Rafael Brenes Leiva, Docente – TEC.
Este artículo parte de la convicción de que la derecha ha ganado el momento político, en buena medida, porque ha sabido leer mejor que la izquierda las demandas materiales de la ciudadanía. No se trata de una victoria definitiva ni de una ola ideológica homogénea, sino de un desplazamiento histórico que hace apenas cinco años habría resultado difícil de imaginar.
Buena parte de la izquierda progresista, atrapada en disputas identitarias y en una retórica de superioridad moral, ha perdido contacto con las preocupaciones concretas de la gente, que giran en torno a la seguridad, el empleo, la educación y los servicios públicos que funcionen. La derecha, sin constituir todavía una familia doctrinal coherente, ha logrado articular una sensibilidad política que conecta con la experiencia cotidiana de amplios sectores ciudadanos.
Iberoamérica ha cambiado de signo gubernamental, pero no ha resuelto sus fracturas estructurales. El giro actual debe entenderse menos como una conversión ideológica que como un castigo electoral a gobiernos percibidos como incapaces de transformar promesas de cambio en resultados efectivos. Este cambio no es un fenómeno aislado, pues en Europa se observan dinámicas análogas, alimentadas por las mismas tensiones entre expectativas ciudadanas y capacidad estatal. Y Estados Unidos y Canadá, aunque con trayectorias muy distintas, también están siendo sacudidos por estas fuerzas.
El Triunfo de la Derecha en Colombia y Perú: Más Allá del Simplismo Ideológico
Con la victoria preliminar en Colombia y una eventual confirmación de Fujimori en Perú, la derecha gobernaría la mayor parte de los países del litoral pacífico sudamericano, desde Chile hasta Colombia, mientras Argentina ya se encuentra dirigida por un gobierno situado fuera del campo progresista. El giro regional, sin embargo, no se limita a Sudamérica, pues en el istmo centroamericano se observan dinámicas análogas. Costa Rica ha sido gobernada en los últimos años por fuerzas que han roto con la tradición bipartidista y se han situado en el espacio conservador, mientras El Salvador se ha consolidado como un caso de referencia gracias al modelo de autoridad y seguridad impulsado por Nayib Bukele. Otros países de la región han mostrado desplazamientos hacia posiciones conservadoras o han reforzado sus hegemonías tradicionales, lo que confirma que el movimiento trasciende las fronteras sudamericanas.
La imagen permite hablar de un giro regional, pero convertirlo en una nueva ola homogénea de derecha sería apresurado, pues la región no ha ingresado en una era ideológicamente estable, sino en una etapa de gobiernos condicionales, sometidos al castigo de electorados cada vez menos leales.
El mapa que se reordena: victorias ajustadas, no olas ideológicas
En Colombia, la segunda vuelta presidencial se resolvió por un margen estrecho. El preconteo otorgó a Abelardo de la Espriella una ventaja consistente sobre Iván Cepeda, aunque el escrutinio jurídicamente vinculante y las impugnaciones mantienen abierta la proclamación oficial. Lo relevante no es solo el margen, sino la participación, pues casi la mitad del electorado respaldó la continuidad del proyecto de Gustavo Petro, lo que confirma que Colombia se encamina hacia un cambio de gobierno sin resolver su fractura política interna. La división del país permanece prácticamente simétrica.
En Perú, Keiko Fujimori se aproxima a la presidencia en su cuarta candidatura, después de tres derrotas consecutivas. La ventaja sobre Roberto Sánchez es tan ajustada que el resultado definitivo sigue sujeto a la resolución de actas observadas y recursos electorales, aunque la tendencia resulta cada vez más difícil de revertir. La victoria, si se confirma, tendrá un enorme significado histórico, aunque tampoco pueda interpretarse como una adhesión mayoritaria y compacta al fujimorismo, porque el país sigue partido casi por la mitad.
Los dos resultados deben leerse juntos, ya que la derecha gana por márgenes estrechos mientras la izquierda pierde, pero conserva electorados masivos, organizaciones territoriales, representación parlamentaria y capacidad de movilización. El continente cambia de orientación gubernamental sin resolver su polarización estructural. Con esa recomposición, el espacio político regional adquiere una fisonomía muy distinta, pues Argentina se encuentra bajo el gobierno liberal de Javier Milei, mientras Chile, Ecuador y ahora Colombia son gobernados por fuerzas clasificables dentro del amplio campo de la derecha. Paraguay continúa bajo la hegemonía colorada y El Salvador conserva el modelo de autoridad desarrollado por Nayib Bukele.
El mapa, por tanto, muestra una ventaja gubernamental de la derecha, pero no una hegemonía política consolidada, porque una hegemonía exige algo más que acumular presidencias, supone construir una interpretación relativamente compartida de la realidad, organizar alianzas sociales duraderas y convertir las victorias electorales en instituciones capaces de reproducir un proyecto. Tampoco las derechas iberoamericanas forman una familia coherente, ya que Milei reduce el Estado económico y busca disciplinar fiscalmente a la sociedad argentina, mientras Bukele expande radicalmente el aparato coercitivo estatal y De la Espriella promete reducir el tamaño del Estado colombiano, bajar impuestos y terminar las negociaciones con organizaciones armadas, pero al mismo tiempo se compromete a conservar algunas medidas sociales populares del gobierno de Petro. Estas fuerzas carecen de una doctrina común y las unifica provisionalmente una sensibilidad política formada alrededor de cuatro exigencias que son la seguridad, la autoridad, la eficacia y la recuperación del control estatal sobre territorios e instituciones.
La izquierda ante el retorno de la realidad material
Una parte importante de la izquierda clásica organizó su legitimidad alrededor de problemas materiales concretos. El salario, la tierra, la propiedad, la industrialización, el trabajo, la sindicalización, la educación pública, la seguridad social y la redistribución componían el campo de sus reivindicaciones. Podía equivocarse gravemente en los medios, justificar regímenes autoritarios o producir resultados económicos desastrosos, pero sabía identificar el terreno sobre el cual pretendía combatir.
En términos del filósofo español Gustavo Bueno, varias de esas corrientes pueden entenderse como izquierdas definidas porque mantenían una relación determinada con el Estado y proponían transformaciones políticas capaces de reorganizarlo. La definición remite a la estructura del proyecto, no a su valoración ética. El desplazamiento que ha operado la izquierda contemporánea es, sin embargo, de otra naturaleza.
La izquierda indefinida aparece cuando el centro de gravedad se desplaza hacia contenidos éticos, culturales, identitarios o morales cuya articulación política resulta difusa. Dentro de esta categoría más amplia, Bueno distingue corrientes extravagantes, divagantes y fundamentalistas. La izquierda extravagante desplaza el centro de la acción política desde sujetos articulados mediante un proyecto estatal de alcance general hacia identidades particulares como las étnicas, sexuales o culturales, cuya elevación a principio organizador común resulta problemática.
El wokismo constituye una de las expresiones más desarrolladas de este desplazamiento, pues conserva la matriz conflictiva de ciertas izquierdas y busca sujetos oprimidos, pero traslada la contradicción principal desde la producción hacia el lenguaje, el cuerpo, el género, la raza, la representación y la memoria. Por tanto, wokismo se entiende aquí, en un sentido restringido, como la articulación institucional de políticas identitarias y de reconocimiento que interpretan las desigualdades principalmente mediante categorías culturales, simbólicas e identitarias.
Muchas políticas de reconocimiento responden a discriminaciones reales y los derechos civiles, y la protección de minorías no pueden descartarse como frivolidades. La crítica comienza cuando estas cuestiones dejan de complementar la organización material de la sociedad y pretenden sustituirla, por lo que no se trata de proscribir el debate cultural, sino de entender la asignación de recursos escasos en un contexto de restricciones crecientes. El problema no reside en que ambos planos sean incompatibles, sino en la pérdida de jerarquía de las obligaciones materiales básicas cuando los recursos institucionales son limitados. Mientras una parte de las élites políticas y culturales otorgaba creciente centralidad a cuestiones de reconocimiento y sensibilidad, amplios sectores ciudadanos seguían evaluando al poder desde la seguridad, el empleo, el costo de vida, la salud y la educación.
Colombia ofrece una manifestación relevante de ese retorno, porque la promesa de la paz total perdió credibilidad frente a la experiencia cotidiana de la extorsión y el narcotráfico. El factor decisivo fue menos una reacción directa contra las agendas identitarias que el desgaste de la política gubernamental, la expansión de la violencia y la percepción de pérdida de control territorial. Perú presenta una configuración distinta, pues allí pesan más la fractura territorial, el voto exterior, la persistencia del fujimorismo y la fragmentación institucional, que una reacción directa contra las agendas identitarias. En ambos casos, sin embargo, se observa una reacción electoral contra fuerzas percibidas como incapaces de convertir sus promesas de cambio en resultados efectivos.
En las democracias competitivas, los electores castigan a los gobiernos que no resuelven problemas materiales como la inseguridad, el desempleo, la inflación y el deterioro de los servicios públicos. En los regímenes autoritarios, donde ese mecanismo de corrección electoral no existe, la presión material se manifiesta de otra forma, como crisis económica, escasez y, finalmente, aperturas forzadas al mercado o reformas dictadas por la supervivencia.
La evidencia más reciente del retorno de la sensatez basada en la realidad material en los regímenes autoritarios proviene, paradójicamente, de Cuba, donde la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 176 transformaciones que constituyen una de las reformas económicas más amplias desde 1959. El propio Miguel Díaz-Canel ha enmarcado el momento afirmando que Cuba vive las horas más difíciles de este siglo y que es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado.
El discurso de Díaz-Canel fue, en esencia, una lección de economía clásica, consistente en aceptar que cuando un sistema económico ignora las leyes fundamentales de la oferta y la demanda, cuando desatiende la necesidad de incentivos para la producción y cuando subestima la importancia de la inversión y el ahorro, el resultado es siempre el mismo. La escasez no se resuelve con discursos ni con decretos, sino con producción real, con estímulos al trabajo y a la iniciativa privada de generación de la riqueza, y con una gestión eficiente de los recursos. Cuba ha llegado a este punto de inflexión no por convicción ideológica, sino por la fuerza de los hechos, que se han impuesto a décadas de retórica revolucionaria. La lección es sencilla y antigua, aunque parece necesitar ser recordada una y otra vez, lo cierto es que la realidad material no se negocia, y quienes pretenden ignorarla terminan siempre rindiéndose ante ella.
Las transformaciones aprobadas abren la puerta a instituciones bancarias privadas, nuevos mecanismos cambiarios, mayor participación de actores no estatales e inversión extranjera en sectores antes reservados al Estado. Pero su alcance efectivo dependerá de la regulación y aplicación posteriores, aunque el paquete confirma una apertura económica que habría resultado difícil de imaginar pocos años atrás.
Por lo demás, la combinación de sanciones estadounidenses, caída del suministro venezolano, falta de divisas, deterioro productivo e ineficiencia interna ha llevado al régimen a flexibilizar componentes centrales de su modelo económico. La ironía de ello no debería perderse de vista, porque uno de los proyectos históricos más rígidamente organizados alrededor de la planificación estatal se ve obligado, por sus propias restricciones materiales, a reconocer los límites de su modelo.
El giro europeo y la crisis de capacidad estatal
Lo que ocurre en Iberoamérica guarda similitudes notables con lo que sucede en Europa, donde el giro hacia la derecha ha alcanzado las instituciones centrales de la Unión Europea. Los partidos nacional-conservadores y soberanistas reúnen alrededor de una cuarta parte del Parlamento Europeo, y esa cifra es especialmente significativa porque, por primera vez, una figura procedente de Hermanos de Italia y del espacio nacional-conservador, Raffaele Fitto, ocupa una vicepresidencia ejecutiva de la Comisión Europea. El Partido Popular Europeo ha comenzado a construir mayorías puntuales con fuerzas situadas a su derecha en determinadas votaciones, debilitando el cordón sanitario que durante años limitó su cooperación institucional.
La normalización de este espacio político se ha acelerado en los países más influyentes del continente. En Alemania, en las elecciones federales de febrero de 2025, Alternativa para Alemania duplicó prácticamente su votación y alcanzó el 20,8 por ciento. Sondeos posteriores la han situado por encima de ese resultado y, en algunos momentos, en competencia directa con la CDU/CSU. Francia presenta una situación igualmente reveladora, pues la Agrupación Nacional ha dejado de funcionar únicamente como fuerza de protesta y aparece cada vez más normalizada como alternativa de gobierno, aunque la configuración definitiva de la elección presidencial de 2027 permanece abierta. En Italia, Giorgia Meloni encabeza uno de los gobiernos más duraderos de la historia republicana reciente y ha mantenido a Hermanos de Italia alrededor del treinta por ciento en las encuestas, demostrando que la derecha puede gobernar con estabilidad cuando abandona el tono de la protesta y asume el lenguaje de la gestión.
Sin embargo, los acontecimientos más recientes son más ilustrativos. El caso británico añade complejidad a este panorama, pues el gobierno laborista de Keir Starmer, que llegó al poder en julio de 2024 con una victoria aplastante, se ha desplomado en apenas dos años. El detonante fue la contundente victoria de Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield, que desató una rebelión interna de diputados laboristas que exigían la salida del primer ministro. El lunes 22 de junio de 2026, el propio partido mayoritario forzó la dimisión de su líder, obligándolo a abandonar el cargo que había conquistado con una de las mayorías más holgadas de la historia reciente.
El laborismo había prometido regeneración y estabilidad tras catorce años de gobiernos conservadores, pero la inflación persistente, el colapso de los servicios públicos y la incapacidad para controlar la migración han devorado su crédito político. Reform UK, la fuerza liderada por Nigel Farage, ha capitalizado ese descontento y se ha consolidado como una alternativa real, mientras los conservadores, que habían sido barridos en 2024, comienzan a recuperar terreno. La pregunta que queda abierta es si el relevo por Burnham, una figura con mayor arraigo popular podrá restaurar la confianza en el laborismo o si el desgaste del gobierno es ya irreversible y la derecha seguirá avanzando en un país que ha tenido siete primeros ministros en menos de una década.
El caso español añade una variante a esta dinámica europea, pues el partido que llegó al poder como alternativa a la corrupción se ve ahora devorado por ella. Pedro Sánchez desalojó al Partido Popular en 2018 tras el caso Gürtel, pero la corrupción se ha enquistado en su propio entorno. Su hermano David Sánchez ha comenzado un juicio por prevaricación, su esposa Begoña Gómez ha sido imputada por tráfico de influencias y su exministro José Luis Ábalos ha sido condenado en el caso de las mascarillas. Pero la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra ha sido el golpe más simbólico. La Guardia Civil ha registrado la sede del PSOE en Ferraz por una trama de financiación ilegal, y un juez ha acusado al partido de mantener en nómina una organización criminal.
El Partido Popular exige elecciones anticipadas, los socios de investidura se distancian de Sánchez y las encuestas autonómicas auguran un retroceso generalizado. Sánchez se aferra al poder y descarta cualquier adelanto electoral, pero la pregunta ya no es si su gobierno caerá, sino cuándo y de qué forma. Zapatero, que negó la crisis hasta que no tuvo más remedio que enfrentarla, dejó a España prácticamente en quiebra, y ahora el PSOE repite el mismo patrón de negación y aferramiento al poder, mientras la corrupción carcome sus cimientos. La derecha aguarda su oportunidad, aunque deberá demostrar que ha aprendido la lección y no repetirá los excesos que la llevaron a la derrota en 2018.
Por su parte, Europa central sigue siendo un espacio privilegiado para la derecha nacional y conservadora, aunque ya no constituye un bloque homogéneo. La derrota de Viktor Orbán ante Péter Magyar en abril de 2026 mostró que el desgaste material, la corrupción y la articulación de una alternativa conservadora proeuropea también pueden desalojar a una fuerza gobernante consolidada. Lo relevante de este episodio no es que la izquierda haya recuperado el terreno perdido, sino que la derecha ha sido capaz de renovarse a sí misma, de corregir sus excesos y de presentar una opción más viable para un electorado que sigue siendo profundamente conservador en sus valores fundamentales.
Péter Magyar representa, en ese sentido, el retorno al modelo original de esa derecha, una corriente que combina la defensa de la soberanía nacional con la integración europea, que rechaza el autoritarismo sin renunciar a la autoridad y que entiende que la lucha contra la corrupción no es un gesto simbólico, sino una condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana. La lección para la derecha iberoamericana es clara, pues el desgaste del poder puede afectar a cualquiera, pero la capacidad de renovación interna y de corrección de rumbo es lo que distingue a una tradición política viva de una que se aferra al poder por inercia.
En Polonia, el candidato conservador Karol Nawrocki ganó la presidencia por un margen mínimo de menos de 370.000 votos, una victoria que confirma la división casi simétrica de la sociedad polaca. En la República Checa, Andrej Babis ganó las elecciones generales de octubre de 2025 al frente de una coalición de orientación eurocrítica, y en Eslovaquia el primer ministro Robert Fico continúa con sus políticas nacionalistas.
Lo que explica la simultaneidad de estos fenómenos en ambos lados del Atlántico son cuatro factores convergentes. El primero es el malestar económico, pues el aumento del costo de vida, la inflación persistente, el crecimiento anémico y el deterioro de los servicios públicos han generado un caldo de cultivo para los discursos antisistema.
El segundo es la migración, que se ha convertido en el eje del discurso de la derecha en ambos continentes, ya que el miedo a la pérdida de identidad, la vinculación de la inseguridad con la inmigración y la percepción de que los recursos del Estado se desvían hacia los recién llegados han demostrado una eficacia electoral extraordinaria.
El tercer factor es el desplazamiento simbólico de la izquierda, que ha sido percibida como más preocupada por la corrección moral que por los problemas concretos de la gente, una percepción que la derecha ha explotado hábilmente.
Por último, el cuarto factor, y quizás el más decisivo para entender el carácter estructural de este giro, es la crisis de capacidad estatal. El elector no castiga únicamente el empobrecimiento o la inmigración, sino que castiga la percepción de que el Estado ha perdido control sobre fronteras, calles, escuelas, infraestructura y normas.
La derecha ha convertido esa pérdida de capacidad en una cuestión de autoridad, mientras buena parte de la izquierda la ha interpretado como un problema discursivo, distributivo o moral. La crisis de capacidad estatal es el factor que realmente unifica todos los casos, pues Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Alemania, Francia, Italia, Hungría y Polonia presentan variantes de una misma tensión entre expectativas ciudadanas y resultados gubernamentales.
Las fracturas dentro del giro
Sin embargo, sería un error interpretar este giro como un movimiento monolítico. La derecha europea, al igual que sus homólogas iberoamericanas, está profundamente fragmentada. Existen tres grupos parlamentarios distintos en el Parlamento Europeo, y sus diferencias son sustanciales, especialmente en materia de política exterior y relaciones con Rusia. El soberanismo que las une también las divide, porque cada partido vela por los intereses de su país antes que por los de una supuesta causa común. Esta fragmentación, paradójicamente, fortalece a los partidos de centro, que siguen siendo la primera fuerza política en el Parlamento Europeo. Incluso dentro del Partido Popular Europeo, la cooperación con la derecha está generando tensiones internas entre las delegaciones nacionales, lo que indica que la normalización de este espacio político no es un proceso sencillo ni exento de contradicciones.
Además, hay señales de que el predominio de ciertas fuerzas no es irreversible, aunque ello no implica necesariamente un retroceso de la derecha como tendencia general. La derrota de Viktor Orbán en Hungría demostró que incluso los gobiernos más consolidados pueden ser relevados cuando la oposición logra articular una alternativa creíble, pero en ese caso el relevo vino de la mano de una derecha conservadora proeuropea que supo capitalizar el desgaste material y la corrupción, no de un giro hacia la izquierda. En los Países Bajos, por su parte, la derecha perdió casi un tercio de su representación en las elecciones de 2025, lo que abrió la puerta a un gobierno de coalición de centro.
La fragmentación política que ha favorecido a la derecha en algunos momentos también podría volverse en su contra, y los partidos de centro aún conservan capacidad de competir, aunque el margen de error se ha reducido considerablemente. Lo que estos casos sugieren, en todo caso, es que la derecha debe mantenerse alerta y renovarse permanentemente, pues el desgaste del poder y la fatiga ciudadana afectan a todas las fuerzas políticas sin distinción.
Estados Unidos y Canadá: el realineamiento y la excepción en América del Norte
En Estados Unidos, el giro a la derecha alcanzó su expresión más clara con el triunfo de Donald Trump en 2024. La victoria consolidó una transformación que había comenzado en 2016, pues la derecha ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una fuerza estructural de la política estadounidense. El dato más revelador es el desplazamiento generacional que se observó en las elecciones de 2024. Los votantes menores de 30 años se movieron entre 15 y 21 puntos hacia Trump, especialmente los hombres jóvenes, que lo hicieron en casi el doble de esa proporción; los votantes de 30 a 44 años también se movieron 8 puntos hacia Trump desde 2020. Este giro a la derecha entre los votantes jóvenes, impulsado por la ansiedad económica y el rechazo a la migración masiva, sugiere una transformación demográfica de largo plazo que podría reconfigurar la política estadounidense durante décadas.
La polarización que ha alimentado este fenómeno no es solo política, sino que también lo es cultural y territorial. Como ha señalado el analista Colin Woodard, Estados Unidos es una federación de culturas regionales con trayectorias históricas distintas. Nueva Inglaterra, las Tierras Medias, el Sur Profundo, los Apalaches, el Oeste Lejano y las costas del Pacífico responden a lógicas electorales muy diferentes. La coalición que respalda a Trump está formada por tres regiones donde la libertad se entiende principalmente como autonomía individual, que son los Apalaches, el Sur Profundo y el Lejano Oeste. La coalición que lo enfrenta, en cambio, agrupa regiones donde la cultura enfatiza el bien común, como Nueva Inglaterra, Nueva Holanda y la Costa del Pacífico. Esta fragmentación territorial explica por qué la polarización estadounidense es tan persistente, pues no se trata de un desacuerdo político pasajero, sino de un conflicto entre concepciones de la vida buena que tienen raíces históricas profundas.
Frente a esa tendencia, Canadá ofrece el principal contraejemplo al giro a la derecha en América del Norte. Las elecciones federales de abril de 2025, que según todas las encuestas debían ser una victoria segura para los conservadores de Pierre Poilievre, se convirtieron en un triunfo inesperado para los liberales de Mark Carney. La explicación de este giro electoral se encuentra en la reacción canadiense a las amenazas de Donald Trump.
Durante más de un año antes de la elección, las encuestas otorgaban a los conservadores una ventaja clara sobre el Partido Liberal, que había estado plagado de escándalos y mala gestión económica. Los liberales llegaron a estar 27 puntos por debajo de los conservadores en diciembre de 2024, sin embargo, inmediatamente después de la segunda investidura de Trump en enero de 2025, la ventaja de los conservadores comenzó a evaporarse. Las amenazas de anexión de Trump y la imposición de aranceles a los bienes canadienses convirtieron la defensa de la soberanía canadiense en el eje de la campaña liberal. Los canadienses que anteriormente tenían la intención de votar por el NDP o incluso por los conservadores desertaron en masa al Partido Liberal. Cuando los votantes acudieron a las urnas el 28 de abril, los liberales obtuvieron cerca del 44% de los votos frente a aproximadamente el 41% de los conservadores, mientras el NDP se desplomaba a un 6,3% de los votos, una caída de 11,5 puntos porcentuales desde 2021 y su peor resultado histórico.
Hay que considerar que Canadá tiene regiones de fuerte tradición comunitaria como Quebec y Terranova, que inclinan el centro de gravedad político del país hacia la izquierda, pero el caso canadiense demuestra que el giro a la derecha no es un fenómeno universal ni irreversible.
La excepción canadiense revela que el factor más decisivo en la política contemporánea puede ser la capacidad de un líder o un partido para apropiarse del sentimiento nacionalista predominante. Cuando ese sentimiento se alinea con la izquierda, como ocurre en Canadá debido a la amenaza estadounidense, el giro a la derecha se detiene. Sin embargo, Canadá también muestra los límites de esta excepción, pues la polarización y el voto estratégico que caracterizan a la política estadounidense están comenzando a infiltrarse en el sistema político canadiense, aunque todavía de forma atenuada.
Los contrapesos Iberoamericanos: México, Brasil y Uruguay
El mapa político iberoamericano no se agota en los regímenes autoritarios ni en el giro electoral hacia la derecha, pues México y Brasil, las dos democracias de mayor peso demográfico y político de la región, representan los contrapesos de una izquierda que aún compite electoralmente con posibilidades reales. Brasil se encamina hacia las elecciones presidenciales de octubre de 2026, donde Lula da Silva busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro. Lula llega con ventaja en los sondeos, aunque el bolsonarismo conserva una implantación suficientemente amplia para mantener abierta la competencia. Brasil será el principal examen electoral del ciclo, porque si Lula logra la reelección, la izquierda demostrará que aún puede ganar en condiciones de competencia democrática, mientras que, si pierde, el giro regional se habrá consumado en el país más grande de Iberoamérica.
México seguirá siendo el principal contrapeso nacional-popular en la región, aunque su carácter de excepción merece ser examinado con cuidado. El proyecto de Morena no es una izquierda convencional, sino una amalgama de nacionalismo revolucionario, populismo redistributivo y pragmatismo autoritario que ha sabido combinar la defensa de los sectores populares con un control férreo del aparato estatal.
Sus elecciones legislativas de 2027 no pondrán en juego la presidencia, pues Claudia Sheinbaum está en el cargo hasta 2030, pero medirán con precisión el desgaste del proyecto y su capacidad para conservar una mayoría parlamentaria operativa. Lo que ocurra en esos comicios será revelador, porque Morena ha gobernado con una disciplina inusual y ha logrado mantener la cohesión de una coalición que abarca desde sectores progresistas hasta nacionalistas de derecha, pero el paso del tiempo y la acumulación de problemas no resueltos podrían erosionar esa base de apoyo.
Uruguay, por su parte, ofrece un límite de naturaleza muy distinta, pues el Frente Amplio recuperó el gobierno en 2025 con Yamandú Orsi mediante una izquierda moderada, institucional y competitiva que supo distanciarse de los excesos identitarios y mantener un anclaje en las preocupaciones materiales de la ciudadanía. La experiencia uruguaya demuestra que la izquierda puede seguir siendo competitiva cuando renuncia a la superioridad moral y acepta las reglas de la economía de mercado, aunque incluso allí el desgaste del poder y la fatiga ciudadana son fuerzas que ningún proyecto puede ignorar indefinidamente.
Para ir concluyendo
Iberoamérica se desplaza hacia la derecha, pero todavía no ha construido una hegemonía conservadora. Las victorias de Colombia y, probablemente, Perú ocurren sobre sociedades partidas, mientras México, Brasil y Uruguay muestran que la izquierda conserva capacidad electoral. La región no ha ingresado en una era ideológicamente estable, sino en una etapa de gobiernos condicionales, sometidos al castigo de electorados cada vez menos leales.
En Estados Unidos, el giro a la derecha entre los votantes jóvenes sugiere una transformación de largo plazo, pero la volatilidad electoral y la fragmentación territorial podrían reconfigurar el mapa en las elecciones de medio mandato de 2026 y la sucesión presidencial de 2028. Mientras que, en Canadá, la excepción al giro regional demuestra que la amenaza externa y la capacidad de un líder para apropiarse del sentimiento nacionalista pueden alterar radicalmente el curso de una elección, a pesar de los malos resultados de la izquierda.
Europa, por su parte, confirma la misma pauta que Iberoamérica, aunque con un matiz institucional importante. El avance de la derecha en el Parlamento Europeo y en los gobiernos nacionales no ha producido una hegemonía conservadora estable, porque la fragmentación soberanista y las diferencias en política exterior, especialmente respecto a Rusia, dificultan la construcción de una alternativa continental coherente. Sin embargo, lo que sí ha quedado claro es que la crisis de capacidad estatal y el malestar material han erosionado la confianza en las fuerzas tradicionales, tanto en la izquierda como en el centroderecha, y han abierto un espacio para fuerzas que articulan mejor el orden, la frontera y la seguridad.
La lección del caso húngaro para la derecha iberoamericana es la misma que se desprende de los casos británico y español, la que el poder se desgasta, la confianza se agota y la única garantía de permanencia es la capacidad de leer correctamente las demandas materiales y de traducirlas en instituciones eficaces. Europa no ha resuelto su crisis política, pero ha mostrado que la derecha puede ser el vehículo de esa corrección, siempre que no confunda autoridad con arbitrariedad ni eficacia con impunidad.
La explicación de este cambio de tendencia de izquierda a derecha se encuentra en el retorno de la restricción material, que en las democracias competitivas aparece como castigo electoral a gobiernos incapaces de resolver problemas concretos, mientras que en los regímenes autoritarios aparece como crisis económica y apertura forzada. La derecha ha comprendido correctamente que la política vuelve a organizarse alrededor del orden, la frontera, la producción, la energía, la escuela y la capacidad estatal. Su desafío consiste ahora en convertir ese diagnóstico en instituciones eficaces, sin degradar las libertades que afirma proteger. La izquierda, por su parte, debe recuperar la capacidad de traducir las restricciones materiales en un proyecto estatal viable, sin refugiarse en la superioridad moral.
La derecha ha ganado el momento, pero todavía debe demostrar que sabe construir el futuro. Gobernar en la Iberoamérica contemporánea ya no significa haber vencido para siempre, sino ser evaluado todos los días.