Sergio Araya AlvaradoPolitólogo.

Los comicios municipales de 2024 comportan varias características que los distingue en relación con los dos anteriores procesos, celebrados en 2016 y 2020 respectivamente.

Cantones y cargos al alza

Cual tendencia al alza del tipo de cambio de la moneda de uso, el actual proceso comicial refleja una tendencia al alza en la cantidad de cantones existentes, o dicho en otras palabras, en la fragmentación de los territorios en que se divide político-administrativamente la geografía nacional. De ello deviene que sean los comicios con la mayor cantidad de cantones registrada en la historia de Costa Rica.

Luego de más de tres décadas de contabilizar 81 cantones, en 2020 con bombos y platillos, Río Claro se convirtió en el octagésimo segundo cantón en elegir autoridades políticas propias. No obstante, en menos de un periodo de gobierno municipal, la Asamblea Legislativa avaló la decisión de una mayoría de munícipes de dos distritos de la provincia puntarenense que pasaron a erigirse en los cantones 83° y 84° de Costa Rica. A saber: Monteverde, otrora distrito del Cantón Central de Puntarenas y Puerto Jiménez, desprendido de Golfito, en la Región Brunca.

Esta situación amplió el número de cargos a elegir, ubicando el total de puestos en la nada despreciable cifra de 6.212, desagregados en: 84 alcaldías; 168 vice alcaldías; 7 intendencias y 7 vice intendencias; 518 regidurías propietarias y 518 suplencias; 491 sindicaturas propietarias y 491 suplentes; 1936 concejalías de distrito propietarias y 1936 suplencias y 28 concejalías municipales de distrito y sus 28 suplencias.

Nótese que la mayor cantidad de cargos los representan las concejalías, siendo empero las únicas ejercidas en forma ad honorem. En total equivalen al 63,23% de los puestos a elegir.

Restricción a la figura de la reelección

Contrario a lo establecido en la elección de autoridades nacionales, el régimen municipal no tenía establecidos límites de ninguna naturaleza con relación al tema de la reelección de sus autoridades. Esto había permitido la permanencia prolongada de muchos de sus titulares en distintos cantones de la geografía costarricense. A manera de ejemplo, el cantón de San Carlos eligió a una misma persona como alcalde desde la primera ocasión en que el puesto fue sometido a escrutinio popular en 2002.

Empero esta situación varió tras la aprobación en abril de 2022 de una reforma al Código Municipal que limitó la posibilidad del ejercicio de un mismo cargo municipal a dos periodos consecutivos y adicionó la negativa a los alcaldes en funciones al momento de la entrada en vigor de la citada reforma, que tuvieren dos o más mandatos seguidos, de postularse a cualquiera de los cargos sometidos a votación el día 4 de febrero de 2024.

Inicialmente la medida significó la imposibilidad inmediata de 47 alcaldes y alcaldesas en ejercicio de postularse nuevamente. Por distintos motivos, entre los que estuvieron la renuncia, pérdida de credenciales e incluso defunción de algunos de ellos, la cifra se redujo a 40, al momento de dar por iniciado el proceso electoral en octubre de 2023.

Empero, la cantidad de alcaldías vacantes, así como de otros cargos del régimen en función de la implementación de la restricción, abrió un escenario inédito donde resignificó el propósito renovador inherente a un proceso electoral en democracia.

En efecto, por primera vez en el ámbito local costarricense, la aspiración de la renovación, inserta en la esencia del sistema democrático representativo, adquiere un sentido pleno de concreción.

A su vez este escenario generó expectativas nuevas a los actores políticos y a la propia ciudadanía. A los partidos políticos, en su condición de plataformas de los liderazgos con pretensión de acceder a la conducción de los gobiernos locales, les planteó desafíos en función de su situación antes de la reforma citada.

A aquellas agrupaciones de las que provenían los titulares con impedimento de postulación, les implicó la compleja dinámica de identificar y seleccionar liderazgos distintos que les permitieren mantener un rol competitivo. A mayor duración en el cargo de la autoridad imposibilitada de aspirar, más dificultad para cristalizar en un plazo relativamente corto, dicho objetivo. Aunado a lo anterior, la construcción de su mensaje político debió decantarse por un balance entre su autopercepción de la legitimidad de su larga permanencia en el ejercicio de tales cargos a través de los hoy descartados y la oportunidad y ventajas generadas por la opción de una renovación, gestada más por razones de contingencia que de convicción propia.

Por su parte, aquellas fuerzas partidistas con nula o poca presencia en los gobiernos locales, especialmente a nivel de alcaldías, les representó la oportunidad de colocarse en una posición de verdadera opción por alcanzar el poder, lo que implicó un ejercicio más fino de definición de sus candidaturas, así como de su mensaje programático y electoral que buscare proyectar confianza y credibilidad como forma de minimización del potencial impacto negativo de la incertidumbre inherente a su poca o carente experiencia en la gestión de una municipalidad.

¿Cuál de estas fórmulas dará más réditos? Será la voz del Soberano expresada en las urnas, quien lo determinará.

Paridad horizontal: luces y sombras en torno a su aplicación

A lo largo de las últimas tres décadas Costa Rica ha apostado por una sistemática línea de acción orientada a empoderar a la mujer en los espacios de carácter político. Desde la reforma al Código Electoral de 1996 que introdujo la figura de las cuotas mínimas de participación, su interpretación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones ejerciendo su rol de juez electoral, para hacerla cumplir en aquellas plazas con mayor probabilidad de gane, según el registro histórico del respectivo partido político, pasando por la adopción de las listas trenzadas, mediante las cuales se alternan candidaturas de ambos géneros, hasta llegar a la paridad horizontal en 2018 mediante la cual se obligó a las agrupaciones políticas contendoras por curules legislativas a encabezar de manera paritaria sus papeletas provinciales, de conformidad con el alcance de su participación. De esta manera si el partido inscribía papeletas en las 7 provincias habilitadas para acceder a la Asamblea Legislativa, los encabezamientos tenían que ser lo más paritarios posibles, esto es, 4 de un género y 3 del otro.

La aplicación de esta regla permitió en el ámbito legislativo ir alcanzando una efectiva equidad en la representación de género en su composición, permitiendo que en el período 2022-2026, del total de curules (57) 47.36% sean ocupadas por mujeres provenientes de distintas provincias y partidos políticos, casi el efectivo 50% del total de la única cámara del Parlamento costarricense, ubicándose muy por encima de la media mundial que, de conformidad con el reporte anual de la Unión Interparlamentaria de 2023 recogido de 47 países, se situó en un 25,8% del total de escaños.

En materia municipal, la aplicación de la paridad horizontal no estuvo exenta de polémica. Inicialmente el Tribunal Supremo de Elecciones había dispuesto emplearla en la elección de los Concejos Municipales y Concejos de Distrito, emulando su aplicación en la conformación de la Asamblea Legislativa, en el tanto son órganos colegiados de carácter plurinominal, constituidos a partir de la distribución de votos mediante representación proporcional, otorgados a listas cerradas presentadas por los partidos políticos intervinientes en el proceso.

En concordancia con lo anterior, no se implementaría en los cargos uninominales, es decir, en las alcaldías, intendencias y sindicaturas, siendo conteste con su no aplicación en la elección presidencial a escala nacional.

Empero a raíz de la sentencia de la Sala Constitucional N° 2023-002951 de las 10:15 horas del 8 de febrero de 2023, el órgano electoral debió incluir su cumplimiento en la conformación de las papeletas de elección uninominal, advirtiendo empero en resolución N° 2910-E7-2023 que una agrupación política acreditaba ante la administración electoral en forma amplia, rigurosa y sustentada, que a pesar de sus esfuerzos no lograba materializar en forma plena la aplicación de la norma, podrían participar en los comicios.

Tras el periodo de inscripción de las candidaturas por parte de las distintas agrupaciones, el órgano electoral debió rechazar por no cumplimiento de la regla la totalidad de nóminas de varios partidos, entre ellos, dos inscritos a escala nacional y autoproclamados afines al actual Presidente de la República, generándose un clima de malestar entre su membresía, traducido en protestas de sus dirigencias y simpatizantes, incluidas manifestaciones y plantones públicos frente a la sede principal del Tribunal Supremo de Elecciones.

Sumó como elemento potenciador de la tensión, el aval concedido a varias agrupaciones que no lograron satisfacer a plenitud la regla de la paridad horizontal, pero a criterio del órgano electoral, si demostraron en forma fehaciente los esfuerzos por lograrlo, siendo causas ajenas a su control, las responsables de su no consecución.

Más allá de esta polémica, ciertamente la relevancia de la regla se justificó en la casi nula presencia de mujeres en los cargos de alcaldías, donde incluso entre 2016 y 2020 decreció en 4 la cifra de mujeres alcaldesas, pasando de 12 a 8, siendo ambos datos bajos en comparación al total de alcaldías del país: 81 en 2016 y 82 en 2020.

El escenario está abierto para prever una mayor presencia, tal y como se ha venido observando en la Asamblea Legislativa, con dos periodos de efectivo uso de la citada regla de paridad horizontal.

Innovación a prueba: la papeleta única electrónica

Motivado en un deseo por adecuar las dinámicas de los procesos electorales a los tiempos contemporáneos marcados por la impronta de la digitalización transversal a todos los órdenes del quehacer humano, el Tribunal Supremo de Elecciones, en su condición de responsable máximo de la organización y administración del proceso electoral, decidió incorporar una modalidad alternativa de emisión del voto.

Enmarcado en un “plan de prueba” y circunscrito a 499 juntas receptoras de votos, alrededor del 7,71% del total de mesas electorales, se adoptará la “papeleta única electrónica”. Esta papeleta busca que el acto del sufragio sea realizado a través de una pantalla táctil y en una sola boleta se integren las tres papeletas correspondientes a los tres procesos eleccionarios convocados: alcaldías, regidurías y sindicaturas + concejalías de distrito. De ahí su nombre.

Según señala el Tribunal en su portal, el propósito fundamental de esta modalidad de papeleta es la agilización del conteo a cargo de las Juntas tras el cierre de las elecciones a las 18.00 horas y se limita al acto de emisión del sufragio, toda vez que una vez efectuado, el voto se imprime por parte del propio votante quien la depositará en la urna correspondiente, tal y cual fuere una boleta física.

La aversión a lo nuevo, más las dudas sobre las condiciones de seguridad inherentes a la modalidad de voto electrónico y su potencial riesgo para la salvaguardia del secreto del voto, aspecto sensible para una sociedad acostumbrada a su certeza, así como la coyuntura actual, donde la percepción ciudadana en torno al órgano electoral sigue manteniendo una mayoritaria valoración positiva, empañada sin embargo por una crítica ácida proveniente de un segmento reducido de la ciudadanía, que parece ir en alzada, leve pero sostenida, se conjugan como factores sembradores de sombras en torno al contenido de la propuesta innovadora o al menos, alrededor de su pertinencia en el momento actual.

Será una de las incógnitas a responder durante el día de la elección y, especialmente, durante la crucial etapa de conteo tras el cierre de la votación a las 18 horas del día 4 de febrero.

Partidos políticos cantonales: ¿su hora de confirmación?

La presencia de partidos cantonales en los gobiernos municipales ha sido una constante, aunque en magnitudes disímiles.

No obstante, en 2020 12 de las 82 alcaldías en disputa fueron asumidas por agrupaciones subnacionales: 9 de carácter cantonal y 3 provinciales, lo que significó un 14,63% del total y 8 más que las conquistadas cuatro antes.

Aunado a esa tendencia, estudios de opinión señalaban al inicio de la actual campaña electoral que alrededor un 43,5% de la población que afirmó estar dispuesta a emitir el sufragio el 4 de febrero, lo harían por un partido cantonal o provincial, quedando los partidos nacionales situados en un distante 23,1%.

Es aún prematuro vaticinar la sostenibilidad de esas proyecciones, pero el aumento de protagonismo de las agrupaciones locales registrado en los comicios de 2016 a los siguientes es un indicador de validación razonable de su vigencia.

De cara a los comicios 2024 son 54 las agrupaciones cantonales y 4 las provinciales que inscribieron candidaturas para los distintos cargos sometidos a elección, lo que en conjunto equivale al 75% del total de agrupaciones participantes. 17 partidos nacionales y dos coaliciones que combinan partidos de distinta escalan completan la oferta electoral.

El desafío inherente a tal escenario se advierte desde varias aristas.

A nivel sistémico plantea el riesgo de profundización de la fragmentación político-partidista que no necesariamente conlleva una más y mejor capacidad de representación de las heterogeneidades del cuerpo social, sino únicamente una dispersión de los detentadores del poder político, con las consiguientes afectaciones para una efectiva gobernanza, a escala nacional y local.

A nivel del sistema de partidos políticos comporta la tensión entre la proliferación y su efectiva permanencia en el tiempo, donde el factor de su mayor o menor institucionalización deviene en el factor medular.

El Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP correspondiente al mes de noviembre de 2023 señala al respecto una elevada tasa de mortalidad partidaria, al contrastar su año de nacimiento con su año de desaparición.

Con excepción de Alajuelita Nueva, participante constante en los Concejos Municipales de su cantón durante una buena parte de la recta final del siglo XX o los casos de Yunta Progresista Escazuceña y Curridabat Siglo XXI con presencia mayoritaria en los distintos órganos de elección popular de sus correspondientes corporaciones municipales, la mayoría de partidos políticos inscritos a escala cantonal tienen una vida fugaz: 81 de ellos interviniendo en una única elección; 31 en dos y 7 en tres comicios.

Esto también plantea que existen distintos tipos de partidos cantonales. Desde aquellos más institucionales, ejerciendo hegemonía en su territorio, donde Curridabat Siglo XXI es el mejor referente, hasta aquellos que fungen como vehículos para acceso al poder, dado el imperativo constitucional y legal que monopoliza en la figura del partido político, la representación política en órganos de poder público. Son estos últimos, pretextos para sortear la norma jurídica; pero en la práctica, actúan bajo la lógica de “candidaturas independientes” con fachada de partido.

Aunado a esto, la alta movilidad de dirigencias entre partidos políticos que se viene observando en los últimos procesos político-electorales, incluso en el marco de un mismo proceso, donde un liderazgo ostenta candidaturas en forma sucedánea en distintas agrupaciones, sumado a la pérdida de adherencia ciudadana a la figura de los partidos políticos, torna en un desafío más allá de los comicios municipales venideros, tanto la vigencia efectiva de los citados partidos, como de los que puedan emerger en el futuro, así como su naturaleza específica de partidos, según el prototipo consignado en el orden jurídico costarricense.

A manera de cierre:

El otro gran desafío de carácter histórico queda abierto: ¿se reducirá aún más la tasa de abstencionismo registrado en los comicios anteriores? La respuesta la tienen los munícipes inscritos en los 84 cantones del país.

La mesa está servida.