Desde sus tres principios de Transparencia, Colaboración y Participación, el Poder Judicial presentó la Política Institucional de Justicia Abierta, aprobada en la sesión N° 10 del 12 de marzo del 2018 en Corte Plena.

El objetivo primordial de esta gestión pública, aplicada al quehacer de la administración de la justicia que redefine la vinculación entre la institución y la sociedad en general, es la de garantizar el estado de derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad por el uso de los recursos públicos a través de la evaluación y control ciudadano.

El Magistrado Román Solis Zelaya, Presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) presentó la política y explicó que desde años atrás, diversos sectores y personas dentro de la institución han desarrollado iniciativas vinculadas a los principios que promueve la Justicia Abierta, trabajando para fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a la información, hacer uso de un lenguaje más comprensible, modernizar los procesos y consolidar la rendición de cuentas, para lo cual las tecnologías de la información han sido de mucha utilidad.

Para la concreción de esta acción institucional se tomó en cuenta la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, aprobada en 2015; además se formuló un plan de acceso a la información y apertura de datos con su respectivo proyecto, se desarrolló un plan inicial con la visión de Justicia Abierta en el proceso de rediseño de los Tribunales de Cartago, entre otras acciones.

“La creación de valor público, como elemento novedoso, tiene en su base la premisa de responder a las verdaderas necesidades de las personas usuarias. Tenemos la certeza que con la implementación de la Política de Justicia Abierta se amplía y mejora la forma en que la población puede obtener información sobre el quehacer institucional, lo cual facilita la rendición de cuentas, el acceso a la información, el debate público y la participación ciudadana. Asimismo, se generan espacios de encuentro y canales de comunicación, con el fin de que la ciudadanía asuma un rol activo en el diseño, propuestas y políticas”, señaló el Magistrado Solís.

La Presidenta de la Sala de Casación Penal, Magistrada Doris Arias Madrigal y Coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa comentó sobre la vinculación y aporte de éste a la Justicia Abierta.

“Tenemos una identidad de valores y de principios que hacen que podamos trabajar conjuntamente ya que se considera que un eje estratégico es la justicia restaurativa, con lo cual me parece que vamos avanzando en la misma línea y en la misma dirección, pues lo importante es tener un horizonte común sobre el cual llevar la institución” aseguró la Magistrada Arias.

Carlos Campos Rojas, de la organización ciudadana Territorios Seguros, resaltó el papel de la sociedad civil y aseguró que “para nosotros fue muy importante encontrar respuesta en uno de los poderes de la República, de entender lo que la Constitución Política establece en términos de la transparencia y la rendición de cuentas y además de eso en términos de la participación ciudadana en la toma de decisiones”.

Durante la actividad se presentaron dos paneles de intercambio sobre esta materia en los cuales participaron la Magistrada de la Sala Constitucional y Coordinadora de la Comisión de Transparencia, Nancy Hernandez López; la Directora a. i. de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; la Fiscala Adjunta, Mayra Campos Zúñiga; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; la Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana en el Poder Judicial, Ingrid Bermúdez Vindas y el Coordinador del Portal Web institucional, Juan Diego Víquez Oviedo.

Según indicó la Magistrada Nancy Hernández, en el Poder Judicial la transparencia está descentralizada, pues está incluida en la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de tal forma que todas las oficinas de la institución tienen la obligación de tener sus propias políticas en esta materia. Mencionó que “la justicia moderna tiene que ser construida entre el poder público y la sociedad civil para ser legítima y estar conectada con las necesidades de la sociedad”.

Con la aplicación de los principios de transparencia, participación y colaboración se busca garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de los distintos actores sociales.