Responsabilidad fiscal

Por eso la pregunta pertinente es hasta cuando seguiremos sólo, buscando chivos expiatorios y evadiendo la propia responsabilidad en la toma de decisiones.

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Cuando la Contraloría General de la República en su reporte semestral sobre la evolución del gasto público, entre otras cosas indica, que el monto pagado sin autorización del Congreso por parte de Hacienda fue de 182.000 millones y no  de 40.000, se provocó un fuerte sismo. Igualmente se señaló en la presentación de ese informe,  que la obligación del Estado  es pagar, porque lo contrario hubiera sido nefasto ante acreedores e inversores, máxime considerando el punto álgido de la crisis fiscal. El actual descalabro fiscal  se fundamenta prioritariamente,  en la ausencia de decisiones responsables y significativas, las cuales se vienen postergando por parte de quienes han ocupado hasta ahora las curules de la Asamblea Legislativa.  De lo que no hay duda tampoco es que alguien es responsable por ese tremendo desaguisado  del Ministerio de Hacienda. Habrá que precisar cuando se dio, si medió algún cálculo electoral al omitir la información, quien  fue el responsable y que condiciones mediaron. Esa tarea de indagatoria con el propósito de sentar responsabilidades ya la asumió la propia Contraloría.

La parte interesante sin embargo ha sido el enfoque mediático de la noticia, porque el tema central que trajo la Contralora General en realidad, fue la urgencia de las decisiones que se requieren por parte de los legisladores,  como un primer paso; aunque tímido, para iniciar el camino hacia la sostenibilidad  fiscal del país. Tal decisión pasa por supuesto por la propuesta que haga el Poder Ejecutivo y que en teoría no debería admitir ya mas dilación.  No obstante algunos legisladores han preferido usar el rifle de perdigones y toda su artillería hacia el Ministerio de Hacienda, donde sin duda alguna hay un grado importante de responsabilidad, aunque para ello deban distraer su atención del problema principal de la presente coyuntura.

El pánico colectivo de los agentes económicos, de alguna manera ha influido para que no se alcancen las metas programadas, según lo han revelado autoridades de Hacienda. Pero lo que más se nota es el afán de linchamiento, siempre más poderoso que cualquier otra cosa que permita salir al país de la difícil coyuntura en que se encuentra.

La cuestión en el fondo es hoy la urgencia de aprobar este exorbitante presupuesto extraordinario de 600.000 millones de colones como un inicio hacia la sostenibilidad fiscal del país. Ello constituye tan sólo el primer paso hacia medidas en efecto estructurales tales como aquellas relacionadas con empleo público, transferencias, sistemas de pensiones, escalas salariales y otros temas no menos importantes. Por eso la pregunta pertinente es hasta cuando seguiremos sólo, buscando chivos expiatorios y evadiendo la propia responsabilidad en la toma de decisiones.  Eso es lo que está entonces por verse.

 

 

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