Rafael Brenes: Cuando los adversarios cambian de escala – Lo que realmente se juega en las municipales de 2028

Segunda parte de “Cuando los adversarios cambian de lugar”

Rafael Brenes Leiva, Docente – TEC. 

En el artículo anterior reproduje una hipótesis deliberadamente limitada pero ampliamente aceptada. El rodriguismo comenzó a ordenar la competencia política costarricense no solo por la fuerza de quienes lo apoyan, sino también porque obliga a sus adversarios a decidir cómo enfrentarlo. Eso no significa que Costa Rica ya tenga dos bloques coherentes ni que toda elección deba interpretarse como un plebiscito entre rodriguismo y antirrodriguismo. Significa algo más concreto. Desde 2022, y con mayor claridad después de 2026, el rodriguismo se convirtió en una referencia que modifica las decisiones de partidos, dirigentes y electores que antes podían organizar su conducta alrededor de otros conflictos (Brenes Leiva, 2026).

Las elecciones municipales de febrero de 2028 serán el siguiente gran momento para observar hasta dónde llega ese proceso. Pero para entenderlas hay que evitar dos errores opuestos. El primero es trasladar mecánicamente el mapa presidencial de 2026 a las alcaldías. El segundo es tratar la política municipal como si fuera un mundo local completamente separado de la competencia nacional. Ninguna de las dos posiciones resulta satisfactoria. La pregunta que debe guiar el análisis es ¿qué parte del cambio nacional de 2026 podrá convertirse en poder territorial y qué parte será contenida, desviada o reformulada por estructuras locales que obedecen a otras historias y otros incentivos?

Esa pregunta obliga a mirar simultáneamente las dos papeletas nacionales de 2026 —presidencial y legislativa—, la estructura municipal existente, los liderazgos cantonales, la composición de los concejos, la participación electoral y los movimientos políticos ocurridos desde 2024. También obliga a diferenciar a los actores. Pueblo Soberano (PPSO) no enfrenta un solo adversario. El PLN y el PUSC llegan con estructuras municipales importantes, aunque desde posiciones nacionales muy diferentes. Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana tienen poca presencia municipal, pero pueden encontrar oportunidades selectivas en determinados cantones. Los partidos cantonales y otras fuerzas, por su parte, impiden reducir el mapa local a tres o cuatro siglas nacionales.

¿Qué no podremos inferir de 2028?

El primer límite es analítico. Una elección municipal tendrá consecuencias nacionales, pero no será una medición directa del apoyo que conservan el Gobierno, el rodriguismo o sus adversarios. En 2028 no votará exactamente el mismo electorado efectivo que en 2026 y no competirán las mismas alternativas. En 2024 participó el 31,98% del padrón; la participación fue menor en las zonas urbanas que en las rurales y también fue especialmente baja entre las personas jóvenes (TSE, 2026a; Ovares Sánchez & Aguirre Raftacco, 2026). Eso aumenta el peso relativo de las redes locales, el conocimiento de las candidaturas y la capacidad de movilización.

Por eso una derrota de PPSO en un cantón que Laura Fernández ganó ampliamente no demostraría, por sí sola, que el electorado abandonó al rodriguismo. Podría reflejar la fortaleza de un alcalde opositor, una mala candidatura oficialista, un partido cantonal arraigado o una participación municipal socialmente distinta. La cautela debe operar también en sentido contrario. Una victoria municipal de PPSO puede descansar en un alcalde incorporado desde otro partido, en una primera minoría favorecida por la fragmentación o en un liderazgo local cuyo capital político existía antes del propio PPSO.

El segundo límite se refiere a 2030. Las municipales modificarán las condiciones desde las que comenzará la siguiente competencia presidencial, pero no serán una encuesta adelantada. Entre 2028 y 2030 todavía pueden cambiar la economía, la popularidad del Gobierno, los candidatos, las alianzas y los conflictos que ordenen la discusión pública. El valor de 2028 será que mostrará cuáles organizaciones llegan a la segunda mitad del período con poder territorial, qué dirigentes salen fortalecidos, cuáles partidos pierden estructuras y qué relatos sobre crecimiento o decadencia adquieren credibilidad después de una nueva prueba electoral.

¿Qué va a cambiar realmente?

Las elecciones municipales van a redistribuir poder territorial. En febrero de 2028 se decidirá quién controla las alcaldías, quién obtiene representación en los concejos municipales, quién conserva sindicaturas y concejalías de distrito y qué partidos mantienen redes capaces de operar entre una elección nacional y otra. Todo eso forma parte de la infraestructura del poder político. Pero el análisis no puede detenerse en el número de alcaldías.

La alcaldía es el cargo más visible y puede ser ganada por una figura con fuerte capital personal. Pero la composición del concejo permite estimar cuánto del apoyo se extiende también hacia la organización que postula al alcalde. Una victoria en la alcaldía acompañada por una fracción municipal significativa es una señal organizativa más fuerte que una alcaldía aislada. Aun sin ganar la alcaldía, obtener regidores en cantones donde antes una fuerza carecía de presencia puede formar dirigentes, generar visibilidad y crear una plataforma para ciclos posteriores. Lo mismo vale para la presencia distrital. Síndicos, concejales y redes comunales son menos visibles, pero permiten distinguir entre un candidato exitoso y un partido que comienza a permanecer en el territorio.

Esa distinción será especialmente importante para PPSO. Si gana alcaldías principalmente con dirigentes que ya tenían una organización previa, pero obtiene concejos débiles y poca presencia distrital, estaremos ante una expansión electoral apoyada en capital político heredado. Si consigue simultáneamente alcaldías, regidores, representación distrital y cuadros propios en territorios donde antes carecía de organización, entonces el predominio presidencial de 2026 habrá comenzado a transformarse en poder territorial organizado.

La misma regla debe aplicarse a sus adversarios. PLN o PUSC pueden perder una alcaldía y conservar una estructura significativa; FA o CAC pueden no ganar gobiernos locales y, sin embargo, construir desde los concejos una base que hoy no tienen.

¿Qué mapa estamos comparando? Dos geografías superpuestas

El contraste entre 2024 y 2026 permite entender por qué esta elección será particularmente interesante. En 2024 el PLN ganó 29 alcaldías y el PUSC 20. Juntos controlaron 49 de los 84 gobiernos locales. Los partidos cantonales obtuvieron 10 alcaldías y, además, 60 de las 518 regidurías propietarias, el 12% del total y su mayor presencia histórica hasta ese momento (Programa Estado de la Nación, 2024). El resto de las alcaldías se distribuyó entre otras fuerzas nacionales y provinciales.

Dos años después, el mapa presidencial fue muy diferente. PPSO ganó 63 de los 84 cantones y el PLN 21. El oficialismo consiguió una mayoría nacional extraordinariamente extendida sin haber construido antes una red municipal equivalente. Así, el país llegó a 2026 con dos geografías superpuestas. Una política local fragmentada, con importantes estructuras de PLN, PUSC y fuerzas locales, y una mayoría presidencial rodriguista que atravesó buena parte de esos mismos territorios (TSE, 2026b).

¿Qué cambia cuando miramos también la papeleta legislativa?

Hasta aquí, el contraste entre 2024 y 2026 puede inducir a una simplificación. Consiste en enfrentar la alcaldía vigente con el ganador presidencial del cantón. La papeleta legislativa permite introducir una corrección importante. No mide una elección municipal y tampoco constituye una expresión pura de identificación partidaria, porque las candidaturas a diputaciones compiten en circunscripciones provinciales. Sin embargo, al observar una papeleta separada de la candidatura presidencial puede estimarse cuánto del apoyo nacional permanece en la marca partidaria y cuánto se desplaza hacia otras opciones. El quiebre del voto entre presidencia y diputaciones es, además, un fenómeno conocido en la historia electoral costarricense (Hernández Rodríguez, 2001).

En 2026 esa diferencia fue sustantiva. En el escrutinio definitivo de diputaciones, PPSO obtuvo 1.150.147 votos, equivalentes al 45,20% de los votos válidos; PLN 591.604, 23,25%; FA 313.868, 12,33%; PUSC 115.135, 4,52%; y CAC 103.560, 4,07% (TSE, 2026c). El dato modifica la lectura del mapa presidencial. El PLN fue mucho más fuerte alrededor de Álvaro Ramos que en su papeleta legislativa, mientras el Frente Amplio mostró la relación inversa. El propio PPSO tuvo un quiebre menor que el liberacionista, aunque tampoco convirtió íntegramente el voto presidencial en voto legislativo (Oviedo, 2026).

Para 2028 esto importa porque una victoria presidencial del PLN no debe tratarse automáticamente como un cantón partidariamente sólido, del mismo modo que una victoria presidencial de PPSO no equivale a una maquinaria municipal propia. El caso de Zarcero lo demuestra con especial claridad. Ramos ganó allí la presidencial con 46% frente a 40% de Fernández, pero en la papeleta legislativa PPSO obtuvo 39% y PLN 38%, una diferencia de apenas 93 votos a favor del oficialismo. La misma comunidad produjo, por tanto, tres señales distintas. Tuvo alcaldía PLN en 2024, victoria presidencial PLN en 2026 y victoria legislativa PPSO en 2026 (Bolaños Vargas, 2026).

La incorporación de esta tercera señal no autoriza a sumar porcentajes ni a construir una probabilidad mecánica. Su utilidad es comparativa. Cuando alcaldía, presidencial y legislativa convergen, la posición de partida es más robusta. Cuando divergen, el cantón debe desplazarse hacia la categoría de disputa, salvo que exista evidencia local suficientemente fuerte en sentido contrario. La situación organizativa posterior —adhesiones, rupturas, candidaturas y coaliciones— constituye una cuarta capa que puede reforzar o contradecir esas tres señales electorales.

Cuadro 1. El punto de partida de 2028

Fuentes: TSE (2024, 2026b, 2026c) y Programa Estado de la Nación (2024).

¿Dónde choca la ola nacional con las maquinarias del PLN y del PUSC?

La prueba más directa se encuentra en 36 cantones donde PPSO ganó la presidencial de 2026, pero la alcaldía elegida en 2024 pertenecía al PLN o al PUSC. Veintidós de esas alcaldías están en manos liberacionistas y catorce en manos socialcristianas. La profundidad de esa estructura es mayor de lo que podría sugerir una fotografía de 2024. En 31 de los 36 cantones, la alcaldía ya había pertenecido al PLN o al PUSC en 2016, por continuidad del mismo partido o por alternancia entre ambos (TSE, 2016, 2024, 2026b).

El PLN llega a esa disputa con la combinación opositora más fuerte entre voto nacional y organización territorial. De las 22 alcaldías liberacionistas situadas en cantones ganados por PPSO en 2026, 17 ya eran del PLN en 2016. Pero esa resistencia no vale lo mismo en todas partes. Desamparados, Alajuela, Goicoechea y La Unión están entre los cantones de mayor padrón del país. Conservarlos tendría un significado territorial muy distinto de retener una municipalidad pequeña. Lo mismo ocurre con Pérez Zeledón y Puntarenas en el caso socialcristiano. Allí la supervivencia local no es solo una cifra en el conteo de alcaldías, sino el control de nodos que ordenan regiones enteras. Por eso el problema del PLN no es simplemente sobrevivir. Debe demostrar que su estructura todavía puede movilizar electores precisamente en los territorios donde una victoria de PPSO tendría mayor capacidad de irradiación política (TSE, 2016, 2024, 2026b, 2026d).

El PUSC presenta una singularidad distinta. Ganó 20 alcaldías en 2024 y dos años después obtuvo apenas 2,66% de los votos presidenciales. Catorce de esas alcaldías están en cantones ganados por PPSO en 2026. Algunos son enclaves socialcristianos de continuidad, como Pérez Zeledón, Puntarenas, Quepos, Coto Brus o Talamanca, pero tampoco son equivalentes. Pérez Zeledón tenía 122.821 electores en el padrón de 2026 y Puntarenas 90.719, mientras Talamanca registraba 28.111. Si el PUSC conserva los dos primeros, habrá retenido activos regionales de primer orden. Si conserva únicamente cantones pequeños, el número de alcaldías podría ocultar una contracción de su peso territorial efectivo. La elección de 2028 permitirá observar, por tanto, no solo cuántas municipalidades conserva el PUSC, sino qué densidad electoral y regional queda detrás de esa supervivencia (TSE, 2026d).

La posibilidad de coordinación entre PLN y PUSC debe analizarse desde esa asimetría. El PLN posee más votos nacionales y mayor continuidad en parte de sus territorios. El PUSC, en cambio, conserva alcaldías cuyo valor político puede ser muy superior a su peso presidencial. Un acuerdo puede reducir la fragmentación, pero no cabe presumir que un socialcristiano vote automáticamente por una candidatura liberacionista o viceversa. Esa transferencia es especialmente incierta en la política local. Por eso la coordinación, si ocurre, probablemente será selectiva y cantonal. Allí donde uno sea claramente más competitivo, el otro deberá decidir si preservar su bandera o evitar que la división entregue la alcaldía a PPSO.

¿Dónde pueden crecer FA y CAC?

Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana llegan a 2028 desde situaciones organizativas muy diferentes. En 2024 el FA obtuvo 21.854 votos para alcaldía y ganó una sola municipalidad. El PAC llegó con una presencia municipal muy reducida a esa elección y Agenda Democrática Nacional tenía una presencia modesta. En 2026 PAC y ADN concurrieron unidos como CAC. En la elección presidencial CAC alcanzó 4,91% y FA 3,76%, pero en la legislativa la relación cambió. El FA obtuvo siete diputaciones y CAC una (TSE, 2024, 2026b, 2026c). Eso sugiere que el FA posee hoy una identidad partidaria más visible, mientras CAC debe demostrar si puede convertir un electorado nacional en organización territorial.

Sus oportunidades tampoco están distribuidas de manera uniforme. Los cantones de desarrollo humano muy alto no forman un bloque político, pero varios concentran segmentos universitarios, profesionales y urbanos donde FA y CAC podrían encontrar un terreno relativamente más favorable. Eso no significa que “alto desarrollo” equivalga a progresismo. El IDH es una característica agregada y no describe el comportamiento individual. Lo relevante es que dentro de esos territorios existen grupos sociales diferenciados por edad, educación, género, religiosidad, ocupación y valores que pueden incidir significativamente en el resultado (PNUD, 2024).

La encuesta de Díaz-González et al. (2026), realizada por IDESPO-UNA en enero de 2026, ayuda a caracterizar esa diferencia, aunque debe leerse como una fotografía de intención de voto en ese momento y no como una descripción definitiva del electorado que finalmente votó. Entre quienes decían apoyar a Ariel Robles, 78,4% tenía entre 18 y 34 años y 58,3% educación universitaria. Entre quienes apoyaban a Claudia Dobles, 55,6% tenía educación universitaria, 69,8% eran mujeres y la distribución etaria era bastante más madura: 40,7% tenía 50 años o más. El contraste muestra perfiles sociodemográficos distintos. No permite atribuir causalidad a esas variables, pero sí indica que ingreso o posición económica, por sí solos, son insuficientes para describir ambos electorados potenciales.

Para el FA aparece una dificultad inmediata. El segmento de apoyo que la encuesta identifica con mayor nitidez es precisamente el que menos participa en municipales. En 2024 la participación juvenil fue 24,6%, frente a 36,1% entre los adultos y 37,0% entre los adultos mayores (TSE, 2026a; Ovares Sánchez & Aguirre Raftacco, 2026). Su problema puede ser menos de afinidad que de movilización. Por eso Montes de Oca, Curridabat, Moravia, Heredia o Barva son cantones que merecen observarse, pero una oportunidad sociológica no se convertirá en poder territorial sin candidatos y organización capaces de llevar ese electorado a las urnas. León Cortés recuerda, además, que una candidatura local puede romper cualquier perfil esperado. Con IDH medio, el FA ganó allí la alcaldía en 2024 (PNUD, 2024; TSE, 2024).

CAC enfrenta otro problema. El perfil preelectoral de Dobles concentraba más apoyo en grupos etarios que, en 2024, participaron más en municipales, pero la infraestructura local de la coalición es mucho más débil. Cantones como Escazú, Santa Ana, Belén, Santo Domingo, Heredia o Montes de Oca pueden ofrecer segmentos sociales compatibles con su electorado de 2026, pero la coalición tendrá que construir candidaturas y redes casi desde cero o reactivar antiguos espacios PAC, como Moravia o Palmares. FA y CAC pueden ser complementarios en algunos territorios, pero también competirán por segmentos próximos. Por eso una eventual coordinación debería ser selectiva y basada en la competitividad concreta de cada cantón.

¿Dónde resiste el localismo?

Las 35 alcaldías de 2024 que no pertenecieron al PLN ni al PUSC no forman una “tercera fuerza”. Incluyen organizaciones nacionales pequeñas, agrupaciones provinciales y partidos cantonales con historias e incentivos distintos. Los partidos cantonales son especialmente relevantes porque proporcionan vehículos que no dependen por completo de la competencia nacional. Algunos poseen arraigo propio; otros sirven a dirigentes que abandonan organizaciones nacionales o necesitan una plataforma para competir.

Si en 2028 conservan o aumentan alcaldías y regidurías, tendremos evidencia de que una parte importante de la política local continúa respondiendo a una lógica autónoma. Si retroceden ampliamente frente a PPSO, PLN, PUSC, FA o CAC, estaremos observando una mayor nacionalización de la competencia. Curridabat, Escazú, Mora, Palmares, Sarchí, Cartago, San Rafael, San Isidro, Nicoya, Santa Cruz y Garabito son ejemplos donde el liderazgo local obliga a moderar cualquier lectura construida exclusivamente desde el mapa presidencial.

Esta corrección también cambia la forma de leer las 21 victorias presidenciales del PLN. No todas representan el mismo grado de resistencia al oficialismo. En algunas, la papeleta legislativa confirma una fuerza opositora relevante; en otras puede revelar que el voto por Ramos excedió considerablemente la fortaleza partidaria del PLN. A la inversa, allí donde PPSO ganó ambas papeletas, el argumento de una simple candidatura presidencial excepcional pierde parte de su fuerza, aunque siga faltando demostrar organización municipal.

La meta de 70 alcaldías: una prueba aritmética antes que retórica

A este tablero le faltaba incorporar el dato que hoy ordena estratégicamente la discusión. La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, afirmó públicamente que el movimiento oficialista se propone ganar 70 de las 84 municipalidades en 2028. La cifra ha comenzado a ser utilizada por partidos opositores como referencia para discutir posibles alianzas. Setenta alcaldías equivalen al 83,3% de los gobiernos locales. Esa precisión importa porque convierte una consigna política en una hipótesis cuantificable y, por tanto, refutable (Meléndez Díaz, 2026; Ruiz, 2026).

El precedente legislativo de 2026 sirve como advertencia, aunque no como regla de tres. Durante la campaña, Pilar Cisneros planteó la necesidad de elegir 40 diputados oficialistas. El resultado definitivo fue de 31 curules para Pueblo Soberano (Arrieta, 2026; TSE, 2026c). El desfase muestra que una meta movilizadora no debe confundirse con un pronóstico. Sería metodológicamente incorrecto trasladar la proporción 31/40 al objetivo municipal y concluir, por ejemplo, que el equivalente esperable son unas 54 alcaldías. Las legislativas distribuyen escaños proporcionalmente por provincia; las municipales son 84 competencias separadas de mayoría relativa, con candidatos, incumbencias y estructuras territoriales diferentes.

La aritmética municipal vuelve todavía más exigente la meta. PPSO ganó la elección presidencial de 2026 en 63 cantones. Aun si lograra convertir sin ninguna pérdida esos 63 triunfos presidenciales en alcaldías, todavía necesitaría conquistar siete de los 21 cantones que ganó el PLN. En otras palabras, alcanzar 70 no significa reproducir territorialmente el mapa presidencial de 2026; exige ampliarlo y, al mismo tiempo, impedir que las maquinarias locales recuperen siquiera una parte significativa de los 63 cantones oficialistas.

Hay, además, una diferencia decisiva entre nacionalización y absorción de capital político preexistente. El recuento público consolidado más reciente utilizado para este artículo registra 20 alcaldes electos en 2024 que habían expresado adhesión pública al partido de Gobierno; 17 de ellos pueden buscar la reelección en 2028 (Hidalgo, 2026). Un antecedente refuerza la relevancia del fenómeno, aunque no demuestra causalidad. PPSO ganó la presidencial de 2026 en los 18 cantones cuyos alcaldes habían anunciado su adhesión antes de la elección (Recio, 2026). Esto mejora mucho la posición inicial de PPSO, pero no prueba todavía que haya creado organización municipal propia. Un alcalde incorporado puede transferir candidatura, equipo y redes, pero también puede provocar resistencia entre las bases oficialistas que aspiraban a esos puestos. San Carlos ya muestra ese conflicto.

Al cruzar el mapa presidencial de 2026, las alcaldías de 2024 y esas adhesiones, aparece un tablero más exigente que la sola cifra de 63 cantones. Diecinueve de las 20 adhesiones corresponden a cantones ganados presidencialmente por PPSO; Oreamuno es la excepción. Dentro de los 63 cantones ganados por PPSO, 36 tenían en 2024 una alcaldía del PLN o del PUSC. Ocho de esos alcaldes aparecen en el grupo de adhesiones oficialistas. Quedan, por tanto, 28 cantones donde la ventaja presidencial de PPSO todavía se enfrenta a una alcaldía tradicional que no ha sido absorbida. A ellos se suman 16 cantones ganados por PPSO cuya alcaldía pertenece a otra fuerza nacional o local y que tampoco aparece en el grupo de adhesiones. Esa franja de 44 cantones constituye la verdadera frontera de conversión entre predominio presidencial y poder municipal. La papeleta legislativa no altera esta aritmética estructural, pero sí modifica la intensidad de varias posiciones. Fortalece los casos donde PPSO ganó ambas papeletas y desplaza hacia la disputa aquellos donde el ganador presidencial no coincide con el ganador legislativo (Hidalgo, 2026; TSE, 2024, 2026b, 2026c).

Cuadro 2. El tablero de las 84 alcaldías calibrado al 31 de agosto de 2026

Nota. La clasificación es una estimación ordinal de posición de partida, no una probabilidad porcentual de victoria. Se construye con cuatro capas: alcaldía y estructura municipal de 2024; ganador y margen presidencial de 2026; señal legislativa de 2026; y movimientos organizativos conocidos al 31 de agosto de 2026. Las diputaciones se eligen por provincia, por ello, cuando se usa un dato legislativo cantonal se trata de la agregación territorial de los votos emitidos en ese cantón, no de una circunscripción legislativa cantonal. El escrutinio definitivo del TSE publica el consolidado por provincia; los resultados cantonales fueron consultables en el visualizador electoral. En este artículo solo se atribuye un resultado legislativo a un cantón cuando existe documentación específica; en los demás casos el resultado provincial se utiliza únicamente como contexto.

Cuadro 3. Qué cambia al incorporar la papeleta legislativa de 2026

Nota. Los porcentajes provinciales de diputaciones corresponden al escrutinio definitivo del TSE. Los datos cantonales de Zarcero, San José Central y los once cantones de Guanacaste se incluyen porque existen fuentes que documentan explícitamente ese nivel territorial. No se extrapola el resultado provincial a cada cantón. Fuentes: TSE (2026c), Angulo (2026), Bolaños Vargas (2026) y Castrillo Marín (2026).

La comparación costera exige distinguir extensión, intensidad y peso estratégico. Guanacaste presenta la mayor uniformidad territorial. PPSO ganó las dos papeletas nacionales en sus once cantones y, dentro del tablero actual, siete cantones inclinados hacia el oficialismo concentran cerca del 69% del padrón provincial. Pero Liberia, capital provincial y nodo político-administrativo de la región Chorotega, permanece en disputa.

Limón muestra una fortaleza de otra naturaleza. Aunque el tablero se divide en tres cantones inclinados a PPSO y tres en disputa, los primeros reúnen el 68,6% del electorado provincial porque allí están Limón y Pococí. Dicho de otro modo, el empate 3-3 oculta una ventaja oficialista en los cantones de mayor gravitación.

Puntarenas ofrece el patrón inverso. Ocho de trece cantones aparecen inclinados hacia PPSO, pero contienen solo el 45,6% del padrón provincial; los cinco cantones en disputa reúnen el 54,4%, entre ellos Puntarenas central. Por eso una mayoría de cantones no equivale necesariamente a una mayoría de peso territorial. Las tres provincias costeras favorecen hoy al oficialismo, pero lo hacen mediante geografías distintas (TSE, 2026c, 2026d; Castrillo Marín, 2026).

Este cuadro permite precisar dónde está la dificultad de llegar a 70 triunfos municipales. Si se toman las 17 alcaldías con alcalde adherido y posibilidad de reelección como el anclaje inicial más favorable —sin tratarlas como victorias seguras—, PPSO necesitaría ganar 53 de las otras 67 municipalidades. Eso supone imponerse en el 79,1% del resto del país. La meta solo tolera catorce derrotas en todo el territorio nacional.

Por eso, al 31 de agosto de 2026, la meta de 70 debe entenderse como un escenario de barrida y no como la expectativa central que se desprende de los datos disponibles. PPSO parte de la mayor ventaja nacional heredada de 2026 y ha mostrado capacidad para atraer alcaldes, pero todavía debe resolver dos problemas diferentes. El primero es convertir en alcaldías los 44 cantones que ganó presidencialmente y donde el poder ejecutivo local sigue en otra estructura. El segundo es penetrar una parte de los 21 cantones que ni siquiera ganó en la elección presidencial. Si pierde varias de las primeras 63 plazas, la cantidad de cantones opositores que necesitará conquistar crecerá uno por uno.

La oposición, a su vez, no necesita “ganar el país” para frustrar la meta. Le basta con retener más de catorce municipalidades. Esta asimetría ayuda a explicar por qué las reformas recientes del PLN y del PUSC para facilitar alianzas, así como la apertura del FA a acuerdos cantonales incluso con adversarios ideológicos, pueden adquirir importancia estratégica. Sin embargo, también impide imaginar dos bloques cerrados. Las coaliciones serán probablemente selectivas, porque en muchos cantones los partidos que nacionalmente convergen contra PPSO son precisamente quienes compiten entre sí por la alcaldía y las regidurías (Ruiz, 2026).

Cuadro 4. Balance ordinal del tablero, ponderado por electorado, al 31 de agosto de 2026

Nota. El padrón doméstico suma 3.664.518 personas electoras; se excluye el voto en el extranjero porque no interviene en elecciones municipales. Los porcentajes indican la proporción del padrón que reside en cantones clasificados en cada zona, no intención de voto ni probabilidad de victoria. Fuente: TSE (2026d); elaboración propia.

Esta síntesis cambia de significado cuando se pondera por electorado. Los 35 cantones inicialmente inclinados hacia PPSO reúnen el 39,7% del padrón doméstico de 2026, mientras los 30 cantones en disputa concentran el 38,5%. La ventaja de 35 contra 30, que parece apreciable al contar municipalidades, prácticamente desaparece cuando se mira cuántos electores viven en ellas. Además, el cantón disputado promedio tiene unos 47.071 electores, frente a 41.535 en el bloque inclinado a PPSO. La frontera decisiva de 2028 no solo es numerosa; es, en promedio, más pesada (TSE, 2026d).

No todas las alcaldías pesan igual: extensión territorial y densidad estratégica

La meta de 70 trata a todas las municipalidades como unidades equivalentes; cada alcaldía suma uno. Para medir el significado político del resultado, esa equivalencia es insuficiente. El padrón de 2026 iba desde 238.939 electores en San José hasta 4.109 en Monteverde. San Carlos, con 128.298 electores, tenía diez veces el padrón de Guatuso; Pérez Zeledón, con 122.821, casi veinte veces el de Dota; y Pococí —cantón cuya cabecera es Guápiles— reunía 104.642 electores, 3,7 veces los 28.111 de Talamanca. Esos contrastes no vuelven irrelevantes a los cantones pequeños, pero impiden interpretar una suma de alcaldías como si todas representaran la misma penetración territorial (TSE, 2026d).

Para jerarquizar sin convertir la selección en una lista subjetiva, se usa aquí un criterio operativo sencillo. Se consideran nodos de primer orden los cantones con al menos 75.000 electores en el padrón de 2026 y, adicionalmente, los cantones centrales que contienen las cabeceras provinciales, aunque no alcancen ese umbral. Son trece cantones y concentran el 44,4% del padrón doméstico. En ellos el tablero es bastante menos favorable al oficialismo que el conteo nacional. Siete están en disputa, cuatro se inclinan hacia PPSO y dos hacia fuerzas no oficialistas. Los siete disputados reúnen el 51,5% del electorado contenido en estos nodos. Por tanto, la elección puede producir una expansión numérica muy amplia sin que eso equivalga necesariamente al control de los principales centros político-electorales.

Cuadro 5. Nodos político-electorales de primer orden

Nota. “Nodo de primer orden” es una categoría analítica de este artículo, no una clasificación oficial. Incluye cantones con al menos 75.000 electores en 2026 y los cantones centrales que contienen las cabeceras provinciales. Pococí es la unidad cantonal; Guápiles es su cabecera. Fuente del padrón: TSE (2026d); elaboración propia.

El cuello de botella está en la Gran Área Metropolitana

La diferencia entre centro y periferia se vuelve más nítida cuando se usa la delimitación oficial de la Gran Área Metropolitana (GAM), que comprende, total o parcialmente, 31 cantones de San José, Heredia, Cartago y Alajuela (MIVAH, 2014). Dentro de ese conjunto, solo siete aparecen hoy inclinados hacia PPSO, ocho están en disputa y dieciséis parten con inclinación no oficialista o local. La distribución por padrón es todavía más reveladora. Apenas el 24,2% del electorado de la GAM reside en cantones inclinados hacia PPSO; el 36,4% está en cantones en disputa y el 39,4% en cantones inclinados hacia otras fuerzas. Fuera de la GAM el patrón se invierte. Veintiocho de 53 cantones se inclinan hacia PPSO y reúnen el 57,3% del electorado no metropolitano; solo tres cantones fuera de la GAM parten hoy con inclinación no oficialista.

Cuadro 6. El tablero dentro de la GAM

Nota. Los porcentajes expresan la proporción del padrón de cada subárea que reside en cantones de cada categoría; no son porcentajes de intención de voto. La delimitación de los 31 cantones corresponde al Plan GAM 2013-2030. Fuentes: MIVAH (2014), TSE (2026d); elaboración propia.

La GAM no es homogénea. San José metropolitano aparece dividido en tres tercios aproximados por peso electoral. Allí la expansión oficialista pasa, sobre todo, por convertir victorias nacionales en alcaldías de gran tamaño como Desamparados y Goicoechea, mientras San José central ya parte inclinado hacia PPSO.

Heredia presenta la resistencia más clara. Seis de sus nueve cantones metropolitanos y el 67,8% de su padrón están en el bloque no oficialista. Cartago también se inclina hacia la resistencia, con el cantón central y El Guarco fuera del bloque oficialista, mientras La Unión y Oreamuno son disputas relevantes. En la subárea de Alajuela, el dato bruto de un cantón inclinado a PPSO frente a dos en disputa oculta una asimetría mayor. Alajuela y Poás reúnen el 91,6% del padrón de esa subárea, de modo que Atenas, aunque favorable, no compensa políticamente una derrota en el cantón central.

Este patrón permite formular una inferencia más fuerte, aunque todavía provisional. El tablero sugiere que la penetración electoral nacional del oficialismo es mayor en la periferia y en varios nodos regionales que en el corazón metropolitano. La fortaleza en Limón, Pococí, San Carlos o San José central es sustantiva, pero para transformar una mayoría presidencial en hegemonía municipal necesita romper resistencias de gran peso dentro de la GAM. Alajuela, Desamparados, Goicoechea y La Unión no son simplemente cuatro casillas adicionales en el camino hacia 70. Juntos suman 569.909 electores, el 15,6% del padrón doméstico del país, es decir, cerca de una sexta parte. Su captura o conservación por la oposición alteraría mucho más la lectura política de 2028 que una suma equivalente de cantones pequeños.

Cuadro 7. La ruta aritmética hacia 70 alcaldías

El cuadro supone, para hacer visible la aritmética, que PPSO conserva los 19 cantones de anclaje de los bloques A y B. Es un supuesto favorable, no una predicción. Si pierde alguno de esos 19, cada pérdida debe compensarse con una conquista adicional en los otros bloques. La meta de 70 solo tolera catorce derrotas nacionales.

Como ejercicio heurístico derivado de la clasificación ordinal —no como intervalo probabilístico ni como pronóstico estadístico—, puede utilizarse un corredor de referencia de 45 a 55 alcaldías. Ese corredor debe leerse en dos dimensiones. La primera es extensión territorial: cuántas municipalidades gana PPSO. La segunda es densidad estratégica: qué proporción del electorado y cuántos nodos de primer orden quedan bajo su control. Alcanzar 55 alcaldías mediante numerosos cantones pequeños y perder Alajuela, Desamparados, Cartago, Heredia, Pérez Zeledón o Puntarenas produciría una expansión extensa pero territorialmente menos profunda. Un resultado numéricamente menor que capture varios de esos nodos podría tener mayor efecto organizativo y simbólico. Llegar a 65 demandaría prácticamente barrer las treinta disputas, aun suponiendo que se conservaran los 35 cantones inclinados. Alcanzar 70 exige, además, conquistar al menos cinco de los diecinueve cantones que hoy parten con inclinación no oficialista. Como dieciséis de esos diecinueve están dentro de la GAM y los tres restantes son Tarrazú, Dota y León Cortés, incluso el escenario matemático más favorable obliga a penetrar la resistencia metropolitana.

¿Cuáles son entonces las disputas que realmente importan?

No todos los cantones competitivos tienen el mismo significado. Hay empates o márgenes estrechos, colisiones entre voto nacional y maquinaria municipal, integraciones de alcaldes al oficialismo que pueden transferir estructuras o provocar conflictos internos, y casos de voto cruzado como Zarcero. Pero ahora debe añadirse una distinción previa. No todas esas disputas tienen el mismo costo político. Alajuela, Desamparados, Goicoechea, La Unión, Pérez Zeledón o Puntarenas combinan incertidumbre con alto peso electoral o centralidad regional. Son esas colisiones de alto peso las que pueden alterar la interpretación nacional de 2028. El Anexo B conserva otros casos testigo útiles para seguir mecanismos específicos sin confundir importancia metodológica con importancia territorial.

¿Cómo se lee una disputa municipal? Cuatro capas y una jerarquía territorial

Una lectura cantonal razonable necesita cuatro capas de evidencia que no son intercambiables y una quinta pregunta de jerarquía territorial. La primera es municipal: quién ganó la alcaldía en 2024, con qué organización y qué continuidad histórica posee esa estructura. La segunda es presidencial: no basta con saber quién ganó en 2026; importa por cuánto. La tercera es legislativa: ayuda a separar fuerza de candidatura y fuerza de marca partidaria. La cuarta es organizativa: adhesiones, equipos de vicealcaldes, rupturas, disputas por candidaturas, coaliciones y activación distrital. Después de esas cuatro capas todavía hay que preguntar cuánto pesa el cantón dentro del sistema. Una disputa en Alajuela o Desamparados no puede recibir el mismo énfasis que una disputa en un cantón con cinco o diez mil electores, aunque ambas sumen exactamente una alcaldía.

La señal legislativa conserva un valor diagnóstico y no debe convertirse en un sustituto de la elección municipal. Las diputaciones se eligen por provincia y las candidaturas pueden producir efectos propios. Una convergencia presidencial-legislativa aporta evidencia compatible con una mayor fortaleza de la marca partidaria; una divergencia obliga a reducir la seguridad de cualquier pronóstico basado en una sola papeleta. Pero el componente de peso territorial corrige otro sesgo. Incluso una convergencia muy fuerte en un cantón pequeño dice menos sobre la profundidad nacional de una organización que una victoria en un gran nodo metropolitano o regional. Las noticias, por su parte, prueban adhesiones o conflictos, no transferencia automática de votantes.

Vista así, la información legislativa calibra el tablero, mientras el padrón y la centralidad territorial jerarquizan sus consecuencias. El Valle Central es el lugar donde ambas correcciones importan más. Allí el PLN ganó varias presidenciales cantonales, mientras su voto legislativo fue mucho más débil a escala provincial. Esa divergencia es compatible con un componente personal del voto por Álvaro Ramos, pero no lo demuestra por sí sola. Tampoco implica que PPSO posea ya la estructura municipal necesaria para aprovecharla. El resultado es una franja metropolitana donde la oposición está fragmentada, pero el oficialismo tampoco puede dar por convertida su ventaja nacional. Esa combinación explica por qué Alajuela, Desamparados, Goicoechea, La Unión, Oreamuno y Santa Bárbara deben seguirse con más atención que muchas victorias periféricas aparentemente más cómodas.

El cruce de las cuatro capas produce lecturas muy distintas. San Carlos parte con una ventaja presidencial enorme para PPSO —60,84% frente a 26,15% del PLN—, pero el acercamiento del alcalde electo por el PLN generó una disputa con estructuras rodriguistas locales sobre la selección de la candidatura. Coto Brus combina un fuerte voto oficialista con la incorporación del alcalde de larga trayectoria por el PUSC, quien afirmó que su estructura local lo acompaña. San Ramón presenta otra señal. La alcaldesa electa por el PUSC declaró que su cambio incluyó a vicealcaldes y equipo municipal. En los tres casos PPSO parte bien, pero la naturaleza del capital político disponible es diferente (Astorga, 2025; Bolaños Vargas & Navarrete Silva, 2025; Mora & Astorga, 2026).

Los cantones casi empatados son igual de importantes. Heredia fue ganado por el PLN por apenas 0,55 puntos; Flores por 1,27; Belén por 3,04. Desde el punto de vista oficialista, esas derrotas estrechas son oportunidades potenciales. Pero Belén, por ejemplo, tenía alcaldía del PUSC, de modo que la competencia municipal puede ser triangular. San Rafael de Heredia ofrece el caso inverso. PPSO ganó la presidencial por apenas 0,52 puntos y la alcaldía pertenece a una fuerza local. Una victoria nacional tan estrecha no es suficiente para tratar el cantón como territorio oficialista.

En el otro extremo aparece Montes de Oca. El PLN ganó 46,35% frente a 26,74% de PPSO, una ventaja de 19,61 puntos. Allí la incertidumbre no está principalmente en una conversión rápida hacia el oficialismo, sino dentro de la oposición. La alcaldía pertenece al PUSC y el cantón contiene segmentos favorables a FA y CAC. Santa Ana presenta otra configuración. El PLN ganó presidencialmente por 9,32 puntos, pero la alcaldía es socialcristiana. El problema central puede ser menos PPSO contra PLN que la capacidad de PLN y PUSC para evitar que su competencia abra un espacio al oficialismo.

La jerarquía territorial también cambia qué casos merecen ocupar el centro del relato. Buenos Aires, Puerto Jiménez, Talamanca o Monteverde siguen siendo útiles para estudiar adhesiones, transferencia de estructuras o autonomía local, pero no tienen el mismo peso político-electoral que San José, Alajuela, Desamparados, Cartago, Heredia, San Carlos, Pérez Zeledón, Pococí, Goicoechea, Puntarenas, La Unión, Limón o Liberia. Zarcero permanece como caso metodológicamente importante por el voto cruzado entre las dos papeletas de 2026, no por su tamaño. Esta distinción evita que la selección de ejemplos reproduzca el mismo problema que el conteo de 70. No deben tratarse como equivalentes territorios que no lo son.

Esta clasificación deberá actualizarse cuando existan candidaturas y acuerdos de coalición concretos. Si una alianza PLN-PUSC elimina una candidatura competitiva en alguno de los grandes cantones de trinchera tradicional, la lectura cambia mucho más que si el acuerdo ocurre en un cantón pequeño. Si una ruptura por candidaturas divide a PPSO en San Carlos, Alajuela o Limón, el costo potencial es también mayor que en una plaza periférica de bajo padrón. El tablero debe ser dinámico, pero además jerárquico. No solo debe registrar movimientos, sino ponderar dónde ocurren.

La lucha simbólica: legitimidades y cloacas mediáticas

La competencia por 2028 tendrá, además, un frente simbólico. Mientras los partidos disputan candidatos, estructuras y cargos, también competirán por imponer una interpretación de lo que ocurre. En su forma pública y atribuible, esa batalla por la legitimidad convierte cada cambio de partido, cada alianza y cada encuesta en una posible señal de expansión, supervivencia, unidad o decadencia. Esa lucha importa porque las expectativas producen conducta. Una fuerza percibida como ascendente atrae candidatos, dirigentes, voluntarios y recursos; una organización percibida como declinante puede comenzar a perderlos antes de sufrir una nueva derrota.

Las redes sociales nacionalizan acontecimientos que antes habrían permanecido confinados al cantón. Un conflicto por una candidatura en San Carlos puede convertirse en una discusión sobre quién controla el rodriguismo. Una alianza entre PLN y PUSC en un pequeño cantón puede presentarse como el comienzo de una coalición nacional. Una buena candidatura del FA o CAC puede convertirse en símbolo de un espacio político emergente. El mapa de la conversación pública y el mapa de la organización real no serán necesariamente iguales, y confundirlos será uno de los grandes riesgos del análisis.

Debajo de esa batalla visible existe una zona más degradada, la de las cloacas mediáticas. Allí ya no se intenta únicamente convencer de que una opción es mejor, sino conseguir que el adversario resulte inaceptable mediante miedo, rumor, descontextualización, acusaciones no comprobadas, cuentas anónimas, amplificación artificial, imágenes o audios manipulados y ataques personales. Las noticias falsas son solo una parte del problema. También operan las medias verdades, la información cierta presentada fuera de contexto y la insinuación de conclusiones que los hechos no permiten establecer.

La dimensión más corrosiva aparece cuando el ataque deja de dirigirse a candidatos y alcanza a la ciudadanía que expresa una preferencia. La discrepancia política se convierte entonces en una clasificación moral de la persona. El adversario deja de ser alguien con una opción diferente, o incluso equivocado, y pasa a ser presentado como corrupto, ignorante, fanático o indigno de ser escuchado. Esa dinámica no necesita convertir votos para producir efectos. Puede silenciar a quienes no desean vivir dentro de una pelea permanente, empobrecer la oferta de personas dispuestas a ser candidatas y hacer que las redes representen cada vez menos a la sociedad real.

La crítica dura y la campaña negativa son legítimas cuando se refieren a conductas políticamente relevantes. Otra cosa es convertir la vida privada, la familia, la apariencia, la edad o cualquier elemento sin relación con el cargo en un instrumento de humillación. En una campaña municipal, donde las redes sociales son densas y las personas se conocen, una reputación destruida o una relación comunal quebrada puede sobrevivir mucho más tiempo que la propia elección.

¿Qué vamos a aprender en 2028?

La primera conclusión ya puede formularse antes de 2028: la posición de partida del rodriguismo hacia la competencia municipal presenta hoy un perfil centro-periferia. En la GAM, de 31 cantones, solo siete aparecen inclinados hacia PPSO, ocho están en disputa y dieciséis parten hacia fuerzas no oficialistas o locales. Esas siete contienen apenas el 24,2% del padrón metropolitano. Fuera de la GAM, en cambio, 28 de 53 cantones se inclinan hacia PPSO y concentran el 57,3% del electorado no metropolitano; solo tres cantones no metropolitanos parten hoy con inclinación no oficialista. La pregunta de 2028 no será, por tanto, si el oficialismo puede ganar territorio —ya parte con condiciones para hacerlo—, sino si puede trasladar esa fortaleza periférica y regional hacia el núcleo metropolitano (MIVAH, 2014; TSE, 2026d).

La segunda conclusión es que el número de alcaldías y el peso político de esas alcaldías deben juzgarse por separado. Los 35 cantones inclinados hacia PPSO contienen el 39,7% del padrón doméstico; las 30 disputas, el 38,5%. Más aún, los trece nodos definidos como de primer orden concentran el 44,4% del padrón del país y siete de ellos están hoy en disputa. Esos siete —entre ellos Alajuela, Desamparados, Goicoechea, Pérez Zeledón, Puntarenas, La Unión y Liberia— reúnen más de la mitad del electorado contenido en los nodos estratégicos. Por eso una victoria de 60 alcaldías puede significar cosas muy distintas según cuáles sean esas 60. La meta de 70 mide extensión; no mide por sí sola profundidad territorial.

La tercera conclusión concierne a las costas. Allí existe una ventaja oficialista real, pero no uniforme. Guanacaste combina uniformidad de las dos papeletas nacionales con un 69% del padrón provincial situado en cantones hoy inclinados hacia PPSO, aunque Liberia sigue en disputa. Limón es quizá el caso de mayor densidad estratégica: Limón y Pococí, sus dos mayores cantones electorales, están del lado favorable o inclinado al oficialismo, y el bloque PPSO reúne el 68,6% del padrón provincial. Puntarenas, en cambio, demuestra por qué el conteo bruto engaña: ocho de trece cantones se inclinan hacia PPSO, pero los cinco en disputa contienen el 54,4% del electorado provincial. La fortaleza costera existe; su profundidad depende de qué nodos se controlen.

La pretensión de 70 debe entenderse, entonces, como una prueba doble. Aritméticamente exige una nacionalización excepcional de la elección municipal. Aun ganando los 35 cantones hoy inclinados y las treinta disputas, PPSO llegaría a 65 y tendría que conquistar cinco de los diecinueve cantones que parten en posición adversa. Geográficamente, la exigencia es todavía mayor. Dieciséis de esos diecinueve cantones adversos están dentro de la GAM; fuera de ella solo quedan Tarrazú, Dota y León Cortés. Incluso en el escenario más favorable, por tanto, llegar a 70 obliga a quebrar al menos parte de la resistencia metropolitana. Al 31 de agosto de 2026, los datos disponibles ubican a PPSO como la fuerza con mayor capacidad individual de expansión territorial. No sostienen que 70 sea el resultado central, y menos aún que cualquier conjunto de 70 alcaldías implique la misma profundidad política.

Habrá también un resultado simbólico, pero estará anclado en esa geografía. Si PPSO gana ampliamente en número y además captura varios de los grandes nodos de la GAM y de las regiones —Alajuela, Desamparados, Cartago, Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas o Liberia— podrá hablarse de una nacionalización territorial más profunda. Si acumula muchas alcaldías pequeñas mientras esos centros permanecen fuera de su control, habrá expansión, pero no la misma hegemonía. Del lado contrario, PLN y PUSC pueden perder alcaldías y conservar capacidad de supervivencia si retienen plazas de gran padrón y centralidad regional. En 2028 no bastará contar gobiernos locales; habrá que observar qué mapa funcional dejan detrás.

En 2026 se distribuyó el poder nacional. En 2028 se decidirá si ese poder adquiere una geografía municipal semejante o si queda escindido entre una periferia ampliamente oficialista y un núcleo metropolitano más plural y resistente. Ese resultado condicionará 2030 de una manera que el simple número de alcaldías no captura; determinará dónde existen cuadros, recursos, visibilidad y redes capaces de convertir una victoria electoral en organización duradera.

También podremos observar una relación menos visible y probablemente más preocupante. La pregunta es hasta qué punto las cloacas partidarias han permeado las redes sociales y, en sentido inverso, cuánto de las propias cloacas de las redes —el insulto, la desinformación, la humillación del adversario, la construcción del miedo y la recompensa de la agresividad— termina penetrando en los partidos y organizando su manera de competir. Para conocer las consecuencias de ese proceso no tendremos que esperar hasta 2030. Las municipales de 2028 permitirán observar cuánto de esa lógica ha descendido ya desde la gran disputa nacional hasta los cantones, las comunidades y las relaciones entre personas que seguirán encontrándose después de terminada la campaña.

Por tanto, también podremos comenzar a medir cuánto está costándole a Costa Rica convertir al adversario político en enemigo social y cuánto de la convivencia democrática se deteriora cuando participar activamente en esas cloacas deja de producir vergüenza y empieza a otorgar reconocimiento dentro del propio bando.

Anexos analíticos

Anexo analítico A. Matriz nacional de los 84 cantones: diagnóstico al 31 de agosto de 2026

La matriz completa se conserva como respaldo de trazabilidad. No pretende sustituir el argumento del artículo ni atribuye un resultado legislativo cantonal donde no existe documentación específica en las fuentes utilizadas. La marca “✓” identifica datos legislativos documentados en ese nivel territorial; no implica que exista una declaratoria legislativa cantonal del TSE. El asterisco indica únicamente el resultado provincial, usado como contexto de menor resolución territorial y no como sustituto del dato cantonal.

Nota. “Prov.*” significa contexto legislativo provincial y no ganador legislativo comprobado del cantón. En Guanacaste existe documentación publicada de que PPSO ganó la papeleta legislativa en los once cantones; Zarcero y el cantón central de San José cuentan también con documentación específica. En los restantes casos se conserva deliberadamente el dato provincial hasta disponer de una extracción completa y reproducible del resultado legislativo por cantón. Fuentes: TSE (2024, 2026b, 2026c), Angulo (2026), Bolaños Vargas (2026) y Castrillo Marín (2026).

Anexo analítico B. Cantones testigo y señales cualitativas

Nota. Los porcentajes presidenciales cantonales se utilizan como referencias descriptivas de la elección de 2026. Cuando se incorpora una señal legislativa provincial, se la identifica expresamente como contexto y no como resultado cantonal. Los datos cantonales de diputaciones solo se atribuyen al cantón cuando existe documentación específica. Las señales cualitativas describen hechos públicos, no efectos electorales ya comprobados. Elaboración propia con datos del TSE (2024, 2026b, 2026c) y las fuentes hemerográficas citadas.

Referencias

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