¿Quién le teme al populismo?

El problema no está en el populismo, sino en las condiciones que hacen posible que los populistas se erijan como salvadores de las situaciones de crisis que sufren nuestros países

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil ha despertado la crítica al populismo que emerge en muchos países del nuevo y viejo mundo ¿Tiene alguna importancia esa crítica? Creo que no. Pólvora en zopilotes y mucha retórica inútil.

El problema no está en el populismo, sino en las condiciones que hacen posible que los populistas se erijan como salvadores de las situaciones de crisis que sufren nuestros países. Detrás de Bolsonaro está el fracaso de políticos tradicionales, defensores de la democracia permisiva que busca soluciones fáciles a problemas complejos. Sobre todo, subyace un patrón de corrupción y de iniciativas que han producido elefantiasis estatal y quiebra por soluciones sin sostenibilidad económica.

No necesitamos las voces de alarma anti-populismo. El rechazo a la democracia tradicional es evidente en los indicadores que, desde años, nos ha venido dando el Latinobarómetro. Veamos algunas del 2017:

Varios periodistas y analistas han citado el buen libro How democracies die (Cómo mueren las democracias), entre ellos el columnista Vargas Cullel (LN 17/10/2018) que concluye con la siguiente nota: no tengo duda de que mi país tiene comprados varios tiquetes de esa rifa: descontento ciudadano, sistema disfuncional, partidos en crisis, líderes ambiciosos dispuestos a jugar con fuego y hasta gritones demagogos. Sin embargo, a diferencia de las otras naciones, aún tenemos tiempo para elaborar respuestas democráticas para el peligro. Concuerdo en esto con Vargas Cullel y tengo desacuerdos con lo siguiente: “En estos tiempos (las democracias) mueren desde adentro por la erosión del régimen de libertades y derechos ciudadanos y de las instituciones del Estado de Derecho”. Estos son los componentes principales de las democracias liberales y una de sus grandes fortalezas.

La democracia no falla por eso. En nuestra región al menos, la fuente principal de efervescencia social reside en el bienestar material que se les niega a importantes sectores de la población y de la dignidad que ella permite. La clave parece ser el crecimiento económico que depende, no de la teoría económica, sino de las grandes decisiones políticas; la creciente desigualdad; el desempleo; y, la pobreza. Nuestro país tiene más de 1 millón de pobres y arrastramos uno de los más altos niveles de desigualdad de América Latina y el Caribe. Tenemos uno de los estados más grandes del mundo, que nos costó más de 20 millones en el 2015 (77% del PIB), pero vivimos en crisis por su enorme tamaño y también enormes niveles de ineficiencia. Hemos creado un Estado conformado por más de 330 entidades públicas y más de 300 mil funcionarios, totalmente inmanejable.

La democracia tiene fallas de todo tipo, pero hemos valorado mucho sus componentes liberales y hemos perdido la perspectiva del Estado como la empresa más compleja, entregada a políticos que carecen de las competencias apropiadas y cuya motivación, legítima, es electoral. Hay soluciones, pero, aparentemente, escapan de la capacidad de los políticos. En un artículo anterior hice referencia a dos elementos centrales de gestión pública: la dirección, cuyo contenido es esencialmente político; y, la ejecución, cuyo contenido es esencialmente técnico, o tecnológico. Este es un notable desequilibrio de la democracia, porque se aplican decisiones políticas a problemas esencialmente técnicos. Los políticos han fracasado en darnos Políticas de Estado, como elementos centrales de dirección y, en adición, han sido incapaces de ejecutarlas. Por ello tenemos interminables procesos que no producen resultados, o lo hacen en forma tardía y onerosa. La platina es un ingrato recuerdo de esta costosa ineficiencia y parte de un entorno propicio para el populismo.

¿Puede la democracia corregir este desequilibrio? ¿Puede nuestro Gobierno dotar a los políticos de expertos en diseño de Políticas de Estado que proporcionen las orientaciones para todas las entidades del Estado y los instrumentos de control por resultados? ¿Puede adoptar un mecanismo de selección técnico e independiente que sustituya el nombramiento de asesores por la vía del nepotismo y el amiguismo? ¿Puede adoptar una especie de segundo nivel de organización para la ejecución de las Políticas de Estado, manejado por gerentes profesionales altamente calificados, sujetos a control político, pero con un escudo protector de la politiquería? Me parece que todo esto es posible y altamente beneficioso para crear un sentimiento de unidad nacional en torno al Estado que queremos reconstruir y a los niveles superiores de bienestar que queremos alcanzar.

Piense usted, apreciado lector, en las consecuencias de estos cambios. Por ejemplo, los técnicos de la OCDE han llamado la atención sobre la banca pública, cuyos costos de intermediación supera en 100% la media de sus países miembros y los de la banca privada en la región. Una política pública bien diseñada fijaría los parámetros necesarios para que nuestros bancos recuperen la eficiencia y con ello sus objetivos originales: democratizar el crédito e impulsar el crecimiento. Procesos similares tendrían el efecto de articular los vastos recursos públicos hacia las metas globales de bienestar social, procurando la eficiencia del Gobierno Central, bancos estatales, ICE, Recope, Japdeva, CCSS, entre muchas otros.

Esto guarda relación con la función constitucional de Gobierno, que en nuestro Estado Unitario y en nuestro ordenamiento institucional es función del Poder Ejecutivo. En un artículo anterior hemos compartido una serie de citas jurídicas que refuerzan el papel del Poder Ejecutivo en la gestión de la totalidad de las entidades públicas, es decir, el Gobierno Central, las instituciones autónomas, las empresas públicas y el régimen municipal. Ejercerlo implica articular ese equivalente al 77% del PIB (más de 20 billones) que todos invertimos en el Estado. La autonomía la define nuestra constitución, en forma inequívoca, como administrativa. Según el artículo 188: “Las instituciones autónomas gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno…”). Mayor contundencia y claridad, imposible.

Por supuesto, este no es el espacio para repasar todas las medidas que podrían cubrir las falencias de la democracia. Ya tocamos en alguna oportunidad la posibilidad de alimentar el crecimiento económico con más $25 mil millones que el país tiene en reservas laborales y excedentes de las empresas públicas. Utilizados en un fondo rotatorio para obra pública, podría permitir la inyección de unos $2000 o $3000 millones anuales de inversión, suficientes para lograr el desarrollo pleno en una década.

Más importante, medidas como las mencionadas permitirían recuperar la confianza en nuestros políticos, eliminando así el sentimiento nacional de desconfianza y enojo con el “sistema”. Es la forma de quitar las semillas que alimentan al populismo y ponen en riesgo a la democracia. No sobra decir que algunas de las medidas que promueve la Administración Alvarado Quesada, como las comisiones sobre el Estado y la Administración Pública, podrían tocar problemas estructurales e impulsar el cambio que el país necesita.

 

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