¿Por qué darle poder de veto a los sindicatos?

La cuestión es ¿quién defiende el interés nacional, el de todos los costarricenses?

0

Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

El lunes 9 de julio se llevará a cabo una reunión para definir si se instala una mesa de diálogo sobre el déficit fiscal, con representación empresarial, sindical y del Gobierno. Hay sobradas razones para que esa mesa no se instale: 1) la última mesa de diálogo sobre las pensiones significó un atraso sustancial hasta el final de la Administración Solis Rivera, sin ninguna conclusión válida; 2) el déficit fiscal, igual que las pensiones, es un tema técnico que corresponde resolver al Poder Ejecutivo; 3) el factor tiempo juega en contra del Gobierno y cualquier atraso puede tener lamentables consecuencias para toda la población, pero en especial para los sectores más frágiles; y 4) los sindicatos no pueden alegar representación del funcionariado público y menos aún de la fuerza laboral del país. Según datos del INEC los sindicatos solo han logrado una membresía cercana al 10% de la fuerza laboral.

El entorno político nacional está dominado por el interés corporativo. La gran mayoría de los sectores, económicos o de cualquier otra naturaleza, luchan por sus intereses especiales, que en general chocan con el interés nacional, el de todos los costarricenses. Los sindicatos quieren defender sus privilegios abusivos, incluso aquellos que la Sala IV ha dicho, carecen de proporcionalidad y razonabilidad. Los empresarios buscarán condiciones que favorezcan sus intereses económicos. Recordemos que el país ha seguido creciendo en su economía, pero los beneficios de ese crecimiento dolo lo reciben los de arriba. Por ello el país es líder continental en materia de desigualdad. El empresariado no ha mostrado ningún interés en trasladar riqueza a los niveles más bajos, para superar la desigualdad. Finalmente, el problema del empleo público tiene varios campos de especialidad que no se pueden resolver en una mesa de discusión y con un representante del Estado.

Tampoco entendemos la función de la Iglesia, que busca ser garante ¿De qué? Según parece solo sería garante del diálogo, es decir, de un proceso que, por largo, puede resultar de alto riesgo para el país. Su “delegado” reconoce la incapacidad técnica para aportar a los resultados o para valorar su alcance. En suma, aun asumiendo legitimidad, no tiene nada sustantivo que aportar.

El interés corporativo sindical ofrece mayores problemas. Parte de amenazas que se sustentan en onerosas huelgas cuyos costos agotan los escuálidos recursos del Estado y, peor, se vierten sobre los grupos más vulnerables, que tienen mayor dependencia de los servicios públicos. Además, los sindicatos gozan de un privilegio adicional que otros costarricenses no tenemos: la ley se les aplica en forma selectiva. Esto ocurre en huelgas ilegales, cuando los políticos actúan en forma cuestionable al eximir a los huelguistas de la suspensión de los salarios por el período no trabajado.

La cuestión es quién defiende el interés nacional, el de todos los costarricenses. Presumiblemente está comprendido en el compromiso político que adquiere con su elección el presidente, pero todos sabemos que los partidos políticos y el propio gobierno se encuentra asediado precisamente por el interés corporativo especial. El cementazo y Yamber son evidencia grotesca de ello. No hay, durante el transcurso de la gestión presidencial, un mecanismo eficaz para que la población civil pueda ejercer presión en favor del interés nacional. Más aún cuando en nuestro Estado la rendición de cuentas es algo de lo que todos hablan, pero se hace poco o nada. Además, tenemos un primer poder de la República que no es de base soberana, electo por las jerarquías partidarias y, tampoco tiene una base regional o local que permitiría alguna forma de rendición de cuentas. Así, el interés político es dominante.

De nuevo, el país pasa por una delicada encrucijada. Las señales son contundentes y las advertencias de organizaciones como OCDE, BM, FMI y CEPAL destacan la gravedad de las consecuencias para los sectores más vulnerables y para la fuerza laboral. La Administración Alvarado Quesada y su Ministra de Hacienda están encarando la situación con solidez y carácter. Hay temas técnicos que demandan respuestas igualmente técnicas. Por supuesto, distintas formas de diálogo son necesarias en una democracia madura como la nuestra. Pero el diálogo debe llevarse en un proceso abierto sobre las dimensiones políticas de los procesos de reforma institucional, no en sus componentes ejecutivos, en los que pesa más su esencia técnica. Además, ningún interés corporativo debería tener poder de veto, menos los sindicatos, que no representan al trabajador público, ni a la fuerza laboral del país.

 

También podría gustarte

Comentarios

Cargando...