Roberto Gallardo Núñez, Politólogo.

Aun cuando se cuenta ya con una vacuna que nos permitirá iniciar un retorno gradual a la normalidad prepandemia, todavía existe una gran incertidumbre sobre el futuro. Pese a esto, una cosa es cierta: dentro de un año estaremos mejor. La pregunta es ¿qué tan mejor y por cuánto tiempo?

El gobierno enfrenta un reto de corto plazo, cual es asegurar los recursos necesarios para financiar el creciente déficit fiscal. Parte de una posición mejor a la que se estimaba inicialmente, con un descenso de los ingresos fiscales que resultó ser la mitad de lo esperado, y con una economía que, después de meses de paralización, comienza a reactivarse, aun cuando sea moderadamente. Pero esto no significa que la magnitud del déficit no sea monumental, inédita en la historia reciente del país, y que no se requieran ingentes cantidades de recursos para financiarlo.

Aquí entonces, el tema fundamental es el costo de ese financiamiento. Por eso el convenio con el FMI es vital: nos abrirá las puertas a deuda barata (o por lo menos no tan cara), que puede usarse para sustituir deuda gravosa y generar ahorros que el país requiere. La necesidad de suscribir un acuerdo con el Fondo con ese objetivo mínimo parece haber sido aceptada por la mayor parte de la población y una buena parte de los actores políticos. Pero cuando se comienza a barajar la inclusión de otros objetivos, el consenso se convierte en enfrentamiento.

El gobierno parece apostar por una negociación sin traumas, centrada en las señales que se quiere mandar a la comunidad financiera internacional, y en la necesidad de conseguir recursos para financiar el enorme déficit. Esta visión, que podría denominarse como instrumental, puede concretarse ofreciendo un paquete de medidas mas o menos inocuas, que no generen conflictos con diferentes grupos, sobre todo a lo interno del sector público. Pero esta perspectiva choca con la pretensión de buena parte de la oposición, que considera que este proceso debería aprovecharse para que el gobierno se comprometa a efectuar cambios que se han denominado “estructurales”.

Quienes impulsan las llamadas reformas estructurales enfrentan, sin embargo, un problema de concepción. ¿Qué constituye un “reforma estructural”? La respuesta varía dependiendo del interlocutor, desde quienes aspiran a tener un estado mas eficiente, pero sin afectar mucho su diseño institucional actual ni disminuir sustantivamente su costo, hasta los que quieren un estado reducido que intervenga lo menos posible en distintos ámbitos de la vida nacional. A la imposibilidad de generar un discurso homogéneo que potencie estas posiciones, se suma una ciudadanía indiferente, receptiva a las críticas contra los privilegios e ineficiencia del estado, pero reacia a la adopción de medidas, que homologa a oscuras intenciones de lucro de grupos poderosos.

En este contexto, para evitar despertar resistencias en los grupos organizados y aprovechando que quienes piden reformas estructurales no las concretan en un programa común y se limitan a plantear algunas medidas aisladas o aspiraciones de carácter ético, el gobierno parece inclinarse a llevar al FMI una propuesta que tenga mas como propósito la atención de la situación generada por la pandemia, es decir en resolver el corto plazo. Tal vez la única concesión sea impulsar una ley de empleo público que disminuya la tasa de crecimiento del gasto en salarios del sector público. Pero ventas de activos importantes (INS, el BCR), o cierre de instituciones no parecen estar en el radar del Ejecutivo.

Lo peor que le podría pasar al país es que el debate de estas posiciones se lleva a un punto tal, espoleado además por el proceso electoral, que no se logre un acuerdo con el Fondo y respecto a la aprobación de una ley de empleo público. En un escenario como ese, dentro de un año, simplemente porque la economía se irá reactivando conforme se vaya vacunando mas gente, estaremos mejor. Pero sin un acuerdo para lo que sigue, cualquier mejora será temporal. El país no se merece esto.