Rodrigo Soto: Ni privatización ni corporativización

Creo que esta es una disyuntiva falsa y que es posible defender los bienes y servicios públicos sin validar los abusos heredados de otros tiempos, ni entregarlos al usufructo privado.

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Rodrigo Soto.

Dicen los entendidos que la gobernabilidad de Costa Rica durante la segunda mitad del siglo pasado descansó, en buena medida, en un pacto entre los gobiernos y los sindicatos del sector público. El sector privado sostenía con sus impuestos ese arreglo, a cambio del usufructo de un mercado protegido -el centroamericano. Los jerarcas del sector público gozaban de plena discrecionalidad para negociar con las seccionales o con los respectivos sindicatos convenciones colectivas, aumentos y cualquier otro beneficio relacionado con las condiciones laborales de los trabajadores. Los conflictos se centraban entonces en las zonas bananeras, pero en el sector público tendía a reinar una sospechosa calma negociada con los recursos públicos por los responsables políticos.

Imagino yo que las dirigencias sindicales basaban su prestigio y legitimidad en la ampliación progresiva de esos beneficios para sus agremiados. Naturalmente, muchas demandas eran legítimas y justificadamente se celebraban como conquistas.  De la misma forma, imagino que una de las prioridades de cualquier jerarca, era mantener calmas las aguas dentro de la institución a su cargo; de esa forma, también ganaba legitimidad y aseguraba su posición ante las máximas autoridades de gobierno.  Así llegamos a donde estamos hoy.

Esto me da pie a algunas reflexiones.

La primera tiene que ver con lo que suele llamarse la “corporativización” de lo público. Una buena cantidad de instituciones públicas se convirtieron, inadvertidamente, en “cuasi-corporaciones” cuya principal finalidad pareciera ser el beneficio de quienes ahí laboran, y solo secundariamente brindar eficientemente los servicios para los que fueron creadas.  Hacia finales del siglo pasado, por ejemplo, los funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pagaban solo la mitad de lo que pagábamos los demás costarricenses por los servicios de electricidad. Ignoro si hoy esto sigue siendo así.

Algunos amigos y amigas que trabajan en el sector público se quejan amargamente porque la gente de a pie no sale a defenderlos cuando algunos de esos beneficios son cuestionados o eliminados, y explican esto por la manipulación de los medios de comunicación, sin advertir hasta qué punto esos privilegios debilitan la causa de “lo público” que ellos creen encarnar y dicen defender.  No, señoras y señores: la causa de lo público no siempre ni necesariamente coincide con lo que defienden los sindicatos.  Si la corrupción se puede definir como la intervención de intereses particulares en la gestión de lo público, muchos de esos privilegios merecen ese término.

En la década de los 80, empiezan a soplar en el mundo los vientos de la desregulación y, durante los años 90, estos se convierten en un huracán llamado “New Public Manangment” (NPM), que impulsa abiertamente la privatización y la tercerización de los servicios públicos, entre otras características. A la larga, esa tendencia terminará imponiéndose en casi todo el mundo, impulsada por la ola globalizadora que se propagaba con fuerza arrolladora. En Costa Rica, gracias a la resistencia y a la lucha de varios sectores -entre ellos los trabajadores del sector público- esa tendencia no fue tan lejos como en otros países, y aunque algunos sectores estratégicos se abrieron a la competencia de actores privados, ninguna institución pública de importancia fue privatizada.

Como resultado de todo ello, algunos pretenden hacernos creer hoy que las únicas opciones viables son la privatización, para acabar con los abusos existentes dentro del sector público, o la defensa a ultranza del sector público en su estado actual, aunque ello implique convalidar excesos y abusos de todo tipo. En resumen: pretenden colocarnos entre la espada de la privatización y la pared de la “corporativización”.

Creo que esta es una disyuntiva falsa y que es posible defender los bienes y servicios públicos sin validar los abusos heredados de otros tiempos, ni entregarlos al usufructo privado.  Obviamente, hacer esto requeriría de claridad ideológica y de una fuerza política que hoy por hoy parece no existir en Costa Rica. Por el momento, el debate está secuestrado por quienes abogan y defienden una de aquellas dos posiciones y satanizan al adversario, pero sospecho que somos muchos los que no nos identificamos con ninguna de ellas. Superar esa falsa dicotomía sería, a mi juicio, un primer paso.

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