Es hora de pasar de la retórica de la austeridad a la acción de la prosperidad compartida.
Rafael Vargas Brenes, Diputado
Costa Rica se encuentra en una encrucijada donde la palabra «eficiencia» parece haberse convertido en el único barómetro del éxito gubernamental. Sin duda, modernizar el Estado y sanear las finanzas es un imperativo que no podemos ignorar. Sin embargo, la eficiencia no puede ser un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar un objetivo superior: el bienestar de las familias y la reactivación de la movilidad social que una vez nos hizo excepcionales
Recientemente, hemos planteado cuatro rutas de acción que no buscan confrontar por deporte, sino ofrecer una hoja de ruta para un consenso nacional necesario.
Estas no son simples aspiraciones retóricas; son inversiones estratégicas que el país requiere para no hipotecar su futuro.
Educación: La mayor inversión en productividad Hablar de eficiencia sin hablar de educación es un contrasentido económico. La verdadera brecha que nos empobrece es la digital y la territorial. Proponemos elevar la calidad y pertinencia de la educación técnica no como un gasto, sino como la forma más barata y efectiva de reducir la dependencia de la asistencia social y aumentar la competitividad de nuestras empresas. Un joven con habilidades técnicas es un ciudadano que aporta al PIB desde el día uno.
Empleo digno: Simplificar para crecer. La modernización del Estado debe pasar por eliminar los cuellos de botella que asfixian a nuestras micro y pequeñas empresas. No necesitamos un Estado que solo controle, sino uno que facilite. La generación de empleo en todo el territorio —especialmente fuera del GAM— requiere un entorno favorable para la inversión que convierta la «tramitología» en agilidad digital. Si el Gobierno busca eficiencia, empiece por simplificar la vida de quien emprende.
Un Estado Social sostenible y transparente: Defendemos el Estado Social de Derecho, pero entendemos que para preservarlo debemos modernizarlo. La Caja y la educación pública no se defienden con consignas, sino con una gestión impecable que asegure que cada colón invertido llegue al paciente y al estudiante. La sostenibilidad del sistema depende de nuestra capacidad para erradicar la corrupción y la ineficiencia administrativa, garantizando que la protección social no sea un privilegio, sino un derecho efectivo.
Seguridad: La base de la libertad. No hay inversión social ni crecimiento económico posible bajo la sombra del narcotráfico. Proponemos una seguridad fuerte y firme, pero también humana. Esto significa recuperar el control de nuestras comunidades con tecnología y presencia policial, pero también con oportunidades que arrebaten a nuestra juventud de las manos del crimen organizado.
Un llamado al consenso
Es cierto que el Gobierno cuenta con una mayoría y una agenda propia. No obstante, la realidad nacional desborda las aritméticas legislativas. Estas cuatro rutas no son una «ocurrencia» de la oposición; son el sentir de sectores productivos, académicos y sociales que ven cómo la inversión social se condiciona bajo una lupa fiscal que a veces olvida el costo de la inacción. Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que estas ideas no sean vistas como críticas, sino como puentes. La eficiencia fiscal es necesaria, pero solo la justicia social nos dará la estabilidad política para sostenerla en el tiempo. Es hora de pasar de la retórica de la austeridad a la acción de la prosperidad compartida.