Rosemary Castro: Revuelo remoto en la «Granja Girasol»

Insto al Consejo Universitario y a las personas candidatas a la Rectoría UCR – una candidata y cuatro candidatos – a ser los primeros en enarbolar la bandera de la inclusión y de la justicia social a lo interno de la institución al decretar el interinazgo como  emergencia institucional.

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Rosemary Castro Solano, Politóloga

Hace 75 años el escritor inglés George Orwell publicaba su novela “Animal Farm” (“Rebelión en la granja”, en español) cuya trama presenta una fábula distópica basada en una alegoría donde el autor elabora una crítica política a través de la personificación de los animales. Así, la historia ocurre en una hacienda inglesa en la que conviven gallinas, palomas, cerdos, perros, caballos, cabras, burros, ovejas y vacas que cuestionan ácidamente la política, por lo cual intentan crear una sociedad utópica como reacción crítica al papel del hombre, único ser que consume sin producir y que, paradójicamente, es dueño y señor de todos los animales.

De este modo, bajo el mando de los cerdos, los animales organizan una revolución en la granja y logran desterrar al hombre – el señor Jones – e instalar una sociedad que, si bien en principio es igualitaria, paulatinamente se corrompe e instala a los cerdos –trabajadores intelectuales de la Revolución y líderes de esta– como gobernantes colmados de privilegios, proclives a la corrupción y los cuales eventualmente se asemejan tanto al anterior dueño humano que para los otros animales resulta prácticamente imposible distinguir cerdos de humanos y viceversa. En síntesis, el libro es una sátira política en formato de fábula que eleva su voz contra el totalitarismo y la opresión, al plantear la reflexión en torno al hecho de que todos podemos ser corrompidos y que el autoritarismo siempre resulta perjudicial para la vida en sociedad.

¿Por qué traer a colación esta obra maestra de Orwell para la reflexión que los amigos de LaRevista.cr me invitaron a hacer en torno a la coyuntura actual en la Universidad de Costa Rica, especialmente de cara al proceso de elección de Rectoría 2020? Pues precisamente porque la alegoría planteada por Orwell en su novela sirve perfectamente como leitmotiv para analizar la actual coyuntura 2020 en la Universidad de Costa Rica, tanto a nivel interno con un clima inédito de autoridades en transición pues la pandemia obligó a posponer para septiembre el proceso de elección de Rectoría que estaba previsto para mayo, como en materia de la universidad pública en el escenario nacional, a partir del Dictamen de Mayoría que la Comisión Legislativa Especial que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) rindió a finales de mayo 2020 y el cual fue aprobado por 31 congresistas esta semana a pesar de sus demostradas falencias.

“Los seres humanos no odiaban menos a ‘Granja Animal’ ahora que estaban prosperando; al contrario, la odiaban más que nunca.”

Empecemos entonces por analizar este entorno externo. La Comisión Legislativa Especial Investigadora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se instaló en enero 2019 para analizar y comprender el funcionamiento de las universidades estatales, los aportes de la educación superior pública y la administración del FEES.

La Comisión centró su trabajo en el expediente 21052 y estuvo integrada por los legisladores Wágner Jiménez (PLN, presidente de la Comisión), Pablo Abarca (PUSC), Mario Castillo (PAC), Yorleny León (PLN), Erick Rodríguez (Independiente, electo por el PIN), Xiomara Rodríguez (PRN), Enrique Sánchez (PAC), Roberto Thompson (PLN) y Patricia Villegas (PIN).  Al momento de su instalación, el diputado Jiménez manifestó que la discusión debía darse “con base en datos serios y tomando en cuenta la institucionalidad y la transparencia de la información pues bajo ninguna circunstancia se pretende una discusión ideológica”.

Dieciocho meses después, a finales de mayo 2020, el dictamen de mayoría aprobado dicho ente – pues los legisladores Castillo y Sánchez de PAC rindieron un dictamen de minoría – contradice palabra por palabra esa intención inicial expresada por Jiménez por cuanto, lejos de basar sus “hallazgos” en datos precisos y correctamente interpretados, utiliza datos erróneos y falacias lógicas con el fin único y exclusivo de inducir a error a la opinión pública en materia de financiamiento estatal de la educación superior pública como modo de ajustar cuentas con la supuesta “asociación natural” – otra falacia – que perciben entre la universidad pública costarricense y el partido de gobierno Acción Ciudadana.

Esto es, el documento – cuya calidad retórica y citación de fuentes es además tan deficiente que parece una broma de mal gusto en vista del tema que trata – no sólo plantea que las “universidades del futuro” se centren en impartir carreras de naturaleza técnico-científica como las ingenierías o afines – clarísimo el terror a las carreras orientadas al desarrollo del pensamiento crítico – sino que se permite afirmar que las ciencias sociales y las humanidades de la universidad pública costarricense inculcan un sesgo ideológico favorable al Partido Acción Ciudadana (PAC) y al Frente Amplio (FA). Difícil pensar en un ejemplo más representativo – y vergonzoso – de una falacia de generalización Dicto Simpliciter.

Parecen desconocer las señoras y los señores congresistas firmantes del Dictamen de Mayoría la decencia mínima epistemológica que nos ha enseñado durante décadas que cuando un concepto – en este caso “universidades públicas” – se utiliza como símbolo del mal absoluto y/o como insulto pierde capacidad explicativa y también pierde fuerza política. Es por esto que no se puede tomar en serio un documento que – además de laxo y deficiente – parte de una relación simbiótica imaginada – no demostrada – entre “universidades públicas” e “ideologías contrarias a los partidos que ellos representan” pues en realidad quiénes plantean esta idea cometen el grave error de utilizar su sesgo ideológico para denunciar el que presumen en los demás y con ello denotan ser – lejos de analistas de la educación superior estatal – abanderados contra ella pues, lejos de exponerla en la complejidad de su impacto social y de sus retos, su intención específica es consolidar su satanización en el imaginario colectivo.

Así, el documento no sólo salta a conclusiones sin un proceso riguroso de investigación que permita sustentarlas sino que utiliza datos imprecisos – ya señalados por la fracción Frente Amplio en materia de endeudamiento estatal para sostener el FEES, matrícula universitaria y crecimiento de la pobreza – para justificar este nuevo intento de violentar el principio de autonomía universitaria y de convertir a las universidades públicas en instituciones al servicio de las élites del país. Es decir, ¿se amenaza abiertamente el presupuesto de la educación superior pública en Costa Rica – cinco universidades con un total de sesenta y siete sedes y recintos en las siete provincias –  para cobrarles la factura por los dos triunfos del PAC y por las incontables gollerías y pifias de estos dos gobiernos? ¿Cómo es esto posible?

¿Acaso el trabajo – ya documentado como mediocre – de la Comisión fue tan deficiente que ni siquiera logró raspar la superficie para desmitificar de una vez por todas que el PAC es la agrupación política “ungida de la academia”? ¿No se dan cuenta de que la gestión de los últimos dos gobiernos – en especial del actual – es repudiada a lo interno de las universidades públicas pues representa la evolución ulterior del neoliberalismo: la voracidad mercantilista que se cubre de escarcha humanista mientras lesiona derechos, especialmente económicos y ambientales, a diestra y siniestra?

¿No ven lo impresentable de intentar castigar el voto joven que ha favorecido al oficialismo – por factores coyunturales que merecen ser explicados en otro artículo – cercenando su derecho fundamental a la educación? Porque en apariencia el Dictamen de Mayoría busca “cerrar el tubo” de los salarios millonarios que han pululado en prensa en los últimos años – y los cuales deben erradicarse, soy la primera en atestarlo en mi condición de docente interina – pero en el fondo esta dictamen parece más un ajuste de cuentas partidario que irresponsablemente omite el impacto de sus aseveraciones en el sistema de becas – incluyendo residencias estudiantiles y otros subsidios – y en los otros pilares de la universidad pública que sustenta su impacto comunitario tanto en la docencia como en la investigación y en la acción social?

¿Cómo no ven que la mejor forma de cambiar la preferencia electoral de las personas jóvenes es realizar una labor legislativa de altura y difundirla por los canales adecuados con mensajes elaborados para este público y no escupir resentimiento – a propósito de las desafortunadas palabras del diputado Jiménez, que más parecen un ejercicio de proyección mental que una intervención en Plenario – contra las universidades como entidades generadoras de sentido? Realicen una diputación de altura con control político eficiente sobre escándalos tan graves como la estafa PAC al TSE, el Cementazo y la UPAD, y contraten asesoría en materia de imagen y comunicación si lo que quieren es popularidad en ciertos segmentos porque es repudiable al grado de inmoral usar el presupuesto educativo para ajustar cuentas con rivales políticos con una suerte de “lógica” tan abyecta como afirmar que “Para curar la infección, mejor cortemos la pierna”.

Y para el oficialismo PAC – que merece mención aparte –  un mensaje también sobre el daño que ha causado su estrategia de venderse en el imaginario como “el partido académico” y/o “la bandera ungida en las aulas universitarias” y la cual resulta tan nociva para la educación superior costarricense como las eternas voces neoliberales que desean devorarla: dejen de fomentar la falacia de que ustedes cuentan con la bendición perenne de las universidades estatales y apártense de la política universitaria – no más simbiosis nefastas como que el partidos estudiantil PROGRE en la UCR sea las ligas menores del PAC o que un ex diputado y líder PAC resulte súbitamente electo rector de la UNA – pues sabemos de sobra que una gestión clasista, inquisidora del movimiento obrero y depredadora del medio ambiente como la que ha resultado de sus dos gobiernos JAMÁS será bien vista por los ojos humanistas de las universidades públicas costarricenses.

«TODOS LOS ANIMALES SON IGUALES, PERO ALGUNOS SON MAS IGUALES QUE OTROS.»

Toca entonces ahora barrer para adentro y analizar  el clima político a lo interno de la institución y el cual, como sabemos, atraviesa una coyuntura inédita en sus 80 años pues la pandemia COVID19 obligó al Tribunal Electoral Universitario a posponer el proceso de elección de Rectoría 2020 – originalmente previsto para mayo y ahora calendarizado para septiembre – y lo cual resultó en la instalación de la figura de “autoridades de transición” con una Rectoría designada por el Consejo Universitario en mayo y la cual a su vez renovó las cinco Vicerrectorías.

Así,  ante la suspensión por parte del Tribunal Electoral Universitario de la Universidad de Costa Rica de la convocatoria a Asamblea Plebiscitaria para elegir a la persona que ocupará el cargo de Rectoría en el período 2020-2024 y la subsecuente renuncia del entonces Rector Henning Jensen, el sector interino de la Universidad de Costa Rica – del cual orgullosamente formo parte – señaló de manera vehemente la urgencia de que el proceso electoral se pospusiera hasta que fuera posible llevar a cabo la elección en un clima de debate abierto y de participación plural, el cual no es posible alcanzar con una universidad desierta y tampoco será pleno jamás sin la participación del personal interino, quienes representamos más del 65% del personal de la institución y el cual debe incluirse si es que esta pandemia nos enseña algo sobre la necesidad de atender la desigualdad.

Esto es, el fenómeno del interinazgo – más allá del término administrativo “interinato” – alcanza tales dimensiones en nuestra casa de estudios que diversos espacios de reflexión han considerado la necesidad de declararlo emergencia institucional, de forma tal que no sólo se atienda desde la perspectiva de tiempos y plazas sino y principalmente desde la perspectiva de personas y derechos pues no vemos un momento más representativo que el octagésimo aniversario de nuestra universidad y el año 20/20 – año clave de cambio de visión y punto de inflexión global – para reconocer el carácter estructural y lesivo del interinazgo, y para abordarlo de manera transversal con estrategias complementarias y alternativas al mecanismo de reserva de plaza – tan lamentablemente permeado por pugnas de poder e incluso tráfico de influencias – y que además se alejen de la reducción abrupta y brutal en las contrataciones docentes que no sólo deriva en una abrumadora mayoría de salarios docentes por debajo de 1 millón de colones – por tiempo completo y a pesar de calificaciones de posgrado, publicaciones e idiomas – que “curiosamente” nunca se mencionan en los informes sesgados de políticos voraces como quiénes integran la Comisión Legislativa Especial FEES.

Luego, esta precariedad laboral caracterizada por nombramientos repetidamente cortados y/o disminuidos a lo largo del año no sólo representa una violación perenne de derechos sino que impide consolidar a largo plazo tanto una carrera académica como incluso un proyecto de vida y si bien somos conscientes de que el flagelo de las finanzas públicas y de la pésima administración de las mismas embiste como nunca antes a las universidades estatales y de que sus efectos son claramente visibles en los cambios que ha tenido la fuerza laboral de la universidad – y, por los cuales, la mayoría de docentes actualmente contratados por la institución no desarrollan su jornada en una misma unidad académica pues incluso su vida laboral no se desarrolla solamente en la universidad –  pero creemos que, mientras el tema se siga proponiendo exclusivamente desde la perspectiva administrativa, no lograremos acercarnos siquiera remotamente al paradigma de justicia social que incluso justifica la existencia misma de nuestra casa de estudios pues además debe subrayarse que las personas interinas de la Universidad de Costa Rica NO tenemos derechos políticos dentro de la comunidad universitaria pues NO podemos participar en las decisiones de los cuerpos colegiados (Asambleas de Escuela) ni integrarlos (Comisión de Régimen Académico, Tribunal Electoral Universitario) ni mucho menos votar en las elecciones institucionales – a diferencia de los compañeros interinos de la Universidad Nacional que ya pudieron ejercer el voto en la reciente elección de Rectoría – a pesar de que estas nos afectan directamente.

En consecuencia, insto al Consejo Universitario y a las personas candidatas a la Rectoría UCR – una candidata y cuatro candidatos – a ser los primeros en enarbolar la bandera de la inclusión y de la justicia social a lo interno de la institución al decretar el interinazgo como  emergencia institucional y a trabajar en conjunto con el Tribunal Electoral Universitario (TEU) para identificar mecanismos para habilitar el voto de las personas interinas en la Universidad de Costa Rica pues, en materia de derechos y reducción de las brechas inequidades, definitivamente nos urge comenzar por casa más allá de la población estudiantil – cuya situación actual amerita un artículo aparte – y comenzando por la población trabajadora de la institución.

¡Por la dignificación de la vida universitaria!

 

Rosemary Castro Solano.
Politóloga, educadora, comunicadora y filóloga en lengua inglesa.
Docente interina de la Universidad de Costa Rica.
Twitter @RosCasSol

 

 


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