Clara Ramírez Barat, Paula Alves y Michele Bravos/ Latinoamérica21

Entre 2002 y 2023, hubo 24 ataques contra escuelas en Brasil, con un saldo de 45 muertos y 137 heridos, según el Instituto Sou da Paz. En una democracia frágil -aunque en recuperación-, la disputa en el ámbito escolar está marcada por ideologías que privilegian el extremismo violento (motivado -entre otros factores- por el discurso del odio) y los intereses económicos. Sin una dirección gubernamental alineada con esta perspectiva, la práctica de la educación en derechos humanos puede quedar restringida a iniciativas aisladas, lo que supone una pérdida para la sociedad.

El 2023 sigue marcado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Según el Censo Escolar, las escuelas públicas brasileñas pasaron una media de 279 días cerradas en 2020, una cifra muy superior a la de Argentina (199) y Colombia (173). En 2021, se intentó implementar la modalidad híbrida, pero sin mucho éxito, especialmente en las escuelas públicas, donde los estudiantes de los últimos años de la educación primaria y secundaria tuvieron un promedio de 102 días de clases a distancia, en comparación con 38 días en las escuelas públicas.

Como han demostrado estudios locales y globales, el aislamiento social al que se ha sometido a los jóvenes en un momento crucial para su desarrollo ha generado impactos que van mucho más allá de los déficits de aprendizaje, alcanzando aspectos de la salud mental y la capacidad de socializar con sus pares. La escuela es esencial para la alteridad y refleja dinámicas sociales de conflicto y diálogo, representando una oportunidad única para experimentar la pertenencia. La negación de esta convivencia no fue sin consecuencias. El reto -que ya existía antes de la pandemia- de garantizar que el entorno escolar sea propicio para el aprendizaje con sentido crítico y la convivencia armoniosa entre las diferencias, se ha hecho aún mayor.

Nuevo fenómeno, vieja violencia

La violencia que se ha recrudecido con la reapertura de las aulas adopta formas diversas y afecta a muchos actores, como señala la UNESCO. Va desde el acoso escolar a las agresiones físicas y sexuales, perjudica a toda la comunidad escolar y causa diversos daños, como impactos en el rendimiento y absentismo escolar. El escenario se vuelve aún más complejo cuando la violencia adquiere una nueva dinámica: los ataques premeditados contra las escuelas.

Según el Instituto Sou da Paz, de los  24 ataques contra escuelas en Brasil, 12 ataques tuvieron lugar entre 2002 y 2021, seis en 2022 y otros seis sólo en el primer semestre de 2023. El crecimiento exponencial de estos episodios no sólo ha causado alarma social, sino también un sentido de urgencia para comprender este fenómeno, especialmente por parte de los gestores públicos, para producir una respuesta rápida y eficaz. Nos encontramos ante un tipo de violencia calificada como extremismo violento, protagonizada habitualmente por hombres jóvenes, blancos, heterosexuales y radicalizados.

Más importante que distinguir entre estos fenómenos, la violencia habitual y extrema que se produce en las escuelas y la violencia extremista contra las escuelas, es la percepción de cómo ambos están relacionados. Según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños de 2006, las escuelas crean y reproducen las condiciones políticas y socioeconómicas de cada contexto, así como los valores y las normas sociales imperantes, y “al ser víctimas, autores y testigos de la violencia, los niños aprenden que la violencia es un medio aceptable para que los fuertes y agresivos obtengan lo que quieren de los más frágiles, pasivos o pacíficos”.

Quizá por ello resulte un tan desalentador constatar que sólo cuando los efectos de esta violencia estructural afloran de forma aguda tomamos conciencia de su gravedad. Por muy comprensible que resulte este planteamiento, es necesario reconocer lo problemático que resulta construir políticas sobre la necesidad urgente de responder a una crisis.

La acción tardía es la reacción

Una reciente evaluación realizada por el Instituto Auschwitz en escuelas de São Paulo reveló que, antes de participar en un proyecto de la organización centrado en la educación para la ciudadanía, el 20% de los alumnos de los últimos cursos de primaria y secundaria no sabían qué eran los derechos humanos. Después de las actividades, el 47% aprendió sobre el tema, el 42% pudo explicar qué son los derechos humanos utilizando ejemplos y el 5% fue capaz de articular el concepto de dignidad humana.

Además de medir los cambios en los conocimientos, la evaluación puso de manifiesto transformaciones en valores, actitudes y aptitudes relacionadas con el respeto, la empatía, la convivencia y la participación democrática, de forma muy positiva. Estos resultados legitiman la importancia de la escuela como espacio de prevención y refuerzan lo que otras organizaciones ya han señalado: los esfuerzos funcionan y son imprescindibles para garantizar el ejercicio de la ciudadanía de forma plural e inclusiva. El extremismo violento promete precisamente lo contrario.

En referencia a la labor de prevención de crímenes atroces -que puede aplicarse de forma análoga al contexto de la violencia en las escuelas-, la prevención se producirá si somos capaces de reconocer las señales a tiempo. Actuar antes de reaccionar es la mejor opción. La acción centrada en responder a una crisis ya iniciada es menos diversa, menos eficaz y más cara. La mentalidad de reacción conduce a soluciones fragmentadas y políticas ad hoc, que responden a retos puntuales y no abordan un movimiento social complejo que exige soluciones integrales a largo plazo. Como consecuencia, se tiende a relajar la percepción de la urgencia del problema una vez superado el punto álgido de la crisis, lo que a menudo conduce a una inversión discontinua para abordar las causas reales del problema.

Las intervenciones educativas a largo plazo, con estrategias gubernamentales que cambien efectivamente la experiencia escolar, pueden ser un camino a seguir. Los resultados son graduales y lentos, y no sustituyen a las acciones de emergencia, ni pueden por sí solas evitar definitivamente que se produzca la violencia. Sin embargo, contribuirán sin duda a establecer sociedades más justas en las que estos fenómenos se produzcan cada vez menos y en las que los ciudadanos estén preparados para actuar antes, y mejor.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)connecting: bringing people together to overcome violence in schools, llevado a cabo por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://apoia.se/reconectar_escolas

 

Clara Ramírez Barat es Directora del Programa Warren de Políticas Educativas del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas (AIPG). Doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid.
Paula Alves es responsable del Programa Warren de Política Educativa en el AIPG. Máster en Educación y Desarrollo Internacional por la Universidad de Birmingham.
Michele Bravos es Directora Ejecutiva del Instituto Aurora para la Educación en Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).
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