¿Podemos esperar un comportamiento sindical responsable?

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

En un artículo del secretario de la ANEP, publicado en este mismo medio, Sr. Albino Vargas, incurre en varias apreciaciones incorrectas. La delicada coyuntura por la que atraviesa el país requiere del aporte responsable del sindicalismo y es justo reconocer que don Albino tiene razón en varios puntos de vista, entre ellos sus argumentos en torno a la evasión tributaria, en especial de grandes contribuyentes; en la defensa del grueso de los trabajadores en los niveles más bajos de la escala ocupacional; y, en el impacto global de los impuestos en desigualdad y pobreza (al menos por su efecto en inversión y el aporte a los empleos e ingresos). La incoherencia de la argumentación de don Albino se origina en su intento de ignorar el aporte del sindicalismo a la crisis que vive el país.

Quien escribe estas líneas ha argumentado que el déficit fiscal hay que resolverlo, pero de ahí a que sea el problema No. 1 de Costa Rica, hay una enorme distancia. El déficit es resultado, no causa. Lo que subyace es la enorme ineficiencia presente a lo largo y ancho del Estado costarricense. Si no se corrige el despilfarro masivo de la administración pública de nada sirve el proyecto fiscal. Es, como lo expresa el ciudadano de a pie, agua en un canasto. Es más despilfarro y más déficit.

Por otra parte, hay que dimensionar ese paquidermo que se llama Estado. Su costo supera los ¢22 billones que equivalen al 77% del PIB nacional. Comparativamente, países como Noruega, Suecia y Finlandia gastan el 52% del PIB y, en nuestra región, Argentina, Brasil y Uruguay gastan solo el 38%. El nuestro es un Estado rico, pero sus niveles de ineficiencia son los que causan la escasez reflejada en el déficit fiscal. Tiene razón la Sra. Ministra de Hacienda cuando dice que ese paquidermo, con más de 330 entidades públicas y más de 300 mil funcionarios no es viable, manejable. La conclusión es obvia: si una reforma estructural del Estado no hay solución a mediano y largo plazo del problema fiscal.

Pero queremos focalizarnos en las incoherencias de don Albino. Primero, puede el secretario de ANEC hablar en defensa de los trabajadores, igual que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Pero no puede pretender representar a la fuerza laboral del país, ni siquiera a la estatal. Según el INEC, menos del 10% de la fuerza laboral está sindicalizada.

Segundo, los impuestos no recaen sobre el sector más débil de la fuerza laboral. Lo que se busca eliminar son los privilegios salariales y del régimen de pensiones que afectan a un pequeño, pero costoso grupo de funcionarios públicos. Tiene razón don Albino cuando sale en defensa de la vasta mayoría del funcionariado público, cuyos niveles salariales los ubican en estado de vulnerabilidad permanente. Es precisamente en la defensa de esos estratos, donde la lucha del sindicalismo encontraría respaldo general de la población y un amplio espacio de coincidencia con las reformas que el presidente Alvarado y la ministra Aguilar quiere ejecutar.

Ese espacio, pensamos, es el que posiblemente quiere apoyar la Iglesia Católica, según cita de don Albino, así como también la del Premio Nobel, Joseph Stiglitz. “¡Sí, vamos contra corriente!… con el espantoso monto de la deuda” pero la deuda no se puede resolver con el Estado gigante que absorbe el 77% del PIB.

Incurre en otra incoherencia don Albino cuando se refiere “a la preponderancia política que en las sociedades de hoy tiene el sector financiero-bancario”. Es una nota muy breve que no permite

precisar su alcance. Por una parte, es cierto en el sistema bancario (y las cooperativas en su manejo financiero) la existencia de un contubernio con las clases económicas más poderosas. El cementazo fue un abrir de ojos, pero ese tipo de asociaciones fue frecuente en el pasado. Sin embargo, hay algo más serio que don Albino no menciona: los objetivos centrales de la nacionalización bancaria fueron democratizar el crédito y estimular del crecimiento. Ambos se han perdido por los altos costos de intermediación, que tienen su origen en privilegios laborales. Aún más, la banca privada, con niveles de eficiencia más altos, aprovechan el oligopolio estatal para llevar más ganancias a los ricos, precisamente agregando a la desigualdad a la que alude don Albino.

La defensa de los derechos del trabajador y, en general de los sectores más castigados por la pobreza y la desigualdad, no es precisamente lo que hace el sindicalismo público, liderado por don Albino. Todo lo contrario, en su comportamiento hay un fuerte componente de inequidad. El sindicalismo público no ha reconocido la diferencia que hay entre el Estado, una entidad social, y las organizaciones de mercado. En estas, los trabajadores intentan lograr una parte de los excedentes de la empresa, es decir, del lucro que genera el capital con el aporte de todos los trabajadores. En el Estado los beneficios abusivos sustraen los recursos de todos los costarricenses y socaba la capacidad del Estado para producir desarrollo y bienestar social. No obstante, los sindicatos han venido cosechando beneficios, lamentablemente sin considerar ese efecto negativo. Pero hay otra realidad más dolorosa: las huelgas, que con suma facilidad hacen los sindicatos, con razón o sin ella, con legalidad o sin ella, castigan a los sectores más frágiles, porque son ellos quienes más dependen de los servicios que brinda el Estado.

De nuevo, don Albino tiene razón en algunos de sus argumentos, pero oculta la realidad en lo que se refiere a dos temas centrales: inequidad y abusos laborales que aportan a la crisis nacional, no solo la fiscal sino también a la institucional. Sería saludable para el país, si en vez de presionar a los más pobres con la anunciada huelga contra el combo fiscal, el sindicalismo se acerca al gobierno para luchar por mejoras al Estado, que es base de nuestro desarrollo. Los sindicatos, al igual que la ciudadanía, deberíamos pensar en cómo aportar más a la transformación del Estado. Piense en su función en aspectos críticos como educación, salud, energía, combustibles, seguridad, infraestructura y transportes, para mencionar unos pocos. Son las bases de su bienestar, de su familia y de su comunidad. Y, si lo hace, si lo hacemos, ayudaría a conformar un sentimiento de unidad nacional hacia el cambio urgente y necesario.

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