Rafael Brenes Leiva.

Síntesis

En la segunda parte del documento “Contra la Socialdemocracia en Costa Rica”, se analiza la evolución de la socialdemocracia y el impacto del globalismo oficial en Costa Rica. Se distingue entre el globalismo neoliberal, enfocado en la apertura de mercados y la desregulación, y el globalismo oficial, que incluye una agenda social y cultural más amplia, reflejada en la Agenda 2030. Costa Rica, desde la administración de José María Figueres Olsen, ha integrado estos principios en sus políticas, destacándose en la sostenibilidad ambiental y la justicia social, aunque esto ha perpetuado ciertas desigualdades y dependencias económicas.

El documento critica cómo la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ha servido para gestionar las consecuencias del capitalismo global sin alterar sus fundamentos. La retórica progresista utilizada por estos partidos y sus burocracias, aunque promueve la equidad y la sostenibilidad, no cuestiona las estructuras de poder existentes, limitando el potencial transformador de estas políticas y perpetuando el estatus quo.

Además, se aborda la crisis del bipartidismo en Costa Rica, marcada por la emergencia de nuevos partidos como el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC), que buscan representar una alternativa a las políticas tradicionales. Estos partidos progresistas han promovido una agenda de justicia social e inclusión, aunque también han sido criticados por adoptar objetivos globales que pueden diluir sus propuestas transformadoras. La influencia de las élites económicas y la burocracia estatal en la política costarricense sigue siendo un factor determinante en la configuración de las políticas públicas y la dirección del desarrollo del país.

  1. El globalismo oficial y la socialdemocracia de Tercera Vía

En el análisis de la globalización en Costa Rica, es fundamental distinguir entre el globalismo neoliberal y el globalismo oficial. La distinción entre el globalismo neoliberal y el globalismo oficial radica principalmente en la extensión y naturaleza de sus agendas. Mientras que el globalismo neoliberal se centra en la apertura de mercados, la liberalización económica, la privatización de empresas estatales y la desregulación, el globalismo oficial integra además una extensa agenda de políticas sociales y culturales, encapsuladas en iniciativas como la Agenda 2030.

El globalismo neoliberal, promovido desde las décadas de 1980 y 1990, buscaba integrar las economías en el mercado global, promoviendo el libre comercio y la inversión extranjera directa. Las políticas neoliberales en Costa Rica se manifestaron en la liberalización del comercio y la desregulación de sectores económicos. Estas medidas, teóricamente basadas en la premisa de que el sector privado es más eficiente que el público, debían conducir a un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, la implementación de estas políticas también generó controversias, pues mientras estabilizaban la macroeconomía y atraían inversiones en sectores clave como el turismo y la tecnología, aumentaban la desigualdad y precarizaban las condiciones laborales.

El concepto de globalismo oficial se refiere a un enfoque que, aunque mantiene los principios económicos neoliberales de liberalización de mercados, privatización y ajuste fiscal, incorpora una agenda social y cultural mucho más amplia y ambiciosa. Este enfoque se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, con hitos importantes que han preparado el terreno para lo que hoy conocemos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desde el Informe Brundtland (1987), pasando por la Cumbre de la Tierra de Río (1992) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000), hasta la adopción de la Agenda 2030 en 2015, el discurso del desarrollo sostenible ha evolucionado significativamente.

El Informe Brundtland, titulado “Nuestro Futuro Común”, fue uno de los primeros documentos en establecer una conexión clara entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Este informe introdujo el concepto de desarrollo sostenible como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. Este principio ha servido de base para una serie de políticas y marcos internacionales que buscan equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y la justicia social.

La Cumbre de la Tierra de Río en 1992 fue otro hito importante, donde se adoptaron varios acuerdos internacionales, incluidos la Convención sobre el Cambio Climático y la Agenda 21, un plan de acción integral para el desarrollo sostenible. Esta cumbre no solo consolidó la idea de que los problemas ambientales y de desarrollo están interconectados, sino que también estableció un marco para la cooperación internacional en estas áreas.

En el año 2000, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por parte de las Naciones Unidas marcó un nuevo capítulo en el globalismo oficial. Los ODM se centraron en la reducción de la pobreza extrema, el hambre, la mortalidad infantil y maternal, y la expansión del acceso a la educación primaria, entre otros. Estos objetivos proporcionaron un enfoque estructurado y mensurable para abordar algunos de los problemas más acuciantes del mundo, y su implementación implicó una amplia cooperación internacional y un enfoque en el desarrollo humano.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, es la culminación de estos esfuerzos previos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la agenda son mucho más amplios y ambiciosos que los ODM. Abarcan áreas como la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la paz, y la prosperidad económica. La Agenda 2030 busca no solo erradicar la pobreza y el hambre, sino también asegurar una vida sana, una educación inclusiva y equitativa, la igualdad de género, la disponibilidad de agua y saneamiento para todos, el acceso a energía asequible y sostenible, el crecimiento económico sostenido y el empleo decente, entre otros.

El globalismo oficial, reflejado en la Agenda 2030, pretende imponer un conjunto de preceptos y objetivos homogéneos a nivel global, bajo la apariencia de cooperación y desarrollo. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por perpetuar la desigualdad y la dependencia económica, ya que muchas de sus políticas estandarizadas no abordan adecuadamente las realidades y necesidades específicas de las comunidades locales. Por ejemplo, las estrategias de desarrollo sostenible impulsadas por los ODS pueden no siempre ser adecuadas o efectivas en contextos locales específicos, donde las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales varían considerablemente.

En el caso de Costa Rica, entre 1994 y 2014, los gobiernos ya habían asumido los principios de los predecesores de los ODS, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las políticas de desarrollo sostenible promovidas en conferencias internacionales. Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la justicia social, integrando estas prioridades en sus políticas nacionales mucho antes de la adopción de la Agenda 2030.

Por ejemplo, durante la administración de José María Figueres Olsen (1994-1998), se promovieron políticas ambientales innovadoras y se fomentó el ecoturismo, posicionando a Costa Rica como un líder en conservación y desarrollo sostenible. Figueres Olsen impulsó inversiones en energías renovables, mejoró la infraestructura sanitaria y promovió la equidad de género y la inclusión social a través de diversas iniciativas. Estos esfuerzos reflejan un alineamiento temprano con los principios precursores de los ODS antes de su formalización.

El “socialismo globalista progresista” se manifiesta en la implementación de políticas que fomentan la cooperación internacional y la integración económica, pero también intentan abordar las desigualdades y desafíos globales como el cambio climático y la pobreza extrema. Este enfoque ha llevado a una sinergia entre la nueva socialdemocracia y el globalismo oficial, donde ambos se refuerzan mutuamente. La socialdemocracia aporta una dimensión ética y social a la globalización, buscando humanizar y hacer más equitativo el proceso de integración global, mientras que el globalismo proporciona el marco y los mecanismos para la implementación de estas políticas a escala mundial​​.

El globalismo oficial también incluye un fuerte componente ideológico y de propaganda que utiliza los medios de comunicación, las instituciones educativas y las industrias culturales para difundir su narrativa. Los currículos escolares y universitarios, por ejemplo, incluyen contenidos que subrayan los beneficios de la globalización y la necesidad de una economía global integrada. Las industrias culturales, como Hollywood y la música pop, promueven valores y estilos de vida que favorecen una visión homogénea y occidentalizada del mundo. Estos mecanismos consolidan la hegemonía cultural y económica de las potencias occidentales, promoviendo una estructura global que favorece a unos pocos a expensas de muchos​​.

El mandato de José María Figueres Olsen se caracterizó por su enfoque en la sostenibilidad y la diversificación económica, reflejando una evolución dentro del Partido Liberación Nacional (PLN) hacia una agenda más modernizadora y globalista. Figueres Olsen, consciente de los desafíos y oportunidades de la globalización, impulsó la eficiencia administrativa y promovió políticas ambientales innovadoras que posicionaron a Costa Rica como líder en conservación y desarrollo sostenible. Bajo su liderazgo, el país se destacó en el ámbito del ecoturismo, desarrollando un modelo que equilibraba el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente. Esta estrategia atrajo turistas de todo el mundo, generó empleo y fomentó el desarrollo local, con la creación de áreas protegidas y parques nacionales, fortaleciendo la legislación ambiental e incentivando la conservación de los recursos naturales.

Figueres Olsen también impulsó inversiones en energías renovables, posicionando a Costa Rica como un modelo en el uso de fuentes de energía limpia y renovable. Durante su mandato, se promovieron la energía hidroeléctrica, geotérmica y eólica, mejorando la seguridad energética del país y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Estas políticas sentaron las bases para que Costa Rica alcanzara niveles impresionantes de generación de energía renovable, siendo uno de los primeros países en operar con energía 100% renovable durante periodos prolongados. Además de la sostenibilidad ambiental, su administración se enfocó en la diversificación económica, fomentando el desarrollo de sectores como la tecnología de la información y las comunicaciones.

Su administración implementó políticas para atraer inversión extranjera en tecnología, creando zonas francas y parques tecnológicos que ofrecían incentivos fiscales y facilidades para las empresas del sector. Esto permitió la instalación de empresas tecnológicas multinacionales en el país, como Intel, lo que no solo diversificó la economía, sino que también generó empleos de alta calidad y estimuló el desarrollo de capacidades tecnológicas locales. Además, se promovió la reducción de la dependencia de las exportaciones tradicionales de productos agrícolas, como el café y el banano, fomentando la innovación y el valor agregado en la producción agrícola para mitigar los impactos de las fluctuaciones en los precios internacionales y estabilizar la economía, por ejemplo, con el cultivo de la piña, flores, plantas ornamentales y minivegetales.

La administración de Figueres Olsen avanzó en la agenda social, cultural y ambiental del globalismo oficial, integrando políticas de sostenibilidad, inclusión social y diversificación económica. Su capacidad para combinar el crecimiento económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental consolidó a Costa Rica como un líder mundial en estas áreas. En el ámbito social, se fortalecieron los sistemas de salud y educación, promoviendo iniciativas para mejorar la cobertura y calidad educativa, con un énfasis en la formación técnica y profesional. Se llevaron a cabo importantes inversiones en infraestructura sanitaria, se promovió la formación y capacitación de profesionales de la salud y se implementaron programas de atención primaria y preventiva para asegurar el acceso a servicios médicos básicos.

Finalmente, Figueres Olsen impulsó la modernización del sistema educativo con la “Política Educativa hacia el siglo XXI”, concebida para preparar a las jóvenes generaciones para los cambios globales. Esta política abarcaba aspectos académicos, valores éticos, ambientales, sociales y culturales. La Fundación Omar Dengo jugó un papel clave en la integración de tecnologías digitales en el currículo educativo, proporcionando acceso a computadoras y capacitación en habilidades digitales a niños y jóvenes. A pesar de los desafíos, como la huelga de maestros de 1995 en protesta contra las medidas de austeridad, estas políticas representaron un esfuerzo significativo para modernizar y mejorar el sistema educativo costarricense, adaptándolo a las exigencias de un mundo globalizado y en constante evolución.

El mandato de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) continuó con el proceso de liberalización y modernización económica, profundizando las reformas iniciadas por el PLN y continuadas por Calderón Fournier. Rodríguez Echeverría promovió la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera, consolidando el modelo económico basado en el libre mercado y la integración global. Su gobierno también impulsó la privatización de varias empresas estatales, incluyendo sectores clave como telecomunicaciones y electricidad. Aunque estas medidas buscaban mejorar la eficiencia y atraer inversiones, generaron controversia y oposición de varios sectores de la sociedad, temerosos de la pérdida de control estatal sobre servicios esenciales y el aumento de tarifas.

El intento de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) fue un claro ejemplo de la resistencia social a la venta de activos estratégicos del Estado. Las propuestas de privatización del ICE, encargado de electricidad y telecomunicaciones, y de RECOPE, responsable del petróleo y combustibles, generaron grandes protestas y huelgas. A pesar de la presión, estos sectores se mantuvieron bajo control estatal. En el sector financiero, la liberalización promovió la competencia y la entrada de bancos extranjeros, aunque la banca estatal continuó desempeñando un papel importante.

La administración de Rodríguez Echeverría se centró en la apertura comercial, firmando tratados de libre comercio como el acuerdo con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y negociaciones con Estados Unidos que culminarían en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). Estos acuerdos buscaban diversificar los mercados de exportación de Costa Rica y atraer inversión extranjera directa. Además, se impulsaron proyectos de modernización de infraestructura, como puertos, aeropuertos y carreteras, para mejorar la competitividad del país en el comercio internacional.

En el ámbito social, Rodríguez Echeverría implementó importantes reformas en educación y salud. En educación, se actualizaron los planes de estudio, se enfocó en la formación y desarrollo profesional de los docentes, y se modernizó la infraestructura escolar. La integración de tecnologías de la información y la comunicación en las aulas fue un componente crucial de las reformas educativas, con la Fundación Omar Dengo desempeñando un papel vital en la promoción de la alfabetización digital. Sin embargo, la falta de continuidad en las políticas educativas debido a cambios frecuentes en las directrices generó incertidumbre y fragmentación en la implementación de las reformas.

En salud, su gobierno impulsó programas de atención primaria y preventiva, así como inversiones en infraestructura sanitaria, mejorando la capacidad y eficiencia de hospitales y clínicas. Estas mejoras beneficiaron a un mayor número de costarricenses, aunque su administración también se vio empañada por el escándalo de corrupción conocido como el caso Fischel. Este caso involucró la compra de equipos médicos y medicamentos a precios inflados con la intermediación de la Corporación Fischel, y se descubrió que hubo sobornos y comisiones ilegales pagadas a funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a políticos, incluido el expresidente Rodríguez, quien fue acusado de recibir sobornos en relación con estos contratos.

El gobierno de Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006), también del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), representó una continuación y a la vez un cambio de rumbo en comparación con las administraciones anteriores. Su mandato estuvo marcado por un enfoque en la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la corrupción y la implementación de políticas sociales, en un contexto de crecientes desafíos económicos y sociales.

Abel Pacheco asumió la presidencia en un momento en que Costa Rica enfrentaba problemas económicos significativos, incluyendo un alto déficit fiscal y un creciente endeudamiento. Su administración implementó una serie de medidas de austeridad para controlar el gasto público y reducir el déficit fiscal. Estas medidas incluyeron recortes en el gasto gubernamental y reformas fiscales destinadas a aumentar los ingresos del Estado. Pacheco fue enfático en la necesidad de disciplina fiscal como base para un crecimiento económico sostenible y la estabilidad macroeconómica.

Abel Pacheco también hizo énfasis en la importancia de las políticas sociales. Durante su mandato, se implementaron programas destinados a mejorar la educación y la salud, y a reducir la pobreza. Su administración promovió la educación como un motor del desarrollo económico y social, implementando reformas para mejorar la calidad educativa y aumentar la cobertura. En el sector salud, se fortalecieron los programas de atención primaria y preventiva, con el objetivo de mejorar el bienestar general de la población.

En cuanto a las políticas económicas, Pacheco continuó promoviendo la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera, aunque con un enfoque más cauteloso en comparación con sus predecesores. Su administración estuvo involucrada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), que fue un tema controvertido y polarizador en el país. Pacheco apoyó el tratado como una forma de integrar a Costa Rica en la economía global y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, enfrentó una fuerte oposición de sindicatos, organizaciones sociales y académicos que temían que el tratado beneficiara desproporcionadamente a las grandes corporaciones y perjudicara a los productores locales y los trabajadores. Por tanto, eludió su ratificación, que tuvo que ser asumida por posterior el gobierno de Oscar Arias.

El mandato de Abel Pacheco no estuvo exento de controversias. A pesar de sus esfuerzos por promover la transparencia y combatir la corrupción, su administración enfrentó críticas por la percepción de que no se avanzó lo suficiente en estos frentes. Además, las medidas de austeridad y las políticas fiscales impopulares generaron descontento en varios sectores de la sociedad, que sentían que las reformas afectaban negativamente a los grupos más vulnerables.

En su segundo mandato (2006-2010), Óscar Arias Sánchez continuó promoviendo políticas de liberalización económica y modernización del Estado, con un enfoque en equilibrar el crecimiento económico con la justicia social. Arias desarrolló una visión estratégica que combinaba la apertura económica con un fuerte compromiso hacia la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Este enfoque, coherente con los principios de la globalización oficial, promovía la integración económica global junto con el desarrollo sostenible y la equidad social. Un componente central de su administración fue el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), ratificado por Costa Rica en 2007 mediante un referéndum, el cual posicionó al país como un actor importante en la economía regional y global.

El CAFTA-DR permitió a Costa Rica mantener y ampliar el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, aumentando significativamente sus exportaciones y diversificando sus destinos. Sectores clave como el agrícola, manufacturero y de servicios se beneficiaron de la reducción de aranceles y barreras comerciales, permitiendo una mayor diversificación de la economía costarricense. Además, el tratado creó un entorno más atractivo para la inversión extranjera directa, especialmente en los sectores de alta tecnología y manufactura avanzada. Sin embargo, el CAFTA-DR también enfrentó críticas por sus impactos negativos en ciertos sectores, como los pequeños agricultores y empresas locales, que tuvieron que competir con productos importados más baratos.

La crisis financiera global de 2008 impactó profundamente a Costa Rica, reduciendo la demanda de exportaciones, disminuyendo la inversión extranjera directa y contrayendo el turismo. Para mitigar estos efectos, el gobierno de Arias implementó un paquete de estímulo económico que incluyó medidas fiscales y monetarias para mantener la estabilidad económica y proteger el empleo. Se aumentó el gasto público en infraestructura, generando empleo y estimulando la actividad económica a corto plazo, mientras se mejoraba la competitividad a largo plazo. Además, se reforzaron las redes de protección social para apoyar a los sectores más vulnerables, con programas de asistencia social y recursos adicionales destinados a educación y salud.

Una de las controversias más significativas durante su segundo mandato fue la concesión minera de Crucitas a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. para desarrollar una mina de oro a cielo abierto. La decisión generó fuerte oposición de diversos sectores de la sociedad costarricense, preocupados por el uso de cianuro en el proceso de extracción y su potencial impacto ambiental, así como la pérdida del hábitat de la Lapa Verde. En 2010, la Sala Constitucional suspendió la concesión, citando la necesidad de estudios de impacto ambiental más exhaustivos, y en 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló definitivamente la concesión, dictaminando que el proyecto era incompatible con la legislación ambiental costarricense.

Arias también hizo un fuerte énfasis en la sostenibilidad ambiental, promoviendo políticas que posicionaron a Costa Rica como un líder mundial en conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Durante su mandato, se ampliaron las áreas protegidas y se fomentaron prácticas agrícolas y energéticas sostenibles, avanzando en la meta de ser un país carbono neutral. En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central de Costa Rica jugó un papel crucial al reducir las tasas de interés para estimular el crédito y el consumo, ayudando a mantener la liquidez en el sistema financiero y a apoyar a las empresas y consumidores afectados por la crisis.

El gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) marcó un hito en la historia política de Costa Rica, siendo la primera mujer en asumir la presidencia del país. Su administración se caracterizó por un enfoque en la seguridad ciudadana, la infraestructura, la sostenibilidad ambiental y la continuidad de las políticas neoliberales y de apertura económica iniciadas por sus predecesores.

Uno de los pilares de la administración de Chinchilla fue la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Bajo su mandato, se destinaron mayores recursos a las fuerzas policiales, se implementaron programas de prevención del delito y se promovió la cooperación con agencias internacionales para combatir el narcotráfico y otras formas de crimen transnacional. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la percepción pública sobre la inseguridad siguió siendo un desafío significativo. En el ámbito económico, Chinchilla continuó con las políticas de apertura comercial y atracción de inversión extranjera directa, firmando y promoviendo varios tratados de libre comercio para diversificar los mercados de exportación y fortalecer la competitividad de Costa Rica en la economía global.

Laura Chinchilla también se destacó por su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Su gobierno promovió políticas de conservación y desarrollo sostenible, fortaleciendo las iniciativas para la protección de la biodiversidad, el fomento de las energías renovables y la promoción del ecoturismo. Costa Rica, bajo su liderazgo, continuó siendo un referente mundial en sostenibilidad y conservación ambiental, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En el ámbito social, la administración de Chinchilla implementó diversas políticas para mejorar la calidad de vida de los costarricenses, promoviendo la inversión en educación y salud para reducir la pobreza y mejorar el bienestar general, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables.

Un desafío significativo durante su administración fue la crisis territorial con Nicaragua respecto a la Isla Portillos, conocida como la disputa de Isla Calero. La controversia surgió cuando Nicaragua inició trabajos de dragado en el río San Juan y la construcción de un canal en la zona de Isla Portillos, lo que Costa Rica argumentó que violaba su soberanía y causaba daños ambientales significativos. El gobierno de Chinchilla presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, logrando en 2015 una decisión favorable que reconoció la soberanía costarricense sobre la zona en disputa y ordenó a Nicaragua cesar sus actividades en el área.

A pesar de sus esfuerzos, el gobierno de Laura Chinchilla enfrentó varios desafíos y críticas. La percepción de inseguridad y el aumento de la criminalidad siguieron siendo problemas persistentes que afectaron la percepción pública de su gestión. Además, la ejecución de proyectos de infraestructura importantes enfrentó retrasos y problemas de financiamiento, lo que generó insatisfacción entre ciertos sectores de la población. En el ámbito económico, aunque se lograron avances en términos de crecimiento y atracción de inversiones, la desigualdad y la pobreza siguieron siendo problemas importantes en un contexto global incierto.

La transición del PLN hacia una socialdemocracia de tercera vía refleja la capacidad del partido para adaptarse a las dinámicas de la globalización, integrando no solo los aspectos económicos, sino también los culturales y sociales. Durante los mandatos de Óscar Arias y Laura Chinchilla, el PLN alineó sus políticas con lo que luego se llamarían Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas. Esto se reflejó en un compromiso renovado con la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y la inclusión social. Arias y Chinchilla implementaron políticas que promovieron la conservación ambiental, el uso de energías renovables y la promoción de derechos humanos. Estas políticas no solo buscaban mejorar la calidad de vida de los costarricenses, sino también posicionar a Costa Rica como un líder mundial en sostenibilidad y desarrollo inclusivo.

La socialdemocracia de tercera vía del PLN combina apertura económica con un fuerte compromiso hacia la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. A diferencia del modelo clásico, que se centraba en la intervención estatal directa y la protección de la industria nacional, la nueva socialdemocracia del PLN busca integrar a Costa Rica en la economía global mientras promueve un desarrollo equitativo y sostenible. Esto se refleja en la promoción de tratados de libre comercio, la atracción de empresas tecnológicas multinacionales y el enfoque en energías renovables y conservación ambiental. Además, el énfasis en la educación y la salud pública sigue siendo una constante, pero ahora dentro de un marco que también valora la equidad de género y los derechos humanos como componentes esenciales del desarrollo.

El concepto de “socialdemocracia de tercera vía” encapsula esta evolución. Este término se refiere a una adaptación moderna de los principios socialdemócratas tradicionales, integrando los desafíos y oportunidades de la globalización económica, social y cultural. La socialdemocracia de tercera vía se caracteriza por su capacidad de combinar las políticas clásicas de bienestar social con una apertura a las dinámicas globales, enfocándose en la sostenibilidad y la equidad global. En este sentido, el PLN ha recorrido un camino desde la socialdemocracia clásica, centrada en la intervención estatal y la nacionalización de industrias clave, hacia un modelo que integra principios neoliberales de globalización económica con un enfoque renovado en la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

La transición de Costa Rica de un modelo de socialdemocracia clásico a una forma de socialdemocracia globalizante puede compararse con las transformaciones similares que ocurrieron en Europa y América Latina, contextualizadas en los cambios políticos y económicos de los Estados Unidos. En Europa, la socialdemocracia clásica se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial con el establecimiento del Estado de bienestar. Países como Suecia, Alemania y el Reino Unido implementaron políticas que promovían la justicia social, la equidad económica y la protección de los derechos laborales, con una fuerte intervención estatal en la economía.

Sin embargo, a partir de la década de 1980, bajo la influencia del neoliberalismo promovido por figuras como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, muchos países europeos comenzaron a liberalizar sus economías. Este cambio incluyó la privatización de empresas estatales, la reducción del gasto público y la desregulación de los mercados. Sin embargo, a diferencia de muchos países en América Latina, Europa logró mantener un alto nivel de protección social, adaptando su modelo de Estado de bienestar a las nuevas realidades económicas sin desmantelarlo por completo.

En América Latina, el giro hacia el neoliberalismo fue más drástico y estuvo marcado por la crisis de la deuda de la década de 1980. Países como Argentina, Chile y México adoptaron políticas de ajuste estructural bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Estas políticas incluyeron la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. A diferencia de Europa, donde la transición fue más gradual y preservó gran parte del Estado de bienestar, en América Latina el impacto fue más profundo y desestabilizador, generando altos niveles de desigualdad y pobreza. Sin embargo, en la década de 2000, muchos países de la región comenzaron a revaluar estas políticas y a buscar un equilibrio entre el mercado y la intervención estatal, impulsados por gobiernos de izquierda que promovieron la justicia social y la equidad.

En Estados Unidos, el cambio hacia políticas neoliberales comenzó en la década de 1980 con la administración de Ronald Reagan, que promovió la desregulación, la reducción de impuestos y la disminución del gasto público en programas sociales. Este enfoque continuó en gran medida durante las siguientes décadas, a pesar de algunas excepciones como la administración de Bill Clinton en la década de 1990, que trató de implementar reformas moderadas en áreas como la asistencia social y la salud. La crisis financiera de 2008 provocó una revaluación de estas políticas, con un renovado interés en la regulación financiera y un mayor gasto público para estimular la economía.

Comparado con estos contextos, Costa Rica adoptó un enfoque más equilibrado en su transición hacia la socialdemocracia globalizante. Como hemos dicho ya, en las décadas de 1980 y 1990, bajo la administración de Luis Alberto Monge Álvarez y Óscar Arias Sánchez, el país implementó políticas de ajuste estructural y liberalización económica, similares a las adoptadas en otros países de América Latina. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus vecinos, Costa Rica logró preservar y fortalecer su Estado de bienestar, manteniendo un fuerte compromiso con la educación, la salud y la equidad social.

La administración de José María Figueres Olsen en la década de 1990 y las siguientes administraciones continuaron este enfoque equilibrado, integrando los principios de la globalización económica con un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Figueres Olsen, por ejemplo, promovió la diversificación económica y el desarrollo sostenible, posicionando a Costa Rica como un líder en conservación ambiental y energías renovables. Este enfoque no solo atrajo inversión extranjera y fomentó el crecimiento económico, sino que también mejoró la calidad de vida de los costarricenses.

Durante las administraciones de Óscar Arias Sánchez en su segundo mandato y Laura Chinchilla, Costa Rica alineó sus políticas a lo que son hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, promoviendo la equidad de género, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Este enfoque reflejaba una integración de la globalización cultural y social, similar a la adoptada por muchos países europeos, pero adaptada a las realidades y necesidades específicas de Costa Rica.

La capacidad del PLN para adaptarse a las dinámicas de la globalización, integrando principios económicos neoliberales con un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad ambiental y la justicia social, fue fundamental para mantener su relevancia y liderazgo en el panorama político costarricense a finales del siglo XX y principios del XXI. A medida que el partido ha evolucionado de un modelo socialdemócrata clásico a una socialdemocracia de tercera vía, ha demostrado su capacidad para navegar los desafíos cambiantes y promover un desarrollo equitativo y sostenible en un mundo interconectado.

Por otra parte, la relación evolutiva entre el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN) en Costa Rica ha sido fundamental para comprender la dinámica política del país. Ambos partidos han jugado roles cruciales en la configuración del panorama político costarricense, influenciando la dirección de las políticas económicas y sociales, y reflejando una convergencia ideológica que ha sido particularmente notable en ciertos periodos históricos.

El PUSC tiene sus orígenes en la democracia cristiana, una ideología que combina principios cristianos con una política social de mercado. Fundado en 1983, el PUSC surge como una amalgama de varios partidos políticos y movimientos sociales que compartían una visión común de justicia social basada en valores cristianos. Este enfoque humanista se tradujo en políticas que buscaban equilibrar el crecimiento económico con la protección de los más vulnerables, promoviendo una economía de mercado regulada por el Estado para asegurar un nivel de bienestar general.

Desde sus inicios, el PUSC se posicionó como un contrapeso al PLN, proponiendo una visión alternativa de desarrollo económico y social que enfatizaba la solidaridad y la subsidiariedad. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, especialmente desde los años 90, se observó una convergencia ideológica entre ambos partidos, particularmente en lo que respecta a las políticas económicas. Esta convergencia se hizo evidente cuando el PUSC adoptó muchas de las reformas económicas neoliberales promovidas por el PLN.

En el ámbito social, la convergencia entre el PUSC y PLN se manifestó en un compromiso compartido con la protección de los derechos sociales y la promoción de la equidad. Aunque el enfoque de ambos partidos difería en la retórica y en ciertos aspectos de la implementación, tanto el PUSC como el PLN abogaron por políticas de bienestar que incluían la expansión de los servicios de salud y educación, y programas de lucha contra la pobreza. Esta coincidencia en las políticas sociales refleja una adaptación a las demandas de la población y una respuesta a las crecientes desigualdades generadas por el modelo económico neoliberal.

La convergencia ideológica entre el PUSC y el PLN en políticas económicas y sociales puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, ambos partidos reconocieron la necesidad de modernizar la economía costarricense para integrarse en la economía global. Esto llevó a la implementación de políticas de liberalización económica, privatización de empresas estatales y atracción de inversión extranjera directa. Estas reformas, aunque inicialmente impulsadas por el PLN, fueron adoptadas y profundizadas por el PUSC durante las administraciones de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002). Estas administraciones promovieron la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica como pilares del desarrollo económico, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.

Durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), Costa Rica experimentó una convergencia ideológica significativa entre los principales partidos políticos, especialmente en lo que respecta a las políticas económicas y sociales. Esta convergencia puede atribuirse a varios factores interrelacionados.

En primer lugar, ambos partidos reconocieron la necesidad de modernizar la economía costarricense para integrarse plenamente en la economía global. La década de 1990 fue un período de intensas transformaciones económicas a nivel mundial, impulsadas por la globalización y el avance del neoliberalismo. En este contexto, tanto el PUSC como el PLN adoptaron políticas de liberalización económica, privatización de empresas estatales y atracción de inversión extranjera directa como estrategias clave para el desarrollo económico del país.

La convergencia ideológica entre el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN) en Costa Rica es un fenómeno significativo en la política costarricense. Ambos partidos, que históricamente representaron enfoques distintos en cuanto a la intervención estatal y el desarrollo económico, han transitado hacia una convergencia en sus políticas económicas y sociales, especialmente desde los años 90. Este proceso refleja una adaptación a las dinámicas de la globalización y la necesidad de modernizar la economía costarricense para integrarse plenamente en el mercado global.

En el ámbito social, la convergencia entre el PUSC y el PLN se refleja en un compromiso compartido con la protección de los derechos sociales y la promoción de la equidad. Ambos partidos abogaron por políticas de bienestar que incluían la expansión de los servicios de salud y educación, y programas de lucha contra la pobreza. Esta coincidencia en las políticas sociales refleja una adaptación a las demandas de la población y una respuesta a las crecientes desigualdades generadas por el modelo económico neoliberal. La adopción de estas políticas por parte del PUSC y el PLN indica un reconocimiento de la importancia de mantener un cierto nivel de bienestar social y de atender las necesidades básicas de la población, incluso en un contexto de liberalización económica.

El concepto de una “socialdemocracia globalizante” en Costa Rica encapsula esta convergencia ideológica. Este modelo representa una adaptación moderna de los principios socialdemócratas tradicionales, integrando los desafíos y oportunidades de la globalización económica, social y cultural. En este sentido, tanto el PUSC como el PLN han transitado desde una fuerte intervención estatal y protección de la industria nacional hacia un enfoque que combina apertura económica con un firme compromiso hacia la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esta transición les permitió a ambos partidos mantener su relevancia en el panorama político costarricense, adaptándose a las cambiantes realidades económicas y sociales mientras promueven un desarrollo inclusivo y sostenible.

Aunque el socialcristianismo en Europa y América Latina comparte principios fundamentales y ha seguido patrones similares en algunos aspectos, su desarrollo ha estado profundamente influenciado por los contextos específicos de cada región. En Europa, el socialcristianismo ha jugado un papel central en la construcción del Estado de bienestar y la integración europea, mientras que en América Latina ha enfrentado desafíos únicos relacionados con la desigualdad, la dependencia económica y la inestabilidad política. La convergencia hacia políticas neoliberales y la adaptación a las dinámicas de la globalización han sido comunes en ambas regiones, aunque con diferencias significativas en su implementación y resultados.

El socialcristianismo en Europa y América Latina ha seguido trayectorias que presentan tanto similitudes como diferencias significativas, influenciadas por contextos históricos, culturales y socioeconómicos diversos. En Europa, el socialcristianismo surgió como una respuesta a los desafíos del liberalismo económico y el socialismo, buscando un camino intermedio que combinara la justicia social con una economía de mercado regulada por el Estado. Los partidos socialcristianos en Europa, como la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Alemania, el Partido Popular en España, y la Democracia Cristiana en Italia, desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estos partidos promovieron la creación de Estados de bienestar sólidos, basados en los principios de subsidiariedad y solidaridad, que incluían amplios programas de seguridad social, educación y salud, financiados a través de impuestos progresivos. El socialcristianismo europeo abogó por la integración europea, apoyando la creación de instituciones como la Comunidad Económica Europea (CEE) y, posteriormente, la Unión Europea (UE), viendo en la cooperación y la unidad un medio para asegurar la paz y la prosperidad en el continente.

En América Latina, el socialcristianismo tuvo un desarrollo influenciado por el contexto socioeconómico y político particular de la región. Partidos como la Democracia Cristiana en Chile y el Partido Demócrata Cristiano en Venezuela buscaron implementar un modelo que equilibrara el desarrollo económico con la justicia social, en un entorno marcado por la desigualdad y la inestabilidad política. Al igual que en Europa, los socialcristianos latinoamericanos promovieron la justicia social y la solidaridad, pero enfrentaron desafíos únicos, como la dependencia económica, la pobreza y las dictaduras militares. En Chile, por ejemplo, la Democracia Cristiana, bajo el liderazgo de Eduardo Frei Montalva, implementó una serie de reformas sociales y económicas conocidas como la “Revolución en Libertad” durante la década de 1960, que buscaban modernizar el país y reducir las desigualdades. Estas políticas incluían la reforma agraria, la nacionalización parcial de la industria del cobre y la expansión de los servicios sociales.

En términos de convergencia con la globalización, el socialcristianismo en ambas regiones mostró adaptaciones a las nuevas realidades económicas y políticas. En Europa, los partidos socialcristianos comenzaron a adoptar políticas más neoliberales a partir de la década de 1980, bajo la influencia del auge del neoliberalismo y la globalización económica. Esta transición se reflejó en la liberalización de mercados, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público en programas sociales, aunque manteniendo un compromiso con los principios fundamentales de justicia social y solidaridad. En América Latina, algunos partidos socialcristianos también adoptaron políticas neoliberales en respuesta a las crisis de deuda y las presiones de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Sin embargo, esta adopción fue más desigual y enfrentó una mayor resistencia social debido a los altos niveles de desigualdad y pobreza en la región.

A pesar de estas similitudes, existen diferencias clave en cómo el socialcristianismo se desarrolló en cada región. En Europa, el socialcristianismo ha logrado mantener una presencia significativa en la política, adaptándose a los cambios socioeconómicos y manteniendo su relevancia en un contexto de creciente integración europea. En América Latina, la influencia del socialcristianismo ha sido más fluctuante, afectada por las recurrentes crisis económicas, la inestabilidad política y la competencia de otros movimientos políticos, tanto de izquierda como de derecha.

En Costa Rica, la integración de la globalización económica neoliberal fue esencial para estabilizar la economía costarricense y prepararla para competir en el mercado global. Políticas como la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la atracción de inversión extranjera directa permitieron modernizar la economía y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, estas reformas también generaron controversia y oposición, ya que algunos sectores de la sociedad percibieron que beneficiaban desproporcionadamente a las élites económicas y extranjeras, mientras aumentaban la desigualdad y precarizaban las condiciones laborales.

Los países que no han seguido las políticas de globalización económica neoliberal y han mantenido modelos más intervencionistas o cerrados han enfrentado desafíos significativos, incluidos problemas de inflación, recesión, desabastecimiento y crisis humanitarias. Si bien algunos han logrado mantener ciertos niveles de crecimiento o estabilidad a corto plazo, la falta de apertura y modernización económica ha llevado a consecuencias negativas a largo plazo, destacando la importancia de equilibrar la intervención estatal con la necesidad de integrarse en la economía global.

Los países que no siguieron las políticas de globalización económica neoliberal y optaron por modelos más intervencionistas o cerrados han tenido resultados variados, en su mayoría negativos. Venezuela es uno de los ejemplos más notables. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el país adoptó un modelo económico altamente intervencionista. Las políticas incluyeron la nacionalización de numerosas industrias, controles estrictos de precios y de cambio, y una fuerte intervención estatal en la economía. Estas medidas llevaron a una serie de problemas graves, como altos niveles de inflación, una recesión prolongada, desabastecimiento de bienes básicos y una crisis humanitaria. La economía venezolana se volvió extremadamente dependiente del petróleo, y cuando los precios del petróleo cayeron, la situación económica se deterioró rápidamente, exacerbando la crisis.

En Argentina, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se implementaron políticas económicas heterodoxas que incluyeron controles de capital, subsidios generalizados y una fuerte intervención estatal. Estas políticas generaron inicialmente un crecimiento económico significativo, pero con el tiempo resultaron en problemas económicos severos. La alta inflación, la devaluación del peso, y una creciente deuda externa llevaron a la economía argentina a repetidas crisis. La falta de confianza de los mercados internacionales y las políticas erráticas contribuyeron a la volatilidad económica y al deterioro de las condiciones de vida de muchos argentinos.

Por otro lado, Cuba ha mantenido un modelo económico socialista con una fuerte intervención estatal y control centralizado. La economía cubana ha enfrentado numerosas dificultades, incluyendo un bajo crecimiento económico, problemas de eficiencia y productividad, y limitaciones significativas en la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población. Las reformas económicas implementadas en los últimos años, que buscan introducir elementos de mercado y fomentar la inversión extranjera, han sido lentas y no han logrado revertir completamente la situación económica del país. La dependencia de la ayuda externa y las sanciones económicas internacionales han agravado los problemas.

En contraste, países que han adoptado políticas de globalización económica neoliberal, como Chile, han experimentado un crecimiento económico más sostenido y una mayor estabilidad macroeconómica. Chile implementó reformas de liberalización económica en las décadas de 1970 y 1980, reduciendo las barreras comerciales, privatizando empresas estatales y promoviendo la inversión extranjera. Estas políticas transformaron la economía chilena, que pasó a ser una de las más dinámicas y abiertas de América Latina. Sin embargo, estas reformas también han sido criticadas por generar desigualdades y no abordar adecuadamente las necesidades sociales, lo que ha llevado a protestas y demandas de reformas más inclusivas en los últimos años.

Uruguay, especialmente a partir del siglo XXI, ha seguido un modelo económico que combina elementos neoliberales con un fuerte compromiso con las políticas sociales. Durante las administraciones de los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica del Frente Amplio, Uruguay implementó reformas significativas para modernizar la economía y promover la inclusión social. Se adoptaron políticas de liberalización económica y atracción de inversión extranjera directa, y al mismo tiempo se fortalecieron los programas de bienestar social. Uruguay ha mantenido una sólida red de seguridad social, incluyendo salud pública universal y educación gratuita. Estas políticas han contribuido a un crecimiento económico estable y a la reducción de la pobreza y la desigualdad, posicionando a Uruguay como uno de los países más desarrollados y equitativos de América Latina. Uruguay ha logrado un modelo más equilibrado y exitoso, combinando apertura económica con un fuerte compromiso con la justicia social y la equidad. El enfoque en políticas progresistas y de bienestar social ha permitido a Uruguay mantener estabilidad y crecimiento.

Estas experiencias en América Latina muestran la importancia de la capacidad institucional y la implementación efectiva de políticas que no solo promuevan el crecimiento económico, sino que también aseguren una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo. En costa Rica, a medida que la economía se liberalizaba, tanto el PUSC como el PLN comenzaron a integrar principios de justicia social y equidad dentro de un marco global. La convergencia ideológica entre el PUSC y el PLN hacia una socialdemocracia globalizante puede entenderse como una respuesta a las demandas de modernización y globalización. Ambos partidos reconocieron la necesidad de integrar a Costa Rica en la economía global mientras mantenían un fuerte compromiso con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esta integración se ha manifestado en la promoción de tratados de libre comercio, la atracción de empresas tecnológicas multinacionales, y el enfoque en energías renovables y conservación ambiental.

La convergencia ideológica entre el PUSC y el PLN representa una adaptación a las dinámicas de la globalización económica y social, integrando los principios neoliberales de apertura económica con un renovado compromiso hacia la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esta transición refleja una evolución hacia una socialdemocracia de tercera vía, que combina las políticas clásicas de bienestar social con una apertura a las dinámicas globales, enfocándose en la sostenibilidad y la equidad global. En este sentido, la convergencia ideológica entre el PUSC y el PLN ha permitido a Costa Rica mantener su relevancia en el panorama político y económico, adaptándose a las cambiantes realidades globales mientras promueve un desarrollo inclusivo y sostenible.

La alternancia en el poder entre estos dos partidos durante las décadas de 1980 hasta mediados de la década del 2010 permitió una estabilidad política que fue fundamental para el desarrollo de Costa Rica. Cada cambio de administración no significaba un cambio radical en las políticas básicas del país, sino una continuidad con ajustes según la visión de cada partido. Esta estabilidad fue crucial en un contexto de crisis económicas internacionales y cambios políticos regionales.

El bipartidismo en Costa Rica también tuvo un impacto en la configuración del sistema electoral y la participación ciudadana. La competencia política se concentró principalmente entre el PLN y el PUSC, lo que llevó a una polarización de la política costarricense. Sin embargo, esta polarización fue, en muchos aspectos, “benigna”, ya que ambos partidos compartían un compromiso con los principios democráticos y el respeto por el Estado de derecho.

Costa Rica ha sido un ejemplo en la región por su compromiso con la democracia y el desarrollo sostenible, reflejado en varias dimensiones. En primer lugar, en la institucionalidad democrática, el país ha mantenido una sólida estructura institucional democrática, caracterizada por elecciones libres y justas, un sistema judicial independiente y una prensa libre, con una alternancia en el poder entre los principales partidos como constante, fortaleciendo la legitimidad del sistema político.

En segundo lugar, en el desarrollo sostenible, Costa Rica ha sido pionera en la implementación de políticas ambientales y de desarrollo sostenible, integrando la preservación de los recursos naturales, el fomento de las energías renovables y la promoción del ecoturismo en su modelo de desarrollo, un enfoque respaldado por ambos partidos tradicionales que han reconocido la importancia de un desarrollo económico que no comprometa las generaciones futuras.

Finalmente, en las políticas sociales, la inversión en educación y salud ha sido una prioridad para los gobiernos costarricenses, independientemente de su afiliación partidaria, resultando en altos niveles de alfabetización, esperanza de vida y calidad de vida en comparación con otros países de la región.

La convergencia ideológica de los principales partidos políticos en Costa Rica hacia una socialdemocracia globalista se enmarca en la implementación de una agenda globalista oficial. Esta agenda promueve políticas de ajuste estructural y liberalización económica en respuesta a las crisis económicas y las presiones internacionales. Ambos partidos han adoptado políticas que promueven la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido del país, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales.

  1. La crisis del bipartidismo

La crisis de los modelos socialdemócratas tradicionales y el bipartidismo en Costa Rica se manifestó en varios niveles. La concentración del poder en dos partidos principales llevó a una cierta rigidez en la política costarricense, limitando la aparición de nuevas fuerzas políticas y voces alternativas. Además, la corrupción y el clientelismo, problemas endémicos en muchos sistemas bipartidistas, también afectaron a Costa Rica, socavando la confianza pública en las instituciones políticas. Con el tiempo, el bipartidismo comenzó a mostrar signos de desgaste.

La evolución política de Costa Rica y la convergencia ideológica de sus principales partidos reflejan una adaptación a las cambiantes realidades económicas y sociales tanto a nivel nacional como global. La implementación de la agenda globalista oficial ha influido significativamente en las políticas económicas y sociales del país, promoviendo una integración en la economía global y un compromiso con la justicia social y la democracia. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de desafíos y controversias, destacando la necesidad de equilibrio entre las demandas de modernización económica y la preservación de la justicia social y la equidad.

La emergencia de nuevas fuerzas políticas y el creciente pluralismo reflejan una evolución continua en el panorama político costarricense, donde la demanda por mayor representación y diversidad de voces se vuelve cada vez más evidente. Costa Rica continúa navegando estos cambios con un enfoque en la sostenibilidad, la democracia y el desarrollo inclusivo, manteniéndose como un referente en la región en términos de gobernabilidad y desarrollo humano.

Por otra parte, a pesar de la convergencia en muchos aspectos, hay modulaciones y énfasis que diferencian los enfoques del PLN y el PUSC durante este periodo. El PLN, históricamente más asociado con el intervencionismo estatal y las políticas de bienestar, ha tendido a combinar la liberalización económica con un fuerte énfasis en la justicia social y la inversión en programas sociales. Esto se refleja en las administraciones de Óscar Arias Sánchez y José María Figueres Olsen, quienes promovieron la apertura económica junto con políticas de educación y salud robustas, y un compromiso con la sostenibilidad ambiental. Durante el gobierno de Laura Chinchilla, el PLN mantuvo su enfoque en combinar la apertura económica con un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental y las políticas sociales, además se destacó por su énfasis en la seguridad ciudadana y la modernización de la infraestructura, aspectos que fueron prioritarios en su administración.

Por otro lado, el PUSC, con sus raíces en la democracia cristiana, ha puesto un mayor énfasis en la responsabilidad fiscal, la eficiencia administrativa y la lucha contra la corrupción. Las administraciones de Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría destacaron por sus esfuerzos en la privatización de empresas estatales y la implementación de políticas de ajuste estructural, aunque también promovieron programas de bienestar social y mejoras en infraestructura. Abel Pacheco, también del PUSC, enfatizó la estabilidad macroeconómica y la lucha contra la corrupción, adoptando un enfoque más cauteloso en comparación con sus predecesores en cuanto a la apertura comercial.

Con el tiempo, el bipartidismo en Costa Rica comenzó a mostrar signos de desgaste. La emergencia de nuevos partidos y movimientos, especialmente en la primera década del siglo XXI, reflejó un creciente descontento con el sistema bipartidista y una demanda por mayor pluralismo y representación. Partidos como el Movimiento Libertario, el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) surgieron como alternativas, desafiando la hegemonía del PLN y el PUSC y marcando el inicio de una nueva era en la política costarricense.

Esta convergencia entre el PLN y el PUSC hacia una socialdemocracia globalizante no solo ha sido un reflejo de la necesidad de modernización económica y adaptación a las dinámicas globales, sino también una respuesta a las demandas de la sociedad costarricense por justicia social y sostenibilidad. A medida que Costa Rica avanza, la capacidad de estos partidos para integrar los principios de la globalización económica con un fuerte compromiso hacia la equidad y la sostenibilidad seguirá siendo crucial para el desarrollo inclusivo y sostenible del país.

A pesar de los beneficios del bipartidismo, este sistema también enfrentó críticas y desafíos. La concentración del poder en dos partidos principales llevó a una cierta rigidez en la política costarricense, limitando la aparición de nuevas fuerzas políticas y voces alternativas. Además, la corrupción y el clientelismo, problemas endémicos en muchos sistemas bipartidistas, también afectaron a Costa Rica, socavando la confianza pública en las instituciones políticas.

La influencia del poder económico y burocrático en la política costarricense ha sido un factor determinante en la configuración de las políticas públicas y en la dirección del desarrollo del país. La intersección entre las élites empresariales y financieras y los grupos de poder burocrático ha moldeado la toma de decisiones y ha definido en gran medida las prioridades del Estado.

El papel de las élites empresariales y financieras en Costa Rica se ha consolidado a lo largo de las últimas décadas. Estas élites, compuestas por grandes empresarios, banqueros y propietarios de medios de comunicación, han tenido una influencia significativa en la formulación de políticas económicas. Su capacidad para movilizar recursos, tanto financieros como mediáticos, les ha permitido ejercer una presión considerable sobre los gobiernos de turno para implementar reformas que favorezcan un ambiente de negocios favorable. Esto incluye políticas de desregulación, reducción de impuestos y privatización de empresas estatales, todas orientadas a fomentar la inversión y el crecimiento económico desde una perspectiva neoliberal.

Estas élites empresariales han tenido un acceso privilegiado a los círculos de poder político, lo que les ha permitido influir en la agenda legislativa y en la implementación de políticas públicas. La relación simbiótica entre el sector privado y el Estado ha generado un entorno donde las decisiones políticas frecuentemente reflejan los intereses de los grandes conglomerados económicos. La influencia de estas élites no se limita a la economía; también se extiende al ámbito social, donde a través de fundaciones y asociaciones, promueven iniciativas que moldean la opinión pública y orientan el discurso político hacia sus propios intereses.

Por otro lado, los grupos de poder burocrático también juegan un papel crucial en la política costarricense. Estos grupos, formados por altos funcionarios del gobierno, líderes sindicales y tecnócratas, tienen una agenda propia que, aunque a veces alineada con las élites empresariales, también responde a sus intereses específicos. La burocracia estatal en Costa Rica ha demostrado ser un actor influyente, particularmente en la implementación de políticas públicas y en la administración de los recursos del Estado.

Estos grupos burocráticos poseen un conocimiento técnico y una experiencia administrativa que les confiere un poder significativo en la toma de decisiones. A menudo, estos funcionarios no son elegidos democráticamente, lo que les permite mantener una continuidad y estabilidad en sus posiciones de poder, independientemente de los cambios en el gobierno. Su influencia se manifiesta en la formulación de políticas de largo plazo y en la ejecución de programas gubernamentales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos.

Además, los grupos de poder burocrático tienen sus propias agendas, que pueden incluir la defensa de los derechos laborales, la preservación de sus condiciones de trabajo y la expansión de sus áreas de influencia dentro del gobierno. Estas agendas pueden entrar en conflicto con las políticas promovidas por las élites empresariales, creando una dinámica de negociación y conflicto dentro del Estado. Sin embargo, también puede haber convergencia en ciertos puntos, como la modernización de la administración pública y la implementación de tecnologías de la información para mejorar la eficiencia gubernamental.

La interacción entre las élites empresariales y financieras y los grupos de poder burocrático ha creado un equilibrio de poder que define las políticas públicas en Costa Rica. Mientras que las élites buscan maximizar sus beneficios económicos a través de políticas neoliberales, los grupos burocráticos se enfocan en preservar y expandir su influencia dentro del aparato estatal. Esta relación de poder, aunque a veces conflictiva, ha sido fundamental para la estabilidad política y económica del país, pero también plantea desafíos en términos de equidad y justicia social.

La influencia del poder económico y burocrático en la política costarricense no solo se manifiesta en la configuración general de las políticas públicas, sino que también explica la dinámica de alternancia y la búsqueda de poder entre los dos principales partidos tradicionales. Esta alternancia en el poder es un reflejo de las estrategias divergentes y las agendas particulares que cada partido, respaldado por sus respectivas burocracias, ha perseguido a lo largo del tiempo.

Las burocracias del PLN y del PUSC han jugado un papel crucial en la estructuración de las políticas y en la configuración del escenario político del país. Aunque ambos partidos han mostrado una convergencia ideológica en políticas económicas y sociales, especialmente en términos de neoliberalismo y desarrollo sostenible, sus burocracias tienen objetivos y estrategias distintas para consolidar su poder.

En el caso del PLN, su burocracia ha estado históricamente vinculada a una visión de desarrollo económico basada en la intervención del Estado en la economía y la promoción de políticas sociales amplias. Esta burocracia, integrada por tecnócratas y funcionarios con una larga trayectoria en la administración pública, ha buscado mantener y expandir su influencia dentro del aparato estatal. El enfoque del PLN ha sido el de fortalecer las instituciones del Estado y asegurar que estas jueguen un papel central en la promoción del bienestar social y el desarrollo económico. Esto se ha reflejado en políticas de ajuste estructural en momentos de crisis, así como en programas de sostenibilidad y diversificación económica.

Por otro lado, la burocracia del PUSC ha tenido una orientación más hacia la promoción de políticas de mercado y la reducción del rol del Estado en la economía. Esta burocracia se ha caracterizado por su alineación con intereses empresariales y por impulsar reformas orientadas a la liberalización económica y la privatización de empresas estatales. Su búsqueda de poder se ha centrado en crear un ambiente favorable para la inversión privada y en reducir la intervención estatal, con la intención de fomentar un crecimiento económico sostenido basado en el mercado libre.

La alternancia en el poder entre el PLN y el PUSC puede ser entendida en parte por la capacidad de sus respectivas burocracias para movilizar recursos y construir coaliciones políticas que les permitan acceder y mantener el control del gobierno. Mientras que el PLN ha utilizado su red de tecnócratas y funcionarios públicos para implementar políticas que buscan equilibrar el desarrollo económico con la justicia social, el PUSC ha promovido un modelo de desarrollo más orientado al mercado, apoyado por su conexión con las élites empresariales.

Además, la alternancia en el poder ha sido facilitada por la capacidad de ambos partidos para adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y económicas del país. La burocracia del PLN ha mostrado flexibilidad en la implementación de políticas de ajuste estructural y sostenibilidad, mientras que la del PUSC ha sido efectiva en la promoción de reformas neoliberales en momentos de crisis económica. Esta adaptabilidad ha permitido a ambos partidos mantener su relevancia y competir eficazmente por el control del gobierno.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promovida por las Naciones Unidas, ha tenido un impacto significativo en la política costarricense, particularmente en la implementación y justificación de políticas por parte del PLN y PUSC. Esta agenda global se ha convertido en una referencia esencial para ambos partidos, que han encontrado en sus objetivos una guía ética y programática para sus políticas públicas.

La implementación de la Agenda 2030 en Costa Rica por parte del PLN y el PUSC ha seguido una línea que busca alinear las políticas nacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ambos partidos han adoptado esta agenda como un marco para justificar una amplia gama de políticas en áreas como la educación, la salud, la protección ambiental y el desarrollo económico. La justificación ética de la Agenda 2030 se basa en principios universales de justicia social, equidad y sostenibilidad, presentando estas políticas no solo como estrategias nacionales, sino como parte de un esfuerzo global mayor para lograr un futuro más justo y sostenible.

El PLN, con su tradición de socialdemocracia progresista, ha encontrado en la Agenda 2030 una herramienta para reafirmar sus compromisos históricos con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Políticas como la inversión en educación y salud, la promoción de energías renovables y la protección de los derechos laborales se han enmarcado dentro de los objetivos de la Agenda 2030, proporcionando una base ética y moral para su implementación.

El PUSC, aunque históricamente más conservador y orientado al mercado, también ha adoptado la Agenda 2030, aunque de una manera más pragmática. La adopción de los ODS por el PUSC se ha centrado en justificar políticas que fomenten el crecimiento económico sostenible, la reducción de la pobreza y la mejora de la infraestructura, integrando estos objetivos dentro de su enfoque de economía de mercado con sensibilidad social. La justificación ética del PUSC para la Agenda 2030 se apoya en la necesidad de equilibrar el crecimiento económico con la equidad social y la sostenibilidad ambiental, demostrando un compromiso con los principios globales de desarrollo sostenible.

La adopción de la Agenda 2030 por parte del PLN y el PUSC, puede ser interpretada, como una absorción de las críticas más moderadas por parte de la globalización oficial, diluyendo su capacidad para ofrecer alternativas verdaderamente transformadoras. Este proceso de absorción implica que, al integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus políticas, ambos partidos se alinean con una forma de globalización que, aunque se presenta como ética y sostenible, continúa operando bajo los parámetros del capitalismo global.

La crítica principal radica en que, en lugar de desafiar las estructuras económicas y políticas existentes, la adopción de la Agenda 2030 puede estar simplemente gestionando sus consecuencias. Es decir, las políticas promovidas bajo los ODS podrían estar diseñadas para mitigar los efectos negativos del capitalismo global sin cuestionar ni modificar las bases estructurales que generan desigualdad e injusticia social. Este enfoque puede resultar en una perpetuación del estatus quo, donde las políticas de sostenibilidad y justicia social actúan más como paliativos que como verdaderos agentes de cambio.

El PLN y el PUSC, al incorporar los ODS en sus plataformas, refuerzan una narrativa de desarrollo que es compatible con el modelo neoliberal predominante. Esta narrativa se centra en la modernización económica, la apertura al mercado global y la atracción de inversión extranjera, todo enmarcado dentro de una ética de sostenibilidad y justicia social. Sin embargo, esta ética puede ser superficial si no va acompañada de un cuestionamiento profundo de las relaciones de poder y de las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad.

Este fenómeno puede ser entendido a través del concepto de globalización oficial. La globalización oficial promueve una visión homogénea y universal del desarrollo, basada en principios que son presentados como inmutables y globalmente aplicables. Los ODS son un claro ejemplo de esta visión, ofreciendo un marco que, aunque progresista en apariencia, se alinea con los intereses del capitalismo global al no cuestionar sus fundamentos.

La absorción de las críticas moderadas por parte de la globalización oficial implica que las voces más radicales y transformadoras son neutralizadas o cooptadas. En lugar de presentar una oposición frontal al modelo neoliberal, el PLN y el PUSC adoptan una postura que busca mejorar y humanizar el capitalismo, sin transformar sus estructuras fundamentales. Esto se traduce en políticas que abordan síntomas y consecuencias, como la pobreza y la degradación ambiental, pero que no alteran las dinámicas de poder que las causan.

En este contexto, la adopción de la Agenda 2030 puede ser vista como una forma de gestionar las demandas sociales y ambientales sin alterar el orden económico establecido. Las políticas de sostenibilidad, equidad de género y justicia social promovidas bajo los ODS son importantes, pero si no están acompañadas de un cuestionamiento y transformación de las estructuras económicas y políticas subyacentes, su impacto será limitado y superficial.

Esta crítica sugiere que, aunque el PLN y el PUSC puedan promover políticas progresistas en apariencia, están operando dentro de un marco que limita su capacidad para lograr un cambio real y profundo. La globalización oficial, al absorber y neutralizar las críticas moderadas, perpetúa una forma de desarrollo que gestiona las desigualdades y las injusticias en lugar de erradicarlas. Por tanto, para que estos partidos ofrezcan verdaderas alternativas transformadoras, necesitarían ir más allá de la gestión de las consecuencias del capitalismo global y abordar las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y la injusticia social.

Por otra parte, los partidos progresistas han desempeñado un papel significativo en la configuración del panorama político contemporáneo, con el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) destacándose como los principales exponentes de esta corriente. Ambos partidos han emergido como alternativas a los partidos tradicionales, buscando promover políticas de justicia social e inclusión en un contexto marcado por las desigualdades económicas y sociales.

El Frente Amplio (FA) se ha consolidado como el partido de izquierda más prominente de Costa Rica, abogando por una agenda política que incluye la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente. Fundado en 2004, el FA ha buscado representar a los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense, oponiéndose a las políticas neoliberales que, según sus críticos, han exacerbado las desigualdades y la exclusión social. En este sentido, el FA ha promovido reformas profundas en áreas clave como la educación, la salud y la protección social, buscando fortalecer el rol del Estado como garante de los derechos ciudadanos.

Por su parte, el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en 2000, ha jugado un papel crucial en la política costarricense, especialmente con la elección de Luis Guillermo Solís en 2014 y Carlos Alvarado en 2018 como presidentes de la República. El PAC se ha caracterizado por su enfoque en la transparencia, la lucha contra la corrupción y la inclusión social. A diferencia del FA, el PAC ha adoptado una postura más moderada, buscando equilibrar las políticas de mercado con una fuerte agenda de justicia social. Este enfoque ha permitido al PAC captar el apoyo de amplios sectores de la clase media, que buscan una política que combine eficiencia económica con sensibilidad social.

Ambos partidos han promovido políticas de justicia social e inclusión, aunque desde enfoques distintos. El FA ha sido más radical en su crítica al modelo neoliberal, proponiendo alternativas que buscan una transformación estructural de la economía costarricense. Esto incluye políticas redistributivas, la defensa de los derechos laborales y la protección del medio ambiente como pilares de un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. En contraste, el PAC ha centrado sus esfuerzos en fortalecer las instituciones democráticas, promover la equidad de género, y mejorar la calidad y el acceso a los servicios públicos.

Las políticas de justicia social e inclusión promovidas por el FA y el PAC se han materializado en diversas iniciativas legislativas y ejecutivas. Por ejemplo, el FA ha impulsado proyectos de ley para aumentar el salario mínimo, garantizar la educación gratuita y de calidad, y proteger los derechos de las comunidades indígenas. Asimismo, ha defendido una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, buscando democratizar el poder y reducir la influencia de las élites económicas.

El PAC, en su administración, ha reforzado programas de becas para estudiantes de bajos recursos, ha promovido la igualdad de género mediante políticas públicas y ha fortalecido los sistemas de salud y educación. Durante el gobierno de Carlos Alvarado, se aprobó la ley para el matrimonio igualitario, un hito en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Costa Rica. Además, el PAC ha impulsado políticas ambientales progresistas, como la descarbonización de la economía, posicionando a Costa Rica como un líder global en sostenibilidad.

La relación entre estos partidos progresistas y la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas también es notable. Ambos partidos han integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus programas políticos, buscando alinear sus políticas nacionales con las metas globales de erradicación de la pobreza, reducción de desigualdades y protección del planeta. Sin embargo, al igual que en el caso del PLN y el PUSC, existe la crítica de que esta adopción puede ser superficial si no se acompañan de medidas estructurales profundas que cuestionen las bases del sistema económico global.

La capacidad del globalismo oficial para cooptar a los sectores más críticos es un mecanismo fundamental que permite al sistema capitalista pervivir sin alteraciones estructurales significativas. Este fenómeno se manifiesta a través del uso de la retórica progresista por parte de las élites y las dinámicas de poder que operan en contextos nacionales como el de Costa Rica.

El uso de la retórica progresista por parte de las élites plutocráticas es una estrategia clave para neutralizar las críticas al sistema y mantener el statu quo. Las élites empresariales y financieras adoptan discursos y políticas que aparentan alinearse con los valores de justicia social, equidad y sostenibilidad. Esta retórica progresista se presenta como un compromiso genuino con el cambio social, pero en realidad, sirve para gestionar las demandas y las tensiones sociales sin alterar las estructuras fundamentales del capitalismo.

El uso de la retórica progresista por parte de las élites plutocráticas se extiende a la implementación de programas y proyectos que, aunque puedan tener efectos positivos a corto plazo, no cuestionan ni modifican las estructuras de poder existentes. Por ejemplo, las iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE) y las inversiones en sostenibilidad ambiental pueden mejorar la imagen pública de las corporaciones y ofrecer beneficios tangibles a las comunidades locales. No obstante, estas iniciativas suelen ser limitadas en alcance y profundidad, evitando abordar las causas sistémicas de la desigualdad y la explotación.

Las dinámicas de poder en Costa Rica reflejan cómo esta cooptación se materializa en el ámbito político. Los partidos tradicionales, como el PLN y el PUSC, así como los progresistas, como el FA y el PAC, han integrado los ODS en sus plataformas políticas. Esta integración permite a los partidos proyectar una imagen de modernidad y compromiso con los valores globales de justicia y sostenibilidad. Sin embargo, la adopción de estos objetivos también implica una aceptación implícita de los marcos y las limitaciones del capitalismo global.

En este contexto, las élites económicas y políticas utilizan su influencia para moldear la agenda política de manera que se mantengan las estructuras de poder. La capacidad de movilizar recursos, tanto financieros como mediáticos, permite a estas élites definir las prioridades políticas y económicas del país. Así, mientras se promueven políticas progresistas en apariencia, las decisiones fundamentales siguen favoreciendo los intereses de las élites, perpetuando las desigualdades y la concentración de poder.

Las dinámicas de poder en Costa Rica también revelan la interdependencia entre las élites económicas y la burocracia estatal. Los altos funcionarios públicos y los tecnócratas, que a menudo se mueven entre roles en el sector privado y el gobierno, desempeñan un papel crucial en la implementación de políticas que reflejan los intereses de las élites. Esta interdependencia refuerza un ciclo en el que las reformas y las políticas públicas, aunque progresistas en retórica, son diseñadas para minimizar el impacto en las estructuras de poder y maximizar los beneficios para los actores más influyentes.

El fenómeno de cooptación de las críticas más moderadas también se manifiesta en cómo se gestionan las demandas de los movimientos sociales y las organizaciones de base. Las élites utilizan su poder para integrar a los líderes y las organizaciones más críticos en procesos institucionales que, si bien pueden ofrecer ciertas concesiones, no desafían el orden establecido. Esta integración puede tomar la forma de diálogos sociales, comisiones consultivas y participación en la implementación de proyectos de desarrollo, que ofrecen una apariencia de inclusión y participación democrática, pero que en última instancia sirven para contener y neutralizar las demandas más radicales.

También, desde principios del siglo XXI, Costa Rica ha visto el surgimiento y desarrollo de partidos políticos de derecha y liberales que se diferencian significativamente de los tradicionales del PLN y del PUSC. Estos nuevos partidos han emergido en un contexto de crisis del bipartidismo, donde la concentración del poder en dos partidos principales (PLN y PUSC) llevó a una cierta rigidez en la política costarricense, limitando la aparición de nuevas fuerzas políticas y voces alternativas.

Entre los partidos de derecha y liberales más destacados se encuentran el Movimiento Libertario, y más recientemente, el Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Nueva República. Estos partidos han surgido en respuesta a la insatisfacción con el bipartidismo y han buscado representar una alternativa que aboga por políticas más alineadas con el liberalismo económico y una menor intervención del Estado en la economía.

Fundado en 1994, el Movimiento Libertario se ha caracterizado por su fuerte énfasis en la liberalización económica, la reducción del tamaño del Estado y la promoción de la iniciativa privada. Este partido emergió en un contexto de creciente descontento con el bipartidismo y las políticas tradicionales del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que, aunque habían promovido la modernización económica y la justicia social, también enfrentaban críticas por corrupción, clientelismo y rigidez institucional.

El Movimiento Libertario se posicionó como una alternativa radicalmente diferente, promoviendo principios del liberalismo clásico y el neoliberalismo. Su plataforma se centra en la idea de que el Estado debe tener un rol mínimo en la economía, permitiendo que las fuerzas del mercado y la iniciativa privada sean los principales motores del desarrollo económico. Este enfoque contrasta significativamente con las políticas más intervencionistas y de bienestar social de los partidos tradicionales.

El Movimiento Libertario aboga por una economía abierta y competitiva, donde las barreras comerciales sean eliminadas para facilitar el libre intercambio de bienes y servicios. Esto incluye la reducción de aranceles, la eliminación de restricciones a la inversión extranjera y la promoción de acuerdos de libre comercio. La idea es que un mercado libre y sin trabas permite una asignación más eficiente de los recursos, fomenta la innovación y aumenta la competitividad internacional de la economía costarricense.

Una de las propuestas más distintivas del Movimiento Libertario es la reducción del tamaño del Estado. Esto implica una disminución significativa del gasto público, la eliminación de programas gubernamentales considerados innecesarios y la reducción del aparato burocrático. La filosofía detrás de esta propuesta es que un Estado más pequeño es más eficiente y menos propenso a la corrupción y al clientelismo. Además, se argumenta que la reducción del gasto público liberaría recursos que podrían ser utilizados más productivamente por el sector privado.

El partido ha sido un ferviente defensor de la privatización de empresas estatales. Argumenta que las empresas estatales tienden a ser ineficientes debido a la falta de competencia y los incentivos inadecuados. La privatización, según esta visión, no solo mejoraría la eficiencia y la calidad de los servicios, sino que también reduciría la carga financiera sobre el Estado. Ejemplos de sectores que el Movimiento Libertario ha propuesto privatizar incluyen la electricidad, el agua y las telecomunicaciones.

Otra propuesta clave es la reducción de los impuestos. El Movimiento Libertario sostiene que los impuestos altos desincentivan la inversión y el trabajo, y que una menor carga impositiva estimularía el crecimiento económico al dejar más recursos en manos de las empresas y los individuos. Proponen simplificar el sistema tributario y reducir las tasas impositivas, particularmente sobre la renta y las empresas.

La apertura comercial es vista como un medio para integrar a Costa Rica más plenamente en la economía global. Al fomentar el libre comercio, el Movimiento Libertario busca aprovechar las ventajas comparativas del país, aumentar la competitividad y atraer inversión extranjera. Esto, en teoría, debería conducir a un mayor crecimiento económico y a una mejora en los niveles de vida.

El enfoque del Movimiento Libertario contrasta marcadamente con las políticas más intervencionistas del PLN y el PUSC. Mientras que el PLN ha combinado la liberalización económica con un fuerte énfasis en la justicia social y la sostenibilidad, promoviendo programas sociales amplios y políticas de bienestar, el Movimiento Libertario ve estas políticas como obstáculos para el desarrollo económico. Para el Movimiento Libertario, el bienestar social debe ser una consecuencia del crecimiento económico impulsado por el mercado y no de la intervención estatal.

El PUSC, aunque ha promovido la responsabilidad fiscal y la eficiencia administrativa, también ha mantenido un compromiso con ciertos programas de bienestar y políticas de ajuste estructural que incluyen la privatización, pero de una manera más moderada y menos radical que el Movimiento Libertario. El énfasis del PUSC en la lucha contra la corrupción y la eficiencia administrativa también se alinea en algunos aspectos con las propuestas libertarias, aunque con un enfoque menos extremo.

El Movimiento Libertario ha tenido un impacto significativo en el debate político costarricense, introduciendo ideas y propuestas que han obligado a otros partidos a reconsiderar y ajustar sus propias políticas. Sin embargo, sus propuestas también han sido objeto de críticas. Los detractores argumentan que una reducción drástica del Estado y la privatización pueden llevar a la erosión de servicios públicos esenciales, aumentar la desigualdad y dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, la experiencia de otros países ha mostrado que la privatización y la liberalización sin una regulación adecuada pueden conducir a monopolios privados y a la explotación de los consumidores.

Además del Movimiento Libertario, otro partido liberal que ha ganado relevancia en Costa Rica es el Partido Liberal Progresista (PLP). Fundado en 2016, el PLP se ha establecido como una fuerza significativa en la política costarricense, promoviendo una agenda que combina liberalismo económico con progresismo social. Bajo el liderazgo de figuras como Eli Feinzaig, el PLP ha atraído a votantes que buscan una alternativa moderna y pragmática a los partidos tradicionales y a las propuestas más radicales del Movimiento Libertario.

Ambos partidos promueven la liberalización económica y la reducción de la carga impositiva, pero el Movimiento Libertario adopta una postura más radical en la reducción del tamaño del Estado y la privatización de empresas estatales. En cambio, el PLP propone una reforma del sector público para hacerlo más eficiente sin desmantelar los servicios esenciales. Además, el PLP se distingue por su fuerte compromiso con el progresismo social, incluyendo la defensa de los derechos civiles, la equidad de género y la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Este enfoque es menos prominente en la agenda del Movimiento Libertario, que se centra en la economía y no pone tanto énfasis en las cuestiones sociales progresistas.

El PLP también promueve políticas ambientales sostenibles, reconociendo la importancia de proteger los recursos naturales de Costa Rica. Este enfoque es menos destacado en la agenda del Movimiento Libertario, que se enfoca más en la desregulación y la liberalización económica. Es decir, mientras ambos partidos comparten una visión de liberalización económica y reducción de impuestos, el Movimiento Libertario adopta una postura más radical en la reducción del Estado y la privatización, mientras que el Partido Liberal Progresista busca equilibrar estas reformas con un fuerte compromiso con el progresismo social y la sostenibilidad ambiental. Esta combinación de liberalismo económico con progresismo social hace que el PLP sea una alternativa atractiva para los votantes que buscan un enfoque más moderado y equilibrado.

Por otra parte, el Partido Nueva República, liderado por Fabricio Alvarado, se ha posicionado como una fuerza política de derecha con un fuerte componente conservador en lo social y liberal en lo económico. Alvarado, quien se destacó en las elecciones de 2018, ha promovido políticas de libre mercado y una agenda basada en valores tradicionales y religiosos.

Fabricio Alvarado emergió en la escena política costarricense como una figura carismática y controvertida, capitalizando el descontento de una parte significativa de la población con las políticas liberales y progresistas del PAC, especialmente en temas de derechos civiles y sociales como el matrimonio igualitario y los derechos LGBTQ+. Su candidatura en 2018 sorprendió a muchos al obtener una gran cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que reflejó un movimiento conservador latente en el país.

El Partido Nueva República se distingue por su firme adhesión a los valores tradicionales y religiosos. Este enfoque ha resonado particularmente con sectores evangélicos y católicos conservadores que se sienten alienados por las políticas progresistas en temas de género y familia promovidas por el PAC y el FA. Alvarado y su partido han defendido públicamente la importancia de los valores familiares tradicionales, la oposición al matrimonio igualitario y la resistencia a la educación sexual inclusiva en las escuelas. Este posicionamiento ha permitido a Nueva República consolidar una base de apoyo sólida entre los votantes conservadores que priorizan estas cuestiones.

En el ámbito económico, el Partido Nueva República promueve políticas de libre mercado, abogando por una mayor liberalización de la economía, reducción de impuestos y desregulación. Estas políticas están alineadas con la visión de que el crecimiento económico y la prosperidad se logran mejor mediante la iniciativa privada y una intervención mínima del Estado en la economía. Alvarado ha enfatizado la necesidad de crear un entorno favorable para la inversión extranjera y el emprendimiento, argumentando que estas medidas son esenciales para generar empleo y mejorar la competitividad de Costa Rica en el mercado global.

La irrupción de Nueva República en el panorama político costarricense ha tenido un impacto significativo. Ha polarizado el debate público y ha obligado a otros partidos a abordar más directamente las preocupaciones de los votantes conservadores. Al mismo tiempo, ha generado una discusión más amplia sobre el papel de la religión en la política y los límites de las políticas liberales en un país con una diversidad de opiniones y creencias.

El ascenso de Fabricio Alvarado y el Partido Nueva República refleja un fenómeno más amplio de realineamiento político en Costa Rica, donde las tensiones entre liberalismo económico, valores conservadores y progresismo social se manifiestan con fuerza. La capacidad de Nueva República para mantener y expandir su base de apoyo dependerá de su habilidad para equilibrar estos elementos y responder a los desafíos económicos y sociales del país. Mientras tanto, su presencia continúa desafiando el statu quo y contribuyendo a una mayor pluralidad y dinamismo en el escenario político costarricense.

La aparición de estos nuevos partidos también refleja un creciente descontento con el sistema bipartidista y una demanda por mayor pluralismo y representación. La política costarricense se ha vuelto más diversa, con un mayor número de actores políticos que representan una amplia gama de ideologías y propuestas. Este pluralismo político es una respuesta a la rigidez y las limitaciones del bipartidismo, así como a los problemas de corrupción y clientelismo que han afectado la confianza pública en las instituciones tradicionales. En este nuevo escenario, los partidos de derecha y liberales han capitalizado el descontento con el statu quo, atrayendo a votantes que buscan alternativas más alineadas con el liberalismo económico y una menor intervención del Estado.

Estos partidos han desafiado la hegemonía del PLN y el PUSC, marcando el inicio de una nueva era en la política costarricense caracterizada por un mayor pluralismo y una competencia más diversa. La influencia del poder económico y burocrático en la política costarricense ha sido un factor determinante en la configuración de estas nuevas fuerzas políticas, que han buscado representar los intereses de sectores que sienten que sus necesidades no son adecuadamente abordadas por los partidos tradicionales.

Por último, la crisis del bipartidismo en Costa Rica también obedece a una crítica, no siempre bien fundamentada y evaluada, por parte de los votantes. Esta crítica ha llevado a un desencanto con los partidos tradicionales y ha fomentado la búsqueda de alternativas políticas. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. En varios países de América Latina, la insatisfacción con los modelos tradicionales de gobierno ha conducido a un giro hacia el populismo de izquierda, lo que ha tenido consecuencias significativas para su desarrollo político y económico.

Países como Venezuela, Colombia, Perú y Chile, que en algún momento se destacaron por su prosperidad y estabilidad, han visto cómo el descontento popular ha sido canalizado hacia movimientos y líderes populistas de izquierda. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro ha llevado al país a una crisis económica y social sin precedentes, marcada por la hiperinflación, la escasez de bienes básicos y una significativa pérdida de derechos democráticos.

Colombia y Perú han experimentado también un aumento en la popularidad de candidatos y partidos populistas de izquierda, aunque con diferentes grados de impacto en sus sistemas políticos y económicos. En Chile, el estallido social de 2019 y las subsecuentes demandas de una nueva constitución han reflejado un fuerte descontento con el modelo neoliberal, llevando al surgimiento de liderazgos y movimientos que buscan cambios profundos en la estructura política y económica del país.

Este giro hacia el populismo de izquierda, impulsado por el desencanto con los partidos tradicionales y las promesas de un cambio radical, ha tenido efectos variados en la región. Mientras algunos argumentan que estos movimientos han permitido una mayor inclusión social y han dado voz a sectores históricamente marginados, otros señalan que han contribuido a la inestabilidad política, el deterioro económico y la erosión de las instituciones democráticas.

La experiencia de estos países destaca la importancia de evaluar críticamente las alternativas políticas y considerar las posibles consecuencias a largo plazo de los cambios radicales. La crisis del bipartidismo y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas en Costa Rica deben ser entendidos en este contexto, reconociendo tanto las oportunidades como los riesgos asociados con la búsqueda de nuevas soluciones políticas.

Conclusiones

Los Estados-nación se adaptan a las fuerzas globalizadoras mientras intentan mantener un compromiso con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La distinción entre el globalismo neoliberal y el globalismo oficial es crucial para entender esta dinámica. Mientras el globalismo neoliberal se centra en la apertura de mercados, la liberalización económica y la desregulación, el globalismo oficial incorpora una agenda social y cultural más amplia, encapsulada en iniciativas como la Agenda 2030. Este enfoque dual ha permitido a Costa Rica estabilizar su economía, atraer inversiones y posicionarse como un líder en sostenibilidad ambiental, aunque también ha perpetuado ciertas desigualdades y dependencias económicas.

La adopción de la Agenda 2030 y la integración de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por partidos como el PLN y el PUSC refleja una cooptación de las críticas moderadas y una adaptación de sus plataformas políticas a los preceptos del globalismo oficial. Esta estrategia permite a las élites políticas y económicas proyectar una imagen de compromiso con la equidad y la sostenibilidad sin desafiar las estructuras fundamentales del capitalismo global. La justificación ética de las políticas de desarrollo sostenible, aunque valiosa para el progreso social y ambiental, puede ser vista como limitada si no aborda las dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad. En este contexto, la retórica progresista sirve para gestionar las demandas sociales y ambientales, mitigando las tensiones sin realizar cambios estructurales profundos.

La crisis del bipartidismo en Costa Rica y la emergencia de nuevos partidos políticos ilustran una reacción al descontento con el sistema político tradicional y una demanda creciente por mayor pluralismo y representación. El surgimiento de partidos como el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC), así como movimientos de derecha y liberales como el Movimiento Libertario y el Partido Liberal Progresista (PLP), representa una diversificación del panorama político. Esta diversificación desafía la hegemonía del PLN y el PUSC, introduciendo nuevas voces y perspectivas en el debate político. Sin embargo, estos nuevos actores también enfrentan el riesgo de ser cooptados por el marco globalista oficial, lo que podría limitar su capacidad para ofrecer alternativas verdaderamente transformadoras. La capacidad del globalismo oficial para neutralizar las críticas moderadas y cooptar a los sectores más críticos es un mecanismo clave que permite al sistema capitalista pervivir sin alteraciones estructurales significativas.

La relación entre las élites económicas y los grupos de poder burocrático en Costa Rica ha sido determinante en la configuración de las políticas públicas y la dirección del desarrollo del país. La intersección entre las élites empresariales, financieras y los tecnócratas del gobierno ha moldeado la toma de decisiones, definiendo en gran medida las prioridades del Estado. Esta relación simbiótica ha generado un entorno donde las decisiones políticas reflejan frecuentemente los intereses de los grandes conglomerados económicos, consolidando una estructura de poder que perpetúa las desigualdades y la concentración de recursos.

La absorción de críticas y la cooptación de movimientos progresistas y voces disidentes por parte del globalismo oficial subrayan una tensión fundamental en la política costarricense contemporánea. Mientras la retórica y las políticas progresistas son promovidas como respuestas a los desafíos sociales y ambientales, la realidad es que estas medidas a menudo operan dentro de los parámetros del capitalismo global, gestionando sus consecuencias sin alterar sus bases estructurales. Este fenómeno plantea un desafío significativo para los movimientos y partidos que buscan un cambio real y profundo, sugiriendo la necesidad de una crítica y una acción que vaya más allá de las reformas superficiales y aborde las raíces de la desigualdad y la injusticia en el sistema global.

En última instancia, la evolución política de Costa Rica y la convergencia hacia una socialdemocracia globalizante reflejan un intento de equilibrar la modernización económica con la justicia social y la sostenibilidad. Este equilibrio es crucial en un mundo cada vez más interconectado, donde las fuerzas globalizadoras y las dinámicas locales interactúan de maneras complejas y a menudo contradictorias. La capacidad de los partidos políticos para navegar esta tensión y promover un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible determinará en gran medida el futuro político y social de Costa Rica. La crisis del bipartidismo y la emergencia de nuevos actores políticos representan tanto una oportunidad como un desafío para el país, subrayando la importancia de un debate político robusto y una acción concertada hacia un futuro más equitativo y justo.

Master Rafael Brenes Leiva. Bachiller en Sociólogo (UCR), Master en Evaluación de Proyectos Sociales (UCR), DEA en Turismo (Universidad de Nebrija España). Interés en la filosofía en particular el Materialismo filosófico y Sociología, especialmente historia y cultural. Profesor en el ITCR por 26 años.
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