Ronald Obaldía González, Politólogo.

Una persona allegada y amada nos preguntó si en realidad estamos perdiendo nuestro país, o “que si a pedazos se está cayendo”.

Un “No” fue nuestra respuesta inmediata. Siguiendo las tesis de Antonio Gramsci y de Nicos Poulantzas, unas sociedades ideológica, política, civil, probadamente consolidadas, pero flexibles; activas, en constante superación y modernización, igual a nuestro Estado nacional, comportan nuestro principal legado y patrimonio.

Estos basamentos de la democracia liberal y preceptos cristianos nos han facilitado el trabajo, en lo concerniente a arrostrar cualesquier riesgos, amenazas, incluso emergencias. Nuestro Estado nacional ha resistido pruebas complejas, a través de las cuales ha salido airoso. Los síntomas de fatiga o de frustración democrática han sido mínimos en nuestra historia.

La evidencia descansa en la fallida invasión de los filibusteros esclavistas en 1856; la misma Guerra Civil de 1948, allí apelamos a la reconciliación; la administración del colapso de nuestro sistema económico en la década de 1980, aunados a las peligrosas implicaciones de las guerras centroamericanas, fueron acontecimientos que se aproximaron casi a convertirse en inminentes factores de desestabilización o degradación. Los dejamos a la zaga.

La economía con buen músculo.

Los datos económicos que a continuación exponemos hablan por sí solos, representan una especie de radiografía. Al estar lejanos los riesgos económicos, que repercuten en el sistema productivo, la especulación insensata en torno a la realidad nacional conlleva otro tipo de tergiversadas motivaciones que la propia evidencia científica se encarga de desmentir.

Nuestro pueblo hace esfuerzos incesantes en alcanzar las economías avanzadas. Dicha visión se continúa percibiendo. La inversión en educación en todos los ámbitos, la construcción de hospitales y los EBAIS, la apertura de carreteras; el impulso al consumo y la mayor producción, gradualmente habrán de crear riqueza, reducir la pobreza y el desempleo.

Tengamos en cuenta que el estricto Fondo Monetario Internacional (FMI) ofreció un dictamen favorable; colocó “al alza sus previsiones económicas para Costa Rica en el 2023, proyectando un crecimiento del 4,4% respecto al año anterior, en comparación con el 2,7% pronosticado en abril pasado”. Así lo muestra el más reciente informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado por el FMI el pasado 10 de octubre.

Las nuevas proyecciones económicas del FMI a favor del país “no difieren sustancialmente de las hechas por otros organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR), durante este año”. Incluso, la Universidad de Costa Rica (UCR) dio cuenta del alza de sus previsiones económicas en este año, pasando de un rango de crecimiento de entre el 1,5% y el 2,1%, calculado en marzo, a un pronóstico entre el 4,6% y el 4,8% a octubre del 2023, siendo de las más optimistas (Periódico La Nación, 11 de octubre del 2023, pág. 21).

En el orden de la evidencia, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y cuyos resultados fueron publicados en octubre de este año, ha habido progresos en lo tocante a la reducción de la desigualdad, tanto en las áreas rurales como urbanas.

El coeficiente de Gini, que mide la disparidad en la distribución de los ingresos per cápita entre los hogares, se situó en 0,502 durante este año, en comparación con el 0,504, registrado en el año anterior. “Este valor representa la cifra más baja desde que se comenzó a calcular la Enaho en el 2010”.

El coeficiente experimentó leves mejoras, tanto en las áreas urbanas como rurales costarricenses. En las áreas urbanas pasó de 0,494 en el 2022 a 0,491 este año. Por otro lado, en las zonas rurales, se ubicó en 0,489 en el 2022 y disminuyó ligeramente a 0,487 en el 2023. “A pesar de que la desigualdad no disminuyó de manera significativa, no aumentó como se temía, y continúa con la tendencia decreciente, distinto a lo mostrado previo a la pandemia” del covid – 19. Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales y del sector privado por reducirla han de continuar. (Eddy Madrigal Méndez, coordinador de la Enaho. En: el periódico La Nación, 21 de octubre del 2023, pág. 21).

Somos parte de la aldea global

Tampoco Costa Rica puede escapar de los contagios provenientes de las contemporáneas complicaciones de la sociedad humana, quien ha entrado en un nuevo ciclo “de turbulencias y cambios”.

Han salido a la superficie múltiples retos sin precedentes, entre ellos la relevancia de enfrentar el crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, cuyo poder lo ha habilitado hasta filtrar los sistemas económicos legitimados por la globalización. Se le puede contrarrestar; eliminarlo por completo es una tarea imposible.

La cooperación internacional es crucial, además del reforzamiento de las relaciones de trabajo entre los Estados, sean los Poderes Judiciales, la institucionalidad represiva y preventiva, las sociedades civiles, todo ello para encarar de forma precisa el fenómeno y así salvaguardar la seguridad tanto nacional como mundial.

Al ser informados por los medios de un acto criminal, ejecutado por el crimen organizado en alguna de nuestras comunidades, en efecto hay que asociarlo a los códigos agresivos de las redes globales, ello sin perder de vista las particularidades, o los roles específicos asignados a nuestro país en el ámbito de la economía subterránea y sus ramificaciones. En esta época ya vista ni tan subterránea que digamos.

Nuestros blindajes

La inversión en políticas sociales, conexas a la extensa clase media, practicadas por el Estado costarricense a lo largo de nuestra historia republicana han sido determinantes, en lo tocante a evitar que la magnitud de las causas y las consecuencias de los ilícitos, relacionados con la narcoactividad llegaran a ser impactantes en grados extremos, tal cual lo adolecen otras naciones de la región latinoamericana.

Mientras nuestro país persista en el reforzamiento de los principios de la economía distributiva de mercado, en el robustecimiento de la institucionalidad y la concertación democrática, capaz de superar las desigualdades sociales; el crimen organizado se encontrará con su antípodas, con la vacuna. Lo cual habrá de interferir el ascenso del Estado fallido, el autoritarismo, hechos a la medida de la antipolítica de los populistas “punitivistas”, demagogos, de los antisistemas, quienes actúan al ritmo de incendiarios, tan afines a los propios cabecillas de las organizaciones criminales.

En Costa Rica ha habido acierto, mesura y sentido de responsabilidad; rigurosidad científica en el debate de la identificación del fenómeno criminológico. Ciertamente, este es un producto de los desbarajustes sociales, entre ellos, la falta de oportunidades laborales, la pobreza, la marginalidad.

La visión preventiva ha estado inmersa en los proyectos legislativos, en los cursos de acción formulados y aprobados desde las distintas instancias del poder del Estado, en lo cual la se han hecho presentes la academia, los entendidos y los especialistas en la primera línea de confrontación alrededor de los ilícitos. Siempre con la conciencia puesta en que la prevención psicosocial, la reforma y el perfeccionamiento del sistema educativo, la rehabilitación del privado de libertad, forman parte del eslabón de las prioritarias intervenciones propias de la seguridad ciudadana. Eso sí, hay que adaptar la visión a los nuevos contextos.

En cambio, el alarmismo de los profetas de las calamidades, los exabruptos del Alcalde de la Municipalidad de San José, Johnny Araya, tienden a desorientar al público.

Sin ella, es decir, la estrategia de la seguridad pública, el desarrollo económico, puntualmente las inversiones, el comercio, el turismo, etcétera, se verían golpeados, a causa de una desobligación del Estado, respecto a la protección de las vidas de las personas, la paz en las comunidades y la salvaguarda de los bienes materiales.

Al soberano se le tiene que hablar en verdad y en libertad, reeducarlo sin apartarnos de nuestro pensamiento liberal y cristiano. Aún cuando es inadecuado que el Estado satisfaga todas las necesidades de la población; en lo referido al entorno social será fundamental ir recuperando y difundiendo la confianza en la efectividad de las labores planeadas y ejecutadas, “mediante la reconstrucción de las capacidades del Estado” y la sociedad civil.

Todo ello, con el objetivo de no solamente atacar la narcoactividad, sino que por parejo el cúmulo de patologías sociales, poseedoras de fuerza, en cuanto minar las bases de cualquier sociedad democrática, gobernable, tal cual la nuestra, fundada bajo la razón del derecho, el recto sentido de la justicia, la cohesión y la unidad nacional, anclada en los principios de los derechos humanos. A estos postulados, originarios, consustanciales a nuestra identidad nacional, ninguna vez podemos renunciar.

Apostar por lo intrépido

Coincido con la postura de nuestra colega politóloga Cecilia Cortés Quirós, dada a conocer en su artículo “Relatos de exnarcos”. En él subraya que en el diseño de las políticas públicas apropiadas “hay que reconocer que los narcos son parte de la sociedad”; que el Estado los discrimina con discursos binarios, tales como “ellos” y “nosotros”, “buenos” y “malos”…un discurso absurdo en su extrema simplicidad…que termina promoviendo que los narcos reproduzcan este discurso y se sientan los marginados, desechables de la sociedad”.

En una democracia humanista resulta ajeno el nivel de “discurso absurdo” o chabacano que, con la franqueza del caso, rechaza Cecilia Cortés.

En el Hospital de la Salud Mental, antes llamado el Hospital Psiquiátrico, ubicado en el distrito de Pavas, afortunadamente se acondicionó un pabellón especial, a favor de la atención de las personas que, arrastrando enfermedades mentales, delinquen.

Nuestro buen sistema de la administración judicial se había visto limitado en cuanto a conocimiento práctico a proceder en contra de dichas personas “especiales” y diferentes, conforme con la justa ejecución de las penas, En su defecto, ellas son más objeto del tratamiento médico que el ser sometidos a la cárcel. He aquí el más correcto proceder a tono con nuestra cultura civilista democrática, respetuosa de la dignidad y la integridad del ser humano.

En octubre de este año la Asamblea Legislativa aprobó la normativa de la nueva Ley Nacional de Salud Mental; ley que el propio Colegio de Psicólogos ha calificado de paso ejemplarizante, porque “se enfoca esta clase de padecimientos dentro de un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo”.

En ese proceso, dicha entidad afirma, “se valida el trabajo en equipo interdisciplinario como la herramienta idónea para la atención de la salud mental” (Periódico La Nación, 19 de octubre del 2023, pág 5). “No sería de extrañar que pronto otros países tomen a esta nueva legislación como modelo a seguir”, según subraya su presidente Angelo Argüello.

Leyendo la mencionada Ley, cabe hacer mención de algún enfoque que ronda en cercanía con lo abordado parcialmente por la politóloga Cortés. Por qué evitar hacer uso de tácticas atrevidas, destinadas a conceder salud a las personas involucradas en el negocio del narcotráfico. Las acciones disfuncionales de ellas supongo que tienen relación con los trastornos mentales y el comportamiento. Están enfermas.

Tampoco se les puede negar la opción terapéutica “más conveniente, según la condición que presenten”. Como ciencias del comportamiento de nuestro país, la psiquiatría, la psicología, la sociología, la criminología, la metodología del trabajo social, entre otras disciplinas del conocimiento, registran avances significativos.
Asimismo, en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hay efectivos policiales, expertos en técnicas de ingeniosas intervenciones persuasivas, disuasorias, en la modificación de las reacciones violentas y del cambio en la predisposición de los infractores a cometer delitos, tan útiles en el mejoramiento de la salud mental de la gente involucrada en el narcotráfico.

La imaginación, la reinvención y la innovación merecen la oportunidad en el sensible contexto actual, cuando aspiramos a reducir los homicidios y la delincuencia.

El empleo de renovados métodos de trabajo y de los recursos a nuestro alcance, hay que activarlos con prontitud. Que den resultados tangibles a corto plazo, así como el legislador asumió la responsabilidad de aprobar la Ley de Salud Mental, en medio de la incertidumbre del incremento de los delitos, pero en medio de las vías de la grandeza y las virtudes, de lo cual nuestro sistema democrático y estado de bienestar han gozado del reconocimiento internacional. Dentro de las alternativas y los nuevos marcos audaces, habrá que aprender a cambiar el mal vivir de “los narcos”.