Nuestro Colectivo considera que es urgente y necesaria la creación de una entidad nacional autónoma, de carácter técnico-científico, que se encargue de la propuesta, seguimiento y evaluación de políticas, programas, proyectos y acciones educativas, con el propósito de mejorar, con evidencias científicas claras, y continuidad en el tiempo, las dos dimensiones fundamentales de resultados del sistema educativo: la excelencia y la equidad.

Excelencia en términos del logro de las metas de aprendizaje establecidas por nuestra sociedad, y equidad en términos de brindar oportunidades óptimas de aprendizaje para toda la ciudadanía, sin importar su origen social.   

Las recomendaciones generadas por esta entidad deberían ser vinculantes, e igualmente, la entidad debería colaborar con los responsables de la oferta educativa en la operacionalización e implementación de dichas recomendaciones, independientemente del gobierno de turno.

De igual forma, para garantizar su objetividad, la agencia requiere disponer de presupuesto propio, y contar con independencia para los nombramientos de personal, sin depender del gobierno de turno. Además, su cuerpo directivo debe estar debidamente calificado y contar con representación amplia de diferentes sectores vinculados a la educación.

Precisamente se requiere para la entidad esta independencia o autonomía, con el propósito de evitar lo indicado en el Noveno Informe del Estado de la Educación, que señala que cambios de gobierno se traducen en potenciales modificaciones a los objetivos y funciones de la macroevaluación, que han reducido el valor y potencial que este importante proceso genera, acumulando ya cerca de dos décadas sin información alguna sobre qué aprendieron las personas estudiantes. Aunado a ello, tampoco se han atendido adecuadamente los problemas de equidad educativa, que con el correr del tiempo se han ido agudizando, al hacerse nuestra sociedad cada vez más desigual.

Por su parte, en el ámbito internacional, la tendencia también es contar con agencias de evaluación independientes, en el sentido que se describe aquí. En América Latina se pueden citar los casos de Chile, Uruguay y, Colombia, al igual que sucede con países de OCDE en otras regiones. Chile y Uruguay, son, por cierto, los países latinoamericanos con los mejores rendimientos en las pruebas PISA.

Correspondería también a esta entidad realizar procesos permanentes de comunicación y divulgación para transformar la cultura de evaluación imperante en nuestro país, y que se vea a la evaluación como una herramienta beneficiosa para el mejoramiento continuo a nivel individual y social, pues lo que no se evalúa de manera adecuada, no se puede mejorar.

En este sentido no se trata de quitarle ni duplicar las funciones al MEP, sino más bien de llenar un vacío histórico que permita, de manera transparente y metodológicamente sólida, mejorar paulatinamente un conjunto clave de indicadores educativos de excelencia y equidad, válidos y confiables para el contexto particular de nuestro país, que sean conocidos y valorados, no sólo por los actores educativos, sino por toda la sociedad. Se debe entender, asimismo, que la evaluación, al igual que la educación, debe ser considerada un bien público, y que validez, confiabilidad, comparabilidad, transparencia y justicia no solamente son temas de evaluación, sino que también son valores sociales que adquieren significado y fuerza fuera de la medición, ahí donde se generan los juicios evaluativos y se toman las decisiones.

Una propuesta de entidad autónoma se había planteado desde los años 90, siendo don Juan Manuel Esquivel Alfaro, pionero de la Evaluación Educativa en Costa Rica, uno de sus propulsores. Desde esa época había indicios del potencial conflicto de intereses, a nivel estructural, que representaba el hecho de que fuera el mismo MEP, como oferente y responsable, por mandato constitucional, de la educación pública, el encargado de certificar los conocimientos de estudiantes al concluir la primaria y la secundaria, por medio de pruebas nacionales que tenían consecuencias para la promoción de los estudiantes. Claramente, bajos resultados y baja promoción en dichas pruebas se pueden ligar directamente, y se devuelven, como boomerang, a las acciones que realiza (o deja de realizar) la institución responsable por la educación pública. Esta situación fue señalada en una evaluación de las pruebas de Bachillerato realizada a principios de los años 2000 por la Maestría en Evaluación Educativa de la UCR, liderada precisamente por Juan Manuel Esquivel, donde se recomienda que la evaluación de los aprendizajes del estudiantado, con propósitos de certificación, sea realizada por un organismo independiente al MEP.

Sin embargo, en el contexto actual, consideramos que las funciones de certificación académica deben continuar correspondiéndole al MEP, por toda la experiencia generada a partir de 30 años de pruebas nacionales, tanto en el sistema educativo formal como de educación abierta, y dado que, a pesar de la inestabilidad de los últimos años y cuestionamientos a las pruebas nacionales, nos consta la buena formación y conocimiento del equipo técnico, de planta, que ha tenido a su cargo la construcción de las pruebas a través de los años.

Ahora bien, históricamente y ante la falta de una agencia de evaluación como la que ahora se recomienda, las pruebas de Bachillerato contribuyeron a cimentar en el público algunas nociones imprecisas o incompletas en torno a la naturaleza de la macroevaluación y su papel en el mejoramiento educativo.

Entonces, algunas de las concepciones que la agencia debe divulgar, como parte de sus mensajes de comunicación al público, con el objeto de cambiar la cultura de evaluación hacia una visión más positiva, son las siguientes:

  • La macroevaluación no incluye únicamente pruebas para el estudiantado, sino que, desde la evaluación educativa como disciplina científica, los resultados del estudiantado en pruebas estandarizadas son solo uno de los componentes del sistema, y de igual forma deben evaluarse los centros educativos, los docentes, los contextos de aprendizaje, así como las políticas, programas y proyectos que buscan la mejora educativa.

Para comprender cabalmente la educación de un país y proponer mejoras, se requiere un enfoque sistémico y una teoría clara en torno a cómo, cada uno de los componentes de ese sistema, contribuye o no al mejoramiento de la educación en términos de aprendizajes, con indicadores de excelencia y equidad, que contribuyan al desarrollo y bienestar a nivel individual de cada persona, y de la sociedad como un todo.

De hecho, conocemos pocos casos en nuestra educación primaria y secundaria, donde se hayan realizado estudios, científicamente sustentados y con rigor técnico, para evaluar la efectividad de las políticas, programas y proyectos que se desarrollan para mejorar aspectos de nuestra educación. Este es definitivamente uno de los puntos urgentes que debe atender la agencia autónoma, pues ¿de qué nos sirve confirmar que la situación de los aprendizajes está mal, cuando no tenemos propuestas probadas, con evidencias científicas de efectividad, de programas y acciones educativas que permitan revertir la situación?

En este contexto, vale también mencionar que, aunque nuestro país ha estado participando en pruebas internacionales de alto nivel como PISA y ERCE, estos avances en participación no han generado propuestas de mejoramiento a partir de sus resultados, por parte de las autoridades correspondientes.  

  • Por otra parte, la macroevaluación no solo certifica, sino que debe también contar con objetivos formativos, en donde se busque corregir y mejorar, sin que haya consecuencias en la promoción del estudiantado. Precisamente porque su propósito varía, las pruebas estandarizadas realizadas con propósitos formativos, metodológicamente hablando, son diferentes a las realizadas con propósitos sumativos o de certificación.

Asimismo, es importante recordar en este punto que la macroevaluación no contempla las pruebas construidas en el aula por la persona docente, como parte de su quehacer, y utilizadas para la gestión de los procesos de aprendizaje con sus estudiantes.

  • Además, la nota numérica en una prueba estandarizada educativa debe venir acompañada de una descripción cualitativa detallada de los desempeños o aprendizajes que están asociados a dicho puntaje numérico. Ya sea para propósitos formativos o sumativos, esta descripción del desempeño es fundamental para lograr una interpretación adecuada de los resultados y que sean útiles para la toma de decisiones. Por cierto, que las pruebas nacionales de Bachillerato no cumplieron de manera consistente con este requisito básico, y de ahí que, a 30 años de existir, y con el cúmulo de datos que generaron, no se contó con la información necesaria para saber si mejoramos o empeoramos en ese período en cuanto a aprendizajes. Tampoco se aplicaron diseños de equiparación de puntajes para comparar el rendimiento en el tiempo y a través de poblaciones que reciben diferentes cuadernillos de examen.
  • También es imperativo que el público conozca que la evaluación educativa se sustenta en dos pilares fundamentales: Uno es el rigor científico y la transparencia metodológica, y el otro es la ética. En este contexto, es fundamental que las propuestas de mejoramiento se validen usando enfoques participativos y consultando directamente con las personas involucradas en el día a día de los retos educativos: estudiantes, docentes, padres y madres de familia, administrativos y equipos de asesores.

De hecho, consideramos que una de las primeras tareas de esta agencia o entidad deberá ser la definición y validación, con un enfoque participativo, de un conjunto clave de indicadores de excelencia y equidad educativas, que deberían ser generados año a año y conocidos por toda la sociedad para valorar los resultados de las diversas propuestas de mejoramiento. La misma tendencia de estos indicadores será un elemento fundamental para evaluar la efectividad de la agencia en cuanto al cumplimiento de sus objetivos.

Finalmente, afirmamos de manera contundente que nuestro país cuenta con un grupo amplio de personas formadas a nivel de posgrado, en evaluación de programas y evaluación educativa. Se trata de una nueva generación de profesionales y también de personas investigadoras que actualmente desarrollan con éxito sus carreras, y que creemos estarían gustosos de colaborar con esta entidad autónoma nacional.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

  • Dra. Susan Francis Salazar
  • Dra. Alicia E. Vargas Porras
  • Dra. Eiliana Montero Rojas
  • Dra. Yamileth González García
  • Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
  • Dra. Lupita Chaves Salas
  • Dra. Tania E. Moreira Mora
  • M.Ed. Melania Monge Rodríguez
  • Lic. Josefina Pujol Mesalles
  • Lic. Vera Sancho Mora
  • Dra. Virginia Ramírez Cascante

 

San José, 7 de setiembre, 2023.