Recuperar la confianza

Es perentorio que las autoridades judiciales correspondan adecuadamente al esfuerzo investigativo realizado por los medios de comunicación y por el poder legislativo en el caso del cemento chino

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Luis París Chaverri, Exembajador

El extraordinario y diligente trabajo de investigación realizado por varios medios de comunicación social permitió desenmascarar y desenmarañar una vasta red de tráfico de influencias alrededor del negocio de un audaz empresario para la importación de cemento desde China.

Con la absoluta claridad de que “el mejor periodista es un investigador, pero ni policía, ni juez”, que “documenta e interpreta el caso, y ahí acaba su función”, como lo definiera el escritor y periodista español Miguel Ángel Bastenier, los profesionales encargados de las indagaciones nos entregaron, a lo largo de varios meses, objetivos reportajes periodísticos sobre ese caso.

Sus pesquisas revelaron el otorgamiento de cuantiosos créditos bancarios tramitados con sospechosas reformas reglamentarias, acordadas ex profeso, y aprobados con el respaldo de dudosas garantías, así como las inusitadas visitas a la Casa Presidencial del empresario involucrado en el negocio, y los posteriores actos administrativos de algunas dependencias gubernamentales con los que se le favoreció.

Ese valiente esfuerzo periodístico, por su significativa, valiosa y trascendental contribución a la lucha contra la corrupción, es merecedor del aplauso y la gratitud de todos los costarricenses.

El ulterior trabajo de investigación que sobre este caso realizó una comisión legislativa, concluyó con un extenso y bien documentado informe en el que se censuró al entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, por faltar al deber de probidad y se cuestionó el proceder de algunos de sus más cercanos colaboradores, como el exdiputado Víctor Morales Zapata, el anterior jefe de la DIS, Mariano Figueres, y el ex titular del MEIC y actual diputado del PAC, Welmer Ramos.

Además, en dicho informe se señalaron y fundamentaron las irregularidades cometidas por varios jerarcas de la banca estatal y otros funcionarios gubernamentales y judiciales del más alto nivel.

Este nefasto y deplorable affaire, que es uno de los casos de corrupción de mayor envergadura en la historia del país, salpicó a los tres poderes del Estado, deteriorando aún más su ya deslustrado prestigio, puesto que, lamentablemente, se confunde la conducta de los funcionarios con el propio valor de las instituciones.

La indignación que tales actos ha producido en la ciudadanía tiene el pernicioso efecto de incrementar la desconfianza en nuestra institucionalidad, lo cual es muy grave si consideramos que la confianza ciudadana constituye el soporte más importante de cualquier sociedad democrática.

La información noticiosa proporcionada por la prensa y los resultados del control político efectuado por los diputados sobre este caso, están, desde hace algunos meses, en poder de las instancias judiciales pertinentes para su respectivo análisis, procesamiento y resolución.

Aunque comprendemos la complejidad de algunos casos y la precariedad de sus recursos, es necesario que el Ministerio Público actúe con eficiencia y presteza para finalizar la etapa de investigación y definir la situación jurídica de todas las personas señaladas en el informe aprobado por el plenario legislativo y de otras que surjan de sus propias indagaciones.

Es importante entender que cuando las instituciones son cuestionadas por la desconfianza, como lo han sido en este caso, estas sufren el desprecio de la ciudadanía y la consecuencia de ello es el deterioro de la legitimidad del sistema.

Porque es una realidad imposible de ocultar, que la desconfianza ciudadana crece cada día en nuestro país y que la mayoría de los costarricenses creen que la corrupción está

extendida en el gobierno y en las instituciones públicas, lo que obliga a una gestión más abierta, más transparente y más confiable de todo el aparato estatal.

Con el objetivo de recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, es conveniente y necesario que el Estado demuestre tener la capacidad para combatir la corrupción.

Y desde esa perspectiva, es perentorio que las autoridades judiciales correspondan adecuadamente al esfuerzo investigativo realizado por los medios de comunicación y por el poder legislativo en el caso del cemento chino. Eso es lo que esperan y demandan los ciudadanos.

Una respuesta tardía o insuficiente de las instituciones encargadas de esclarecer los graves hechos denunciados, y de juzgar y sancionar a los responsables, puede acrecentar la desconfianza ciudadana y profundizar la pérdida de legitimidad de nuestro sistema democrático.

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