Rodrigo Soto: @costarricense.cr

Rodrigo Soto, Escritor y cineasta.

Todavía recuerdo que allá, en los albores de la digitalización, hará unos 25 años, hubo el gobierno de un pequeño país centroamericano que -ignoro si por ingenuidad o porque había un negocio de por medio (admito que ambas no son excluyentes)-, resolvió crear una plataforma digital con un servicio de correos electrónicos para sus ciudadanos. Recuerdo también que en esa misma época había pequeñas y medianas compañías privadas -nacionales e internacionales- que ofrecían el mismo servicio.

El gobierno declaró entonces que adoptaba la iniciativa con el propósito de favorecer la inclusión digital y de facilitar el acceso a servicios públicos que el estado se proponía virtualizar. Hubo campañas de comunicación en los diarios -¡sí, en los diarios!-, promoviendo la plataforma en cuestión. ¡Vamos! Si tontos como yo nos apresuramos a abrir nuestra cuenta poseídos de fervor ciudadano, convencidos de que así nos sustraíamos un poco al poder de las corporaciones y apoyábamos a nuestro país. Hubo incluso -y esto ya no me gustó tanto- alguna coerción por parte del gobierno, advirtiendo que quienes no tuvieran su cuenta de correos en aquella plataforma, enfrentarían dificultades para acceder a los servicios públicos que se virtualizarían en el futuro.

Desde luego estoy hablando de una época en que las grandes corporaciones y plataformas de tecnologías digitales aun estaban desarrollando sus capacidades y no habían colonizado el ciberespacio hasta ejercer el control cuasi-monopólico que hoy tienen sobre él. Apenas comenzaba a tomarse conciencia del valor monetario de los datos generados por los usuarios y –así lo creo, pero no soy especialista en la materia— estos aún no se explotaban. (El término “monetización” no se había acuñado o, si existía, era en el ámbito de quienes concebían y perfeccionaban estas tecnologías, y estaba limitado, por tanto, al lenguaje de tecnócratas e iniciados). Pocos, creo, visualizaban entonces el poder y la importancia que llegaría a tener algo aparentemente tan inocuo como una dirección de correo electrónico.

No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que estas se convirtieran en la llave de acceso a las plataformas digitales de servicios integrados, donde era y es posible hacer infinidad de cosas, cada vez más: comprar un automóvil, reservar un vuelo, agendar un hotel, editar fotografías, escuchar músicas, ver películas, descargar libros, jugar videojuegos, y un etcétera tan largo como usted quiera.

Luego, con el advenimiento de las redes de telefonía móvil, pero sobre todo con el desarrollo de las terminales telefónicas de acceso y navegación en la esfera digital, las direcciones de correo electrónico adquirieron todavía más importancia, pues la tecnología se diseñó de modo tal que la conexión quedara asociada a una de estas direcciones personalizadas. De esta forma, las operaciones de cada terminal podían ser fácilmente monitoreadas y asociadas a individuos particulares.

¿Cómo hubiera podido el gobierno de un pequeño país -¡ni siquiera el de un gran país!-,  disputar el control de los datos, y por lo tanto, el dominio del espacio cibernético, a las cada vez más poderosas corporaciones que, además, eran las que desarrollaban los programas, los protocolos de transmisión de datos y todas las tecnologías asociadas a esta naciente esfera de la realidad?

No puedo precisar ahora cuándo tiempo estuvo vigente la plataforma ni cómo tuvo lugar su predecible mas no por ello menos triste final, y consigno aquí la anécdota como un episodio pintoresco -pero revelador- de la transición que vivimos.

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