones podrían modificarse por decreto, debilitando el control democrático y dejando a la ciudadanía en condición de indefensión frente a intereses corporativos.
- Los transitorios: un desmantelamiento exprés
¿Qué propone la ley?
Ordena trasladar rápidamente tecnología, bases de datos y personal especializado del CENCE al nuevo ECOSEN.
El riesgo potencial:
La migración acelerada de un sistema tan complejo podría provocar errores operativos graves y aumentar el riesgo de apagones masivos.
Conclusiones del análisis
El proyecto de “Ley de Armonización” no constituye una reforma técnica neutral, sino una transformación profunda del modelo eléctrico costarricense. Los principales beneficiarios serían los grandes generadores privados y consumidores industriales, mientras el sistema público asumiría los costos y riesgos.
La iniciativa debilita el principio de solidaridad energética sobre el cual se construyó gran parte del desarrollo social costarricense, trasladando crecientes cargas económicas a familias, pequeños negocios y zonas rurales.
Además, el proyecto coloca al ICE y a las cooperativas en condiciones estructuralmente desventajosas frente a corporaciones privadas, favoreciendo una privatización progresiva de la matriz energética nacional.
Finalmente, al mercantilizar funciones críticas del sistema eléctrico y dejar amplios vacíos regulatorios sujetos a decretos futuros, se incrementa tanto el riesgo operativo como la vulnerabilidad ciudadana frente a intereses corporativos.