Políticas en marcha, diálogo sin acuerdos: Colombia cumple un mes de protestas contra el Gobierno de Duque

En medio del descontento social se aprobó la controvertida reforma tributaria y se creó el 'holding' financiero estatal.

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RT. Hace un mes, millones de colombianos tomaron las calles para protestar contra lo que denominaron el «paquetazo» del Gobierno de Iván Duque, ante la proximidad de reformas tributaria, laboral y en el sistema de pensiones, además de incrementos en las tarifas eléctricas.

Ese primer día de protesta salió a la luz el malestar de los colombianos contra las políticas del actual Gobierno y por deudas históricas del Estado. En casi todas las urbes del país hubo multitudinarias movilizaciones.

Desde entonces, no han cesado las protestas. Aunque en menor nivel, pero aún masivamente, los colombianos se convocan para marchar, hacer conciertos, protagonizar cacerolazos, realizar encuentros de organizaciones sociales, entre otras actividades.

Las demandas

El pliego de exigencias del Comité Nacional de Paro, que ha sido el organizador de las manifestaciones contra Duque, incluye:

  • Oposición a reforma tributaria. Según los descontentos, busca rebajar impuestos a las grandes multinacionales y empresas e imponer más cargas a la clase media y trabajadores.
  • Oposición a reforma laboral. De acuerdo a los convocantes del paro, pretende la destrucción de la estabilidad laboral, un 75 % de salario mínimo para jóvenes, salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo.
  • Oposición a reformar el sistema público de administración de pensiones. Señalan que busca convertir a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones en un fondo privado y elimina la pensión como un derecho de todos los trabajadores.
  • Oposición a lo que denominaron el «tarifazo», con el que buscan elevar las tarifas de energía eléctrica hasta el 35 %.

Además de rechazar esas medidas, que entran dentro del denominado «paquetazo», la lista de exigencias del Comité Nacional de Paro también se refiere a:

  • Acabar con la corrupción. Según el comité del paro «cada año se roban 50 billones de pesos (alrededor de 17.000 millones de dólares).
  • Aumento del salario mínimo en un 8,1 %, para que se eleve a un millón de pesos (300 dólares) con el subsidio de transporte incluido.
  • Implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
  • Fin a la impunidad de asesinatos de líderes sociales y políticos locales.
  • Cumplimiento de promesas hechas a organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles en previas jornadas de protesta.
  • Oposición a la creación de un ‘holding’ financiero estatal, que, según señalan, afectará a 17.000 trabajadores en Colombia y afectará a 16 empresas estatales.

Represión estatal y muertes

Estas manifestaciones han estado caracterizadas por reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

El 22 de noviembre, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, confirmó la muerte de tres personas, durante la jornada del día anterior.

Según detalló, dos personas murieron en Buenaventura y una en Candelaria, departamento del Valle del Cauca. El primer caso fue durante «en una intención de saqueo» a un centro comercial durante la noche, lugar al que la fuerza pública acudió «a hacerle frente».

Pero una de las muertes que causó más revuelo fue la de Dilan Cruz, un joven que falleció el lunes 25 de noviembre, luego de haber sido reprimido dos días antes en una protesta en Bogotá, por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

La autopsia reveló que se trató de un homicidio. El joven, de 18 años, fue golpeado por un proyectil tipo ‘bean bag’, disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el ESMAD.

También se han registrado casos como el del universitario Cristian Rodolfo Rodríguez, quien perdió un ojo tras resultar herido durante el accionar del ESMAD en una protesta frente a la Universidad Nacional de Bogotá.

La Procuraduría General, además, abrió una investigación por la detención de dos jóvenes por parte de los cuerpos antidisturbios durante las protestas antigubernamentales, y que fueron trasladados en coches sin identificar.

Diálogo

Con esas demandas y ante el creciente descontento, el Gobierno colombiano accedió a dialogar. Sin embargo, abrió lo que denominó como la ‘Gran Conversación Nacional’ para incluir a diversos sectores, entre ellos el empresarial.

El Comité de Diálogo Nacional exigió una mesa de diálogo aparte y, tras casi dos semanas de discusión, el Gobierno accedió a tener un espacio exclusivo de negociaciones con los manifestantes.

El diálogo no ha avanzado mucho desde entonces. En primera instancia, el comité entregó un petitorio de 13 puntos, en el que, además de incluir sus demandas iniciales, se contempló también la depuración de la Policía y la disolución del ESMAD.

Ese pliego, esta última semana fue más preciso. Los organizadores de las protestas entregaron al Ejecutivo un documento con 13 capítulos, en los que se desglosan 104 puntos a discutir. Se sumaron demandas como la estatización total de Ecopetrol, la prohibición del ‘fracking’ (método de extracción de petróleo no convencional), la eliminación del uso del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos, el reinicio del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la modificación de la doctrina militar y la política de seguridad y defensa.

Diego Molano, secretario General de la Presidencia y encargado del diálogo, dijo que algunos puntos de las peticiones se salen de las «órbitas constitucionales». Y dejó claro: «Aquí no se puede entrar a negociar el Estado».

Por ello, de momento, el diálogo sigue sin acuerdos; al menos así fue hasta la sexta reunión de la mesa de negociaciones, realizada esta semana.

El «paquetazo» sigue su curso

Desde el Ejecutivo han omitido algunas de las demandas de los manifestantes y se ha continuado con las políticas anunciadas.

Por ejemplo, el 25 de noviembre, mediante el Decreto 211 de 2019, el Gobierno materializó la creación del holding financiero estatal, al que le dio por nombre Grupo Bicentenario.

Otro de los casos fue la aprobación, la madrugada de este 20 de diciembre, de la reforma tributaria, pese al importante rechazo social. Las principales críticas se centran en que esta normativa contempla generosas exenciones a los grandes capitales mientras que pecha a los trabajadores todo el año, a cambio de escasas retribuciones.

Por otro lado, un anuncio positivo para los manifestantes es que el senador Antonio Sanguino, adelanta un proyecto de ley para disolver el ESMAD.

En opinión del experto en seguridad y defensa y profesor de la Universidad de Colombia, Miguel Andrés Silva Moyano, la nueva política de seguridad lanzada por Iván Duque «es simplemente un borrador» sin mayor detalle, por lo que urge que el Gobierno brinde explicaciones sobre sus métodos e instrumentos para la aplicación de la propuesta.

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