Revisión de la Estabilidad del Sector Financiero en Costa Rica – Informe FMI

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Gerardo Corrales Brenes, Economista.

Informe del Fondo Monetario Internacional

  • El Estudio se basa en información disponible a diciembre del 2017
  • Se trata de un diagnóstico que propone planes de acción a mediano plazo, organizados por prioridades, con miras a impulsar una reforma sólida del sector financiero que contribuya a la estabilidad, profundización e inclusión financieras
  • Los sectores de banca y seguros están dominados por grandes instituciones estatales( 50% y 80% de los activos totales, respectivamente) y persisten algunas distorsiones a la competencia. Por ejemplo, los bancos privados tienen la obligación de prestar a los bancos estatales a tasas inferiores a las del mercado un 17% de los depósitos a la vista. Los bancos del Estado gozan de una garantía explícita del gobierno mientras que los bancos privados no gozan ni de una garantía explícita similar ni de una garantía de los depósitos, lo cual reduce su capacidad para competir por depósitos en colones. Lo anterior, explica en parte que el 80% de la intermediación financiera en colones sigue estando dominada por los bancos del Estado.
  • A pesar de los avances, el Marco de Estabilidad Financiera de Costa Rica no está bien preparado para hacer frente a una crisis financiera sistémica sin comprometer seriamente los recursos fiscales
  • La Supervisión del Sector Financiero es cada vez más completa y basada en riesgos, pero carece de las potestades, herramientas y atribuciones necesarias para una supervisión eficaz de las instituciones y mercados
  • Deficiencias fundamentales, que de no ser atendidas, podrían afectar la estabilidad y el buen funcionamiento del sector financiero:
    • El marco general de supervisión bancaria carece de potestades y herramientas necesarias para la detección temprana de riesgos y adopción de medidas correctivas. Deben aprobarse proyectos de ley sobre la idoneidad y experiencia de directores y miembros de la alta gerencia de entidades financieras. El marco legal actual no le concede al supervisor autoridad para objetar la designación de los directores y los miembros de la alta gerencia de los bancos ni exigir su destitución, ni tampoco exigir criterios de idoneidad mínimos para esos cargos. La regulación actual sobre los mecanismos de remuneraciones es mínima o inexistente. Un proyecto de ley sobre Supervisión Consolidada que incluye también medidas correctivas y potestades sancionadoras, pues hoy el supervisor no tiene autoridad para supervisar in situ las entidades no reguladas que forman parte de un grupo financiero
    • El nuevo enfoque de supervisión basada en riesgos es un cambio de paradigma importante que requiere una gestión cuidadosa por parte de las superintendencias. La efectividad de dicha supervisión requiere estar respaldada por la protección legal del supervisor. Se mantiene un sistema de calificación CAMELS que es obsoleto y poco predictivo.
    • La red de seguridad financiera es incompleta y se carece de mecanismos de gestión de crisis. El Banco Central debe implantar un mecanismo de apoyo inmediato de liquidez. De igual forma, deben establecerse formalmente protocolos de gestión de crisis para la planificación y ejecución de decisiones en caso de crisis. Debe aprobarse el proyecto de ley para la creación de un marco de garantía de depósitos y de mejora en los mecanismos de resolución bancaria
    • Los planes estatales de pensiones de beneficio definido se encuentran bajo severo estrés y requieren modificaciones paramétricas urgentes para lograr su sostenibilidad. Los diferentes regímenes de pensiones administran un total de activos que equivale al 34% del PIB, cerca de $ 20 mil millones. El principal proveedor es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, cuyos aportes individuales no cubren el pago de prestaciones desde el 2011. Según las proyecciones, las reservas comenzarán a utilizarse alrededor del 2023 y se agotarán cerca del 2030.
    • La dolarización plantea riesgos de solvencia y de liquidez en el sistema bancario. El Banco Central tiene limitaciones para actuar como prestamista de última instancia y suministrar liquidez en dólares. La percepción de los administradores y los clientes de la banca que el riesgo cambiario es bajo, es parte debido a la intervención del Banco Central en el mercado de divisas. Es necesario cambiar este enfoque de intervención para que los participantes en el mercado internalicen los riesgos y para que el Banco Central contribuya a la desdolarización. Debe permitirse una mayor volatilidad cambiaria.
    • Existe un elevado apalancamiento de los hogares. El plazo de los préstamos hipotecarios y de consumo se ha prolongado sustancialmente para mantener la asequibilidad del crédito; una proporción sustancial de los préstamos de consumo tienen ahora vencimientos de 10 años y los préstamos hipotecarios superan los 30 años. Los efectos negativos del elevado apalancamiento de los hogares pueden verse exacerbados por la fuerte dolarización de los deudores no generadores y los altos niveles de desempleo. No existe una Central de Información de Deudores consolidada que incluye el crédito formal del sistema financiero; crédito financiero informal y crédito comercial
    • La deuda pública domina el mercado de valores, lo que impide que se desarrollen los mercados secundarios. La deuda pública asciende a $ 21700 millones, cerca del 50% del PIB. Es necesario reforzar el compromiso político y la coordinación entre los agentes para promover el mercado de valores
    • Las vulnerabilidades macro financieras están acentuadas por el persistente déficit público del gobierno, un círculo vicioso que impide la implementación de políticas financieras eficaces. Problemas en el financiamiento de los déficits públicos y en la gestión de la deuda pública acotan las opciones de implementación de reformas financieras eficaces
    • Las entidades financieras estatales, los fondos de pensiones y los aseguradores son los principales compradores de deuda pública a precios que no responden a mecanismos ni a condiciones de mercado. Esto expone a estas instituciones al riesgo soberano ya que tienen una concentración significativa de deuda pública en sus carteras
    • A fin de respaldar los esfuerzos por promover la inclusión financiera, es necesario elaborar una Estrategia Nacional debidamente concebida. La inclusión financiera en el sector regulado está sumamente limitada por la competencia del sector no regulado, sobre todo en lo referente al crédito al consumo. Esto puede causar consecuencias en la estabilidad financiera debido a los canales de interconexión y al sobreendeudamiento de los clientes.

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