Albino Vargas Barrantes.
El tema del déficit fiscal está al rojo vivo en el país. La clase política costarricense, la tradicional y la nueva, un día sí y otro también, tanto la del anterior gobierno como la que pertenece al que acaba de entrar a fungir; nos atosigan temáticamente, nos acosan psicológicamente, nos intoxican ideológicamente, nos aterrorizan mediáticamente, con la llegada del “fin de los tiempos” que está próximo; con el “apocalipsis fiscal” que acabará con nuestra sociedad… “Ya no tenemos más tiempo”, nos dicen.
Indican todos y todas en coro que debe aprobarse el proyecto denominado “Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, expediente legislativo No. 20.580, ya comúnmente denominado “combo fiscal”.
Diverso tipo de resistencias, dentro y fuera del parlamento, impidió a la Asamblea Legislativa que terminó gestiones el pasado 30 de abril, aprobarlo ni siquiera en primer debate. La que acaba de empezar, el pasado 1 de mayo, ha sido puesta contra la pared y una bocanada de oxígeno le ha sido otorgada por la presidenta parlamentaria, doña Carolina Hidalgo Herrera: hay 6 meses para aprobar ese proyecto.
“Los impuestos van porque van”. Al unísono, el mandatario saliente y el entrante nos dejaron prepotentemente advertidos. Nos metieron miedo: si no se aprueba el “combo fiscal”, “viene el lobo y nos comerá”.
La tortura a la sociedad ejercida por la clase política vieja y nueva viene dada por el miedo político a lo que en fecha próxima dictamen las denominadas agencias calificadoras de riesgo; especie de triada maléfica que cual Júpiter olímpico, se dan el lujo de sentenciar a muerte a un país, a una sociedad, a toda una nación, si ésta no cumple con el diktat financiero-neoliberal del proceso globalizador actualmente en vigencia; ese que ha generado que el 1 % de todos los seres humanos acumulen tanta riqueza como el 99 % de la restante población del planeta.
Nos encontramos en la internet este artículo, sugestivamente titulado así: “Agencias calificadoras de riesgo: el poder del miedo”. El mismo dice: “¿Qué es una agencia de calificación de riesgo? Son entidades cuya misión principal es la de valorar o calificar determinados productos de carácter financiero para que los inversores puedan reducir la incertidumbre a la hora de realizar sus inversiones.
Las calificaciones tienen como propósito establecer un valor en torno al riesgo de impago y la solvencia del emisor a través de modelos econométricos como instrumentos. De este modo, se determina el potencial de carácter económico del sujeto que se analiza. Se informa de si la inversión realizada en un determinado producto financiero presenta riesgo, estudiando la posibilidad de que el inversor tenga garantizada el cobro de los intereses y pueda obtener su dinero cuando llega la fecha de vencimiento del producto.
Una rebaja en la calificación de un país por parte de una agencia, alimenta los miedos del mercado y, a la vez, los crea. Todo ello incide directamente en que los inversores, ante el temor de que sus inversiones no sean devueltas como se espera que lo hagan, deciden exigir mayores tipos de interés para, de este modo, garantizarse el cobro ante el riesgo adicional”. (http://www.eoi.es/blogs/antoniorequena/2012/01/29/agencias-calificadoras-de-riesgo-el-poder-del-miedo/).
Esa especie de policía financiera planetaria, integrada por las megaempresas financieras Standard & Poor’s, Moody’s Corporation y Fitch Ratings, todas estadounidenses, han estado siendo cuestionadas por las conciencias críticas de la Humanidad, ante el desmesurado poder que tienen en contra de la Democracia misma de los países que son sometidos a sus implacables análisis de sus políticas económicas, financieras y fiscales.
Sus análisis son ejecutados en medio de gran opacidad y según el artículo que citamos, poco se sabe de los modelos que emplean para calificar la salud financiera de un país, los riesgos de la misma; o, mucho menos, si consideran factores político-sociales de riesgo para la propia estabilidad democrática de sociedades que se ven chantajeadas financieramente y cuyos gobiernos, sumisos por lo general, se someten al miedo que una baja calificación pueda imponer a su gestión.
Sería de suma necesidad que en el marco de la discusión fiscal en desarrollo, algún parlamentario o diputada de la recién estrenada Asamblea Legislativa del país, convocara a las representaciones nacionales de estas agencias calificadoras de riesgo; a fin de que nuestra sociedad pudiera auscultar la verdadera naturaleza de sus intereses, los padrinazgos jurídico-financieros detrás de cada una de ellas, los graves casos de pifias de predicción de riesgos que tanto dolor generaron en millones de personas en el pasado reciente; así como los vínculos que mantienen con los poderes financiero-institucionales y bancarios del planeta.
Lo que como costarricenses estamos considerando en si se valora la cuantía del riesgo inversor en términos de deterioro de la democracia, si una de estas tres calificadoras decide que Costa Rica, líder mundial en materia de Derechos Humanos, no puede tomarse más tiempo para dar paso a un encuentro negociador nacional que posibilite un acuerdo fiscal integral, con real equidad y en atención a la gran deuda social acumulada por tantos años continuos de desigualdad creciente y que no se desacelera.
Así las cosas, nos preguntamos: ¿Se puede desafiar a las calificadoras de riesgo?…
La tríada perversa de las calificadoras de riesgo sigue totalmente impune y nadie les exige cuentas, a modo de ejemplo, por la gravedad cómplice que implicó su papel en la crisis financiero-bancaria de los años 2008-2009, con inenarrables sufrimientos en conglomerados humanos estadounidenses y europeos, por ejemplo.
Albino Vargas Barrantes.
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)