Responsabilidad social de las empresas y respeto por los Derechos Humanos

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Aurelia Fernández Delgado, Abogada.

El punto de partida de este texto nace de una reflexión sobre una situación laboral reciente vivida por una persona cercana, quien es un excelente trabajador.

Esta persona tenía veinte años de laborar para una misma compañía, no obstante, decidió aceptar un nuevo empleo en otra empresa, pues le ofrecieron mejores condiciones laborales.

Al empezar su nuevo trabajo, las funciones por las cuales fue contratado inicialmente le fueron variadas. Como consecuencia de esto, se vio obligado a trabajar aproximadamente catorce horas diarias, de lunes a sábado.

Además, como era jefe y su salario resultaba “competitivo”, no podía cobrar horas extras. Con tan solo cuatro meses de haber iniciado en este nuevo trabajo, debido al extremo cansancio y por no poder disfrutar de su familia, se vio obligado a renunciar.

En Costa Rica mucho se habla sobre el tema de los derechos humanos, pero ¿quién es responsable de la vigencia de los derechos humanos en el trabajo? Podríamos pensar, partiendo de una visión exclusivamente paternalista, que es una tarea exclusiva del Estado.

Hemos aprendido que solo el Gobierno es el responsable del respeto, protección y garantía de los derechos. Pero qué tal si amplíanos la pregunta… ¿Sólo es responsable el Estado?, ¿Las empresas podrían también ser responsables? Lo cierto es que lo son.

La Organización de las Naciones Unidas, estableció los 31 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos aprobó por unanimidad el 16 de junio de 2011, reconociendo con ello el rol preponderante que juegan las empresas en la tutela de los derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que establece la hoja de ruta que deben seguir los países en los próximos doce años en materia de derechos humanos, esto le da sentido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

En el objetivo octavo de dicho documento se plantea promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno productivo y el trabajo decente para todos.

En este punto, es importante esclarecer un concepto del que se escucha mucho, pero que tiene un significado distinto al que solemos darle, y es el de la responsabilidad social empresarial, que no se reduce a lo que hace la empresa “con el dinero que le sobra”, pues a eso lo podríamos llamar caridad o filantropía. Por el contrario, se considera a la responsabilidad social empresarial, como la manera en que la empresa puede ejecutar sus negocios de manera competitiva, pero sin caer en violaciones de derechos humanos.

Por esta razón, las empresas en Costa Rica, tienen un papel importante en la protección de los derechos humanos y la justicia social, pues generan un impacto en las vidas de las personas en aspectos globales, desde la pobreza, los recursos naturales, hasta la corrupción, entre muchos otros. Por esta razón los derechos humanos tienen que respetarse en todas las fases de la cadena de producción de las empresas, desde la extracción y obtención de materias primas, hasta la toma de decisiones ejecutivas en las sedes de las compañías.

En la actualidad, ninguna empresa puede considerar reducir costos en sus operaciones, incumpliendo con normas propias de derechos humanos, pues a mediano plazo, esto les saldrá más caro. El hecho de obligar a los trabajadores a una jornada por encima de la establecida por el ordenamiento, con la excusa de “salarios competitivos” es inadmisible en un país como el nuestro, que pretende ser un modelo a seguir en el mundo en cuanto a la protección de los Derechos Humanos.

Por ello, el papel del Estado no puede limitarse a otorgar licencias y permisos para que una empresa entre en funcionamiento, debe promover que las actuaciones empresariales sean monitoreadas y frente a cualquier desviación, aplicar la sanción correspondiente.

Esto nos lleva a indicar que si bien el Estado, puede no vulnerar directamente los derechos humanos, si puede ser culpable por violaciones cometidas por terceros, en este caso las empresas, si no ha desarrollado medidas necesarias, que permitan propiciar una adecuada protección y garantía de los derechos humanos.

Esta visión de fomento por el respeto a los derechos humanos, es un valor adicional para las empresas, no sólo porque mejora su reputación, sino también su capacidad para atraer y retener buenos empleados, clientes y usuarios, así como la motivación y la productividad de las personas trabajadoras, la percepción de los inversores, las relaciones con los grupos de interés y las ventajas competitivas, por lo que todos como sociedad salimos ganando con empresas comprometidas en el respeto y protección a los derechos humanos, en una sociedad que cada día más lo amerita.

 

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